¿Qué puede hacer la Europa Social y Ciudadana desde la perspectiva de la Educación?

Quisiera lanzarles unas preguntas antes de comenzar ¿Es posible construir una Europa Social y Ciudadana sin el apoyo de la educación, como pilar clave de desarrollo del proyecto de integración europea? ¿Podemos mantener una política común en economía, seguridad, pesca o agricultura, compartir la moneda con otros Estados… pero no reconocer nuestros ideales, principios, valores comunes y tradiciones compartidas con ellos? Si el contexto laboral, político, económico y social, es cada vez más supranacional y europeo ¿Por qué los sistemas educativos se mantienen herméticos, incapaces históricamente de abrir sus puertas a la dimensión supranacional? ¿Es posible erigir la Europa Social y Ciudadana exclusivamente mediante la economía, el mercado común y el desarrollo estructural? Exponía J. Fiegel, en el preámbulo del documento de Eurydice, 

la Educación para la Ciudadanía en el contexto escolar europeo (2004), que construir la Europa de los Ciudadanos es, ante todo, un proyecto que conviene enraizar en el sistema educativo desde las edades más tempranas que sea posible.

De lo contrario, el proyecto europeo corre el riesgo de no llegar a consolidarse más allá de la economía, el mercado o la moneda únicos. Aspectos como la identidad compartida y las raíces comunes; el valor de la cultura y patrimonio histórico heredado; el desarrollo de la ciudadanía europea y de su educación; los principios y valores comunes, etc.; necesitan de la educación y la formación (del sistema educativo formal) para arraigarse en los ciudadanos y la sociedad europea, pues no se adquieren por ciencia infusa, o sólo por la presencia de la iconografía europea en los centros educativos, muchos de ellos construidos con fondos de desarrollo estructural, o de cohesión territorial y social. 

Hace precisamente ahora 40 años de la publicación del Informe de H. Janne, titulado Por una política comunitaria de la educación (1973), dónde los expertos que trabajaban para la Comisión reconocían la existencia de una dimensión educativa propia en Europa, no sólo porque la integración económica estaba produciendo una cierta integración social del proyecto europeo, sino porque ya existían avances y encuentros intergubernamentales previos. No en vano, la primera reunión de los Ministros de Educación Comunitarios se produjo en 1971, pero ya se venían celebrando diferentes reuniones periódicas de Ministros de Educación en el marco del Consejo de Europa desde 1959, aunque éstas se desarrollaban en un contexto de cooperación muy flexible y abierto. No se debe olvidar que la política educativa siempre ha sido una cuestión eminentemente nacional, por lo que la cooperación interestatal en esta dimensión supranacional era completamente novedosa e innovadora.

El sentimiento de pertenencia política, social y cultural no puede ya ser exclusivamente nacional, si una parte de las atribuciones del Estado-nación han pasado a ser comunitarias: la medida del territorio y las fronteras desaparecen, las decisiones se transfieren a los organismos supranacionales, las jurisdicciones, los derechos de residencia de los extranjeros, etc. Todas ellas y otras muchas nos conducen hacia un destino común, vivido en la diversidad de las naciones europeas. Entonces ¿podemos escapar a la idea de que la enseñanza deberá implicar, en la medida de lo posible, una dimensión europea?[1]

Estos sedimentos iniciales y los documentos preparatorios (lo que llamamos como política intencional o deliberativa) determinaron que la particular cooperación supranacional en materia de educación podía centrarse en los siguientes ejes de acción: 

- Elaboración de normas comunes para la cooperación internacional y difusión de estadísticas educativas comparadas entre sistemas educativos nacionales.

- Escolarización de los hijos de los migrantes.

- Favorecimiento del aprendizaje de idiomas.

- Movilidad, intercambio y enlaces entre centros educativos y de formación.

- Reconocimiento de títulos, diplomas y certificados para la movilidad.

- Desarrollo de la investigación y las tecnologías de la comunicación.

- Convergencia en las reformas de la política universitaria y científica.

- Inclusión de la DEE (presencia de la imagen, la idea de Europa y del europeísmo en los sistemas educativos y de formación).

En 1976 se puso en marcha el Programa de Acción en Materia de Educación de la Comunidad, la primera estrategia de acción política emprendida en esta dimensión, el cual fue bloqueado nada más ver la luz, puesto que algunos Estados miembros no estaban por la labor de cooperar más allá de lo previsto estrictamente en los tratados fundacionales y éstos entendían que la educación no formaba parte de ellos. Su oposición fue frontal y pasaron casi 10 años hasta que pudieron liberar los fondos que debían sufragar el Programa de Acción, particularmente por el influjo cívico y social que algunos políticos imprimieron al proceso, como Spinelli, Adonnino, Mitterrand, Delors o González, durante los años ochenta, mediante la reivindicación del rostro humano y social de la Comunidad. 

De este modo, tras la firma del Acta Única (1986) se reactivaron programas sectoriales que debían cubrir los ámbitos mencionados en el Programa de Acción, por ejemplo, el archiconocido Programa Erasmus fue uno de ellos. Sin embargo, una de las líneas previstas nunca llegó a desarrollarse de manera específica en un programa sectorial, a pesar de las numerosas resoluciones, recomendaciones y documentos deliberativos que así lo proclamaban, como por ejemplo, la Resolución de 24 de mayo de 1988 de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo; nos referimos a la inclusión de la Dimensión Europea en la Educación en los sistemas educativos y en las políticas educativas nacionales. 

En el Tratado de la Unión Europea (1992, Maastricht), además del reconocimiento de la ciudadanía europea, complementaria a la nacional, se incluye a la educación y la formación como parte integrante de los tratados fundacionales. Se reconoce el establecimiento de una política de cooperación entre los Estados miembros, que debería aportar una dimensión europea a la educación y cuya cooperación ofrecería buenas dosis de calidad a los sistemas educativos nacionales. Pero la cooperación política prevista es de carácter subsidiario –asistencial y complementario-, y está sujeta a la voluntad de los Estados nacionales, que son soberanos con respecto a las competencias nacionales en materia de educación, por el principio de respeto absoluto a estas competencias. 

Las instituciones europeas como la Comisión o el Parlamento no tienen competencia alguna sobre los sistemas educativos nacionales; sólo pueden emitir sugerencias y recomendaciones no vinculantes, pero jamás intervenir. Por tanto, se desarrolla esta cooperación en aspectos que yo denomino elementos periféricos (complementarios o instrumentales) de los sistemas educativos y de formación, y generalmente en etapas superiores de la educación. Es decir, no se actúa en los elementos nucleares del sistema (el currículum oficial, los programas escolares de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, los materiales pedagógicos o los contenidos), salvo que el Estado miembro, de motu propio, quiera incluir los aspectos europeístas y la dimensión europea en sus sistemas educativos. Algunos lo han hecho de manera decidida en sus legislaciones educativas, pero otros han pasado de puntillas por estos aspectos.

En consecuencia, la presencia o ausencia de la Dimensión Europea en la Educación provoca que se avance a diferentes velocidades en la comprensión y refuerzo de la imagen de Europa ante sus ciudadanos. ¿Es aceptable y equitativo que los ciudadanos europeos lleguen a las elecciones al Parlamento Europeo sin saber ni conocer la importancia de ese voto en sus vidas particulares? Si no conocen Europa ¿cómo van a ser críticos y participativos en ella y en su proyecto? 40 años después se ha avanzado poco en estos aspectos formales y el déficit democrático que separa a Europa de sus ciudadanos sigue aumentando en cada sufragio europeo. 

Esto no quiere decir que la cooperación europea en materia de educación no haya generado grandes avances ni haya sido necesaria, sino todo lo contrario; se han logrado objetivos inimaginables hace varias décadas, como la creación e implantación del Espacio Europeo de la Educación Superior (Proceso de Bolonia); el Espacio Europeo de la Investigación, la Ciencia y la Innovación; incluso un Espacio Europeo de la Formación Profesional (Proceso de Copenhague); pero no ha sucedido así, de manera tan decidida y convergente, en lo que se refiere a los sistemas educativos formales. 

En la definición de la política educativa de la UE los Estados (el Consejo de la UE) se guardaron bien esta carta en Maastricht (el respeto absoluto a las competencias nacionales en sus sistemas educativos), con la intención de protegerse de cualquier tipo de intervencionismo desde las otras instituciones europeas (Comisión y Parlamento Europeos), firmes defensores de esta idea desde la década de los setenta. Pero el contexto actual, ni es el mismo que entonces, ni responde a las mismas necesidades (el déficit democrático, la crisis del proyecto de integración, la desafección política e institucional, el ahogamiento social, la creciente eurofobia, etc.). Por tanto, a la luz de los hechos, urge emprender reformas en los ámbitos de la política educativa que se refieren a los sistemas educativos formales. 

Y éste es el problema en cuestión, que parece casi endémico a la luz de la historia reciente de la educación en el proyecto europeo. Gran parte de los Estados miembros se resisten a incluir la Dimensión Europea en la Educación como paradigma de sus políticas educativas nacionales. A pesar de todo lo dicho, la educación en la Europa del S. XXI sigue siendo eminentemente nacionalista (y regionalista, incluso provinciana), por ejemplo, en el caso español. Así pues, no se favorece la convergencia multidimensional de la Europa de los pueblos y las regiones; tampoco se potencia la dimensión de la cooperación transfronteriza hacia Europa en aspectos formales de la educación. 

Esta situación ha supuesto que, a diferencia de otros ejes de acción de la política educativa europea, la inclusión de la Dimensión Europea en la Educación, el refuerzo de la imagen de Europa y el Europeísmo ciudadano, no hayan sido más que una corriente educativa que ha perdurado durante un tiempo determinado. Acto seguido ha quedado desbancada (o dispersa) de la política educativa supranacional europea y de las políticas nacionales, en la mayor parte de los casos a partir de 2005, con la celebración del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. Ciertos elementos coyunturales han incidido en el declive de esta situación, como la grave crisis que asola Europa desde 2006 (en estos casos los Estados suelen mirar más hacia sí mismos que hacia fuera); el fracaso de la Estrategia de Lisboa 2010; y la reciente obsesión desmedida por los indicadores de calidad y los rankings PISA de la OCDE (esa organización cuya visión de la educación es estrictamente economicista), que han desviado la atención de los sistemas educativos, hacia una competitividad nacionalista insana que persigue ver quién sale mejor en la foto…

Sólo argumentos como éstos puede explicar que España elabore una Ley Educativa como la LOMCE (2013), que renuncia a todo tipo de consenso y diálogo social, que elimine la Educación para la Ciudadanía Europea y que se oriente exclusivamente a la competitividad y la calidad muy mal entendida. La fiebre PISA ha contagiado los sistemas educativos europeos y ha relegado a la Educación para la Ciudadanía Europea, las Humanidades o las Bellas Artes al ostracismo en casos como el español. Cada vez que un político apela al mantra de PISA como juicio de valor y fundamento de la reforma educativa, el derecho a la educación y la democratización de la educación a lo largo de la vida quedan seriamente mermados. La eliminación de la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos no tiene argumento sólido, a la luz de lo expuesto en 2002 y 2010 por el Consejo de Europa; a menos que la siguiente cita no sea considerada por España como válida o pertinente.

Los Ministros entienden la Educación para la Ciudadanía como un concepto que descansa en los principios fundamentales de los derechos del hombre, de la democracia pluralista y de la primacía del derecho, que hace referencia en particular a los derechos y responsabilidades, al compromiso, a la participación y a la pertenencia, así como al respecto de la diversidad; que engloba a todos los grupos de edad de la sociedad y se orienta para dar a los jóvenes y a los adultos los medios para tomar parte activa en la sociedad democrática y para consolidar también la cultura democrática; que combate la violencia, la xenofobia, el nacionalismo agresivo y la intolerancia, y que contribuye a la cohesión social, a la justicia y al bien común. A su vez, refuerza la sociedad civil gracias a unos ciudadanos bien informados, advertidos y democráticamente competentes.[2]

¿Por qué es clave la inclusión de la Dimensión Europea en la Educación? Se trata de un concepto político-pedagógico europeo propio, con consecuencias directas para las políticas educativas nacionales, que no pretende sustituir a las dimensiones intra-nacionales, regionales o locales en la educación, sino hacerlas converger en el plano supra-nacional. Esta dimensión europea se refiere a la educación (a la manera de ser, de pensar y de sentir) de los ciudadanos europeos y podría erigirse como la esencia que impregna al conjunto de la política educativa supranacional europea, que resurge para renovar la pedagogía moderna en la perspectiva europeísta del S. XXI y que podría convertirse en fuerza motriz de la política educativa. El objetivo general de la acción pedagógica de la DEE debe hacer nacer en las jóvenes generaciones la conciencia de la identidad europea, que les capacite para asumir sus responsabilidades como ciudadanos de Europa y para reconocer el valor de su cultura, patrimonio y valores comunes. Se puede organizar en 4 áreas de acción, como una competencia europeísta propia de los Sistemas educativos (actitudinal e instrumental):

- Currículum, programas escolares y materiales pedagógicos.

- Intercambios, actividades extraescolares, vínculos entre centros, acciones no formales.

- Formación inicial y continua del profesorado.

- Estilos de dirección, liderazgo y gestión del centro y la comunidad escolar.

Sus acciones deben dirigirse a todos los planos de la educación (formal, no formal e informal) e integrarse en la comunidad escolar y en el PEC (Proyecto Educativo de Centro). Es una idea propicia para integrarse racionalmente en todas las etapas y ciclos de los sistemas educativos bajo el paradigma del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se trataría, en tal caso, de aclarar cuál es el valor de Europa en la educación e integrarla en el currículum y los programas de manera racional y consecuente. Todos los programas pedagógicos que pretendan integrar y favorecer la Dimensión Europea en la Educación deberán prestar especial atención a tres elementos clave:

1. La identidad europea (euroglocal y abierta al mundo). Europa de los pueblos y las regiones.

2. La interacción entre culturas (interculturalidad) y la unidad en la diversidad, apoyadas en la cohesión social y la equidad.

3. La ciudadanía europea (estatus político y jurídico), democrática, participativa y activa.

¿Qué podría reivindicar la Europa Social y Ciudadana a las instituciones europeas (Comisión y el Parlamento) frente al Consejo de Estados de la UE en la perspectiva de las próximas elecciones europeas? Una mayor presencia de la Dimensión Europea en la Educación y una apuesta decidida por una política educativa supranacional europea, con carácter común, menos aferrada a la subsidiariedad, a la asistencia y el voluntarismo, capaz de mostrar un equilibrio entre el respeto a las competencias nacionales y la necesidad de hacer más Europa a través de la educación. No es tan difícil converger hacia una política “común” en materia de educación que garantice, por ejemplo, un pacto europeo de mínimos exigibles, que impida a los Estados reducir las inversiones públicas en educación por debajo de unos estándares mínimos (4,5% del PIB), o una presencia obligada, en cualquiera de sus formas, de experiencias de buenas prácticas como la Educación para la Ciudadanía Europea y los Derechos Humanos en sus sistemas educativos nacionales. No se trata de integrar más asignaturas a los sobrecargados programas, sino de abrirlos hacia la dimensión supranacional, pues existen numerosas oportunidades para ello. Si Europa ha podido converger en el €uro, o en el Espacio Europeo de la Educación Superior, en un tiempo record, ¿no merecería la pena el esfuerzo de todos los Estados en converger en materia de política educativa hacia posicionamientos comunes que beneficien y hagan florecer la Europa Cívica y Social? .

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[1] Janne, H. (1973). Pour une politique communautaire de l’éducation, pp. 26-27. Bulletin de la Communauté Européenne. 10/73.

[2] Consejo de Europa (2002): Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la Educación para la Ciudadanía Democrática. Rec. 12 (2002).

Alfonso Diestro

(UNED-GIPES) Miembro de Foro Ético
@alfonsodiestro

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