1. Modificar la normativa básica de contratación del sector público para analizar la inclusión en su ámbito, de aquellas entidades que, aun no hallándose integradas en el sector público, se financian mayoritariamente con cargo a presupuestos públicos y desarrollan funciones constitucionalmente reservadas, en línea con las últimas propuestas de las instituciones europeas.
2. Modificación del régimen de las bajas temerarias en la contratación del sector público, de tal manera que sea el poder adjudicador el que determine el mínimo de la propuesta.
3. Modificación del régimen de los contratos menores, de tal manera que se prohiba suscribir más de uno al año con el mismo contratista o persona jurídica con accionariado sustancialmente similar; salvo que el contratista sea una universidad pública o un organismo público de investigación.
4. Prohibición de que se realicen modificaciones de los contratos del sector público en aquellos casos en los que tenga un importe conjunto o separadamente superior al 10% del valor de adjudicación del contrato.
5. Realizar las actuaciones precisas para unificar las plataformas de contratos del sector público.
6. Publicación de todos los contratos que se suscriban en el ámbito del sector público, indicando adjudicatario, objeto e importe.
Todas esas medidas me parece esenciales. Yo añadiría medidas detalladas para el control de las actividades de los empleados públicos con el objetivo de garantizar que realizan sus actividades para el servicio de la sociedad y gestionan los fondos públicos adecuadamente.
ResponderEliminarTrabajo en el sector público en Londres y creo que se podrían importar algunas de los mecanismos de mi día a día. Aquí tengo algunos detalles
http://tangledpolitics.wordpress.com/2013/04/18/vivir-en-una-democracia-real/