CONSIDERACIONES GENERALES REALIZADAS POR FORO ÉTICO AL DOCUMENTO: "RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA Y EN LOS PARTIDOS. MEJORAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN EUROPA. #OTRADEMOCRACIA"

Abrimos en este momento periodo de consultas a lectores, sean o no miembros de foro, para que formulen cuantas aportaciones al presente documento consideren de interés para la mejora del mismo.

Todas las opiniones, añadidos, correcciones o puntos de vista discrepantes serán bienvenidos, publicados y debatidos. 

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Con el espíritu crítico, pero propositivo, que caracteriza la actuación de FORO ÉTICO desde su constitución, hemos desgranado el documento preparado por el PSOE titulado "RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA Y EN LOS PARTIDOS. MEJORAR LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN EUROPA",(Puedes consultar el documento del PSOE aquí)y trasladamos unas consideraciones generales, así como una relación de propuestas que no están recogidas en el mismo y que consideramos deben incluirse al menos en el debate.

Consideraciones generales

1.- El documento del PSOE habla de "devolver la confianza .a la ciudadanía Creemos en FORO ETICO que la desconfianza está en la manera de funcionar de esta democracia —no en la democracia en sí—, en el funcionamiento de algunas instituciones y sobre todo en el funcionamiento de los partidos políticos, intermediarios y representantes de la ciudadanía. Las instituciones del Estado están en cuestión por la crisis de confianza de las personas en los partidos políticos como canal representativo fiable. Confundir partidos e instituciones es peligroso y, si se hace deliberadamente, interesado. Si los partidos como canales representativos volviesen a ganarse la confianza ciudadana, la mayoría de las instituciones recuperarían la legitimidad que se dice perdida.

2.- La corrupción es general, es de todos los partidos, incluido el PSOE. Convendría hacerlo explícito, no debería hacerse partidismo en un documento como éste. O se reflexiona honestamente, hacia dentro y hacia fuera, o no se es creíble.

3.- Nos parece que no se puede construir un nuevo modelo de partido a la defensiva frente a los movimientos sociales que, simplemente, están llenando los huecos que los partidos tradicionales no han llenado y que están canalizando demandas ciudadanas traicionadas en los programas electorales y por la acción de gobierno. 

La democracia representativa, obviamente, no parece renunciable, pero tampoco puede entenderse como la única y absoluta alternativa a la democracia directa (que no debe identificarse con eso que llaman “democracia asamblearia”). 

4.- No se trata tan solo de “incrementar la participación de la militancia ay que volver del revés la actual organización. Hay que marcar un punto de inflexión claro, contundente, que llegue a la ciudadanía, que ponga de manifiesto que el PSOE es otro, que ha entendido el mensaje que le ha enviado la ciudadanía los ciudadanos y que está preparado para responder a la situación actual.

5.- El documento propone modernizar y actualizar los partidos políticos reformando su regulación en el marco de una revisión de las estructuras y los modos de proceder entonces diseñados. Entendemos que el cambio necesario es más profundo. Es preciso un nuevo pacto constituyente, que altere aspectos sustanciales de la Constitución vigente, fruto del pacto entre franquistas y demócratas.

Hoy nos enfrentamos a una situación en la cual parece necesario un pacto entre el sistema surgido de la Constitución de 1978 y una nueva sociedad española y, como entonces, en el marco de una dura crisis económica. Y los partidos mayoritarios hasta ahora no parecen advertirlo.

No se reconoce en ningún sitio que hay un problema con el funcionamiento orgánico del partido , la dinámica de familias, de grupos dominantes que llevan treinta y cinco años controlando la estructura del partido, gestionando los cambios por cooptación y convirtiendo los procesos de selección de candidaturas en trámites formales de aclamación sin ningún debate real entre las bases.

El PSOE debería empezar la reflexión y aplicársela a sí mismo. Su avance hacia un nuevo modelo de partidos, hacia una nueva relación con la ciudadanía progresista, será el espejo en el,que tendrán que mirarse porque la sociedad, sin duda, acabaría exigiéndolo así. No puede escudarse tras una reforma de la Ley de Partidos que, hoy por hoy, no está en su mano.

Y ese nuevo modelo de partido ha de dirigirse, por encima de todo, a restaurar la confianza, a reforzar la representación, a que militantes y simpatizantes sientan al PSOE como su partido y no como el Partido. Este es el problema esencial, no la financiación, no la paridad, no la transparencia. Los cambios precisos en esas áreas, y otras, han de dirigirse a restaurar la confianza.

6.- La solución a los problemas de la democracia representativa en España no vendrá de una reforma del Senado ni de una mejora de los procedimientos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Obviamente, es necesaria, pero tal cual están las cosas, la reflexión acerca del Senado debería partir de la oportunidad o no de su supresión, sin que parezca adecuado, si de ganar legitimidad se trata, que senadores y senadoras sean simples representantes de los gobiernos o parlamentos autonómicos El cambio no vendrá por ahí en absoluto ni parece necesario conservar el Senado para eso. En todo caso, el problema esencial del Senado es el de las funciones que realiza, lo que no está resuelto en el documento. 

En este punto en particular, sorprende especialmente que no haya conexión entre el diseño de reforma constitucional de Estado federal y el diseño de esta cámara. Si se quiere impulsar el sistema parlamentario, no parece que los procedimientos que se plantean sean los más satisfactorios, ni en cuanto a componente democrático –se debe elegir en todo caso por la ciudadanía– ni por efectividad –no creemos que sea útil que un Presidente autonómico forme parte del Senado-.

7.- Siendo importante mejorar los sistemas de control del Gobierno y de funcionamiento del Parlamento, no parece que deba ser la cuestión a la que mayor atención tenga que dedicar el documento. Igualmente se introducen detalladas medidas atinentes al Reglamento del Congreso que no parecen esenciales para el cambio que consideramos necesario en este momento.

8.- El apartado referido a Reformas en el sistema electoral, posiblemente resulte el apartado más decepcionante del documento, en donde se señalan sólo algunos problemas pero no se arbitran soluciones reales.

9.- Otro tanto ocurre con el apartado dedicado a la lucha contra la corrupción, muy escasamente articulado y con medidas que resultan claramente insuficientes. Ver Contra la corrupción. Planteamiento General

Se vuelve a centrar la atención en la financiación de los partidos como núcleo de las prácticas de corrupción. No siempre lo es, ni creemos que deba configurarse como el elemento central en esta materia, más compleja, más profundamente arraigada en el sistema por múltiples vías.

10.- Falta una propuesta a la sociedad de un nuevo "Contrato Ciudadano" que empodere a la ciudadanía y signifique un compromiso de los y las socialistas en favor de otra forma más ética de hacer y vivir la política. Un contrato de libre adhesión entre la política y la ciudadanoía movimientos y agentes sociales para defender juntos una democracia ética y deliberativa basada en la rendición de cuentas, transparencia y consultas ciudadanas y que conlleve abrir un proceso de participación ciudadana en la elaboración del programa electoral y, en su caso, de un programa de gobierno.

11.- En materia de transparencia se alude a cuestiones que ya están en vigor en unos casos (transparencia en múltiples procedimientos, declaraciones de bienes, habituales para muchos altos cargos, etc.) o en trámite en otros. Es cierto que se plantean novedades con respecto al texto en tramitación, quizá enmiendas al mismo que no han prosperado, pero debería revisarse este tema.

12.- La democracia paritaria, así como la prohibición de donaciones a los partidos políticos por aquellas empresas con contratos públicos, son importantes, pero ya están recogidas en la normativa vigente. El Partido debe impulsar los controles en la ejecución de ambas medidas, para evitar situaciones como que el Gobierno actual incumpla la Ley de igualdad.

13.- Por último, una de las medidas que más podría revolucionar el Partido y modificar su funcionamiento orgánico, la elección de secretario o secretaria general, se limita a ser apuntada como objeto de debate en la Conferencia Política. Sin embargo va a ser una de la claves de la Conferencia Política, luego este aspecto habría que remarcarlo de forma especial, detallando que la elección de Secretario o secretaria General habría de ser mediante voto directo de la militancia y hacer extensivo el modelo para SG a nivel nacional a los sistemas autonómico y local en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.

Hasta aquí las consideraciones generales al texto. Formulamos a continuación una serie de propuestas más concretas relativas a las diferentes partes en que se divide el documento.

1.- Convendría reflexionar más y mejor sobre la quiebra de los programas electorales. La ciudadanía no cuestionan la capacidad y la pertinencia de su voto, sino que sus representantes, a los que han votado, les traicionen. Porque de eso se trata, de traicionar la confianza depositada. Sería conveniente arbitrar mecanismos que vigilen las líneas maestras más importantes de los compromisos electorales mediante, por ejemplo, un comité de seguimiento electoral (externo o mixto) que permita emitir un informe de cumplimiento.

En este sentido, se podría incluir también la figura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de resultar positivo. Sería una fórmula aplicable a Presidentes  y Presidentas del Gobierno, de Comunidades Autónomas y Alcaldes y alcaldesas.

2.- Se han de proponer de forma periódica encuentros que potencien los debates internos entre corrientes y sensibilidades distintas en el seno del partido, de forma transparente y pública. Se trata de cambiar la cultura interna (y social) consistente en que un debate no tiene por que conducir a disputas o posiciones irreconciliables sino que de ellohan de salir propuestas y compromisos claros.

3.- Se propone defender una democracia consultiva y deliberativa como una vía de profundización en la democracia representativa para lo cual porponemos en este documento diversas medidas.

4.- Respecto al tema de las personas imputadas: si pensamos en la mera imputación derivada de la práctica de actuaciones instructoras, podríamos compartir lo que dice el texto, pero cuando existe un auto judicial de imputación formal y apertura del juicio oral creemos que no se debe continuar en el desempeño de un cargo público. Con ello no se cuestiona la presunción de inocencia, que al imputado en estas últimas circunstancias también le es plenamente aplicable. El plano no es de inocencia o culpabilidad, sino de confianza y garantía de una posición que permita al cargo público (y quizá orgánico) ejercer adecuadamente sus funciones. Y tales confianza y garantía resultan difícilmente compatibles con un auto de apertura del juicio oral en el que han de justificarse por el juez los indicios que le llevan a mantener la imputación y ordenar el avance del proceso. Es esencial romper con lo que ya es tradicional en este país en el que, pase lo que pase en sede judicial, nadie se da por aludido. Esta, junto a la extrema y exasperante lentitud de la justicia, es una de las causas fundamentales, de la ruptura de la confianza de la representación en sus representantes. Creemos preciso apartar de la actividad pública a personas imputadas formalmente una vez se decreta la apertura del juicio oral y entendemos acertada la propuesta de agilizar los procedimientos en que estén implicados cargos públicos, así como la modificación de la normativa de contratación del sector público para expulsar del sistema de contratación pública a empresas condenadas por delitos relacionados con la corrupción política o a sus dirigentes.

5.- Si se quiere mejorar el sistema de control, se pueden hacer muchas más cosas y más eficaces, como plantear modelos radicalmente alternativos, con elección directa del Presidente del Gobierno y una profunda modificación del sistema de elección de Diputados, para acercarlos a sus electores (que el partido sea nuestro partido, que el Diputado/a sea nuestro Diputado/a …).

6.- Deberían haberse recogido los principios de una regulación ambiciosa del “estatuto del parlamentario”, que incluya una regulación transparente y razonable de sueldos y dietas, eliminando situaciones extrañas de la actual regulación. En este sentido, se propone asimismo una aplicación más estricta del régimen de incompatibilidades de sus señorías.

7.- Debería haberse incluido una modificación del artículo 71.3 de la Constitución, para eliminar el foro especial del Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de Diputados y Senadores. Asimismo proponemos que el PSOE impulse medidas de derogación de normas equivalentes en los Estatutos de Autonomía.

8.- Debería recogerse un régimen de actividad mínima de la figura del parlamentario que suponga su sustitución automática por el siguiente de la lista. No es asumible la presencia de esos diputadas y diputados y senadores y senadoras que no tienen actividad contrastada. Sería necesario posibilitar mecanismos de rendición de cuentas (ya existentes en otros modelos o países) de forma transparente, pública y accesible a la ciudadanía , como en el parlamento del Reino Unido.

9.- Hay que debatir la necesidad de reforzar al parlamentario y parlamentaria dotándole de una “oficina” con al menos un asesor o asesora que pueda ayudarle a realizar el trabajo. Es una medida que está implantada en otros sistemas y que servirá para paliar lagunas del trabajo parlamentario, donde no se puede “saber de todo”. Habría, eso sí, que regular muy bien el estatus y funciones de los asesores y asesoras, para impedir utilizaciones arbitrarias.

10.- Para garantizar el conocimiento de la ciudadanía de la actividad parlamentaria, se podría reservar un canal de televisión digital terrestre para la emisión del Canal parlamento.

11.-Parece insuficiente el control por parte del Congreso de los Diputados y Diputadas al Presidente o Presidenta del Gobierno de solo media hora. 

12.- En los supuestos de Iniciativas Legislativas Populares, debería ser el o la representante de la propuesta quien la presente ante el Pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas y conteste a las observaciones que realicen los grupos parlamentarios.

13.-Habría que pedir la supresión del artículo 73.1 de la Constitución, donde se recoge la regla tan criticada de las “vacaciones parlamentarias”.

14.- Debería incluirse como obligatoria la comparecencia en el plazo de tres días del Presidente o Presidenta del Gobierno ante el pleno del Congreso después de cada Cumbre europea, así como de los Ministros o Ministras responsables ante las Comisiones respectivas después de cada reunión sectorial. Las ausencias en estas cumbres deberán justificar de ante la Comisión correspondiente, con el fin de evitar situaciones que se han repetico en esta legislatura.

15.- Debería incluirse un apartado para reforzar el control parlamentario de la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General del Estado, el Director o Directora General de RTVE y los Organismos Reguladores, los miembros españoles del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, de tal manera que se valore el curriculum de las y los candidatos y su adecuación para el puesto, de forma similar a lo que ocurre en otros países. En todo caso, con independencia de quien se proponga, deberán comparecer ante una comisión específica del Parlamento.

16.- Accesibilidad y Transparencia: es imprescindible implementar una web accesible y sencilla que cualquier persona pueda consultar, incluso los legos en uso digital. De nada sirve disponer de buena información si no se puede llegar a ella.

17.-Se hace preciso efectuar una regulación de los lobbys y/o en cualquier caso, hacer pública las reuniones de éstos con las y los parlamentarios.

18.-El desarrollo de las campañas electorales (sobre lo que no se dice nada) ha de adaptarse a los tiempos nuevos. 

a. Por ello sería conveniente articular un sistema de debates televisivos obligatorios en las campañas electorales entre aquellas formaciones políticas que hayan obtenido al menos el 10% de los votos. 

b. Serán debates abiertos a la emisión por todos los canales de televisión. Al menos, se deberán realizar dos debates entre los dos candidatas o candidatos de los partidos que tuvieron mayor número de votos en las elecciones precedentes. 

19.- Aún reconociendo el coste que tiene la presentación de muchas candidaturas –y a los abusos que se han producido con los censos electorales–, no parece razonable el peregrinar de algunos partidos en las últimas elecciones a la búsqueda de la firma perdida para poderse presentar. Esto favorece la democracia y por tanto debiera estar en el documento.

20.- Los censos de militancia y electorales, origen de infinidad de conflictos, han de poder regularse de una vez: transparentes, actualizados, públicos, vivos, en continua dinámica, informatizados. Debería descentralizarse el sistema organizativo de los mismos.

21.- Hay un problema muy importante, al que no se proporciona solución: los votos han de tener un valor sustancialmente igual en cuanto al número de escaños en el Congreso de los Diputados. Es la consecuencia de que el voto sea “igual”, tal como señala el artículo 68 de la Constitución, que se conecta con los artículos 23 y 14. 

Por ello, partiendo de los estudios que hay sobre el valor de los votos, se hace la siguiente propuesta:

Los votos que no han resultado suficientes en cada una de las circunscripciones electorales se sumarán y se distribuirán en una lista de carácter nacional de acuerdo al procedimiento d’Hont. El Congreso de los Diputados aumentará el número de parlamentarios o parlamentarias a 400 para dar cumplimiento a esta regla.

22.- Acaso se pueda pensar en la introducción del voto electrónico en los consulados españoles en el extranjero, como vía para facilitar la participación de los y las emigrantes.

23.- Para garantizar el conocimiento por parte de la ciudadanía de ciertas medidas adoptadas por los poderes públicos se propone:

a. Articular un Diario Oficial del Estado Español en el que se publiquen los actos y disposiciones de todas las Administraciones públicas y que sustituya el amplio conjunto de diarios oficiales, que dificultan el acceso a la información.

b. Unificar las plataformas de contratación del sector público en una de carácter general. Configurar una Plataforma de Subvenciones del Sector Público equivalente a la de contratos para garantizar el conocimiento de las convocatorias, las otorgadas y su seguimiento.

24.- En el listado de entidades que habrían de hacer públicas sus cuentas habría de incluirse a la Iglesia católica de forma expresa en todo lo relativo a los ingresos procedentes de las Administraciones Públicas. 

25.- Aunque no es exactamente transparencia, pero sí un mecanismo de control de las Administraciones públicas, habría que reformar las tasas judiciales para no dificultar el acceso a los órganos jurisdiccionales.

26.- Apoyamos una investigación a fondo de los escándalos financieros de Bancos y Cajas de Ahorro como auténtica prueba del algodón del proceso de regeneración democrática, presentando querellas ante los Tribunales (por ejemplo ante la estafa de las preferentes) y buscando la depuración de responsabilidades.

27.- En particular sería conveniente:

· Por un lado, impulsar los referenda de ámbitos territoriales inferiores al nacional, ya sean éstos autonómicos, provinciales o incluso localestal y como ocurre en otros ordenamientos.. Para fomentar la participación, deberían coincidir con la celebración de las elecciones.

· Arbitrar la posibilidad de presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de la ciudadanía, siempre que se reúnan un número suficiente de adhesiones.

· Impulsar la Administración electrónica, a través de la imposición general a todos los entes públicos, con la determinación de unos contenidos mínimos que han de figurar en la web y la exigibilidad de los derechos de la ciudadanía electrónica.

· Mejorar la ordenación de los procedimientos administrativos con el fin de hacerlos más accesibles para el ciudadano y que la ciudadanía gaste menos tiempo al año en cumplimentar documentos para la Administración.

· Mejorar las relaciones entre la ciudadanía y la Administración a través de un uso intensivo de un correo electrónico de carácter oficial que sirva para notificaciones de carácter oficial. Mejorar la accesibilidad del DNI electrónico para todas las plataformas informáticas e impulso a la tramitación electrónica de los procedimientos.

· Exigir la información de los contratos que suscriban las agencias de noticias y centrales de publicidad en todas las campañas de publicidad institucional.

28.- El PSOE se dotará de una "Agenda propia sobre la Regeneración Democrática" que permitirá al Partido Socialista adoptar una posición más proactiva para avanzar en la regeneracion pendiente de la vida política y en la lucha eficaz contra la corrupción con el detalle y en la forma ya entregados al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y publicado en el blog. http://elforoetico.blogspot.com/2013/05/la-lucha-pendiente-del-congreso-contra.html?spref=tw. 

29.- Debería hacerse una mención expresa a la necesidad de abordar la 2ª DESCENTRALIZACIÓN, en el sentido de definir y fortalecer los Ayuntamientos como instituciones clave para la optimización de los servicios mínimos (principio de subsidiariedad) de un Estado del Bienestar en proceso de reestructuración y su inevitable relación, a partir de la cercanía, con la democracia y la participación ciudadana.

Acotaciones de Francisco López Romito a las consideraciones anteriores: 

Esta es una primera aportación, el documento publicado merece un análisis pormenorizado que trataré de completar en una próxima aportación. (Lasa citas textuales del documento del Foro aparecen en cursiva y mis comentarios en verde-negrilla)

Consideraciones generales:

Punto 1: …”Las instituciones del Estado están en cuestión por la crisis de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos como canal representativo fiable. Confundir partidos e instituciones es peligroso y, si se hace deliberadamente, interesado. Si los partidos como canales representativos volviesen a ganarse la confianza ciudadana, la mayoría de las instituciones recuperarían la legitimidad que se dice perdida.”

Lo cual no quita importancia al hecho de que, después de 35 años de desarrollo de la Constitución Española, no se hayan puesto de manifiesto inadecuaciones en la estructura del Estado y sus principales órganos de gestión. Una inadecuada estructura institucional tiene, necesariamente, que repercutir en la valoración que la ciudadanía hace de sus instituciones, incluidos los partidos políticos. La transformación de los partidos por sí sola, con ser imprescindible, no resolvería el problema.

Punto 3:…”La democracia representativa, obviamente, no parece renunciable, pero tampoco puede entenderse como la única y absoluta alternativa a la democracia directa (que no debe identificarse con eso que llaman “democracia asamblearia”).”

Sería deseable dejar claras las definiciones, efectivamente en democracia hay dos sistemas: el de democracia representativa y el de democracia directa.  En realidad, la democracia representativa es el único sistema practicable en conjuntos ciudadanos más allá de pequeñas comunidades. Es cierto que el sistema representativo puede derivar hacia formas delegativas, en las que los ciudadanos se limitan a elegir representantes pero cuentan con muy poca o nula capacidad de intervenir en la toma de decisiones y el control de la gestión.

La cuestión se resuelve incorporando al sistema representativo, diferentes formas de intervención directa de los ciudadanos a través de consultas vinculantes (Referendum), iniciativa legislativa popular, mecanismos de transparencia con solicitud y acceso libre a la información, presupuestos participativos, etc. La cuestión está en el debido equilibrio, para ello es oportuno acercarse a los problemas observados, por ejemplo, en Suiza y California.

Punto 5: …”Es preciso un nuevo pacto constituyente, que altere aspectos sustanciales de la Constitución vigente, fruto del pacto entre franquistas y demócratas.”

Efectivamente, la llamada transición democrática española fue fruto de un pacto entre ciertos sectores del franquismo y demócratas. Conviene reconocer que, al parecer, no se daban otras circunstancias que permitieran abordar otra salida a la dictadura franquista.

…”Hoy nos enfrentamos a una situación en la cual parece necesario un pacto entre el sistema surgido de la Constitución de 1978 y una nueva sociedad española y, como entonces, en el marco de una dura crisis económica. Y los partidos mayoritarios hasta ahora no parecen advertirlo.”

No termino de entender eso de un pacto entre el sistema y una nueva sociedad. Todo pacto constitucional es, en definitiva, el que se lleva a cabo entre los diferentes sectores que conforman la sociedad (en sus dimensiones: clasistas, ideológicas, identitarias, territoriales, etc.) por medio de sus representaciones políticas y, en nuestro caso, sujeto a refrendo ciudadano mayoritario.

El texto induce a pensar en un enfrentamiento entre un “sistema”, el de la Constitución del 78, y una “nueva sociedad española”, sin divergencias clasistas, políticas, ideológicas e identitarias. Con perdón, esa formulación suena muy maniquea.

…”El PSOE debería empezar la reflexión y aplicársela a sí mismo.  … No puede escudarse tras una reforma de la Ley de Partidos que, hoy por hoy, no está en su mano.”

Estoy de acuerdo. El PSOE, por lo que podemos ver en los documentos que se están discutiendo y elaborando para llevarlos a la Conferencia Política de Octubre 2013, trata de formular iniciativas que van desde reformas constitucionales y legislativas, hasta nuevas formas de organización y funcionamiento partidario. Las primeras requerirán, necesariamente, contar con mayorías y consensos legislativos. Las segundas sólo precisan su aprobación en los comités y congresos federales y de ámbitos menores.

Punto 6.- “La solución a los problemas de la democracia representativa en España no vendrá de una reforma del Senado ni de una mejora de los procedimientos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Obviamente, es necesaria, pero tal cual están las cosas, la reflexión acerca del Senado debería partir de la oportunidad o no de su supresión, sin que parezca adecuado, si de ganar legitimidad se trata, que los senadores sean simples representantes de los gobiernos o parlamentos autonómicos El cambio no vendrá por ahí en absoluto ni parece necesario conservar el Senado para eso. En todo caso, el problema esencial del Senado es el de las funciones que realiza, lo que no está resuelto en el documento. 

En este punto en particular, sorprende especialmente que no haya conexión entre el diseño de reforma constitucional de Estado federal y el diseño de esta cámara. Si se quiere impulsar el sistema parlamentario, no parece que los procedimientos que se plantean sean los más satisfactorios, ni en cuanto a componente democrático –se debe elegir en todo caso por la ciudadanía– ni por efectividad –no creemos que sea útil que un Presidente autonómico forme parte del Senado-.”

Observo que en estos párrafos late una concepción centralista del Estado, no otra cosa sugiere la ligereza con que se formula la posibilidad de la supresión del Senado. Uno de los aciertos de la Constitución del 78 ha sido el reconocimiento de la pluralidad de España y la formulación de una estructura estatal descentralizada. El Senado debía jugar el papel de representación de dicha pluralidad, difícil de concretar cuando todavía no se sabía que forma adquiriría esta última. Lo criticable es la pérdida de tiempo para cumplir con el mandato constitucional y dotar al Senado de su verdadero roll de cámara legislativa de nuestro Estado de las Autonomías. 

La composición y funciones del nuevo Senado, con la clarificación de competencias entre Gobierno Central y Comunidades Autónomas y un nuevo sistema de financiación, son las piezas claves para lograr la integración cooperativa y estable entre las partes constitutivas del Estado. No creo que puedan ensayarse nuevos dibujos del mapa territorial español, más allá de la supresión, eso sí, de las Diputaciones Provinciales que son una rémora del Estado preautonómico y cuya pervivencia sólo se justificaba en la primera fase de la transición al Estado Autonómico.

La composición del Senado y la elección de los Senadores, algo se apunta en el texto, tiene una gran importancia. Hay dos modelos que pueden ser tomados como referencia, el modelo americano (no sólo en EEUU) y el Alemán; el texto que se discute en el PSOE parece inclinarse por el segundo.

Conviene hacer algunas precisiones sobre ambos modelos.

En el modelo americano se manifiesta una clara concepción federal que se basa en el reconocimiento de la soberanía en el conjunto de la ciudadanía de la federación que, en aquellos países, no tienen problemas para definirla como soberanía nacional. Los ciudadanos de los Estados Federados no tienen capacidad para decidir de forma unilateral sobre las materias del conjunto. Por otra parte, los representantes de cada Estado o Provincia, los Senadores, son elegidos por voto directo de sus ciudadanos. El número de senadores por Estado es independiente de la población e igualitarios, permitiendo – al ser más de uno – reflejar de alguna forma la pluralidad política.

Los senadores, en el caso Alemán, no son representantes directos de los ciudadanos de cada Länder, sino representantes de sus gobiernos (incluidos los Presidentes) y no pueden manifestar discrepancias en el voto. En sistemas electorales mayoritarios esto no acarrearía problemas pero sí los tiene cuando, frecuentemente, se trata de gobiernos de coalición, lo que coarta la expresión de los partidos minoritarios.

No es difícil advertir que, en nuestro país,  la fórmula puesta a discusión en el texto del PSOE sería leída en términos más cercanos a un modelo Confederal que Federal, con todas las implicaciones que puedan formularse. Tengo la tentación de pensar que así como el mantenimiento, en la Constitución del 78,  del sistema privilegiado de financiación para las Diputaciones Vascas y Navarra fueron un guiño al nacionalismo vasco, se pretenda ahora algo similar respecto a los nacionalismos periféricos.

Considero que lo adecuado para avanzar en la consolidación del Estado Autonómico en dirección federal y profundización democrática, sería la elección directa de los Senadores, por el sistema uninominal actual, por circunscripción autonómica, en un número que permita la expresión de la pluralidad política, quizá con una corrección por población, y que no sobrepasen un número de cuatro o cinco Senadores por Autonomía.

El necesario encuentro entre los Gobiernos Central y Autonómicos ya cuentan con instancias como la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otros Consejos sectoriales, que merecen una regulación para dotarlos de un funcionamiento estable y eficaz.

Punto 8.- “El apartado referido a Reformas en el sistema electoral, posiblemente resulte el apartado más decepcionante del documento, en donde se señalan sólo algunos problemas pero no se arbitran soluciones reales.”

Lamento disentir con el aserto anterior; es posible que el texto de referencia no sea una maravilla pero respecto a propuestas, de haberlas haylas y no tan insignificantes:

Otorgar el derecho a voto de los extranjeros residentes en base a criterios de arraigo, años de residencia, etc. sin vinculación al principio de reciprocidad actualmente vigente.

Elección de los candidatos a Presidente/a del Gobierno, en elecciones primarias debidamente ordenadas y reguladas por la Ley Electoral. (Estando de acuerdo con la elección en primarias de los cabeza de listas en elecciones generales, autonómicas y municipales en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, creo que deben abrirse a la participación de simpatizantes, ya que se trata de candidatos/as que luego deben obtener el respaldo de la ciudadanía. Con todo, considero que ese mecanismo debe quedar sujeto a la libre decisión de cada Partido político.)

Apertura de las listas electorales a que los ciudadanos señalen preferencias personales respecto a los candidatos. La formula sería reconocer el derecho de los electores a expresar una preferencia en todas las circunscripciones, salvo en las que eligen más de 10 diputados donde cabría expresar dos.

Vemos que hay tres propuestas importantes sobre el sistema electoral.

Es verdad que basado en circunscripciones provinciales con los criterios existentes de “potenciación” de representatividad para las circunscripciones de menor tamaño, el sistema actual otorga valores muy dispares en la relación escaños-electores, situación que merece una corrección.

En el documento de Foro Ético se afirma que: “los votos han de tener un valor sustancialmente igual en cuanto al número de escaños en el Congreso de los Diputados. Es la consecuencia de que el voto sea “igual”, tal como señala el artículo 68 de la Constitución, que se conecta con los artículos 23 y 14.” Plantear la igualdad del valor de los votos, prescindiendo de la definición y tamaño de las circunscripciones electorales es una propuesta lícita, pero afirmar que el actual sistema contradice los preceptos constitucionales señalados, como menos, es un poco arriesgado.

Al respecto pueden adoptarse, al menos dos soluciones: Primero, reformar la Constitución, modificando o no la circunscripción provincial y formular un sistema que otorgue un “valor substancialmente igual” a los votos. Segundo, mantener el sistema actual con el agregado de que “Los votos que no han resultado suficientes en cada una de las circunscripciones electorales se sumarán y se distribuirán en una lista de carácter nacional de acuerdo al procedimiento d’Hont. El Congreso de los Diputados aumentará el número de parlamentarios a 400 para dar cumplimiento a esta regla.”

En el documento del Foro se opta por esta segunda opción, propuesta planteada por IU que se ve desfavorecido principalmente respecto a Partidos nacionalistas con una alta concentración de voto en  ámbitos autonómicos y que así reequilibraría el peso electoral de IU respecto de los nacionalistas. Esa propuesta es defendida, también, en la creencia que serviría para atenuar el fuerte bipartidismo en nuestro país. Presunciones que, a mi entender, no son muy seguras, aunque quizá mejorase los resultados de IU o algún otro partido pequeño de ámbito nacional. Primero, porque en el reparto de los cien escaños adicionales también participarían los dos partidos mayoritarios y, segundo, porque los partidos nacionalistas y regionalistas podrían conformar coaliciones electorales de ámbito nacional, cosa ya habitual en las elecciones al Parlamento Europeo.

En definitiva, estoy de acuerdo con que el sistema vigente manifiesta una desproporción exagerada en la ecuación escaño-votos y se impone abordar una solución más razonable.

Punto 13.- “Por último, una de las medidas que más podría revolucionar el Partido y modificar su funcionamiento orgánico, la elección de secretario general, se limita a ser apuntada como objeto de debate en la Conferencia Política. … la elección de Secretario General habría de ser mediante voto directo de la militancia y hacer extensivo el modelo para SG a nivel nacional a los sistemas autonómico y local en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.”

Ya lo creo que la elección de los Secretarios/as Generales por voto directo de los afiliados “podría revolucionar el Partido y su funcionamiento orgánico”. La cuestión es  ¿en qué sentido?

Formulemos las preguntas pertinentes: ¿Elección directa sólo de Secretario/a General? ¿También de la correspondiente Ejecutiva? ¿Elección de Secretario/a General antes o después del Congreso?

Se elija antes o después del Congreso no se puede evitar que se verifique una confrontación de legitimidades, si la voluntad mayoritaria del Congreso no condice con la del/la Líder. Quién puede asegurar que la preferencia por una persona deba necesariamente coincidir con las definiciones estratégicas, políticas, ideológicas, programáticas, etc. que son lo fundamental de la labor de todo Congreso.

Ya veníamos caminando por el sendero del Presidencialismo mediante la elección separada del/a Secretario/a General y de la correspondiente Ejecutiva y han sido muy pocas las voces contra esa práctica. El poder coactivo de ese sistema se vería multiplicado con la elección en primarias. ¿Quién sería el valiente para tumbar las propuestas del Líder? Lo que puede parecer un paso en la profundización democrática en el Partido, podría conducir a la exacerbación personalista y el fortalecimiento de entornos oligárquicos alrededor de Líderes plebiscitarios.

Creo que debería lograrse una estructura orgánica y un funcionamiento democrático que garantice la efectiva participación y expresión no condicionada de la voluntad de los afiliados, al tiempo que la integración orgánica de las diferentes corrientes político-ideológicas existentes en el Partido.

Dicho esto, parece conveniente recuperar la elección, en los Congresos, de Ejecutivas completas, incluido el número uno de la lista. En caso de presentación de listas alternativas, aquella que no resultara mayoritaria pero superase un cierto porcentaje de votos, obtendría un número de puestos de la Ejecutiva resultante. Esto obligaría a practicar la integración plural y facilitaría el proceso de “negociación” de las listas para su presentación. En los ámbitos menores (Agrupaciones Territoriales o Sectoriales) el mismo sistema pero con voto directo de los afiliados. Este sistema facilitaría la práctica de listas cerradas pero no bloqueadas, donde los votantes pueden modificar el orden mediante la señal de refuerzo positivo en, por ejemplo, un tercio de los integrantes de la lista. Para la elección de miembros de órganos deliberativos (Comités Regionales, Congresos, etc.) sólo sería necesario introducir la señal de refuerzo positivo.