En los últimos tiempos, quizás porque mi “tema” dentro del PSOE me ha hecho estar más atento a estas cuestiones, he tenido conocimiento de numerosos casos de respuestas pura y duramente disciplinarias a lo que debiera ser exclusivamente un debate político claro y transparente.
Siempre he denunciado la situación en el interior de los partidos políticos -de todos ellos- en lo que se refiere a la falta de democracia interna. Nacieron en el siglo XIX y prácticamente no ha evolucionado nada en esta cuestión. Se han convertido en una maquinaria electoral desideologizada en la que prima exclusivamente la disciplina -sumisión en mi opinión-, cercenando cualquier debate, cualquier disidencia que pueda suponer un peligro para las élites que los dirigen, aunque generalmente la disfracen con el ropaje de que eso debilita al partido y es castigado electoralmente por la sociedad.
Es probable que esto último sea cierto, ya que la sociedad actual aunque siga considerando a los políticos como uno de sus mayores problemas, castiga cuando en el interior se manifiestan riquezas ideológicas, debates enriquecedores. Esa contradicción es utilizada por sus dirigentes para cortar de raíz cualquier disidencia, cualquier discrepancia con el poder establecido, utilizando un instrumento cruel y deleznable que se conoce como “medidas disciplinarias”. Al principio como amenaza y a la larga con su aplicación estricta.
Por eso en los Estatutos que rigen su vida interna y externa, el apartado disciplinario es el más extenso. En lo que conozco tengo la sensación que todos ellos son claramente inconstitucionales, infringiendo muchos de los derechos básicos contemplados en nuestra Constitución.
Lo normal debiera ser que un afiliado tuviera los mismos derechos como ciudadano que como militante, y que las normas básicas que rigen la vida fuera de los partidos fueran de aplicación también dentro.
Lamentablemente eso no es así, y por eso en los últimos tiempos conflictos que debieran ser solucionados en clave interna trascienden al ámbito judicial. Qué mal está esto cuando ocurre una circunstancia así.
Los ciudadanos perciben en los partidos políticos una vocación enfermiza por ocupar parcelas de poder para utilizarlo en la búsqueda de un beneficio personal o colectivo al margen de los intereses generales de la sociedad. Se muestran como estructuras de poder inaccesibles, como castas incontrolables por los ciudadanos, como máquinas de influencia que tienen sus propios códigos de conducta, comunicación y pacto, y que engañan y ocultan la realidad con el único fin de mantenerse en el poder al precio que sea.
¿Podemos afirmar que la estructura interna de los partidos políticos en España y su funcionamiento son democráticos como establece el referido texto fundamental? ¿Podemos sostener que la transparencia en su gestión y el control interno de sus representantes en las instituciones resulta satisfactorio, eficaz y suficiente? ¿De verdad que nuestros partidos "son instrumento fundamental para la participación política"?
Lamentablemente pocos ciudadanos se pronunciarían en sentido afirmativo a las tres preguntas. Lo cierto es que sufrimos un sistema de partidos que arrastra varios traumas no resueltos desde el inicio de la transición democrática. Uno de ellos se refiere a la ausencia de imprescindible pluralismo político e ideológico en la vida interna de las organizaciones. Por la forma de producirse nuestra transición y por la falta de hábitos democráticos durante el franquismo, se impuso la idea de que cualquier debate ideológico interno implica inestabilidad y que tal situación "es castigada por los electores".
A diferencia del resto de los países europeos, entre nosotros, cualquier crítica o disidencia hacia la cúpula del partido se presenta como una "deslealtad". Los partidos no pueden ser cuarteles con mentalidad militar en aras a un bien superior que define el aparato burocrático correspondiente. "Los trapos sucios se lavan en casa, en el interior", claman algunos. Falso. El primer compromiso que tienen los responsables políticos es con los ciudadanos y no cumplen con su obligación si ocultan su opinión sobre asuntos públicos o conductas irregulares "para proteger al partido". Tal comportamiento tiene que ver más con residuos del estalinismo que con la vida democrática en una sociedad plural.
Desde tal concepción, la mayoría de nuestros partidos políticos han generado unas tramas de poder interno y externo que, en la práctica huyen de cualquier control.
Quizás sea este el momento, aunque sólo fuera para recuperar la confianza perdida en el seno de nuestra sociedad, de poner fin a esta situación y emprender una profunda transformación de los Partidos Políticos en nuestro país. Quizás el primero que tenga el valor de hacerlo acabe teniendo un plus electoral inesperado.
Conseguir que dejen de ser una maquinaria al servicio de sus dirigentes, una fuente de empleo que genera dependencia a quien tiene el poder de repartirlo, que conviertan sus paredes de acero en cristales transparentes, con una mayor democracia interna, fomentando la libertad de expresión, debates activos, rotación constante en su dirección, incompatibilidad de cargos, límite de mandatos, listas electorales abiertas, etc, etc. Que se conviertan realmente en instrumentos al servicio de la sociedad, en los que cualquier cargo suponga un esfuerzo y no una prebenda.
Abrir ese debate, dentro y fuera de los mismos, al menos en los de izquierdas como el propio PSOE, con valentía, imaginación y audacia. Partiendo de una base fundamental: que todas las actuaciones disciplinarias abiertas queden en suspenso. Una especie de amnistía política que permita participar en el mismo a todas aquellas personas que tienen algo que aportar. Porque son precisamente éstas, las que han tenido el valor de enfrentarse a los “aparatos”, las que tienen una mayor capacidad intelectual y por eso están en esa situación. Probablemente lo más valioso de cada partido haya estado o esté bajo el peso de esa terrible disciplina interna.
Somos más quienes estamos a favor de esa profunda reforma. Los que apostamos porque el aire fresco inunde sus salas y despachos, que sean los más valiosos, quienes más valía intelectual e ideológica tengan y no los más serviles, lameculos, burócratas vulgares, los que dirijan estas naves. Somos más quienes desde la base -porque la base es inmensamente mayor que las cúpulas dirigentes- estamos exigiendo esos cambios, y quizás sea bueno y saludable que una profunda revolución interna acabe con el sistema actual.
Nuestros partidos funcionan a través de un sistema piramidal y oligárquico que se reproduce verticalmente y que reproduce otras cúpulas pequeñas, u oligarquías locales y regionales, que le deben su poder al vértice del partido y dependen de una complicidad política mutua. Es un sistema en el que la aparición del nepotismo y de las redes clientelares internas y externas del partido constituyen un auténtico "aparato de poder" que resulta imbatible.
Desde un poder local o regional se distribuyen los cargos públicos a personas de estricta confianza, y, a su vez, tales personas influyen y controlan la vida interna del partido para que no cambie la correlación de fuerzas interna. El pluralismo, la transparencia y el control interno de la gestión desaparecen como por ensalmo, lo que explica la sorpresa que suscita, en ocasiones, la aparición de prácticas corruptas o abusos de poder insoportables. Si además se exige silencio y aparece la figura de la "omertá" para mantener el poder y el respeto a los pactos clientelares, la democracia resultará derrotada, se convertirá en simple hojalata mientras las burocracias fortalecerán su resistencia al control. Éste es el debate
José Luis Uriz Iglesias
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