CONTRA LA CORRUPCIÓN, MÁS DEMOCRACIA

Hace tiempo que el vaso se ha llenado. La ciudadanía parece haber detectado ahora, de golpe, el tóxico ambiente que veníamos respirando desde hace lustros en nuestro País Valenciano. Con la crisis se ha terminado ese periodo de inconsciente felicidad en el que muchos habían llegado a creer que la única dirección, irreversible y garantizada, era un crecimiento sin fin de nuestra economía y un futuro plácido. A pocos parecía importar el coste medioambiental, el abandono de una economía real a cambio de la inundación del cemento y la especulación. Habíamos vuelto de modo casi imperceptible a la adulación hacia los poderosos.

Los potentados caían bien e infundían de nuevo un respeto reverencial, al margen de las sospechas -o certezas- sobre sus pillerías, porque esos nuevos políticos, todopoderosos y campechanos, como nuevos caciques del siglo XXI, procuraban enchufes, facilitaban negocios y se prodigaban con financiaciones digitales a cualquier folclore o evento deportivo, a cambio por supuesto, de más dinero y más votos. 

Cuando circulaba ese torrente de dinero en nuestras administraciones a pocos importaba por qué sumideros se desviara el caudal. En el fondo, a quien casi nadie soportaba era a los cenizos, a los aguafiestas que clamaban contra la depredación del territorio y sus consecuencias, que nos advertían del peligro del monocultivo del cemento y el abandono de nuestra industria, que pedían cuentas y explicaciones a tanto despilfarro y nepotismo y se avergonzaban del culto al becerro de oro en que nos habíamos instalado. Pero entre mascletaes y charangas, borrachos de éxito, esas voces sonaban como letanías agoreras, movidas por la envidia y la mediocridad. 

Resulta curioso comprobar que la corrupción, a la que parecíamos aclimatados durante todos estos años y a la que se percibía como un mal menor, perfectamente asumible en una sociedad opulenta, ha pasado, de la noche al día, a considerarse entre los primeros problemas de nuestra democracia, al mismo tiempo en que, nuestra “clase política” caía a sus más bajos niveles de estima social. Nadie parece pararse ahora a pensar, hasta que punto, esa altísima tolerancia ciudadana con el desparpajo caciquil y el despilfarro de alguno de nuestros políticos, ha sido, precisamente, el caldo de cultivo de la corrupción, y esa campechanía, tan valorada por todos, el artificio necesario para engatusarnos. 

“Cuando no hay harina, todo es mohína” decía el habla popular y parece que se cumple a rajatabla. Ahora hay una mayoría indignada que reprueba el relajo con el que se cambalacheó con nuestro futuro desde un poder político envanecido e irresponsable que se creía impune. Ahora sentimos en nuestras propias carnes, como una ofensa intolerable, cualquier apariencia de gasto superfluo o prebenda en nuestros representantes políticos…como si durante años no los hubiéramos acostumbrado a considerarse en el derecho de gastar impunemente lo nuestro como si fuera suyo. 

A menudo me viene a la cabeza aquello de “tenemos lo que nos merecemos” y no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero considero que votar debería ser para todos, además de un derecho, un acto de responsabilidad. Que, visto lo visto, nos conviene votar con la máxima convicción y estar decididos a cambiar nuestro voto en caso de ver defraudadas nuestras expectativas o incumplidos los compromisos. Porque, digan lo que digan, los partidos se sienten o no obligados a realizar cambios o renovar candidaturas, en función de sus mejores o peores resultados. 

Si en casos significativos, como una sospecha fundada de corrupción en un candidato, la mayoría de los electores lo considerara motivo suficiente para retirarles el voto, a ningún partido se le ocurriría proponer a un sospechoso de corrupción. Por el contrario, si los partidos comprueban que no afecta a la intención de voto proponer a una persona sospechosa de corrupción, no tendrán empacho alguno en proponerlo para que le votemos. 

Siendo así ¿Podríamos habernos quitado de en medio a los corruptos, simplemente, no votándoles? Creo que es mucho más difícil que eso. Ni el sistema electoral facilita esa selección, porque los candidatos los eligen los partidos en su propia cocina interna, ni parece fácil que la gente cambie su voto de un partido a otro, sin más. Aunque así fuera, la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un partido sino que se abona siempre a la sombra del poder, lo ostente quien lo ostente. Por lo que, si nada cambia, solo habría que esperar a que reaparecieran otros casos. Además, es sabido que todos los partidos mantienen una parte de su electorado, fiel hasta el sufrimiento, aunque discrepe de la idoneidad del candidato o de algunas actuaciones o propuestas políticas de la que considera su opción preferida. 

¿Se puede hacer algo para reforzar el peso de la decisión de los electores o por mejorar un sistema democrático que se ha demostrado imperfecto? Se puede, se debe y corresponde hacerlo, en primer lugar, a los partidos políticos. Ellos son los instrumentos constitucionales de representación política y es su responsabilidad impulsar los cambios necesarios para que la democracia progrese. Se trata de sellar un “contrato con la ciudadanía” que incluya compromisos y medidas para la transparencia y la lucha contra la corrupción interna en todos los partidos, sometiendo su cumplimiento a la supervisión por órganos externos. La democracia y los derechos de ciudadanía no se pueden quedar a las puertas de los partidos, por lo que debe exigirse mecanismos públicos y de control y rendición de cuentas. 

La crisis ha puesto de relieve un alejamiento abismal entre ciudadanía y representantes políticos. Algunos lo confían todo a que esta escampe y que, consecuentemente, los niveles de irritación popular con las instituciones y la política se atemperen. Por el contrario, soy de los que piensa que si la crisis ha servido de algo, es para poner sobre el tapete las carencias del sistema democrático. Sería un acto de responsabilidad política que los partidos acometieran los cambios legales necesarios para ampliar la calidad de nuestra democracia y subsanar las carencias que los alejan de la ciudadanía. 

Se me ocurren algunas reformas legales que irían en esa dirección y que los partidos deberían comprometerse a impulsar, empezando eso sí, por aplicarse el cuento ellos mismos: Ampliar los derechos ciudadanos en la elección de cargos públicos con la obligatoria celebración de elecciones primarias abiertas a la participación ciudadana para la elección de los candidatos a alcaldías y presidencias de los gobiernos autonómico y central, impulsar el desbloqueo de las listas para que los electores puedan expresar sus preferencias, establecer la limitación de mandatos, crear el escaño ciudadano en nuestros parlamentos y ayuntamientos para la defensa de iniciativas ciudadanas que hayan alcanzado respaldo suficiente, someter la elección de cargos de designación en las instituciones públicas a procedimientos objetivos con exigencia de adecuación al cargo, etc. 

Estas son alguna de las medidas que podrían colaborar a sanear nuestra democracia. Habrá quien diga que son otras o que ninguna de ellas servirá de nada y, por tanto, nada se puede hacer. Yo sí creo que se puede, claro que se puede. 

Pablo Reig Cruañes 

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