ARGUMENTOS PARA RECHAZAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO RAJOY SOBRE LA CONTRA-REFORMA LOCAL .

1. ESTA INICIATIVA ESCONDE LA IMPOSICIÓN DEL MODELO IDEOLÓGICO DE LA DERECHA. 

El Gobierno de Rajoy aprobó en Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2013 iniciar la tramitación de su propuesta de contra-reforma para la administración local: un anteproyecto de Ley denominado "para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

¿Qué busca el Gobierno? 

Montoro aprovecha las exigencias de Bruselas sobre la estabilidad presupuestaria y el estricto cumplimiento del déficit para devaluar la democracia local, vaciar de competencias a los Ayuntamientos convirtiéndolos en meras delegaciones de otras administraciones, someter y tutelar su capacidad de decisión e imponer un modelo ideológico basado en: la austeridad, los ajustes y recortes de derechos ciudadanos y la privatización o desaparición de servicios públicos. Todo ello conducirá a una mayor desigualdad y desprotección de una buena parte de nuestros vecinos en un periodo en el que la crisis económica requiere más que nunca de la actuación conjunta de las administraciones públicas para garantizar un umbral básico de protección social.

Dice el Gobierno que su contra-reforma local persigue el objetivo de hacer cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y garantizar la sostenibilidad de las Entidades Locales. Pero es una justificacion sin base, puesto que son los Gobiernos Locales los que están cumpliendo con mayor rigor los objetivos de reducción del dėficit público y amortización de deuda. Los datos son que el endeudamiento público de los Ayuntamientos se sitúa en torno al 4% del PIB. Además, sobre un déficit público del 10 % entre el conjunto de las administraciones en 2012, la administración local "aportó" el 0,3% y se mantendrá en el 0% en el periodo 2013-2015. 

Sin embargo, el PP quiere atribuirles una imagen de mala gestión y despilfarro, como si tuvieran necesidad de buscar una cabeza de turco a quien responsabilizar de la mala situación económica general. 

El PP busca imponer, con su mayoría absoluta, los criterios de máximo rigor presupuestario que exige la troika en el funcionamiento de las corporaciones locales, por encima de la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios de calidad que son, desde hace 30 años, los objetivos prioritarios de casi todos los Ayuntamientos. Ellos han sido quienes han transformado nuestros municipios, aún reconociendo la existencia de inversiones injustificadas y fallidas y de casos decorrupción; importantes pero que no pueden borrar el acierto y la honestidad demostrada por la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que han gestionado las Alcaldías en España desde el año 1979. 

2. RAJOY PRETENDE ELIMINAR LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS PUEBLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES. 

En la actualidad y según la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, correspondiente a los años 2010-2011, elaborada por el Ministerio de Sanidad, el 98% de la población en España tenía acceso a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. Canalizando y realizando estos servicios sociales municipales trabajan 50.000 personas. Cada año, 7 millones de ciudadanos se benefician de estos servicios pero la desaparición del Plan Concertado, al dejar el Estado de aportar ayudas, se traduce en dejar sin atención y cuidados a millones de personas, en especial , mayores y dependientes, y condenarlos a una vida precaria o abandonarlos a la exclusión. 

El modelo ideológico de la derecha pretende, entre otras cosas, que en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, los servicios sociales y de otro tipo que no sean "rentables" o no cumplan con los criterios y el "coste estandar" o precio máximo que fijará el Gobierno, tendrán que desaparecer o se externalizarán previo traspaso de las competencias de los Ayuntamientos a las Diputaciones. Esto significará, además, alejar la gestión de lo próximo y dificultar el control ciudadano. 

En definitiva: quieren eliminar los servicios sociales en los municipios con menos de 20.000 habitantes, prescindir del personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales y otros servicios a las Diputaciones Provinciales y abrir camino a la privatización de su prestación cediéndolos a empresas concesionarias. 

3. EL PROYECTO DEL PP CONDENARÁ A LA MARGINACIÓN A LAS ZONAS RURALES. 

Los servicios sociales no solo cumplen una función social y solidaria sino que, además, en miles de zonas rurales son un elemento que favorece la formación de "comunidad" y la permanencia de los habitantes en el territorio. 

Con la eliminación de todos los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros), se estaría condenando a la marginación a miles de ciudadanos que viven en las zonas rurales, provocando su despoblación. Por cierto, la propuesta del Gobierno elimina todas las entidades locales menores. 

El mantenimiento del pequeño municipio, que defiende los intereses de sus vecinos y contribuye y define su identidad, no puede estar reñido con la gestión más eficiente de los servicios. Esta etapa de crisis debe servir para impulsar la concertación de actuaciones entre ellos, mediante mancomunidades y consorcios dotados de instrumentos -que deberían aportar las Diputaciones- para garantizar una gestión con rigor tėcnico y económico. Esta fórmula o la asociación de pequeños municipios han de permitir una prestación racional de los servicios locales sin sobrecostes. 

Hay que tener en cuenta la realidad de nuestra estructura municipal que tiene 5.791 municipios de menos de 2.000 habitantes. Y que los servicios no obligatorios para Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pueden ofrecerse mediante mancomunidades, comarcas o consorcios de municipios, siempre con la garantía de apoyo técnico y legal. Es ahí donde alcanza sentido la existencia de las Diputaciones Provinciales como entes colaboradores de los pequeños municipios y no como una administración política opaca, reforzada de más poder como pretende el PP. 

4. EL PP DESPRECIA EL PAPEL CÍVICO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y PERJUDICARÁ LA COHESIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS EN MITAD DE LA CRISIS. 

La propuesta del PP deja en manos de las Comunidades Autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales que hoy están gestionados por los Ayuntamientos de las ciudades y poblaciones superiores a 20.000 personas, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos tras un complejo proceso de ida y vuelta, marcándoles los criterios y tutelando cada paso. Y sin precisar cómo, ni hasta cuando y a quienes se va a financiar. 

Esto, además, supone un claro desprecio hacia la eficaz labor en servicios sociales que prestan los ayuntamientos desde hace años y al buen trabajo de atención a los ciudadanos que se ha hecho desde ellos. La inmensa mayoría de los ayuntamientos lo han hecho y lo hacen bien, en este ámbito, porque son la administración más cercana al ciudadano, porque conocen el terreno y se adaptan a las necesidades de las personas. 

El PP quiere trasladar la reforma laboral y los recortes de servicios al campo de los Ayuntamientos, como exigió Bruselas. Y la consecuencia será la expulsión de miles de trabajadores, más paro y una privatización de servicios. 

Quitar las competencias sobre los servicios sociales y limitar, intervenir o impedir el papel de los Ayuntamientos en materia educativa, sanidad, vivienda, desarrollo económico o empleo es dificultar la cohesión social y reducir el "salario social indirecto" que muchos Ayuntamientos aportan a la ciudadanía por la vía de servicios. 

Está claro que el Gobierno de la derecha no busca una reforma democråtica, ni potenciar el papel se los Ayuntamientos en tiempos de crisis en los que habría que reforzar su papel -como las administraciones más cercanas a la ciudadanía- para mantener las bases de la cohesión social en los pueblos y ciudades con políticas de solidaridad y ayuda a aquellas familias que viven en situacion de pobreza y con riesgo de exclusiøn. 

Por el contrario, pretenden vaciar de competencias a más del 90 por ciento de las entidades locales, despreciando a los gobiernos locales elegidos democráticamente en las urnas por la ciudadanía para convertirlos en meras administraciones que soporten las decisiones políticas de otras instancias territoriales.

5. DEL RECHAZO AL PROYECTO DEL GOBIERNO A LA MOVILIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE UNA ALTERNATIVA. 

La reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno de la derecha — cuyo lema es: una Administración una competencia, rechazando las competencias compartidas entre administraciones — concede la competencia exclusiva de los servicios sociales en las ciudades a las Comunidades Autónomas y falsea los datos a la hora de evaluar el pretendido ahorro económico que se marca como objetivo. 

Esta decisión tendrá un impacto directo en las prestaciones de servicios municipales, protagonistas de la primera línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. Precisamente en un momento en que la dureza y la persistencia de la crisis económica está desbordando la capacidad de respuesta de la red asistencial, la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sembrado la incertidumbre en el sector: no está claro si las autonomías mantendrán todos los servicios que los municipios tendrán que dejar de asumir, si podrán financiarlos o si acabarán privatizándolos. Como reconoce el propio Gobierno, entre los principales objetivos de la reforma se encuentra el de "favorecer una regulación favorable a la iniciativa privada". 

Esta errónea concepción del nuevo papel de los Ayuntamientos se manifiesta en un texto que no resuelve los problemas reales de financiación de las Entidades Locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana, ni abre el debate sobre la posible elección directa de los Alcaldes, ni aborda medidas de transparencia, ética política y buen gobierno . 

Por el contrario, ataca la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, ignora los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, vulnera la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía invadiendo las competencias de las Comunidades Autónomas. 

En tales circunstancias, el PSOE y el conjunto de la oposicion, excepto UPyD, pedimos la retirada inmediata de este proyecto que no puede imponerse por una mayoría absoluta coyuntural y que se abra un proceso de debate para poder aprobar una nueva Ley de Gobierno Local, con la participación activa y el consenso imprescindible de los grupos parlamentarios y de las Asociaciones representativas del municipalismo. 

El objetivo es lograr Ayuntamientos más eficientes evitando descoordinaciones con otras administraciones que permitan gestionar mejor, ahorrar recursos sin perder eficacia y mantener servicios con criterios sostenibles desde el punto de vista social y económico. Además, la nueva norma debería establecer las bases para dejar claramente definidas las competencias propias de los Ayuntamientos, el modo de ejecutar las competencias compartidas con otras administraciones, la mejora de los mecanismos de control y transparencia para evitar casos de corrupción (con especial referencia al papel de los Secretarios, Interventores y mesas de contratación) sobre todo en materias de contratación de obras y planes de urbanismo, establecer los límites retributivos de los políticos y garantizar un modelo de financiación local suficiente y adecuada a los servicios que prestan. 

*De momento, he presentado como Diputado hasta 9 preguntas a responder por el Ministro Montoro que después de 8 meses se niega a comparecer en Comisión del Congreso para "explicar" de modo transparente los objetivos de su contra-reforma local y someterse al debate de control político por la oposición. 

Odón Elorza 
@odonelorza2011

Diputado Socialista 

Este artículo es responsabilidad y opinión del firmante.  Los comentarios, vertidos por las personas visitantes, son responsabilidad de las mismas.