2. Publicación en la web del Congreso de los diputados, (y en su momento en la del Observatorio), la relación de las subvenciones que obtengan los partidos políticos y sus entidades dependientes; así como el informe de fiscalización de las mismas por parte del Tribunal de Cuentas.
3. Medidas equivalentes se impulsarán en todos los parlamentos de las Comunidades autónomas.
4. Adopción de un plan de prevención anticorrupción, que determine especialmente el diverso grado de exposición de cada tipo de cargo público, con indicación de los procedimientos para seleccionar funcionarios en dichos ámbitos, recogiendo, en su caso, los mecanismos de rotación para prevenir la corrupción. Impulso desde el Instituto Nacional de Administración Pública, de forma coordinada con los equivalentes autonómicos, de planes de formación para evitar la corrupción.
5. Reforzamiento de las medidas de incompatibilidad de diputados y senadores con el ejercicio de actividades económicas en el sector privado, considerando, además, la posible regulación de los conflictos de intereses que pudieran surgir de las actividades privadas desarrolladas antes de acceder a un determinado cargo.
6. Promover un gran Pacto nacional contra la corrupción entre gobiernos, partidos, empresarios, agentes sociales y medios de comunicación para hacer efectiva la aplicación de todas las medidas disponibles.
7. Aprobación de un Código de comportamiento de los servidores públicos para garantizar la calidad del servicio, la prevención de los fenómenos de corrupción, la lealtad e imparcialidad. Contendrá una mención dedicada a los deberes de los dirigentes públicos, en particular incluyendo medidas en relación con los regalos que se puedan recibir en ejercicio de los cargos públicos que se deben situar dentro de los niveles normales de cortesía.
8. Creación de un mecanismo que facilite la acción pública de denuncia contra casos de corrupción.
9. - Foro Etico defiende que en la futura Ley de Transparencia, actualmente en tramitación en la Cámara, se incorporen a la relación de sujetos obligados a hacer públicos sus presupuestos, cuentas y balances y, en general, cuanto afecte a su estado financiero y sus movimientos económicos, la Casa Real, los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, y cuantas organizaciones, entidades y empresas dispongan de financiación pública equivalente al 40 % al menos de sus ingresos o por una cuantía mayor de 10 millones de euros.
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