viernes, 24 de mayo de 2013

LA LUCHA PENDIENTE DEL CONGRESO CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Este país necesita acometer sin más dilación la regeneración del sistema institucional en profundidad. Para ello, el PSOE tiene que dotarse de una "Agenda propia para la Regeneración Democrática", la otra prioridad junto a la creación de empleo, que le permitiría adoptar una posición más proactiva con el objetivo de avanzar en el Parlamento en la lucha eficaz contra la corrupción. 

La importancia de esta Agenda guarda relación con la idea extendida entre la opinión pública de que el proceso de regeneracion está parado y que el Gobierno y el Parlamento no hacen nada. Son consecuencias del retraso en la aprobación y aplicación de medidas urgentes y cambios normativos que permitan prevenir y castigar la corrupcion y un mayor control y transparencia en el funcionamiento del sistema político. 

La corrupción sigue aumentando la desafección ciudadana hacia la política, alimenta el desprestigio de los políticos y deteriora profundamente la confianza de la ciudadanía en la democracia y en sus instituciones. Sobre todo cuando la corrupción es noticia permanente en medio de una crisis que provoca sufrimiento y miedo al futuro para millones de familias por el desempleo masivo, los recortes de servicios públicos y el aumento de la desigualdad social. 

Pues bien, tras el debate en el Congreso sobre el estado de la nación, se aprobó el pasado 26 de febrero una Resolución con un conjunto de actuaciones propuestas y apoyadas por la mayoría de Grupos. No obstante, el PSOE e IU nos abstuvimos por considerarlas insuficientes. Con ella, se pretendía dar respuesta a las reiteradas demandas de la sociedad española para mejorar la calidad de la democracia y evitar la impunidad de los corruptos. Quienes hemos gobernado en España tenemos que reconocer, sin excusas, que han sobrado actitudes contemporizadoras y han faltado diligencia y contundencia.

La citada Resolución contempla la aprobación por parte del Gobierno de hasta once proyectos y reformas legislativas para su remisión al Parlamento: Ley de Partidos Políticos, Ley de financiación de Partidos, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley de contratos del sector público, nuevo Estatuto del Cargo Público, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, Ley de Iniciativa Legislativa Popular, Ley de Indulto, Ley de Régimen Electoral General y nueva Ley de Transparencia. ¡Casi nada! 

Además, se comprometía a la elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Así cómo a la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia. 

Ante la magnitud de los deberes pendientes, los socialistas cometeríamos un error si permaneciéramos a la espera dejando que el Gobierno, desde la Vicepresidencia, marque los tiempos de este proceso regenerador e imponga con prepotencia sus contenidos. Sería tanto como dar un cheque en blanco a un PP que ha demostrado no aplicarse en la lucha contra la corrupción y en la transparencia porque está implicado en los casos Bárcenas y Gürtel, entre otros. 

No se puede confiar en un Gobierno que se burla del Parlamento gestionando a golpe de Decretos-Leyes, impidiendo Comisiones de Investigación sobre los escándalos financieros y ofreciendo una democracia de plasma y sin preguntas frente a una democracia participativa. Y corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, como primera fuerza política de la oposición, plantear iniciativas que demuestren que el Parlamento ni está muerto ni hace oidos sordos a las reivindicaciones de los movimientos ciudadanos. 

De ahí mi propuesta, ya remitida a la dirección socialista, para que nos dotemos de una Agenda estratėgica propia que nos permita realizar un seguimiento, análisis y control diario de la política general del Gobierno de Rajoy en relación con la regeneración, la calidad de la democracia y la lucha contra la corrupción, creando para ello un grupo intensivo de trabajo y marcaje formado por diputados socialista, especialistas y asesores. 

También ha de activar de modo específico el cumplimiento de los compromisos acordados el pasado 26 de febrero por el Congreso en su Resolución como consecuencia del debate sobre el estado de la nación, así como preparar con antelación la respuesta de los Diputados socialistas a los trabajos que debe presentar la Vicepresidenta del Gobierno ante las Comisiones del Congreso y consistentes en propuestas sobre las once reformas legales para su debate y aprobación. 

Por último, la Agenda ha de incluir la presentación sin demora de un Manifiesto contra la corrupción y de un nuevo "Contrato ético del PSOE con la Ciudadanía". Sólo así podremos plantear desde la coherencia nuevas iniciativas en el Congreso para complementar las carencias de la Resolución. Nuestro objetivo no puede ser otro que afianzar las bases de una democracia ética, transparente y participativa que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Y en particular en el PSOE. 



Odón Elorza 
Diputado Socialista por Gipuzkoa 

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