No resulta fácil ser optimista sobre el conflicto que vive Catalunya al comprobar que el Presidente Rajoy, que debería haber hecho el mayor esfuerzo desde la política para buscar la salida del laberinto es quien más ha contribuido a llegar a esta situación de desapego recíproco. ¿Acaso se puede pedir a un pirómano que ayude a apagar sus propios fuegos? Es constatable que la irresponsabilidad y falta de talla de Rajoy tienen que ver con la estrategia de la FAES seguida por Aznar, Wert y la caverna mediática. Porque fue el PP quien en medio de una feroz campaña anticatalana recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatut con la excusa de que "España se rompe".¡Qué ironía!
Al juego suicida de enfrentar territorios se han ido sumando otros factores de gran carga emocional. Me refiero a las acusaciones victimistas de los soberanistas con la teoría de que "España nos roba" que han encontrado gran eco entre la ciudadanía aprovechando el drama de la pobreza de miles de familias, el rechazo a la involución que supone el modelo de sociedad del PP así como la sensación de agravio y frustración extendida en Catalunya tras el inaceptable "cepillado" del Estatut por el Tribunal Constitucional tras cuatro largos años de espera.
El resultado es la devaluación total de la autonomía, la fractura de la convivencia y el final de la hegemonía del "catalanismo puente" pasando a ocupar la centralidad un soberanismo radical que busca la secesión unilateral. Vivimos en una coyuntura ideal para excitar el sentimiento nacionalista con guerra de banderas, negación del pluralismo real y supremacia de las identidades excluyentes. Además, la desafección hacia la marca España se potencia gracias al esperpento que proyectan La Moncloa y otros círculos "reales" y económicos manchados por la corrupción y por una gestión injusta de la crisis económica-financiera. Definitivamente a muchos catalanes, también a los no independentistas, les entran ganas de alejarse de esta España rancia pensando que así encontrarán el paraíso, aunque olvidan que el PP y CiU comparten políticas antisociales y arrastran casos de corrupción.
Haciendo autocrítica, es verdad que desde el PSC y el PSOE no supimos preveer lo que se avecinaba en Catalunya, ni abordar un nuevo sistema de financiación autonómica ni reforzar el autogobierno de acuerdo con el Estatut aprobado por dos Parlamentos y por los catalanes en referendum. Nos faltó unidad de mensajes entre socialistas de diferente sensibilidad y músculo para responder como tercera vía a los ataques políticos y mediáticos del soberanismo de "Palau" y del independentismo de ERC que rechazó el Estatut. Pero es de justicia reconocer el papel clave desarrollado por el PSC durante décadas en la modernizacion y cohesion social de Catalunya y su iniciativa, de la mano de Maragall, de reforzar el autogobierno.
Lo cierto es que la búsqueda de una solución se ve agravada por las dificultades económicas que supone la crisis, la cerrazón del nacionalismo español y el pacto del otro nacionalismo sobre los confusos términos de una consulta imposible de realizar desde el punto de vista legal. Esta realidad explica la idea generalizada de que el problema nos ha superado a todos y que sería tarde para encontrar una solución no traumática para ninguna de las partes. Sin embargo, no deberíamos interiorizar la impresión de que la situación de Catalunya no tiene una salida negociada, ni podemos ser los socialistas quienes aceptemos la derrota de la política. Tampoco nos pondremos de perfil o en una actitud defensiva aferrados a unos argumentos de pura legalidad, muy respetables pero insuficientes en democracia cuando se trata de evitar una ruptura de consecuencias imprevisibles.
Sabemos cual es la legalidad vigente y lo que dice la Constitución sobre en quien reside la soberanía. Reconocemos la imposibilidad de que hoy ampare una consulta reclamada en la calle por la mayoría de la sociedad de Catalunya y, menos aún, una secesión unilateral. Es innegable que en el derecho internacional la autodeterminacion, ahora rebautizada como derecho a decidir, está pensada para casos de antiguas colonias como el Sahara español y no para Catalunya, Euskadi o Escocia. ¿Pero qué pasaría tras unas elecciones plebiscitarias convocadas por Mas con un resultado aplastante para los partidos que defiendan en su programa la independencia? ¿Qué haría Rajoy al dia siguiente? ¿Cómo se entendería el resultado en Europa? Necesitamos dibujar escenarios, adelantar respuestas y, sobre todo, no dejar pasar más tiempo sin concretar nuestra alternativa (cultura federal = la cooperacion desde la diversidad) dentro de un proceso participativo abierto a fuerzas políticas y movimientos ciudadanos.
Por eso defiendo la busqueda, sin dilación, de un Pacto de Estado sobre un nuevo encaje de Catalunya en España y Europa, así como una fórmula para que los catalanes puedan expresar su voluntad en el marco de una reforma constitucional que desarrolle la cultura federal. En los casos de Quebec y Escocia, la madurez democrática de las partes y la cultura política de sus instituciones han hecho posible procesos negociados y aprobar mecanismos de consulta que garantizan la expresión de la voluntad democrática de la ciudadanía, como la Ley de la Claridad en Canadá. Porque a la vez que es exigible el respeto a la legalidad hay que intentar dar cauce a la voluntad de participación ciudadana a la hora de solucionar un conflicto; son dos principios que tienen que ver con el derecho y la política y que debemos conectar porque forman parte de las reglas de la democracia.
Por eso reitero, a quien me quiera escuchar, que es tiempo de unidad entre las familias socialistas y de lanzar iniciativas pedagógicas para explicar, a partir de las bases contempladas en la Resolución de Granada, las ventajas y cómo entendemos la convivencia, el pluralismo, la soberanía e identidades compartidas y el modelo federal que propugnamos. Con estos ideales podremos convencer de la necesaria evolución del Estado Autonómico y de su profundizando en la dirección de un federalismo europeo de cooperación, pluralista y solidario. Y ello sin merma de la asimetría que requiere nuestro proyecto por respeto a los hechos diferenciales de las nacionalidades históricas. Contamos con las referencias de otros Estados Federales compuestos y asimėtricos como Alemania con el Estado libre de Baviera o Canadá con el Quebec.
Asistimos a un bloqueo, con el President Mas volcado en una estrategia de confrontación para reducir distancias electorales respecto a ERC y vendiendo fábulas secesionistas, y con un PP, en frente, aferrado a una concepción inmovilista de la Constitución de 1978. Y nos corresponde a los socialistas liderar un proyecto de Estado, una tercera vía política que apuesta por una reforma constitucional consensuada, siempre al margen de amenazas indisimuladas. Esto obliga a sentar en la mesa a los dos gobiernos para negociar un sistema más equilibrado de financiación que tenga en cuenta las cautelas temporales que impone la crisis, garantizar el respeto a las singularidades e identidad plural de los catalanes y fijar con lealtad las bases del estatus para Catalunya.
Este grave problema de la arquitectura territorial del Estado se suma al de la regeneración democrática pendiente, a la crisis de empleo y a la involución en derechos y libertades que nos afecta a todos. Es necesaria una visión y una solución de conjunto que exige reformar la Constitución para redefinir el autogobierno en un nuevo vínculo entre Catalunya y España así como para perfeccionar el funcionamiento y financiación del Estado Autonómico incorporando las claves del sistema federal de cooperación.
La reforma permitirá también reescribir los artículos tabúes de la Transición con el reconocimiento formal de la realidad nacional de Catalunya (y Euskadi ..) en un Estado plurinacional y pluricultural. El proceso negociado de reforma constitucional deberá superar un referéndum que obtenga la aprobación, "necesariamente", de la ciudadanía catalana y del conjunto de la española. Sin duda estamos hablando de un modelo de consulta a la ciudadanía catalana aunque diferente del que ahora se pretende, una consulta más inclusiva y con mayores garantías democráticas.
Odón Elorza
Diputado Socialista por Gipuzkoa
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