El pasado mes de marzo, el Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa aprobó un informe en el que analiza el estado de la democracia local y regional en España. De forma habitual, el Consejo elabora este tipo de informes para cada uno de los estados miembros, y este año su aprobación ha sido especialmente oportuna al coincidir con el debate de la Ley de la Reforma Local.
Las aportaciones de Europa al debate se concretan en una serie de valiosas recomendaciones, todas ellas elaboradas en la distancia que separa Europa del apremio de nuestros municipios, y concebidas bajo la perspectiva general que tiene de las administraciones locales europeas.
Algunas de estas recomendaciones han sido erróneamente obviadas por los legisladores españoles, y configuran, a escasos días de la entrada en vigor de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una incipiente hoja de ruta para el futuro de los municipios.
Si bien es verdad que el informe admite que España cumple, en general, con las obligaciones que adoptó en 1988 con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local, reconoce también las graves deficiencias que la reciente reforma no ha considerado suficientemente.
Una de ellas es la falta de precisión en la distribución de competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles de administraciones públicas. Europa insiste en este particular déficit nuestro y reitera la idea de que el solapamiento competencial es causa evidente de pérdida de recursos económicos y de ineficacia en la prestación de servicios. Para evitarlo propone dos caminos: clarificar de una vez por todas el mapa competencial de las administraciones públicas y transferir los recursos financieros disponibles de conformidad con dicho mapa. El informe reitera especialmente la necesidad de que cada transferencia de poderes a las autoridades locales esté acompañada por los recursos financieros necesarios. A la consigna que inspira la ley “una competencia, una administración”, le faltaría, por tanto, una tercera parte sustancial: “una competencia, una administración y una fuente de financiación”.
El Consejo también incide en la necesidad de corregir la falta de autonomía fiscal de los municipios. En España las autoridades locales dependen excesivamente de las transferencias estatales y regionales, y es aconsejable crear condiciones y políticas adecuadas para que la principal forma de ingresos de los municipios provenga de sus propios recursos y no tanto de las transferencias externas; una recomendación que resulta igualmente extensible a otros niveles de la administración española.
De especial relevancia resulta la llamada de atención de Europa a las dificultades de gestión que tienen los pequeños municipios en nuestro país, así como a la falta de procedimientos que permitan corregir la distribución desigual de los recursos financieros entre municipios grandes y pequeños, ricos y pobres. Europa recomienda sin tapujos la transferencia de recursos entre administraciones respondiendo a este criterio, y quienes llevamos años, desde la periferia de la administración local, reclamando mecanismos de compensación financiera como los que solicita Europa, aplaudimos fervientemente esta consideración.
Por último, algunas recomendaciones de Europa van encaminadas a intensificar la democracia local en España, por ejemplo, al considerar que la distribución de competencias debe llevarse a cabo de conformidad con el principio de subsidiaridad; que debemos establecer diálogo con las comunidades teniendo en cuenta las características institucionales e históricas de algunas de ellas; y que, en caso de fusión de municipios, debería celebrarse un adecuado proceso de consulta ciudadana, debidamente organizada.
La primera reacción ante la lectura de este informe es de asombro. Acabamos de aprobar una nueva ley de reforma local y ya parece que estamos, de nuevo, estancados.

Carmen Moraira Reina