GOBIERNO DEL TERRITORIO (II): Veinte propuestas para un cambio de modelo.

Como hemos señalado en nuestro anterior post, el modelo de desarrollo urbanístico y territorial español tiene planteados tales retos que lo hacen no ya cuestionable, sino, sencillamente, inviable,  resultando inaplazable una redefinición del marco jurídico y económico que posibilite el cambio. Para ello, creemos que deberían adoptarse numerosas medidas, algunas trascendentes de la normativa territorial y urbanística, otras específicamente ubicadas en ese ámbito. Las reformas legislativas que el Gobierno está promoviendo, en las costas, en el suelo, en los parques nacionales, por citar algunas, van justamente en la dirección contraria, porque fomentan y amparan el mismo modelo de desarrollo urbanístico que nos ha caracterizado, y resultan absolutamente incompatibles con la sostenibilidad del territorio. Un ejemplo, con la recientemente aprobada Ley 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, nos situamos en un escenario de un claro retroceso en la defensa de los intereses públicos y una victoria para los particulares que han perdido hasta ahora su lucha contra la Administración: plantea una revisión del litoral deslindado, con más del noventa por ciento ya realizado, lo que supondrá procesos contra deslindes ya aprobados que entran en conflicto con edificaciones o desarrollos urbanísticos que pasarán a ser posibles, o contra licencias o instrumentos de planeamiento que se considerarán contrarios a la nueva regulación. Supone, en definitiva, un desmantelamiento de la integridad del dominio público marítimo-terrestre por la extensión de las medidas de desafección y privatización que contempla.

En relación con estas cuestiones, siempre desde una perspectiva global que combine la fiscalidad, la financiación, el tratamiento de las haciendas locales y la regulación y prácticas territoriales y urbanísticas, proponemos las siguientes

MEDIDAS:

1. Actualización de los principios permanentes del urbanismo: acceso universal a los beneficios de la ciudad y el estatuto de ciudadanía.

2. Desbloquear el estatuto de la actividad urbanística, pública, diferenciándolo del estatuto de la propiedad inmobiliaria, privada.

3. Habilitación a los particulares a través de procedimientos con publicidad y libre concurrencia para el desarrollo, no solo de las actividades de urbanización, sino también de la edificación, de manera que permitan a la Administración seleccionar la oferta de mas bajo precio final de venta y mayor rentabilidad para la colectividad, adjudicándolo al mejor ejecutor de los intereses generales. La adjudicación de la actividad de ejecución de la urbanización y edificación no sería en régimen concesional de un dominio público, sometido a canon y plazo, sino en plena propiedad del título de dominio útil creado por el plan sobre el suelo.

4. Planeamiento de diseño estratégico, físico y económico, y no de atribución de aprovechamientos urbanísticos expectantes.

5. Establecimiento de agencias o consorcios, incluso de adscripción obligatoria y siempre de base y liderazgo local, para municipios que no puedan acreditar capacidad real de gestión para impulsar la aprobación de planeamiento conforme a criterios de interés general así como de otorgamiento de licencias.

6. Regulación rigurosa del contenido y las exigencias de transparencia y publicidad de los convenios urbanísticos de planeamiento, prohibiendo en todo caso convenios que determinen la necesaria revisión o condicionen el contenido de un nuevo plan general, así como regulación estricta del ámbito y posible contenido de los convenios urbanísticos de gestión.

7. La enajenación del pleno dominio de bienes inmuebles o aprovechamientos urbanísticos, incluidos los procedentes de cesión, que formen o hayan de formar parte de los patrimonios públicos ha de ser excepcional, de acuerdo con criterios de interés general. Ordinariamente la cesión de tales bienes sólo podrá tener lugar a través de negocios jurídicos que permitan la conservación de tales bienes en el patrimonio público, tales como el derecho de superficie.

8. Creación de instrumentos de desarrollo urbano que equilibren las determinaciones normativas a sus efectivas posibilidades, las que sean comprensibles y abarcables por la dimensión y complejidad de la escala territorial que abarquen, que articulen “visiones unitarias”, estrategias holísticas de ciudad con enfoques integrados.

9. Devolver contenido político-democrático a la actividad urbanística y de ordenación del territorio, robusteciendo el papel y la función de la participación ciudadana directa, haciéndola efectiva y real.

10. Aligerar los procedimientos formalizados, en contradicción en estos momentos con la lógica y la economía de la vida social y económica.

11. Control administrativo de los precios finales del producto inmobiliario en sus transmisiones, mediante ejercicio del tanteo y retracto, y de las ventas, mediante bolsas de carteras de valores inmobiliarios.

12. Control fiscal de todas las segundas transmisiones, para gravar las subidas de precio no justificadas en mejoras o inversiones declaradas respecto a la anterior.

13. Coordinación de la política fiscal con las de suelo y vivienda. Incentivar el cumplimiento de la normativa urbanística a través de una fiscalidad específica discriminadora.

14. Coordinación del planeamiento con el catastro, adecuándolo a los objetivos de la legislación urbanística, que facilite la disciplina urbanística y racionalice los procesos de intervención pública en los mercados de suelo y vivienda.

15. Fomento de agencias o consorcios locales de urbanismo que asuman competencias en materia de planeamiento y disciplina para coordinar la actuación de los municipios y evitar prácticas de competencia a la baja por proyectos privados entre municipios en perjuicio de su territorio.

16. Revisión completa del régimen de financiación de las entidades locales, potenciando su desvinculación de la actividad urbanística y, consecuentemente, evitando su exposición a ciclos económicos y la presión sobre la práctica de planeamiento.

17. Nueva regulación de los patrimonios públicos de suelo que impida su utilización como recurso financiero y haga compatible en todo caso su afectación a fines de interés urbanístico y territorial general y la obtención de una adecuada rentabilidad.

18. Profundización en una regulación sostenible del crédito hipotecario, que haga inviable la generación de nuevas burbujas limitando con criterios objetivos el sobreendeudamiento de cualesquiera personas, físicas y jurídicas, públicas o privadas, vinculado a desarrollos o productos inmobiliarios con criterios temporales, de aplicación de rentas generadas en un determinado periodo u otros análogos.

19. La vivienda sujeta a regímenes de protección pública debe ser calificada durante toda su vida útil y la calificación de suelo para tal destino ha de considerarse en todo caso permanente. La protección pública debe limitarse a la vivienda de alquiler y la rehabilitación y regeneración urbana.

20. La política de vivienda debiera replantearse en su conjunto, limitando la competencia estatal al establecimiento de criterios u objetivos al resto de niveles de gobierno que éstos deberán alcanzar, sin perjuicio de otros que pudieran decidir, diseñando políticas propias. En ese contexto, debiera territorializarse el presupuesto estatal, condicionando su transferencia a la efectiva aplicación a políticas coherentes con los criterios u objetivos fijados por el Estado. 

El territorio transformado por la urbanización tiene ante sí una  nueva  oportunidad:  ser  parte  activa  en  el  escenario  político  y  económico o, por el contrario, permanecer en una situación de relativa marginalidad, limitado a ser mero receptor de los efectos más negativos de la crisis económica. O lo que es lo mismo, se puede optar por un predominio de un desarrollo urbano integrador donde la cohesión social queden garantizada, o por un desarrollo urbano fragmentado donde la exclusión social, con su secuela de marginalidad y desestructuración de pautas de convivencia, se extiendan.

Rosario Alonso Ibañez

Catedrática de Derecho Administrativo

Miembro de Foro Ético

GOBIERNO DEL TERRITORIO (I): ¿A QUIÉN NO LE INTERESA ABORDAR LOS ASPECTOS FINANCIEROS Y FISCALES?

Las reglas del juego económico habitual promueven modelos territoriales y urbanos específicos, salvo que existan barreras institucionales que se lo impidan, y cuando estas barreras se diluyen, el afán de lucro ordena y construye a su antojo la ciudad y el territorio. Esto es lo que nos viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo. La urbanización, que ha sido el más importante proceso de cambio en todos los tiempos, la principal fuerza motora de nuestro pasado crecimiento económico, se ha desarrollado sin sujeción a parámetros ordenadores al servicio de la ciudadanía. Los instrumentos y las técnicas urbanísticas no se han predispuesto para hacer ciudad sino para la transformación urbanística del suelo. Y su uso, en general, no ha respondido tanto a afrontar las necesidades colectivas de la población como a la voluntad de satisfacer a grupos de interés políticamente organizados.

Las bases de nuestro modelo de ocupación del territorio quedaron asentadas en la segunda mitad del pasado siglo, y perviven. Sus desequilibrios más enquistados proceden de entonces: un determinado modelo de negocio inmobiliario y una legislación al servicio de un urbanismo de gestión privada especulativa, que han movido permanentemente al incremento de los precios de los productos inmobiliarios -suelo y vivienda-, y a la expansión urbana. Un modelo que ha venido permitiendo el desarrollo urbanístico basado el fomento público de construcción privada de vivienda de obra nueva en propiedad, accesible con financiación ajena que, titulizada, reforzaba y dinamizaba al propio sistema financiero; estímulos al sector de la construcción con subsidios y desgravaciones; rentabilización de todo tipo de inversiones inmobiliarias preferentemente a través de las plusvalías derivadas de la promoción y venta libres de vivienda nueva que normalmente ocupaba nuevos suelos o se desarrollaba demoliendo edificaciones antiguas, en detrimento de la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico existente. 

Además, las Administraciones públicas han venido compartiendo plusvalías e ingresos asociados al desarrollo del proceso urbanizador, abriendo la puerta a los ingresos irregulares que han quebrado el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos corrientes al destinarse a inversiones cuestionables, y a las prácticas corruptas, propiciando a la vez una triple alianza entre promotores, constructores y políticos locales y regionales con competencias urbanísticas, sentando las bases para que el caciquismo prosperara en torno al negocio inmobiliario. Desde el punto de vista de su repercusión en la economía general, este modelo alimentaba el comportamiento cíclico del sector inmobiliario, que quedaba expuesto a los avatares de la coyuntura económica, provocando así, dado su peso en el conjunto de la economía, inestabilidad. El territorio, en general, y su gestión han estado estrechamente ligados al proceso productivo y al patrón de crecimiento de la actividad económica, sobre todo en la última fase alcista, el decenio inmobiliario (1997-2007), fundado en la elevada disponibilidad de financiación privada al servicio de la construcción.

En estas condiciones, la especulación siempre se ha podido imponer sobre los procesos planificados. Y, en estas condiciones, el urbanismo salvaje de las recientes décadas asociado a las medidas liberalizadoras de la economía que se pusieron en marcha a partir de 1996, potenció hasta la extenuación sus más negativas repercusiones, en términos medioambientales, económicos, sociales y culturales. Tensiones, competencia y enfrentamiento entre administraciones públicas territoriales con competencias concurrentes. Consumo excesivo de suelo. Desarrollo de dinámicas urbanizadoras sin asunción generalizada de criterios respetuosos con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. Falta de perspectiva interterritorial, que ha alterado las tradicionales relaciones urbano-rurales, y condicionado la evolución previsible de lo urbano y lo rural a medio plazo. Postergación de las políticas de ordenación del territorio. Planeamientos puramente financieros, más que urbanísticos, dirigidos a generar valores hipotecarios que hoy pesan como una losa en el presente y el futuro del país. Promociones de viviendas nuevas y de equipamientos que han terminado por construir un espacio urbano con grandes carencias en la prestación de servicios a la población. Transformaciones urbanas auspiciadas por la expectativa de generación de rentas, sustituyendo a la población residente de rentas bajas por otra de mayor nivel económico. Casas sin gente y gentes sin casa….

Esta forma de gobernar el territorio, gravemente condicionada por imperativos económicos, ha condicionado pues la normativa urbanística, las políticas de suelo y vivienda, la normativa hipotecaria y bancaria, el sistema tributario. Se ha convertido en una hidra imposible de abatir que, además, llegó a ser un componente fundamental del sistema de financiación de las administraciones públicas y de generación de empleo. No es de extrañar, por ello, que este modelo se haya mantenido bajo cualquiera que haya sido el color de los Gobiernos que se han sucedido y que, aún hoy, esté resultando extraordinariamente difícil corregir. Es más, cabe pensar que si actualmente está en cuestión es, fundamentalmente, porque ha caído víctima de sus propios excesos, porque tocó techo forzando todos los parámetros económicos y financieros para maximizar el proceso de generación de plusvalías. Pero muchos de sus protagonistas todavía esperan volver a cabalgar a lomos de las plusvalías laminando en el tiempo las minusvalías que asolan nuestro sistema financiero. La crisis actual, en la que se ha gripado uno de los fundamentales motores económicos del país, debe servir para reflexionar, primero, y para corregir enérgicamente, después, esta realidad.

Y para esto no bastan informes o evaluaciones que el planificador, público o privado, perciba como algo externo e impuesto al debate urbanístico. Es preciso cambiar su mentalidad, la forma de abordar la ciudad y el territorio. No se trata tanto de imponer soluciones externas, sino de construir una nueva cultura del territorio que imbrique lo urbanístico, lo ambiental, lo social, lo económico. Utilizando el ejemplo del medio ambiente debe afirmarse que no basta con evaluar, es preciso planificar urbanísticamente en clave ambiental y social. De ese modo, la evaluación vendrá dada en el mismo planeamiento.

Pero el debate sobre el territorio, el urbanismo, las políticas de vivienda, la rehabilitación, la regeneración y renovación urbanas, se está abordando aisladamente, obviando que el modelo de gobierno del territorio, de planificación urbanística y de generación y gestión de plusvalías, ha estado en el ojo del huracán de la crisis actual, lo alimentó, lo aceleró, lo potenció. Erraremos si no acertamos a abordar, junto a los aspectos puramente territoriales y urbanísticos, los financieros y fiscales. La crisis actual fue inmobiliaria y financiera, financiera e inmobiliaria y, al menos en España, y no sólo en España, no se puede entender la gravedad y profundidad de una sin otra. No se trata sólo de salir de la crisis, se trata de hacerlo sobre otras bases, unas bases que impidan que, igual que en la década prodigiosa del urbanismo español se ha hipotecado el futuro de varias generaciones de españoles, puedan estas trasladar esa carga a las que les sucedan. No podemos cometer los mismos errores. Podremos cometer otros, sin duda. Pero los mismos, otra vez, no. Las futuras generaciones no nos lo perdonarían.

Rosario Alonso Ibañez

Catedrática de Derecho Administrativo
Miembro de Foro Ético

Democracia enferma: un diagnóstico y una solución

La crisis de la democracia representativa, la mala reputación de los partidos políticos y la falta de credibilidad de muchos líderes políticos son ideas generalizadas, populares, recurrentes de nuestra vida colectiva, tanto en Portugal, como en Europa, como un poco por todo el mundo democrático. Como dijo una vez el ex primer ministro británico Winston Churchill "La democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han probado." En los tiempos en que vivimos, de dificultades económicas y sociales, estas ideas se acentúan, pero debemos recordar y subrayar que reflejan algo que va más allá de lo coyuntural. Sin entrar en un análisis detallado voy a mencionar algunas de las razones que en mi opinión explican lo que  llamo la "democracia enferma".

Una dimensión del problema se relaciona con el individualismo que domina las sociedades contemporáneas y la falta de sentido del bien común. En un sistema económico que promueve el consumismo y el deseo de querer siempre más y más, dominado por intereses a los que interesa mantener un mercado de trabajo inseguro y precario, en una sociedad que tiene una oferta lúdica y de evasión sin precedentes en la historia humana, muchos ciudadanos sin tiempo o motivación prefieren la cómoda "crítica de café" y muchos políticos se centran casi exclusivamente en una lógica de interés y carrera personal.

Otra dimensión está relacionada con el papel desempeñado por los agentes de la comunicación social. Los medios de comunicación contribuyen de manera decisiva a la construcción ( y a veces, distorsión) del entendimiento y la visión que la gente tiene de la realidad en que están insertas. En general los medios de comunicación dan demasiada importancia a las palabras y los actos de los dirigentes de los partidos políticos, contribuyendo de manera sutil a la construcción del mito de que tienen mucho poder y para ocultar otros poderes igual o más relevantes. 

Al dar demasiada visibilidad a problemas y a conflictos estériles, también contribuyen a la erosión de la democracia. Pero también es cierto que hay dirigentes políticos que abdican del poder que se les ha conferido por el voto popular y que se someten a ciertos intereses financieros y económicos, a veces teniendo presente una futura recompensa por los servicios prestados.

De este modo, los políticos se han convertido en los chivos expiatorios de los males de nuestro tiempo y los partidos políticos, espacios de escasa participación, que funcionan en torno a determinados grupos, donde el mérito (profesional, cívico, académico) poco cuenta, vulnerable a todo tipo de maniobras ansiosas de conquista de un (a veces insignificante) poder. Todo esto ha contribuido a la disminución de la calidad de los representantes políticos y a un creciente divorcio entre electores y elegidos. Tras el diagnóstico de la enfermedad debe ser tratada la dolencia. 
En este capítulo, sin espacio para profundizar apenas, presentaré la que me parece sería una solución natural, colectiva y democrática. Si la gente realmente quiere una mejor democracia, debe abandonar su zona de confort, dejar el sofá y el televisor, y dedicar alguna parte de su tiempo libre participando activamente en la vida política, sobre todo en los partidos políticos.

La incorporación de más personas a los partidos políticos es una de las fuentes para la regeneración de la democracia en sus diferentes niveles. Por eso, querido lector, si en el plano teórico se siente próximo a algún partido político, nada mejor que hacer una contribución al fortalecimiento de la democracia inscribiéndose en ese partido y contribuyendo a su mejora.

Pedro Miguel Cardoso

Militante del Partido Socialista, de Guarda (Portugal)

El Texto anterior ha sido traducido al español por Juan Jesús Martín Chamoso, partiendo del original, que reproducimos, para quien desee leerlo en lengua original que fue publicado en Jornal Terras de Beira el 23 de enero de 2014. Con el agradecimiento de Foro Ético a autor y traductor.

Democracia doente: um diagnóstico e uma solução

A crise da democracia representativa, a má fama dos partidos políticos e a falta de credibilidade de muitos dirigentes políticos são ideias generalizadas, populares, recorrentes da nossa vida colectiva, tanto em Portugal, como na Europa, como um pouco por todo o mundo democrático. Como um dia afirmou o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill “a democracia é a pior forma de governo, exceptuando todas as outras formas que têm sido tentadas”.  Nos tempos que vivemos de dificuldades económicas e sociais estas ideias acentuam-se mas convém recordar e salientar que elas reflectem algo que vai para além do conjuntural. Sem entrar numa análise aprofundada vou referir algumas razões que na minha opinião explicam aquilo a que chamo “democracia doente”.

Uma dimensão do problema relaciona-se com o individualismo que domina as sociedades contemporâneas e a falta de sentido do bem comum. Num sistema económico que promove o consumismo e a vontade de querer sempre mais e mais, dominado por interesses a quem interessa manter um mercado de trabalho inseguro e precário, numa sociedade que tem uma oferta recreativa e de evasão sem paralelo na história da humanidade, muitos cidadãos sem tempo ou motivação preferem a cómoda “crítica de café” e muitos políticos orientam-se quase exclusivamente numa lógica de interesse e carreira pessoal.

Outra dimensão está relacionada com o papel desempenhado pelos agentes da comunicação social. A comunicação social contribui decisivamente para a construção (e por vezes distorção) da compreensão e visão que as pessoas têm da realidade onde estão inseridas. Em geral a comunicação social tem dado uma relevância excessiva às palavras e actos dos dirigentes político-partidários, contribuindo subtilmente para a construção do mito de que eles têm muito poder e para a ocultação de outros poderes tão ou mais relevantes. Ao dar demasiada visibilidade a questões e a conflitos estéreis também têm contribuído para o desgaste da democracia. Mas também é verdade que há dirigentes políticos que abdicam do poder que lhes é conferido pelo voto popular e submetem-se a certos interesses financeiros e económicos, às vezes tendo em vista uma futura recompensa pelos serviços prestados.

Deste modo os políticos tornaram-se nos bodes expiatórios dos males do nosso tempo e os partidos políticos espaços pouco participados, a funcionar à volta de alguns grupos, onde o mérito (profissional, cívico, académico) pouco conta, vulneráveis a vários tipos de manobras na ânsia da conquista do (por vezes insignificante) poder. Tudo isto tem contribuído para a diminuição da qualidade dos representantes políticos e para o crescente divórcio entre eleitores e eleitos. Feito o diagnóstico importa tratar da doença. E neste capítulo sem espaço para aprofundar apenas apresentar aquela que me parece ser uma solução natural, colectiva e democrática. Se as pessoas querem realmente uma melhor democracia têm que abandonar a sua zona de conforto, deixar o sofá e a televisão e gastarem algum do seu tempo livre participando activamente na vida política, nomeadamente nos partidos políticos. A adesão de mais pessoas aos partidos políticos é uma das fontes da regeneração da democracia nos seus vários níveis. Por isso, caro leitor, se no plano teórico se sente próximo de algum partido político nada melhor do que dar um contributo reforçado à democracia inscrevendo-se nesse partido e contribuindo para a melhoria do mesmo.

PRIMARIAS ABIERTAS VALENCIANAS, AVALAR LA DEMOCRACIA.

El PSPV es la primera federación del PSOE que pretende celebrar elecciones primarias abiertas a la ciudadanía para elegir a su candidato o candidata a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Sinceramente, para quienes creemos que esta forma de elección abierta es fundamental para la transformación democrática de los partidos, para la mejora de la calidad de la democracia, para la recomposición de la política y de la cosa pública, estamos ante una buena noticia.

No obstante, quizá faltarían algunas cosas que, sin duda, con el tiempo iremos mejorando, un poco más de entusiasmo de los “aparatos”, un segunda vuelta, como en Italia, Francia y Catalunya y un calendario electoral menos apretado y, desde luego, anunciado y formalizado con bastante más tiempo.

Digo esto porque me preocupa que una primera experiencia sobre las primarias ciudadanas supusiera una cierta decepción, tratándose de una federación tan importante como la valenciana, tras el reciente precedente andaluz (aunque éstas fueron cerradas) y su segura repercusión en el resto del Estado.

Me parecería gravísimo que nuestra federación no tuviera capacidad para que se celebraran, es decir, para que la primera fase, gobernada en exclusiva por los militantes, de recogida de avales impidiera a algún candidato concurrir a la elección. No parece que este sea un problema para el actual secretario general, si podría serlo para quien se presenta como contrincante.

Esto es así, por cuanto, quienes creemos que esta nueva modalidad de elección es buena para la democracia, para el fortalecimiento del partido, para crear-ensanchar bases sociales progresistas, así como para la consolidación de liderazgos y de sus políticas y no una simple lucha por el poder, o una mera circulación de intereses, deberíamos estar atentos a facilitar y promover que las elecciones primarias ciudadanas se llevan a cabo y sean un éxito.

Por otra parte, la no celebración de las elecciones abiertas valencianas en el PSPV privará a éste de una autentica movilización ciudadana, de una segura puesta en la agenda política de sus propuestas, de una mayor calidad democrática de su organización, de una auténtica “campaña electoral” con un protagonismo privilegiado.

Al mismo tiempo, la ampliación de censos a la ciudadanía, nos permitirá nuevas interlocuciones con un mayor número de ciudadanas y ciudadanos, nos permitirá tener algo del camino andado cara a la elección abierta de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de España y nos debería permitir que en las ciudades medianas y grandes del País Valenciano se celebraran mediante esa misma convocatoria abierta, haciendo participe a la ciudadanía de los problemas y del potencial de sus municipios, del buen funcionamiento de los servicios y de la democracia cercana. Las elecciones abiertas a las alcaldías serán claves, también, para el nacimiento de nuevos liderazgos en el PSPV, para la recomposición territorial del País Valenciano, de una gran ayuda para el futuro gobierno de la izquierda en la Generalitat Valenciana.

Esta es, en fin, la tarea militante que nos debería ocupar, conseguir que se celebre el domingo 9 de marzo una fiesta de la democracia, tras días de debates y propuestas, tras conversaciones con la gente, tras mostrar nuestra capacidad de seducción y de convencimiento, tras la reivindicación de la democracia y la política.

El aval a Gaspar es, se vote a quien se vote, gane quien gane, una aportación a la democracia, a nuestro partido y al fortalecimiento del futuro Presidente de la Generalitat Valenciana.

Avalemos la democracia.

Francisco Sanz 

Abogado y militante socialista 

Miembro de Foro Ético y de la Asociación cívica valenciana Red Pública

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¿Qué puede hacer la Europa Social y Ciudadana desde la perspectiva de la Educación?

Quisiera lanzarles unas preguntas antes de comenzar ¿Es posible construir una Europa Social y Ciudadana sin el apoyo de la educación, como pilar clave de desarrollo del proyecto de integración europea? ¿Podemos mantener una política común en economía, seguridad, pesca o agricultura, compartir la moneda con otros Estados… pero no reconocer nuestros ideales, principios, valores comunes y tradiciones compartidas con ellos? Si el contexto laboral, político, económico y social, es cada vez más supranacional y europeo ¿Por qué los sistemas educativos se mantienen herméticos, incapaces históricamente de abrir sus puertas a la dimensión supranacional? ¿Es posible erigir la Europa Social y Ciudadana exclusivamente mediante la economía, el mercado común y el desarrollo estructural? Exponía J. Fiegel, en el preámbulo del documento de Eurydice, 

la Educación para la Ciudadanía en el contexto escolar europeo (2004), que construir la Europa de los Ciudadanos es, ante todo, un proyecto que conviene enraizar en el sistema educativo desde las edades más tempranas que sea posible.

De lo contrario, el proyecto europeo corre el riesgo de no llegar a consolidarse más allá de la economía, el mercado o la moneda únicos. Aspectos como la identidad compartida y las raíces comunes; el valor de la cultura y patrimonio histórico heredado; el desarrollo de la ciudadanía europea y de su educación; los principios y valores comunes, etc.; necesitan de la educación y la formación (del sistema educativo formal) para arraigarse en los ciudadanos y la sociedad europea, pues no se adquieren por ciencia infusa, o sólo por la presencia de la iconografía europea en los centros educativos, muchos de ellos construidos con fondos de desarrollo estructural, o de cohesión territorial y social. 

Hace precisamente ahora 40 años de la publicación del Informe de H. Janne, titulado Por una política comunitaria de la educación (1973), dónde los expertos que trabajaban para la Comisión reconocían la existencia de una dimensión educativa propia en Europa, no sólo porque la integración económica estaba produciendo una cierta integración social del proyecto europeo, sino porque ya existían avances y encuentros intergubernamentales previos. No en vano, la primera reunión de los Ministros de Educación Comunitarios se produjo en 1971, pero ya se venían celebrando diferentes reuniones periódicas de Ministros de Educación en el marco del Consejo de Europa desde 1959, aunque éstas se desarrollaban en un contexto de cooperación muy flexible y abierto. No se debe olvidar que la política educativa siempre ha sido una cuestión eminentemente nacional, por lo que la cooperación interestatal en esta dimensión supranacional era completamente novedosa e innovadora.

El sentimiento de pertenencia política, social y cultural no puede ya ser exclusivamente nacional, si una parte de las atribuciones del Estado-nación han pasado a ser comunitarias: la medida del territorio y las fronteras desaparecen, las decisiones se transfieren a los organismos supranacionales, las jurisdicciones, los derechos de residencia de los extranjeros, etc. Todas ellas y otras muchas nos conducen hacia un destino común, vivido en la diversidad de las naciones europeas. Entonces ¿podemos escapar a la idea de que la enseñanza deberá implicar, en la medida de lo posible, una dimensión europea?[1]

Estos sedimentos iniciales y los documentos preparatorios (lo que llamamos como política intencional o deliberativa) determinaron que la particular cooperación supranacional en materia de educación podía centrarse en los siguientes ejes de acción: 

- Elaboración de normas comunes para la cooperación internacional y difusión de estadísticas educativas comparadas entre sistemas educativos nacionales.

- Escolarización de los hijos de los migrantes.

- Favorecimiento del aprendizaje de idiomas.

- Movilidad, intercambio y enlaces entre centros educativos y de formación.

- Reconocimiento de títulos, diplomas y certificados para la movilidad.

- Desarrollo de la investigación y las tecnologías de la comunicación.

- Convergencia en las reformas de la política universitaria y científica.

- Inclusión de la DEE (presencia de la imagen, la idea de Europa y del europeísmo en los sistemas educativos y de formación).

En 1976 se puso en marcha el Programa de Acción en Materia de Educación de la Comunidad, la primera estrategia de acción política emprendida en esta dimensión, el cual fue bloqueado nada más ver la luz, puesto que algunos Estados miembros no estaban por la labor de cooperar más allá de lo previsto estrictamente en los tratados fundacionales y éstos entendían que la educación no formaba parte de ellos. Su oposición fue frontal y pasaron casi 10 años hasta que pudieron liberar los fondos que debían sufragar el Programa de Acción, particularmente por el influjo cívico y social que algunos políticos imprimieron al proceso, como Spinelli, Adonnino, Mitterrand, Delors o González, durante los años ochenta, mediante la reivindicación del rostro humano y social de la Comunidad. 

De este modo, tras la firma del Acta Única (1986) se reactivaron programas sectoriales que debían cubrir los ámbitos mencionados en el Programa de Acción, por ejemplo, el archiconocido Programa Erasmus fue uno de ellos. Sin embargo, una de las líneas previstas nunca llegó a desarrollarse de manera específica en un programa sectorial, a pesar de las numerosas resoluciones, recomendaciones y documentos deliberativos que así lo proclamaban, como por ejemplo, la Resolución de 24 de mayo de 1988 de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo; nos referimos a la inclusión de la Dimensión Europea en la Educación en los sistemas educativos y en las políticas educativas nacionales. 

En el Tratado de la Unión Europea (1992, Maastricht), además del reconocimiento de la ciudadanía europea, complementaria a la nacional, se incluye a la educación y la formación como parte integrante de los tratados fundacionales. Se reconoce el establecimiento de una política de cooperación entre los Estados miembros, que debería aportar una dimensión europea a la educación y cuya cooperación ofrecería buenas dosis de calidad a los sistemas educativos nacionales. Pero la cooperación política prevista es de carácter subsidiario –asistencial y complementario-, y está sujeta a la voluntad de los Estados nacionales, que son soberanos con respecto a las competencias nacionales en materia de educación, por el principio de respeto absoluto a estas competencias. 

Las instituciones europeas como la Comisión o el Parlamento no tienen competencia alguna sobre los sistemas educativos nacionales; sólo pueden emitir sugerencias y recomendaciones no vinculantes, pero jamás intervenir. Por tanto, se desarrolla esta cooperación en aspectos que yo denomino elementos periféricos (complementarios o instrumentales) de los sistemas educativos y de formación, y generalmente en etapas superiores de la educación. Es decir, no se actúa en los elementos nucleares del sistema (el currículum oficial, los programas escolares de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, los materiales pedagógicos o los contenidos), salvo que el Estado miembro, de motu propio, quiera incluir los aspectos europeístas y la dimensión europea en sus sistemas educativos. Algunos lo han hecho de manera decidida en sus legislaciones educativas, pero otros han pasado de puntillas por estos aspectos.

En consecuencia, la presencia o ausencia de la Dimensión Europea en la Educación provoca que se avance a diferentes velocidades en la comprensión y refuerzo de la imagen de Europa ante sus ciudadanos. ¿Es aceptable y equitativo que los ciudadanos europeos lleguen a las elecciones al Parlamento Europeo sin saber ni conocer la importancia de ese voto en sus vidas particulares? Si no conocen Europa ¿cómo van a ser críticos y participativos en ella y en su proyecto? 40 años después se ha avanzado poco en estos aspectos formales y el déficit democrático que separa a Europa de sus ciudadanos sigue aumentando en cada sufragio europeo. 

Esto no quiere decir que la cooperación europea en materia de educación no haya generado grandes avances ni haya sido necesaria, sino todo lo contrario; se han logrado objetivos inimaginables hace varias décadas, como la creación e implantación del Espacio Europeo de la Educación Superior (Proceso de Bolonia); el Espacio Europeo de la Investigación, la Ciencia y la Innovación; incluso un Espacio Europeo de la Formación Profesional (Proceso de Copenhague); pero no ha sucedido así, de manera tan decidida y convergente, en lo que se refiere a los sistemas educativos formales. 

En la definición de la política educativa de la UE los Estados (el Consejo de la UE) se guardaron bien esta carta en Maastricht (el respeto absoluto a las competencias nacionales en sus sistemas educativos), con la intención de protegerse de cualquier tipo de intervencionismo desde las otras instituciones europeas (Comisión y Parlamento Europeos), firmes defensores de esta idea desde la década de los setenta. Pero el contexto actual, ni es el mismo que entonces, ni responde a las mismas necesidades (el déficit democrático, la crisis del proyecto de integración, la desafección política e institucional, el ahogamiento social, la creciente eurofobia, etc.). Por tanto, a la luz de los hechos, urge emprender reformas en los ámbitos de la política educativa que se refieren a los sistemas educativos formales. 

Y éste es el problema en cuestión, que parece casi endémico a la luz de la historia reciente de la educación en el proyecto europeo. Gran parte de los Estados miembros se resisten a incluir la Dimensión Europea en la Educación como paradigma de sus políticas educativas nacionales. A pesar de todo lo dicho, la educación en la Europa del S. XXI sigue siendo eminentemente nacionalista (y regionalista, incluso provinciana), por ejemplo, en el caso español. Así pues, no se favorece la convergencia multidimensional de la Europa de los pueblos y las regiones; tampoco se potencia la dimensión de la cooperación transfronteriza hacia Europa en aspectos formales de la educación. 

Esta situación ha supuesto que, a diferencia de otros ejes de acción de la política educativa europea, la inclusión de la Dimensión Europea en la Educación, el refuerzo de la imagen de Europa y el Europeísmo ciudadano, no hayan sido más que una corriente educativa que ha perdurado durante un tiempo determinado. Acto seguido ha quedado desbancada (o dispersa) de la política educativa supranacional europea y de las políticas nacionales, en la mayor parte de los casos a partir de 2005, con la celebración del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. Ciertos elementos coyunturales han incidido en el declive de esta situación, como la grave crisis que asola Europa desde 2006 (en estos casos los Estados suelen mirar más hacia sí mismos que hacia fuera); el fracaso de la Estrategia de Lisboa 2010; y la reciente obsesión desmedida por los indicadores de calidad y los rankings PISA de la OCDE (esa organización cuya visión de la educación es estrictamente economicista), que han desviado la atención de los sistemas educativos, hacia una competitividad nacionalista insana que persigue ver quién sale mejor en la foto…

Sólo argumentos como éstos puede explicar que España elabore una Ley Educativa como la LOMCE (2013), que renuncia a todo tipo de consenso y diálogo social, que elimine la Educación para la Ciudadanía Europea y que se oriente exclusivamente a la competitividad y la calidad muy mal entendida. La fiebre PISA ha contagiado los sistemas educativos europeos y ha relegado a la Educación para la Ciudadanía Europea, las Humanidades o las Bellas Artes al ostracismo en casos como el español. Cada vez que un político apela al mantra de PISA como juicio de valor y fundamento de la reforma educativa, el derecho a la educación y la democratización de la educación a lo largo de la vida quedan seriamente mermados. La eliminación de la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos no tiene argumento sólido, a la luz de lo expuesto en 2002 y 2010 por el Consejo de Europa; a menos que la siguiente cita no sea considerada por España como válida o pertinente.

Los Ministros entienden la Educación para la Ciudadanía como un concepto que descansa en los principios fundamentales de los derechos del hombre, de la democracia pluralista y de la primacía del derecho, que hace referencia en particular a los derechos y responsabilidades, al compromiso, a la participación y a la pertenencia, así como al respecto de la diversidad; que engloba a todos los grupos de edad de la sociedad y se orienta para dar a los jóvenes y a los adultos los medios para tomar parte activa en la sociedad democrática y para consolidar también la cultura democrática; que combate la violencia, la xenofobia, el nacionalismo agresivo y la intolerancia, y que contribuye a la cohesión social, a la justicia y al bien común. A su vez, refuerza la sociedad civil gracias a unos ciudadanos bien informados, advertidos y democráticamente competentes.[2]

¿Por qué es clave la inclusión de la Dimensión Europea en la Educación? Se trata de un concepto político-pedagógico europeo propio, con consecuencias directas para las políticas educativas nacionales, que no pretende sustituir a las dimensiones intra-nacionales, regionales o locales en la educación, sino hacerlas converger en el plano supra-nacional. Esta dimensión europea se refiere a la educación (a la manera de ser, de pensar y de sentir) de los ciudadanos europeos y podría erigirse como la esencia que impregna al conjunto de la política educativa supranacional europea, que resurge para renovar la pedagogía moderna en la perspectiva europeísta del S. XXI y que podría convertirse en fuerza motriz de la política educativa. El objetivo general de la acción pedagógica de la DEE debe hacer nacer en las jóvenes generaciones la conciencia de la identidad europea, que les capacite para asumir sus responsabilidades como ciudadanos de Europa y para reconocer el valor de su cultura, patrimonio y valores comunes. Se puede organizar en 4 áreas de acción, como una competencia europeísta propia de los Sistemas educativos (actitudinal e instrumental):

- Currículum, programas escolares y materiales pedagógicos.

- Intercambios, actividades extraescolares, vínculos entre centros, acciones no formales.

- Formación inicial y continua del profesorado.

- Estilos de dirección, liderazgo y gestión del centro y la comunidad escolar.

Sus acciones deben dirigirse a todos los planos de la educación (formal, no formal e informal) e integrarse en la comunidad escolar y en el PEC (Proyecto Educativo de Centro). Es una idea propicia para integrarse racionalmente en todas las etapas y ciclos de los sistemas educativos bajo el paradigma del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se trataría, en tal caso, de aclarar cuál es el valor de Europa en la educación e integrarla en el currículum y los programas de manera racional y consecuente. Todos los programas pedagógicos que pretendan integrar y favorecer la Dimensión Europea en la Educación deberán prestar especial atención a tres elementos clave:

1. La identidad europea (euroglocal y abierta al mundo). Europa de los pueblos y las regiones.

2. La interacción entre culturas (interculturalidad) y la unidad en la diversidad, apoyadas en la cohesión social y la equidad.

3. La ciudadanía europea (estatus político y jurídico), democrática, participativa y activa.

¿Qué podría reivindicar la Europa Social y Ciudadana a las instituciones europeas (Comisión y el Parlamento) frente al Consejo de Estados de la UE en la perspectiva de las próximas elecciones europeas? Una mayor presencia de la Dimensión Europea en la Educación y una apuesta decidida por una política educativa supranacional europea, con carácter común, menos aferrada a la subsidiariedad, a la asistencia y el voluntarismo, capaz de mostrar un equilibrio entre el respeto a las competencias nacionales y la necesidad de hacer más Europa a través de la educación. No es tan difícil converger hacia una política “común” en materia de educación que garantice, por ejemplo, un pacto europeo de mínimos exigibles, que impida a los Estados reducir las inversiones públicas en educación por debajo de unos estándares mínimos (4,5% del PIB), o una presencia obligada, en cualquiera de sus formas, de experiencias de buenas prácticas como la Educación para la Ciudadanía Europea y los Derechos Humanos en sus sistemas educativos nacionales. No se trata de integrar más asignaturas a los sobrecargados programas, sino de abrirlos hacia la dimensión supranacional, pues existen numerosas oportunidades para ello. Si Europa ha podido converger en el €uro, o en el Espacio Europeo de la Educación Superior, en un tiempo record, ¿no merecería la pena el esfuerzo de todos los Estados en converger en materia de política educativa hacia posicionamientos comunes que beneficien y hagan florecer la Europa Cívica y Social? .

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[1] Janne, H. (1973). Pour une politique communautaire de l’éducation, pp. 26-27. Bulletin de la Communauté Européenne. 10/73.

[2] Consejo de Europa (2002): Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la Educación para la Ciudadanía Democrática. Rec. 12 (2002).

Alfonso Diestro

(UNED-GIPES) Miembro de Foro Ético
@alfonsodiestro

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Se busca eurodiputadx. Razón aquí.

Estos días atrás se han venido publicando las primeras encuestas continentales de intención de voto para las elecciones al Parlamento Europeo. Parecen indicar, por regla general, un ligero ascenso de los progresistas, un leve descenso de los populares europeos y sobre todo una multiplicación de miembros euroescépticos y de extrema derecha. No dejan de ser datos anecdóticos, pues la lejanía de los comicios y la escasa representatividad de los muestreos continentales hacen que estos resultados no puedan considerarse más que, en el mejor de los casos, mínimamente aproximados a la realidad. Más aún cuando tampoco se sabe a ciencia cierta a qué grupos parlamentarios irán los electos de numerosos pequeños partidos que se intuye obtendrán representación. Pero más atrevido y desacertado que aventurar cómo quedará el reparto de fuerzas en la Eurocámara, es interpretar los resultados de las encuestas conforme a lógicas, normalmente nacionales, que nada tiene que ver con la realidad política comunitaria.

El error está en hacer una lectura cuantitativa en lugar de cualitativa del próximo Parlamento Europeo, cuando lo relevante no es cuántos diputados sacará cada grupo sino qué posición tomarán estos grupos ante los retos de Europa y las demandas de sus ciudadanos. Ante la única certeza numérica que arrojan las encuestas, el crecimiento de la extrema derecha, de los antieuropeístas y de aquellos que creen que Europa debe ser un proyecto meramente económico regido por Estados, no tiene sentido detenerse en si socialistas o populares serán primera fuerza política de la Cámara. En Europa no rige únicamente la dicotomía progresistas vs. conservadores. Los debates soterrados son entre más o menos Europa, entre una Europa más o menos social, entre una Europa de y para los Estados o de y para los ciudadanos. Son luchas desiguales, al menos en los últimos años, donde la primera ha ido ganando terreno a la segunda y donde los únicos y escasos avances hacia una Europa federal se han dado más por pánico a que la crisis acabara con la UE que por convencimiento popular de las bondades de un proyecto común. Y si ha sido así pese a un relativo equilibrio de fuerzas ideológicas en el Parlamento Europeo, no cuesta imaginar que más lo será cuando la mayoría neoliberal de Estados que lideran el Consejo tengan que negociar con un Parlamento donde a las tibias posturas en defensa de los derechos sociales de sus ciudadanos vividas hasta ahora se sume una extrema derecha antieuropeísta fuerte. 

De ahí que lo interesante no es ver cuántos escaños sacará la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y el resto de partidos de izquierda, sino el saber si harán una defensa encendida de los pueblos europeos frente a unas élites que no los representan. No caben medias tintas. Hoy ya no. O se es élite o se es pueblo. Del mismo modo que conviene saber si harán una defensa a ultranza de una Europa con alma en lugar de un proyecto radicado en la billetera. Como ya dijo alguien, hay que hacer que suba el centro de gravedad de Europa del bolsillo al corazón. Ante esta tesitura, da igual tener 150 o 250 eurodiputados si éstos se muestran tibios en la defensa a ultranza de lo social.

El problema radica en que mejorar en calidad es más complicado que aumentar en cantidad. En el caso de España, algunos partidos pequeños han dejado en manos de la ciudadanía, bajo diferentes fórmulas, la elección de quienes los representarán en un campo, el europeo, donde se juegan las decisiones más importantes y que más les afectan. Por su parte, los dos partidos mayoritarios han entendido que son sus aparatos los más indicados para confeccionar las listas. Si bien es cierto que ninguno de los dos métodos, primarias o dedazo, asegura la elección de los más preparados e indicados para el puesto, es de agradecer al menos que ante la duda algunos hayan optado por implicar a militantes, y a la ciudadanía en general, en la construcción de una Europa que siendo el vértice de nuestro día a día la percibimos cada vez más alejada de sus gentes y más cercana a los poderes fácticos. 

En ambos casos, no cabe sino apelar a la responsabilidad de quienes eligen las alternativas entre las que luego votaremos para seleccionar a los que nos representen ante el reto que supone defender al ciudadano de la derecha, sea moderada, extrema o extremista. 

En el caso del PSOE, ha dejado las primarias para mejores momentos, lo que podría ser interpretado por sus simpatizantes como un indicio de que las elecciones europeas son menos importantes que las nacionales, autonómicas o municipales. O que no van con los ciudadanos. Flaco favor a la imagen de la Europa de los pueblos. Si algún día el desapego ciudadano es irreversible e insoportable, tendrá que asumir su parte de responsabilidad. 

En el caso socialista, es vox populi que en la confección de la lista confluirán diferentes actores e intereses, desde las distintas familias hasta el reparto geográfico. Será por tanto responsabilidad de cada una de las personas que participan en dicho proceso de confección de listas, y exclusivamente de ellas, el que los elegidos defiendan con la altura de miras excepcional requerida, pues excepcional es la situación, la Europa de la educación, de la cultura, de lo social, de los trabajadores, de los jóvenes, de los sin recursos, de la igualdad… en suma, de los ciudadanos. Que sean defensores de lo público, cercanos a los ciudadanos, con experiencia en el ámbito internacional, éticos y críticos, preparados, con dedicación exclusiva, tal y como se proponía esta semana desde Foro Ético.

Ya que no han dejado a militantes y simpatizantes tomar la decisión, es de esperar de la dirección del partido, de sus barones regionales, de quienes hoy hacen pasillo por conseguir un puesto, en definitiva de quienes tienen algo que decir en la preparación de la lista, que asuman que si bien Europa no nació como un proyecto de izquierdas, sí se convirtió en una utopía social y ciudadana que tienen la obligación moral y ética de salvar de la quema neoliberal. A ese ciudadano tantas veces defraudado por la política se le debe al menos el darle la opción de votar, tenga la ideología que tenga, eligiendo entre los mejores y entre aquellos que sean capaces de devolverle la ilusión por una Europa que evoque, como antaño, modernidad y esperanza.

Chema Cruz 

es periodista y consultor especializado en asuntos europeos, 
@ChemaCruzR

Beatriz Talegón 

es Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, 
@BeatrizTalegon

Ambos son miembros de Foro Ético
 @Foroetico

Artículo publicado en www.elboletin.com @elboletinmadrid

¿Qué nos jugamos en las Europeas?

El último domingo de mayo estamos llamados a participar en una nueva cita electoral: las elecciones europeas. Faltan cuatro intensos meses en los que deberemos compatibilizar la respuesta ciudadana a las políticas neoliberales que estamos padeciendo con la necesaria e imprescindible pedagogía para convencer de la conveniencia de participar en esta cita electoral.

Haciendo un poco de esa pedagogía, creo imprescindible recordar que estas elecciones se celebran cada cinco años y viene haciéndose así desde 1979, aunque previamente a la cita de 2004 se revisaron diversos aspectos de la normativa electoral para tratar de homogeneizar el proceso en los diferentes países participantes.

Tras el Tratado de Lisboa en 2009, si se pone en marcha lo allí acordado, a nuestro país le corresponderían 54 escaños de los 751 que conforman el Parlamento Europeo. Alemania tendría 96 y entre 73-74 corresponderán a Francia, Reino Unido e Italia. Fue en el año 1984, siglo pasado, cuando se produjo la mayor participación en nuestro Estado con un 68,9% frente al 44,90% en las últimas elecciones europeas en 2009

Es cierto que todo lo que nos suena a mandatos de los organismos europeos, en estos momentos, nos hace ponernos en alerta y activar todas nuestras alarmas ideológicas. No podemos ni debemos quedarnos con que los eurodiputados y eurodiputadas cobran unos magníficos sueldos, viajan en primera clase y no trabajan. Es más, nuestra responsabilidad como ciudadanía activa y responsable nos debe llevar a exigir la rendición de cuentas del trabajo realizado por quienes son miembros del Parlamento Europeo. Son nuestra voz en Europa, una Europa cada vez más debilitada por la falta de solidaridad intraterritorial y los abusos y concesiones realizados al capital financiero

No obstante, gracias a las Directivas aprobadas en la Cámara Europea en nuestro país hemos avanzado en asuntos de igualdad de género en los convenios colectivos instaurando derechos como el permiso de lactancia o de paternidad. Así mismo, en el ámbito educativo ha sido reconocido el derecho del profesorado interino a percibir el completo por antigüedad y por el de formación en igualdad de condiciones que el personal funcionario de carrera resaltando la importancia de la formación del profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes.

Necesitamos un parlamento europeo constituido por personas de probado compromiso ético, honestas y rigurosas,  no solo convencidas de su obligación de rendirnos cuentas de su trabajo en dicha Cámara, sino intachables en hacerlo. La defensa clara  de las políticas sociales y de empleo deben ser, en estos momentos, una prioridad para que el conjunto de ciudadanos y ciudadanas europeos nos sintamos realmente representados y veamos reflejada en su actividad parlamentaria todas nuestras preocupaciones, todas nuestras demandas.

El último domingo de mayo nos jugamos mucho. No estamos decidiendo quién nos va a gobernar en nuestro pueblo, Comunidad Autónoma o Estado. Es cierto, pero estamos decidiendo quiénes van a redactar Directivas como las referidas poco antes y a definir las políticas que se han de aplicar en todos los estados miembros. ¿Queremos seguir con las políticas de recortes en servicios públicos o sociales?, ¿queremos, como asalariados, seguir asumiendo los costes de la crisis económica?, ¿queremos que se siga anteponiendo la codicia individual de unos pocos o de un partido al bien común de la inmensa mayoría de la ciudadanía?.

Muchas más podrían ser las preguntas, otras tantas las respuestas, y con ellas podríamos enzarzarnos, pero ahora hay una obligación: conocer el discurso europeo de las mujeres y hombres que sean los candidatos y un mandato claro y sencillo, participemos en las elecciones europeas y expresemos con nuestro voto qué rumbo queremos que siga Europa. En nuestras manos está parte de ese futuro. No lo desaprovechemos.

Inmaculada Sánchez Velasco

Maestra, funcionaria y miembro de Foro Ético.

Este artículo es opinión y responsabilidad de su firmante. Las opiniones vertidas por las personas visitantes son opinión de las mismas.

¿DERECHOS O DERECHAS?

Hace muchos años, decidí actuar en contra de lo que para mí eran las injusticias, me afilie a un sindicato de clase siendo muy joven, apenas con 15 años, y me rebelé contra aquella realidad que como un mandato divino se me imponían en mi condición de persona de la clase trabajadora. Era la época de la lucha obrera, después de morir el dictador, teníamos la posibilidad de construir una nueva ciudadanía, una vida con derechos intocables, derechos que proporcionaban a las personas una vida más digna.

A quienes nunca tuvieron nada, les era, y les es, difícil conseguir los derechos que les son por naturaleza. Solo tras la lucha llega la conquista, por eso la historia de la clase trabajadora es una historia de lucha continua. Cualquier derecho, cualquiera, ha sido conseguido a cambio de huelgas, de represión, de despidos, de lucha, y estos derechos fueron, y han sido, conseguidos siempre participando organizadamente bajo las siglas de los sindicatos y partidos llamados “progresistas de izquierdas”.

Conquistamos en los primeros años de la democracia derechos que otros países ya hacía tiempo que los disfrutaban. En España, primero se tuvo que acabar con la dictadura que mataba y encarcelaba por el solo motivo de nombrarlos. Esa fue la maldita causa de que su consecución fuese más tardía que en resto de Europa. Causa tras la que se encontraba muy a gusto la derechona que sustentaba a aquel régimen fascista.

La Historia nos enseña que si ha habido grandes conquistas sociales siempre ha sido porque la izquierda había llegado al gobierno o había presionado con éxito a los gobiernos conservadores, derechos laborales, estado de bienestar, reparto de la riqueza, la libertad en las relaciones de pareja etc.… Y muchas conquistas que aún están por llegar y que hoy se encuentran en plena reivindicación llegarán con la mando de gobiernos de izquierdas o no llegarán.

Recuerdo algunos de los éxitos, de estas conquistas -me emociono al recordarlo-. Creíamos (ilusamente) que como ya eran nuestros, eran inamovibles, Uno de los últimos, la Ley de plazos, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que permite a las mujeres decidir sobre su voluntad de querer o no ser madres y cuándo serlo. Obviamente, llegó de la mano de un gobierno socialista. Aún retengo en mi retina los abrazos de las diputadas y de los diputados cuando el Congreso aprobó esa ley. Abrazos de alegría por la conquista que suponía para nosotras, las mujeres, tener un derecho que la Constitución se negó a consagrar explícitamente en su texto, y, dejarnos así sin la posibilidad de un derecho fundamental.

Hoy, tres años después y después de a que el PP, el mismo que ahora gobierna, siendo oposición recurriera ante el Tribunal Constitucional aquella ley, como recurrieron otras que recogen muchos derechos de ciudadanía, hoy, como decía, este derecho logrado tras la lucha y las reivindicaciones del movimiento feminista, está en peligro, está en peligro el derecho (a la libertad de decidir –de ese derecho, del de la libertad, nace el acto de decidir, si no hay libertad no es posible decidir) a decidir de las mujeres, libertad para poder determinar si realiza una acción o la contraria: intentar se madre o no, llevar a delante un proceso de gestación o renunciar e él, etc.. No voy a repetir lo que durante estas semanas estamos leyendo a favor de esta ley, esta ley de plazos, personas expertas explican cómo no hay ninguna necesidad de tocarla. Una ley, que sobre todo, devolvía a las mujeres un derecho fundamental de la libertad, su derecho a a elegir ser o no ser madre. 

Yo muchas veces me hago esta reflexión ¿Por qué la derecha, la derecha política, con su alidada la iglesia roba, entierra, destruye, aquellos derechos que creíamos conseguidos e incorporados a  nuestro estatus de ciudadanía? Sin embargo, ni la derecha, ni la iglesia, se manifiestan en contra de las desigualdades, ni legislan contra la pobreza, el hambre, la violencia etc.…

¡Qué ingenua!, pensaba que habíamos conquistado derechos, derechos intocables, derechos que nos devolvían la dignidad, que nos hacía mas equitativas a todas las personas; pensaba que lo habíamos consolidado. Hoy vemos…como se descompone este estado social conseguido a base de luchas y de la solidaridad; hoy, de nuevo, la derecha roba derechos ante la lucha de una sociedad que se rebela, esperando que de nuevo una nueva lucha de clases recupere lo que nunca la derecha debió tocar. 

Ángela Escribano Martínez

Máster en políticas de igualdad y violencia de género

Profesora Escuela de ciudadanía en femenino María Moliner

Militante feminista, afiliada al CCOO-PV y al PSPV-PSOE

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INTERESES PRIMARIOS Y PRIMARIAS CIUDADANAS

Hace más de quince años, Ludolfo Paramio, entonces profesor de Investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC y miembro del PSOE, escribió un acertado artículo en el que describía y reflexionaba sobre una de las importantes patologías que sufrían los partidos políticos. Lamentablemente, pasado este tiempo, estamos donde lo dejamos.

A partir del ejemplo de esa patología crónica instalada en las organizaciones locales del partido laborista inglés, Paramio describía los “intereses primarios” como

“El fenómeno podía entenderse si se dejaba de pensar en el partido sólo como una organización cuyo objetivo es ganar las elecciones para poner en marcha un programa, y se le veía además como una arena en la que se enfrentaban intereses distintos. Los intereses primarios de los dirigentes locales (reforzar su poder dentro de la organización) podían pesar más que los intereses colectivos.”

Como puede leerse en el artículo:

“Este análisis es bastante adecuado para entender porqué las organizaciones partidarias pueden insistir en designar candidatos cuyas posibilidades de victoria parecen limitadas, pero que garantizan el control político de los dirigentes.”

Obviamente, cuando esto sucede y durante bastante tiempo, el hecho implícito en lo expresado, en virtud del cual se daría una divergencia entre las candidaturas preferidas de los militantes y las preferidas por la base electoral del partido, revelaría una crisis grave y profunda en la estructura organizativa del partido y su organización local.

A mi entender, esta patología se ha instalado y cronificado en no pocas organizaciones locales de algunos partidos –sino todos- de izquierda, en la medida que la derecha tiene métodos escasamente democráticos para la elección de sus cargos orgánicos e institucionales.

Lo bien cierto, es que un partido en el que se reitera este proceder es de una debilidad extrema, fácil presa de la derecha, si tenemos en cuenta que sus dirigentes prefieren conservar el poder interno y no desprecian el acomodo en la oposición. La derecha se preocupará de dar a esos dirigentes “las comodidades suficientes” para que les valga la pena conservar ese status.

Una primera consecuencia es que la derecha gobernante estará configurando a su izquierda opositara, ampliando el campo de juego de los partidos opositores mediante todo tipo de bienes y derechos, ya sea con buenos sueldos, escoltas, restaurantes, participación en tribunales de oposiciones, desmedido número de asesores, etc. En definitiva, un campo de juego relevante en el que se puede ejercer poder: colocando o vetando personal, decidiendo en qué se gasta el dinero, representando al partido en innumerables y vacios actos protocolarios, etc.

Una segunda consecuencia es que el problema será estructural. Sigamos leyendo a Paramio: 

“Un partido no es una coalición más o menos armoniosa de intereses diversos, sino una institución que trata de lograr una actuación cooperativa de distintos actores (locales y nacionales) estableciendo un orden de preferencias entre sus intereses para alcanzar objetivos globales, de interés general. Si, a la hora de elegir candidatos electorales, no es posible alcanzar esa cooperación dentro de una organización partidaria, parece evidente que se trata de un problema estructural que afecta a la propia funcionalidad social del partido. Por tanto, éste deberá afrontar algún tipo de actuación que le permita readecuar su oferta, en términos de candidatos y programas, a las demandas de la sociedad en general y de sus votantes en particular.”

En mi opinión, nos encontramos ante “un problema estructural que afecta a la propia funcionalidad social del partido”, no es algo coyuntural, pasajero, provocado por la crisis, se trata de una patología de largo alcance que, en mi opinión, requiere de cambios culturales y estructurales de gran calado.

Una tercera consecuencia es la necesidad de encontrar mecanismos para hacer frente a esas patologías y, así llegamos a las elecciones primarias abiertas, entendidas como un medio de

 “afrontar algún tipo de actuación que le permita (a los partidos) readecuar su oferta, en términos de candidatos y programas, a las demandas de la sociedad en general y de sus votantes en particular.”

Enlaza esta idea con lo dice nuestro autor: 

“En un partido democrático, en cambio, parece evidente que el problema sólo se podrá resolver modificando los mecanismos de afiliación y de participación, para evitar que la militancia se restrinja a los grupos de apoyo a los intereses particulares dentro de la organización: para evitar el clientelismo.”

Así las cosas, me pregunto: 

¿No debería la ciudadanía progresista de las ciudades ser convocada para que sus demandas tuvieran algún reflejo en los programas y en las personas que los ha de representar?

Si las ciudades son los escenarios de la innovación y los cambios sociales, ¿no deberían los partidos afrontar patologías enquistadas abriéndose a esas demandas?

¿Tenemos que resignarnos a que partidos construidos y apoyados con la generosidad y el empeño de millones de ciudadanas y ciudadanos sean marionetas al servicio de intereses primarios y fácil presa de la derecha?

Son demasiados años, y no hay una única solución, el problema es muy serio y profundo, pero nadie debería despreciar un tratamiento traído de una mayor y mejor democracia.

Primarias abiertas a la ciudadanía en las ciudades, partidos abiertos en ciudades abiertas.

Francisco Sanz

Abogado y militante socialista.

Miembro del Foro Ético y de la Asociación cívica RedPública.

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