PROPUESTAS DE FORO ÉTICO AL DEBATE POLÍTICO. (TERCERA PARTE)

VIII. Otro modelo de partidos, más democráticos

Convendría reflexionar más y mejor sobre la quiebra de los programas electorales. La ciudadanía no cuestionan la capacidad y la pertinencia de su voto, sino que sus representantes, a los que han votado, les traicionen. Porque de eso se trata, de traicionar la confianza depositada. Sería conveniente arbitrar mecanismos que vigilen las líneas maestras más importantes de los compromisos electorales mediante, por ejemplo, un comité de seguimiento electoral (externo o mixto) que permita emitir un informe de cumplimiento.

En este sentido, se podría incluir también la figura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de resultar positivo. Sería una fórmula aplicable a Presidentes y Presidentas del Gobierno, de Comunidades Autónomas y Alcaldes y alcaldesas.

Se han de proponer de forma periódica encuentros que potencien los debates internos entre corrientes y sensibilidades distintas en el seno del partido, de forma transparente y pública. Se trata de cambiar la cultura interna (y social) consistente en que un debate no tiene por que conducir a disputas o posiciones irreconciliables sino que de ello han de salir propuestas y compromisos claros.

Se propone defender una democracia consultiva y deliberativa como una vía de profundización en la democracia representativa.

Respecto al tema de las personas imputadas: cuando existe un auto judicial de imputación formal y apertura del juicio oral creemos que no se debe continuar en el desempeño de un cargo público. Con ello no se cuestiona la presunción de inocencia, que al imputado en estas últimas circunstancias también le es plenamente aplicable. El plano no es de inocencia o culpabilidad, sino de confianza y garantía de una posición que permita al cargo público (y quizá orgánico) ejercer adecuadamente sus funciones. Y tales confianza y garantía resultan difícilmente compatibles con un auto de apertura del juicio oral en el que han de justificarse por el juez los indicios que le llevan a mantener la imputación y ordenar el avance del proceso. Es esencial romper con lo que ya es tradicional en este país en el que, pase lo que pase en sede judicial, nadie se da por aludido. Esta, junto a la extrema y exasperante lentitud de la justicia, es una de las causas fundamentales, de la ruptura de la confianza de la representación en sus representantes. Creemos preciso apartar de la actividad pública a personas imputadas formalmente una vez se decreta la apertura del juicio oral y entendemos acertada la propuesta de agilizar los procedimientos en que estén implicados cargos públicos, así como la modificación de la normativa de contratación del sector público para expulsar del sistema de contratación pública a empresas condenadas por delitos relacionados con la corrupción política o a sus dirigentes.

Si se quiere mejorar el sistema de control, se pueden hacer muchas más cosas y más eficaces, como plantear modelos radicalmente alternativos, con elección directa del Presidente del Gobierno y una profunda modificación del sistema de elección de Diputados, para acercarlos a sus electores (que el partido sea nuestro partido, que el Diputado/a sea nuestro Diputado/a …).

Deberían recogerse los principios de una regulación ambiciosa del “estatuto del parlamentario”, que incluya una regulación transparente y razonable de sueldos y dietas, eliminando situaciones extrañas de la actual regulación. En este sentido, se propone asimismo una aplicación más estricta del régimen de incompatibilidades de sus señorías.

Proponemos una modificación del artículo 71.3 de la Constitución, para eliminar el foro especial del Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de Diputados y Senadores. Asimismo proponemos que se impulsen medidas de derogación de normas equivalentes en los Estatutos de Autonomía.

Debería recogerse un régimen de actividad mínima de la figura del parlamentario que suponga su sustitución automática por el siguiente de la lista. No es asumible la presencia de esos diputadas y diputados y senadores y senadoras que no tienen actividad contrastada. Sería necesario posibilitar mecanismos de rendición de cuentas (ya existentes en otros modelos o países) de forma transparente, pública y accesible a la ciudadanía , como en el parlamento del Reino Unido.

Hay que debatir la necesidad de reforzar al parlamentario y parlamentaria dotándole de una “oficina” con al menos un asesor o asesora que pueda ayudarle a realizar el trabajo. Es una medida que está implantada en otros sistemas y que servirá para paliar lagunas del trabajo parlamentario, donde no se puede “saber de todo”. Habría, eso sí, que regular muy bien el estatus y funciones de los asesores y asesoras, para impedir utilizaciones arbitrarias.

Para garantizar el conocimiento de la ciudadanía de la actividad parlamentaria, se podría reservar un canal de televisión digital terrestre para la emisión del Canal parlamento.

Parece insuficiente el control por parte del Congreso de los Diputados y Diputadas al Presidente o Presidenta del Gobierno de solo media hora. 

En los supuestos de Iniciativas Legislativas Populares, debería ser el o la representante de la propuesta quien la presente ante el Pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas y conteste a las observaciones que realicen los grupos parlamentarios.

Habría que pedir la supresión del artículo 73.1 de la Constitución, donde se recoge la regla tan criticada de las “vacaciones parlamentarias”.

Debería incluirse como obligatoria la comparecencia en el plazo de tres días del Presidente o Presidenta del Gobierno ante el pleno del Congreso después de cada Cumbre europea, así como de los Ministros o Ministras responsables ante las Comisiones respectivas después de cada reunión sectorial. Las ausencias en estas cumbres deberán justificar de ante la Comisión correspondiente, con el fin de evitar situaciones que se han repetico en esta legislatura.

Debería incluirse un apartado para reforzar el control parlamentario de la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General del Estado, el Director o Directora General de RTVE y los Organismos Reguladores, los miembros españoles del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, de tal manera que se valore el curriculum de las y los candidatos y su adecuación para el puesto, de forma similar a lo que ocurre en otros países. En todo caso, con independencia de quien se proponga, deberán comparecer ante una comisión específica del Parlamento.

Acceesibilidad y Transparencia: es imprescindible implementar una web accesible y sencilla que cualquier persona pueda consultar, incluso los legos en uso digital. De nada sirve disponer de buena información si no se puede llegar a ella.

Se hace preciso efectuar una regulación de los lobbys y/o en cualquier caso, hacer pública las reuniones de éstos con las y los parlamentarios.

El desarrollo de las campañas electorales ha de adaptarse a los tiempos nuevos. 

a. Por ello sería conveniente articular un sistema de debates televisivos obligatorios en las campañas electorales entre aquellas formaciones políticas que hayan obtenido al menos el 10% de los votos. 

b. Serán debates abiertos a la emisión por todos los canales de televisión. Al menos, se deberán realizar dos debates entre los dos candidatas o candidatos de los partidos que tuvieron mayor número de votos en las elecciones precedentes. 

Aún reconociendo el coste que tiene la presentación de muchas candidaturas –y a los abusos que se han producido con los censos electorales–, no parece razonable el peregrinar de algunos partidos en las últimas elecciones a la búsqueda de la firma perdida para poderse presentar. 

Los censos de militancia y electorales, origen de infinidad de conflictos, han de poder regularse de una vez: transparentes, actualizados, públicos, vivos, en continua dinámica, informatizados. Debería descentralizarse el sistema organizativo de los mismos.

Hoy en día, cuando se habla de participación democrática, la expresión conduce también necesariamente a las primarias y sus condiciones . En este sentido, los principios que creemos que deben regir la celebración de las mismas son los siguientes:

- La lealtad a los principios éticos y democráticos. El respeto entre los adversarios debe presidir el proceso. Deben  establecerse mecanismos que garanticen la unidad en apoyo al candidato-a finalmente elegido-a, para facilitar totalmente sus cometidos y prever su relación con el resto de órganos del partido.

- Neutralidad de los órganos de dirección del partido para hacer posible la pluralidad de opciones como esencia de unas primarias democráticas en las que hay que elegir entre diferentes proyectos y trayectorias.

- Arbitraje de un Comité Ético y de Garantías que desde una posición independiente vele por el cumplimiento del procedimiento y normas a seguir.

- Igualdad de oportunidades para los candidatos, con aportación de censos de afiliados y simpatizantes desde el inicio, cesión de locales en las sedes para los actos, apertura de las páginas web  a las propuestas de las diferentes candidaturas, etc.

- De haberlos , ha de establecerse un tope máximo en el número de avales a presentar para permitir que el esfuerzo de los candidatos se ponga más en la fase de debate de propuestas que en la búsqueda obsesiva de avales. Se trata de garantizar la concurrencia efectiva de opciones como esencia de las primarias.

- El voto de cada militante será secreto, asegurando así la máxima libertad e independencia a la hora de optar por cualquier candidatura. De este modo se sentará la base de “un militante, un voto” que ha de regir también para la elección de los Secretarios Generales .

- Explicación e información de los distintos programas a la militancia y a la ciudadanía interesada, desarrollo de actos en locales públicos y sedes, celebración de debates entre los candidatos en las sedes, en las redes y en los medios de comunicación.

- Establecimiento de un proceso de elección de candidat@ a Presidente/a del Gobierno a dos vueltas. De este modo se tratará de aunar lo máximo posible una candidatura que cuente con un contenido lo más amplio posible y que refleje el deseo de la militancia y los simpatizantes. 

- Convocarlas con tiempo y reglamentar un plazo suficiente para el desarrollo de las dos fases.

- Máxima apertura del proceso a la ciudadanía facilitando su participación en las elecciones primarias sin requerir formar parte, con carácter previo, del censo de simpatizantes. 

- Aportación por cada candidat@ de un presupuesto detallado con límite de gasto que cuente con ayudas del partido. Se presentará al Comité Ético y de Garantías así como el resultado económico final a efectos de control. Esta cuestión es de vital importancia en el caso de primarias abiertas a la participación ciudadana.

En esta línea de democratizar los partidos consideramos importante que en la composición de los Comités ejecutivos haya un mínimo de un 40% de hombres y mujeres ciudadanos comunes que no ejerzan cargo orgánico ni institucional.

Hay que  abandonar la cultura del servilismo acrítico y sustituirla por el reconocimiento de las aptitudes y méritos de las personas en función de las tareas asignadas. Ello tiene que ir ligado al desarrollo de un proceso interno de gestión de la información y del conocimiento destinado a mejorar y optimizar la labor del partido, así como su comunicación, tanto interna como externa. 

Se deben  introducir las listas abiertas en los procesos internos de elección de candidatos/as y secretarios/as generales para que todos/as los/as militantes tengan los mismos derechos y oportunidades de participar. Las listas deberán ser paritarias, para ello se pueden hacer dos listas, una de hombres y otra de mujeres para después confeccionar una lista cremallera en función de los votos obtenidos. 

IX. Educación laica, de alta calidad y gratuita

La acción pública se ha de desarrollar para garantizar unas condiciones de vida razonables a la ciudadanía. Aquí tenemos mucho por hacer.

Por un lado en la educación, que es la base de la ciudadanía y que creemos que debe cambiar sustancialmente. Desde FORO ÉTICO entendemos que ha de progresarse hacia una oferta de educación pública generalizada en la totalidad del territorio nacional y para todos los estudiantes. Las formas de educación privada serán complementarias de la oferta pública, pero en ningún caso sustitutivas de la misma y deberá tenderse a la eliminación de la educación concertada y su sustitución por educación pública. La educación pública será laica, de alta calidad y gratuita desde la educación infantil hasta los 16 años. Habrá de incluir necesariamente la asignatura de educación para la ciudadanía.

Un planteamiento que rompe con el pasado en una doble dirección: por un lado reconociendo el papel de la educación pública como generadora de igualdad entre los ciudadanos, mejorando la concienciación democrática y permitiendo una educación de calidad dado que todos los recursos van a ir a ella. Por otro lado, yendo en la línea de separación de las confesiones religiosas, dado que es una función pública.

X. Reforma de las instituciones económicas

La reforma de las instituciones económicas y de su regulación debe estar en el objetivo de un partido progresista. Son varias las líneas que han de adoptarse:

En primer lugar, se propone replicar el programa del Banco de Inglaterra para activar el crédito de la economía real. 

Para ello proponemos 

1) disminuir la línea de crédito concedida por el Eurogrupo para el saneamiento de las entidades bancarias; 

2) solicitar al Eurogrupo destinar la diferencia para desarrollar algo similar al programa británico denominado Funding for Lending Scheme (FLS en sus siglas en inglés) destinado a incrementar el crédito a las pequeñas y medianas empresas.

En segundo lugar, modificar las consecuencias de la crisis en relación con las situaciones de insolvencia. Por todo ello, se propone la elaboración de una nueva regulación específica para abordar los procesos “concursales” de las personas físicas en el marco de un proceso pautado y ordenado por la regulación. La banca ha concedido crédito de forma irresponsable. La vinculación de las sociedades de tasación con los grupos bancarios es un conflicto de interés que ha contribuido a agravar la sobrevaloración de los inmuebles. En este proceso, sería conveniente acordar planes de pagos con posibilidad de mantener la vivienda en (bajo) alquiler incluyendo una moratoria o en caso de que la entidad no se aviniese a ello, prever incluso la dación en pago.

La experiencia de desprotección de los consumidores nos lleva a proponer crear una AGENCIA de protección del inversor similar a la creada en EEUU por el Gobierno de Obama (la Consumer Financial Protection Agency), con lo que se complementaría las funciones de control, en ámbitos en los que el esquema institucional de la CNMV no puede llegar. Con la única responsabilidad de velar por la protección del inversor , esta Agencia estaría dotada de facultades para emitir normas escritas, para hacer cumplir la legislación con amplia jurisdicción sobre distintos tipo productos y personas –incluyendo por primera vez, compañías financieras no bancarias- y para responder con rapidez cuando tengan lugar malas prácticas que induzcan a engaño a los inversores. La nueva Ley establece la utilización de un lenguaje claro y sencillo que facilite a los consumidores la información concisa necesaria para tomar decisiones financieras, y aboga por la estandarización creciente de productos sencillos para prevenir posibles discriminaciones y abusos. La agencia sería independiente tanto del Gobierno como de los supervisores financieros. Esta autoridad debería tener la capacidad de actuar en nombre de los consumidores, con el fin de obtener indemnizaciones destinadas a reparar el perjuicio ocasionado por las malas prácticas.