PROPUESTAS DE FORO ÉTICO AL DEBATE POLÍTICO. (SEGUNDA PARTE)

IV. El debate territorial

La construcción del Estado de las autonomías constituye un modo admirable de paso de un Estado centralista a uno que recoge las necesidades de reconocimiento de su identidad a determinadas partes de su territorio. Pero, 35 años después de su formulación, el modelo de Estado autonómico no resulta suficiente y hay que reinventar la organización territorial del poder y la propia estructura del Estado. 

Por un lado, hay que asumir explícitamente lo que está en la conciencia de algunas partes de nuestro territorio: que el sentimiento nacional español convive con otros sentimientos equivalentes y que uno y otros no han de ser excluyentes. 
Por el otro, hay que dar una respuesta desde la integración a lo que podría ser el peor de los escenarios colectivos: la disgregación de un parte de nuestro territorio, que nos haría indudablemente más vulnerables. En este intento se fraguó el Estatut, que la visión cortoplacista del Partido Popular frustró conduciéndonos al callejón sin salida en el que nos encontramos. 
La reforma del Título VIII de la Constitución es un deber que ha de afrontarse con premura, con el fin de dar respuesta a esos anhelos. Estamos en este punto en un momento crítico al que no se está dando la respuesta adecuada.

En términos parecidos a los de Manuel Azaña en 1932 cuando recordó la obligación que tienen los políticos de resolver los problemas, nos tenemos que mover en la actualidad. Ello porque el Estado de las Autonomías no ha sido lo suficientemente desarrollado para conseguir que todos los territorios encuentren su encaje y convivencia, debe ser momento ahora de ahondar en estas cuestiones. El éxito para las regiones que tenían más desigualdad gracias al reparto equitativo fiscal es sin duda el máximo logro de las CCAA y el modelo de Estado actual, pero a la vez, no se ha sabido proponer enmiendas que pudieran incluir los sentimientos de las nacionalidades históricas y su autogobierno dentro del conjunto del Estado. 
Debe ser a través de la vía del Federalismo, propuesta cívica y republicana, ya reivindicada por Pi i Margall desde la Primera República, como se desmarañen los ejes económicos, fiscales, de sentimientos nacionales y de soberanía popular, que en estos momentos acucian el debate político. Para ello es inherente el debate sobre las reformas constitucionales necesarias para conseguir una pluralidad y convivencia sostenibles.

V. Otra forma de hacer política (I): la vertiente institucional

La crisis económica, pero que también es de valores y de funcionamiento democrático, nos obliga a plantear cambios en la forma de hacer política. De entrada, ello se manifiesta en recuperar el respeto a las instituciones a través de una mejora en la ejecución de los procedimientos de designación de sus miembros, para que no ocurra lo acaecido en los últimos años. Por ello, instamos a huir de intereses partidistas en su designación, de modo que las propuestas y sistemas de elección de sus miembros se basen en criterios objetivos de trayectoria, capacidad, prestigio y garantía de independencia.

En esta línea, nos preocupa especialmente la adecuación del Senado a la realidad política e institucional generada por el desarrollo de nuestro Estado Autonómico y dar cumplimiento fehaciente al art. 69.1 CE, exige introducir cambios como incorporar en el art. 137 CE a las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas - con sus denominaciones actuales – formando parte de la Constitución como instituciones de la estructura del Estado Español. Cambios que afectan tanto a la constitución de esa Cámara, como a sus atribuciones y funcionalidad, bajo los principios que consideramos inherentes al concepto de Federación: unidad, diversidad, solidaridad, colaboración, lealtad e igualdad. Convirtiendo al Senado en un ámbito no sólo legislativo (con iniciativa legislativa en aquellas materias que afectan a las Autonomías), sino de encuentro intergubernamental.

VI. Otra forma de hacer política (II): más democracia

La crisis económica nos lleva a la desafección de la política. Es el riesgo mayor que existe en la actualidad. O se vuelve a hacer política, a reenganchar a la gente a la política, o se terminan aceptando planteamientos tecnocráticos o populistas que acaban siendo manifestación del neofascismo. En esta línea, recuperar la pasión por la democracia entre una ciudadanía que padece la desafección será uno de los ejes de nuestro relato político. El hilo conductor de un nuevo discurso para emocionar que pueda ser compartido por la sociedad porque provoque la esperanza de la recuperación de la política como instrumento imprescindible para combatir las crisis. Necesitamos un relato político propio, que nos identifique y nos diferencie de la derecha que nos impone un modelo de sociedad que supone una profunda involución social y democrática y con el que pretende convencernos de que los recortes de servicios públicos, de derechos y la austeridad económica son medidas imprescindibles. En ese marco,  debe ofrecerse un "Contrato Ciudadano" que empodere a la ciudadanía y suponga un compromiso  en favor de una democracia de más calidad, más ética y participativa, representativa de otra forma de hacer y vivir la política. Un contrato de libre adhesión entre políticos, ciudadanos, movimientos y agentes sociales para defender juntos la reconstrucción del Estado del Bienestar y la recuperación de la perdida cohesión social. Para defender una democracia deliberativa basada en la rendición de cuentas, la transparencia, la consulta y el control ciudadano. El Contrato Ciudadano conlleva, también, abrir un proceso participativo en la elaboración contrastada del programa electoral y, en su caso, del programa de gobierno, estableciendo mecanismos para el seguimiento y control de su cumplimiento.

Esta nueva forma de hacer política no es un mero maquillaje sino que refleja la necesidad de cambios profundos. La democracia a la que aspiramos debe ir mucho más allá de la mera democracia representativa que resulta claramente insuficiente como respuesta a la desafección de la sociedad hacia el sistema político. Porque la democracia representativa, base central de un sistema democrático, no basta para atender las demandas de participación activa de la ciudadanía como un derecho recogido en la Constitución, ni refleja en toda su dimensión la apuesta en favor de una democracia de más calidad que se abra al control ciudadano, a la consulta, a la rendición de cuentas con transparencia, y que se regenere para superar vicios acumulados y combatir la corrupción. Por tanto, la nueva cultura democrática ha de conjugar la democracia de representación con la democracia participativa y, en algunos niveles y procesos, con la democracia directa, como los relativos a un mayor uso de los referenda (tal como existen en otros países del mundo) que permitan una participación más activa de la ciudadanía en la gestión pública, incluyendo mecanismos de exigencia de responsabilidad. En este sentido queremos que cuando un Gobierno  en España se proponga adoptar alguna medida de gobierno de gran trascendencia social o una decisión de carácter extraordinario (del estilo de la modificación exprés de la constitución para incorporar el nuevo art. 135) tratándose de iniciativas no contempladas en el programa electoral, y antes de que se inicie por el Gobierno el proceso de aprobación, se convoque una consulta formal dirigida a los militantes y simpatizantes inscritos en las listas de primarias abiertas, para conocer de primera mano su opinión y se actúe, a continuación, en consecuencia. 

Queremos impulsar la modificación de la legislación electoral para que el voto tenga el mismo valor en escaños en todo el territorio nacional, de forma que todos aquellos votos que no han servido para la obtención de diputados (cociente a partir del último diputado obtenido y listas sin escaño) se agrupen en una lista única de carácter nacional que reparta 50 diputados, que se adicionaran a los 350 actuales. Con ello se respetará el principio de igualdad en el valor del voto y se ganará en representatividad del Parlamento.

VII. Otra forma de hacer política (III): La corrupción es inaceptable y se puede acabar con ella

La corrupción es la negación de la ética, la democracia y la igualdad. Por ello queremos impulsar un conjunto de medidas para luchar realmente contra esta plaga de la que se puede salir. Propugnamos que haya una agenda propia para impulsar la regeneración democrática de la vida política ante la incapacidad del Gobierno de Rajoy de liderar cualquier proceso a la vista de su comportamiento ante los casos de corrupción, en especial a los que hacen referencia a su financiación ilegal como Gürtel y Bárcenas. Existe el riesgo de la impunidad ante diferentes casos de corrupción, lo que supondría una grave inmoralidad y otro duro golpe a la democracia. En concreto, tenemos que liderar la ejecución de acuerdos y propuestas relacionados con la creación de una Subcomisión contra la Corrupción en el Congreso, reforma de doce leyes, como la Ley de Financiación y Ley de Partidos, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley del Poder Judicial, Ley Electoral General, Código Penal, Ley de Contratación del Sector Público, Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas, Ley de Indultos y Ley de Iniciativa Legislativa Popular entre otras. Pero lo anterior no puede hacernos olvidar que hay que exigir y apoyar investigaciones a fondo en el Parlamento y en los Tribunales sobre los escándalos financieros en Bancos y Cajas, actuando ante los Tribunales (por ejemplo ante la estafa de las preferentes) y buscando la depuración de responsabilidades penales y políticas en todo tipo de casos de corrupción.

En este sentido, proponemos el impulso a la actividad de fiscalización de los partidos políticos a través del Tribunal de Cuentas que deberá ser sustancialmente reforzado en medios personales y materiales. Asimismo, se dotará de medios suficientes a la Fiscalía Anticorrupción y a las unidades de la Agencia Tributaria y la UDEF, para la persecución de estos delitos, así como su conexión con el crimen organizado. Estos ámbitos deben reforzarse incluso en medio de la crisis económica.

Queremos reducir el plazo de presentación de las cuentas de los partidos políticos ante el Tribunal de Cuentas a 3 meses desde su aprobación; también se reducirá a la mitad el plazo de que dispone el Tribunal de Cuentas para su examen; todo ello con el fin de que el correspondiente informe del Tribunal sea presentado a las Cortes Generales en el último trimestre del año a que se refieran las cuentas.

Dentro de las medidas que proponemos se encuentran las siguientes:

1. Creación de un Observatorio contra la corrupción, comisionado de las Cortes Generales pero independiente de ellas, que emita anualmente un informe de situación, así como de las medidas que se debieran adoptar. Un resumen de la memoria anual se leerá en el Pleno del Congreso de los Diputados. La web recogerá todas las resoluciones judiciales habidas en esta materia. Este Observatorio coordinará las estrategias de prevención en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria; promoverá la definición de normas y metodologías para la prevención de la corrupción; definirá modelos estándar de información y datos para el seguimiento de los objetivos; así como indicadores que puedan ser indicativos de la realización de actividades prohibidas y definirá criterios de rotación de los funcionarios que se puedan ver expuestos a la corrupción. Tendrá capacidad de realizar medidas de inspección y control en relación con las informaciones de corrupción así como para incoar la exigencia de responsabilidades.

2. Aumentar las penas, tanto privativas de libertad como de derechos y multas tanto principales como accesorias, actualmente previstas para los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y los delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos, y, derivadamente, asegurar la ampliación del plazo de prescripción de los mismos.

3. Ampliación del periodo de prescripción del delito fiscal y, en general, de todos los ilícitos contra la Hacienda Pública. Asimismo, el plazo de prescripción de las deudas tributarias debe volver ser de cinco años, por contraposición a los cuatro actuales, que introdujo el Partido Popular.

Mañana: otro modelo de partidos.