LA
JUSTICIA EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA
Con el objetivo de garantizar un igual y efectivo
acceso a la Justicia, tal y como consagra el artículo 24 de la Constitución
española, el PSOE ofrece a la sociedad española un conjunto de reformas legales
e institucionales que sería deseable que fueran pactadas con el resto de las
fuerzas políticas y todos los operadores jurídicos, para que las mismas se
conviertan en leyes duraderas que no se modifiquen con cada cambio de Gobierno.
FORO ETICO solicitó que se incorporara a la Constitución ese conjunto de
reformas legales e institucionales, al menos en lo que respecta a la conformación
y régimen esencial del Consejo General del Poder Judicial para garantizar su
real independencia, evitando su subordinación al juego de mayorías en otros
poderes del Estado (Enmienda 1718, RECHAZADA).
Con el mismo objetivo, solicitó también
cambiar el sistema de selección y designación de los miembros de altos
organismos reguladores y de control para garantizar la efectiva división de
poderes y la independencia de sus miembros en su actuación. Hablamos del
Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de
Cuentas, Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, Comisión Nacional
del Mercado de Valores, Entes de Radio y Televisión Públicas y otras altas
instancias del Estado para el mejor control del ejecutivo, del poder judicial,
de los poderes públicos, de los partidos, de los poderes económicos y de unas
administraciones que han de tener un funcionamiento totalmente transparente y
ajustado a la ley. Nos comprometemos a huir de intereses partidistas en su
designación, de modo que las propuestas y sistemas de elección a sus miembros
se basen en criterios objetivos de trayectoria, capacidad, prestigio y garantía
de independencia (Enmienda 1627, RECHAZADA).
UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En el período del gobierno socialista
2004-2011 la modernización de la Administración de Justicia pasó a formar parte
de la agenda política y se sentaron las bases para la tan reclamada,
inaplazable y necesaria modernización de la Administración de Justicia
española. Debemos proseguir las reformas emprendidas e inacabadas, y
actualmente paralizadas, y complementarlas con nuevas medidas que frenen el
deterioro del servicio público y eviten el establecimiento de una justicia de
dos velocidades en función de quienes puedan o no puedan pagarla.
FORO
ÉTICO solicitó asumir el riesgo que comporta la defensa en sede judicial
de los derechos (Enmienda 1722, RECHAZADA).
UN SISTEMA DE JUSTICIA
PREVENTIVA MÁS EFICAZ
Es deseable regular de forma
exhaustiva medidas y procedimientos que, sin obstaculizar el acceso a juzgados
y tribunales, introduzcan una oportunidad para la solución extrajudicial de las
controversias. Hay una serie de medidas que pueden impulsar la desconcentración
de asuntos en los tribunales y la participación activa de la sociedad civil,
como la formación de letrados en técnicas de justicia colaborativa, exigir en
determinados supuestos un intento de avenencia previo a la demanda y el pleito.
FORO ÉTICO solicitó que
se contemplase, entre las medidas para impulsar la desconcentración, la
creación de órganos administrativos independientes de control, cuyas
resoluciones agoten la vía administrativa, que resuelvan los recursos
administrativos que ordinariamente procedan o, en su caso, los recursos
especiales, voluntarios para los interesados, que pudieran establecerse
(Enmienda 1731, RECHAZADA). Asimismo, para impulsar la participación activa
de la sociedad civil, FORO ÉTICO solicitó la implementación de un
sistema de justicia cívica, de carácter informal y preventivo, basado en la
adopción de mecanismos de mediación o conciliación, que permita a los
ciudadanos resolver con inmediatez los pequeños conflictos que inciden en la
vida cotidiana (Enmienda 1731, RECHAZADA).
Los socialistas apostamos por reformar el sistema de seguridad jurídica
preventiva, con el objetivo de evitar duplicidades, de reforzar el
carácter funcionarial de los Cuerpos (Notarios y Registradores), la revisión de los sistemas de acceso y formas
de ejercicio y de modernización de los procedimientos. En su
condición de funcionarios públicos, los Notarios intensificarán su colaboración
con las Administraciones Públicas, en especial en la lucha contra el fraude
fiscal y el blanqueo de capitales.
FORO ÉTICO solicitó, para reforzar el
sistema, que se tomase en consideración los mecanismos de supervisión y
control sobre la actividad de los fedatarios públicos (Enmienda 1768,
rechazada), y la calidad del sistema
de bases gráficas catastrales y registrales (Enmienda 1770, RECHAZADA).
LA
REFORMA DE LA INSTITUCIÓN DEL INDULTO
Los
socialistas revisaremos la institución del indulto para asegurar que sea un
instrumento que solo se aplique de forma excepcional, adaptada a los parámetros
de la democracia y el Estado de Derecho y atienda primordialmente a la
reinserción en la sociedad. De la solicitud de indulto serán informadas las
víctimas del delito, a las que se les pedirá su parecer. El expediente de
indulto contará además con el informe preceptivo del Tribunal sentenciador, del
Ministerio Fiscal, y de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario o del
Subdelegado del Gobierno, en el supuesto de que el reo se encuentre ya en
libertad. La concesión del indulto deberá ser motivada.
FOR ÉTICO solicitó
que fuera necesario el informe favorable
del Tribunal de mayor grado que hubiese conocido del asunto, excluyendo
indeseables e injustificadas expresiones de arbitrariedad (Enmienda 1751,
RECHAZADA). También solicitó que se exigiera la motivación como elemento que
inexcusablemente debe acompañar a cualquier decisión discrecional (Enmienda 1756, ACEPTADA).
UN
NUEVO GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL
Treinta y
tres años después de su puesta en marcha la institución está necesitada de un
replanteamiento, que por afectar a elementos básicos de su configuración, debe
desplegarse en el marco de una reforma constitucional. Articular un modelo de
Consejo que se configure como un órgano colegiado e independiente de los restantes
poderes públicos, que gestione el estatuto judicial, sustrayéndolo del poder
ejecutivo, léase Ministerio de Justicia. Defendiendo, además, el principio
democrático de elección de los vocales, y fortaleciendo su papel
constitucional, adaptando sus competencias a sus genuinas funciones, para
mejorar su funcionamiento y racionalizando una institución llamada por la Carta
Magna a garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial, lo
que contribuirá a garantizar un buen servicio público de la justicia para todos
los ciudadanos. Consideramos que la publicidad y la transparencia redundarán en
mejorar su imagen y deben de ser principios básicos e inexcusables de sus
actuaciones.
FORO ÉTICO solicitó que el
replanteamiento de esta institución tuviera como objetivo fundamental garantizar, de una vez por todas, una efectiva
separación de poderes en general y que el gobierno del poder judicial no estuviera
sujeto a las mayorías y ciclos políticos de los restantes poderes del Estado
(Enmienda 1746, RECHAZADA).
UN TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL REFORZADO EN SU LEGITIMIDAD
El Tribunal Constitucional ha sido una institución que ha cumplido, más
que sobradamente, las expectativas que en él se depositaron cuando la
Constitución de 1978 lo creó y reguló en su Título IX, aunque no ha estado
exento de críticas y deslegitimaciones como órgano jurisdiccional garante de la
Constitución. Al objeto de que dejen de generarse situaciones confusas,
gravemente perjudiciales para el funcionamiento del Estado de Derecho, se
delimitarán con mayor claridad las funciones que competen a la jurisdicción
constitucional frente a la ordinaria con ocasión del recurso de amparo.
FORO ÉTICO solicitó, al objeto de que dejen de generarse situaciones
confusas, gravemente perjudiciales para el funcionamiento del Estado de
Derecho, que se delimitarán con mayor claridad las funciones que competen a la
jurisdicción constitucional frente a la ordinaria con ocasión del recurso de
amparo (Enmienda 1760, ACEPTADA)
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