¿Dañan la imagen de la Agencia Tributaria los ceses que se están produciendo?

Se han producido estos días varios ceses en la Agencia Tributaria que, en opinión de algunos medios deterioran la imagen que la ciudadanía tiene del fisco.

Discrepo. No porque crea que la ciudadanía tiene buena imagen ni del sistema tributario injusto que tenemos, ni de la forma en que se exige a unos si (los de siempre, los que menos tienen) y a otros no (los que pueden pagar asesores, se benefician de exenciones de todo tipo, utilizan las amnistías fiscales para tapar sus vergüenzas o directamente se valen de sus relaciones para que sus fraudes no lleguen a la consideración de delito fiscal). 

No, no me refiero a eso. 

Estoy pensando en cómo están demostrando los funcionarios y funcionarias de la Agencia Tributaria por qué son importantes las figuras de los empleados públicos inamovibles. 

Las Administraciones públicas, como cualquier empresa, precisan de personas que impulsen y desarrollen su actividad. Estas personas a las que comúnmente llamamos funcionarios forman un colectivo heterogéneo compuesto por funcionarios de carrera (quienes tienen encomendadas las tareas que implican ejercicio de autoridad y prestación de servicio público), interinos, laborales y eventuales.

La existencia de cuerpos de funcionarios no es un capricho. Nuestro modelo de función pública es fruto de una evolución histórica que acabó en las Cortes Constituyentes de Cádiz con la compraventa de cargos públicos y sentó las bases de la organización burocrática española que desarrolló el Estatuto de Bravo Murillo, y que supone el fundamento de la seguridad jurídica de que la Administración no va a someterse a los caprichos políticos de turno.

Quienes sirven a la Administración, sean archiveros, agentes forestales, conservadores de museos, inspectores de hacienda, profesores, médicos, orientadores de empleo o quienes día tras día aseguran que las contrataciones se celebren de acuerdo con la legalidad, son profesionales que han accedido tras rigurosas pruebas selectivas y gozan de estabilidad en el puesto de trabajo como garantía de su independencia respecto de quien gobierne en cada momento; ello nos asegura a los ciudadanos, que van a tomar sus decisiones de acuerdo con los criterios de legalidad, imparcialidad y justicia , con sometimiento pleno a la  ley y al derecho. Porque esa misma estabilidad en el empleo implica que a un funcionario no se le puede despedir por no cumplir con los mandatos de su superior político si dichos mandatos contradicen la legalidad vigente. (Nótese que hablo de los funcionarios y no de la pléyade de eventuales nombrados a dedo por el político de turno, responsables de la mayor parte del descrédito y desafecto con que la ciudadanía trata al funcionario).

¿Qué mejor garantía puede tener un Estado democrático que la seguridad de que sus servidores públicos no están al albur del interés político de quien gobierna?

¿Quién sino un funcionario con garantía de que seguirá siéndolo puede poner impedimentos a una decisión injusta?

¿Quién se atreve a llevar la contraria a su jefe en la empresa privada y más después de la última reforma laboral?

Esa y no otra es la ventaja real de los funcionarios públicos, su patrón no puede despedirles si le contradicen o contrarían; sí puede, y de hecho hay quien lo hace y cada vez mas descaradamente, rebajarles el sueldo, vilipendiarles, moverles de puesto de trabajo (ya que la estabilidad no implica inamovilidad) , desprestigiarles de mil maneras, decirle a la sociedad que no es justo que tengan trabajo estable, que son muchos (bastantes menos que en los países de nuestro entorno, Francia o los países nórdicos por citar un par de ejemplos) que sería mejor que fuesen contratados como en la empresa privada, decir hasta la extenuación que no son eficientes ni eficaces, que son más costosos, que lo privado es más barato… pueden hacerlo y lo están haciendo. 

Por supuesto que con un objetivo: si se acaba con los funcionarios se acaba con la única posibilidad de asegurar el correcto funcionamiento de la Administración y su sometimiento a los principios de legalidad, imparcialidad y justicia.

Los funcionarios que han accedido a sus puestos con vocación de servicio público (ya sabe todo el mundo que si uno quiere hacerse rico justo ser funcionario no es la opción) deben, por mandato constitucional, servir con OBJETIVIDAD LOS INTERESES GENERALES (y no los particulares de su temporal patrón) y cumplir la ley y formalizan ese juramento cuando acceden a su puesto.

En días de tanto revuelo mediático por los ceses yo me alegro, de que los inspectores de la Agencia Tributaria sean funcionarios de carrera porque eso les permite mantener su criterio técnico (no olvidemos que son profesionales de lo suyo, y que su función es velar por el cumplimiento de las normas y actuar en cumplimiento del bien común) a pesar de las presiones, que las habrá, qué es evidente que las está habiendo y muy poderosas, sin riesgo a perder su puesto de trabajo , aunque sí, no nos olvidemos determinadas retribuciones que acompañan al puesto desempeñado.

Pensad, si esos funcionarios pudiesen ser contratados a dedo por el político de turno ¿Qué seguridad tendríamos de que las cosas se realizarían conforme a la legalidad?

Que contentos se pondrían algunos políticos si cada vez que fuesen elegidos pudiesen nombrar a todos los miembros de la Administración ¿imagináis las redes clientelares? Si ya las hay amplísimas por causa de esos eventuales que no son sino amigos nombrados a dedo, que no sería si se tratase de toda la Administración.

Otilia Armiñana Villegas

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