No hace falta tener una gran capacidad de análisis para advertir que nos hallamos en un momento muy particular de la historia. Basta echar una somera mirada a la prensa nacional e internacional, para constatar que buena parte de los principios que fundamentan la cohesión social se tambalean bajo nuestros pies.
Trabajar ya no garantiza un techo para la familia; más de la mitad de la juventud no consigue encontrar empleo; millones de familias subsisten merced a las paupérrimas pensiones de sus mayores; la juventud se ve incapaz de asumir responsabilidades familiares ante la incertidumbre laboral; el pesimismo se ha instalado en amplias capas la sociedad; el desasosiego cunde entre millones de familias con todos sus miembros en situación de desempleo; el temor alcanza sectores críticos como la función pública o a las personas con contratos antes considerados estables; el populismo, la intolerancia y otras formas, causas y efectos de la inestabilidad política crecen por doquier; la credibilidad y confianza en las instituciones públicas del Estado de Derecho está en franco retroceso; el proceso de concentración de los medios de comunicación de masas unifica el discurso, determina la agenda política, simplifica y empobrece el marco intelectual y los horizontes a los que aspira la sociedad… crecen el miedo y la sensación de impotencia.
A la vista de semejante coyuntura, es preciso reconocer el elevado grado de civismo de la sufrida población española, cuya tasa de criminalidad se mantiene en niveles estables, y sobrelleva la indignación, año tras año, con estoicismo y sin estallidos… al menos por ahora.
¿Qué ocurre? Estamos ante un panorama complejo, producto de la acción combinada de elementos aparentemente desconexos. Nos enfrentamos a un escenario difícil, cuyo desenlace pasa por la adopción de fórmulas que no serán ni fáciles, ni rápidas, ni gratuitas.
Nos encontramos ante una ruptura planificada del Contrato Social, cuyo efecto inmediato es el fuerte y acelerado deterioro del marco de convivencia en paz y democracia, la progresiva vulneración de los Derechos Humanos y las libertades civiles, y la paulatina desaparición de las garantías constitucionales:
El empleo ya no está garantizado; las pensiones y los subsidios, tampoco; las ayudas a las personas con dependencia, tampoco; la alimentación de la infancia, tampoco; la disponibilidad de fármacos costeados por el Estado, tampoco; el mantenimiento de las bibliotecas públicas, tampoco; la protección pública de las Artes y las Culturas, tampoco; el acceso universal a la Sanidad Pública, tampoco; el acceso a la educación superior para las personas con talento y/o constancia pero sin medios económicos, tampoco; la inversión pública en investigación y desarrollo científico, tampoco; etc.
Para colmo, la debacle económica no solo afecta a la disponibilidad de crédito e inversión, sino que lleva aparejado un retroceso en las libertades civiles: así, vemos cómo se incrementan las injerencias de la Iglesia en el Estado, cómo se suprime la asignatura Educación para la Ciudadanía, cómo se cuestiona la capacidad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, cómo se reintroducen tipos penales que hasta hace poco se consideraban propios de otros tiempos, cómo se laminan día a día derechos esenciales como las libertades de expresión, reunión, asociación, de cátedra y conciencia.
Bien, es el momento de hacer un alto en el camino. Ha llegado el momento de decir: hasta aquí hemos llegado, detenernos a pensar y adoptar decisiones que nos permitan marcar un punto de inflexión, propiciar un cambio de tendencia y regresar a la senda del progreso y la equidad.
La derecha anhela el establecimiento de un régimen en el que los derechos de toda la sociedad se conviertan en el exclusivo privilegio de una reducida élite, a costa del dolor, el miedo, la ignorancia y la desesperación de la inmensa mayoría, pero dicho régimen jamás será posible, y de llegar a serlo, nunca generará estabilidad. No existe un animal tan dócil que al ser atado no se rebele. El sufrimiento es inestable, por definición.
Es preciso que las mujeres y los hombres socialistas inicien un proceso de profunda reflexión y análisis de la realidad. Es preciso recuperar los valores de la Ilustración: efectiva separación de poderes; salvaguarda de la libertad; laicismo; defensa de las Ciencias, las Artes y las Culturas; carácter electo de todos los cargos públicos; respeto a la diversidad cultural, sexual y de conciencia; educación en la paz, el respeto y la concordia; sometimiento del poder militar a la primacía del poder civil; auxilio social de quienes sufren cualquier tipo de desamparo; protección de la industria y los sectores críticos de la economía; procurar un reparto más justo de la riqueza; y la completa sujeción de toda la riqueza nacional, cualquiera que sea su titularidad, al interés general, en cumplimiento del Artículo 128 de la Constitución Española.
Y no, no son utopías. No podemos considerar que las situaciones distópicas son cotidianas y que la utopía es inalcanzable. Renunciar a ganar ya es perder, y hay demasiado en juego: demasiado dolor presente y cualquier felicidad futura dependerán de la firmeza de nuestras convicciones.
No es momento de claudicar, ni de dejar pasar un tiempo que otros sabrán aprovechar. No es momento de mirar hacia otro lado cuando sepamos del sufrimiento que nos rodea. Ha llegado el momento de anteponer el interés general a la ambición particular. Necesitamos honestidad.
Lo mejor de nuestra historia, está por escribir. Hagámoslo. Ahora.
Jaume d’Urgell,
Presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos
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