POR UNA URGENTE REVOLUCIÓN ÉTICA

Introducción

Son cada vez más las voces que se oyen reclamando una renovación ética de la vida política, entendiendo por esta el conjunto de  acciones realizadas por personas concretas con la finalidad de incidir en la regulación de las relaciones entre las personas pertenecientes a una misma sociedad que se ha dado un Estado del que forman parte y, también, de incidir en las relaciones entre los distintos Estados del mundo. Una intervención ordenada dentro de una asociación de quienes voluntariamente han aceptado hacer converger sus voluntadas en orden a determinar normas  a las que han de sujetarse los ciudadanos, hombres y mujeres, e instrumentos con los que realizar el contenido de esas normas.

Es cierto que esas referencias a la renovación ética casi siempre se realizan pensando en las organizaciones políticas, esos conjuntos de personas que tienen como fin específico alcanzar el gobierno de la Nación para desde él redactar las normas de acuerdo con su concepción del mundo, de la sociedad y de los individuos que la componen. Pero no es menos cierto que la revolución ética que algunos reivindicamos, o lo hacemos con mayor contundencia, que exigimos, está dirigida a todo tipo de organización inscrita en  un estado democrático. Y decimos “estado democrático” porque solo en su seno es posible hablar de requisitos éticos. Las dictaduras o teocracias (un “o” que debe entenderse como inclusivo) están huérfanas de ética,  es un conocimiento incompatible con ellas.

A pesar de ese incremento de movimientos, de asociaciones, de voces reclamándola a uno no deja de sorprenderle que cada vez que alguien diserta sobre la materia no deja de hacerlo limitándose a expresar un conjunto de conceptos universales. Casi siempre, por no afirmar que siempre, se trata de discursos de la Razón Conceptual cuando, por tratarse de la Ética, esos discursos deberían serlo de la Razón Práctica. Tenemos a los primeros como vacíos y utilizables en cualquier momento y por cualquier sujeto, incluso por aquellos que carecen de un comportamiento ético, es decir, les es ajeno un comportamiento sujeto a normas universales que lo son porque si obligan a los demás es porque obligan antes a uno mismo; si los otros las cumplen, antes es uno quien las ha cumplido.

Dicho de la política se ha de construir un pensamiento en el que se funden los enunciados normativos que regulen el hacer de las personas que hayan decidido asociarse para intervenir en la acción de gobierno o en cualquier otro tipo de acción convertida en institucional por cuanto procede precisamente de un grupo organizado y reconocido por las leyes de un Estado.

La organización y sus dos elementos constitutivos: el aparato administrativo y el aparato político (1)

El aparato administrativo

Toda organización tiene en su ser dos elementos perfectamente diferenciados que la constituyen y que no deben ni confundirse ni entrelazarse: una estructura organizativa con la gente  encargada de su funcionamiento y un conjunto de personas que cumplen con la función propia de la organización, en el caso que nos ocupa, hacer política. Ha sido habitual, y sigue siéndolo aunque en menor medida,  que esos dos elementos se hayan confundido o, cuando menos, que el primero haya sido utilizado por quienes formaban el segundo para beneficio propio, o dicho de otra manera, para asegurar en él su continuidad ilimitada en el tiempo.

Son dos áreas de actuación que nada tienen que ver entre sí, por mucho que se quiera desmentir este aserto. La organizativa es una función técnica a desempeñar por profesionales de mayor o menor cualificación en función de los servicios para los que sean requeridos. Pero han de ser eso, profesionales ajenos a los intereses partidistas de grupos o grupúsculos que puedan existir en el seno de las organización. Se trata, así pues, de personas contratadas con la misma finalidad y las mismas condiciones que se pueden exigir en una empresa privada o en un departamento público. La permanencia en su puesto de trabajo solo deberá depender de las condiciones objetivas nacidas de la necesidad del servicio o, en su defecto, de las causas objetivas que pudieran motivar un despido. Han de formar parte de la estructura organizativa independientemente de quién sea el dirigente de turno. A pesar de los cambios en el aparato político. deberán seguir realizando su trabajo con la profesionalidad que les debe ser propia.

Se ha oído en más de una ocasión que ese trabajo ha de estar en manos de personas de confianza. De ser cierta esa afirmación, se estaría afirmando que la actividad de la organización tiene recovecos o habitaciones oscuras a las que nunca deberá llegar la luz del conocimiento, o dicho de otro modo, se estaría afirmando que en la organización hay miembros del aparato político que están realizando alguna actividad o delictiva o inmoral, únicas actividades que quienes las realizan procuran que permanezcan en la zona oculta a la que nadie ha de tener acceso.

No, en esas organizaciones políticas o sociales no pueden haber zonas oscuras y ocultas. Sus trabajadores, las personas encargadas de su funcionamiento, están obligadas a guardar confidencialidad pero no más allá de la legalidad o de la eticidad, como en cualquier empresa privada o cualquier departamento público. Por eso, ha de entenderse que quien defienda la adscripción de unas personas determinadas a esos puestos de gestión en función del “grado de confianza” que calibrarían esos dirigentes, está defendiendo, aunque lo niegue, que parte o toda su actividad en la organización o no es legal o no es ética, pues de lo contrario buscaría la transparencia absoluta de su hacer.

La izquierda ha pasado durante un largo periodo de su existencia por una mala escuela: el estalinismo que no deja de ser un trasunto del fascismo. Por el bien que se decía perseguir, los dirigentes adoptaron actitudes que en nada se distinguían de la de aquellos a los que se decía combatir. Fueron momentos en los que el aparato administrativo de las organizaciones estaban al servicio, no de la organización y de sus fines, sino de las personas que en cada momento decidían qué hacer. Pues bien, de aquella escuela han permanecido en el tiempo ciertos tics como son sustituir el conocimiento por el autoritarismo y usar la organización en beneficio del dirigente con el fin de perpetuarse en su posición dentro de la organización.

Ha de entenderse, respetarse y cumplirse que la parte administrativa y la gente que la forma no pueden ni deben ser condicionados en su tarea profesional. La exigencia a la que deben estar sometidos no es otra que la propia derivada de la profesionalidad del puesto de trabajo para el que hayan sido contratados. Pero también hay que afirmar que en ningún caso se ha de dar el supuesto en el que personas del aparato administrativo puedan pasar a formar parte del aparato político. La existencia de esa mera posibilidad tenderá a pervertir la actividad de las personas encargas de las funciones administrativas en función de si lo que realizan es eficaz para alcanzar alguno de los puestos de dirección en la organización con lo que se estaría vulnerando el principio ético que obliga a hacer aquello a lo que uno está obligado a hacer por su puesto. Es un principio ético que cada elemento de la organización realice su función independiente y sin que desde una ella se altera la naturaleza de la otra. Cada persona debe hacer lo que ha de hacer, es decir, el contenido predeterminado de ese hacer.

El aparato político.

No hay nada escrito sobre cómo se constituye este colectivo. Cada organización tiene sus caminos para que las personas lleguen a formar parte del aparato político, pero en todos ellos se ha consagrado en los últimos tiempos la intriga como vehículo y la insidia como instrumento. Y todo ello porque los aparatos han devenido en espacios muy apetecibles no solo por el reflejo mediático que por formar parte de ellos proyecta de su persona en la sociedad sino, sobre todo, por ser un nicho de empleo muy bien remunerado y de no excesiva exigencia evaluada. Mientras la gran mayoría de afiliados al partido lo son por la mera voluntad de cooperar en la realización de un ideal, aparecen individuos que parecen reducir todo su esfuerzo y dedicación a aunar voluntades con el fin de llegar al poder del partido.

Es en tiempos de persecución de las libertades y de terror en los que se pone de manifiesto la virtud ética que caracteriza la conducta de cuantos se integran en organizaciones políticas, de aquellas personas que se comprometen con una causa o un fin: la generosidad. No están lejos los años en los que las personas que en España se comprometían con una causa política lo único que podían esperar, exceptuada la de alcanzar el fin por el que luchaban, era la cárcel. No había otra compensación a sus esfuerzos y al tiempo de sus vidas dedicado a ello. Eran gentes que daban, sin esperar nada a cambio para ellas. Entregaban sin recibir. Lo que se alcanzaba o era para el colectivo o no se alcanzaba nada.

Lo cierto es que casi desde los primeros años de la transición fueron muchas las personas, jóvenes, que vieron en la política un espacio deseado para una fácil realización personal ajena, o al menos indiferente,  a los fines para los que se entendía entraba a formar parte de un partido político, un sindicato o una organización social. Las estructuras de los aparatos políticos de esas organizaciones estaban constituidas por numerosos nichos en los que se remuneraba con alegría a quienes los ocupaban. Ocuparlos no era ya una consecuencia nacida del compromiso sino del deseo egoísta.

La percepción que comenzó a formarse de esas organizaciones fue la de un laberinto de pasiones por el que se movían unas personas que querían ocuparlos cuando los nichos no eran  suficientes para atender tanto deseo desenfrenado. Eran y son muchas las personas que se afilian a un partido por encontrar en ellos el instrumento que puede hacer efectiva su concepción de la sociedad o, por lo menos, que procurará intentarlo. Es una asociación de sujetos altruistas por un bien común. Pero también es cierto que entre ellas siempre hay un grupo reducido cuyo fin primero es ser algo en la organización, por ser y por obtener una sustanciosa remuneración. Desde el momento en el que se tomó conciencia de que quien llegase a formar parte de los aparatos de las organizaciones tenía mayores posibilidades de ocupar alguno de esos nichos bien remunerados, desde ese mismo momento la gente que conforma esos grupos minoritarios no dedicó su esfuerzo a desarrollar un pensamiento que acertase con las acciones que deberían conducir al fin último de la organización, sino que casi todo ese esfuerzo, por no decir que todo él, se agotaba en buscar alianzas internas, diseñar estrategias para encontrar los apoyos necesarios y malbaratar el tiempo en dimes y diretes con el fin de desgastar al definido como contrario y contrincante en esa carrera por ocupar el nicho correspondiente.

Llama poderosamente la atención el caso de aquellas personas más preparadas, con una vida rica fuera de la organización e incluso con un reconocimiento social que se han ido separando poco a poco de los puestos de responsabilidad dentro de los partidos. Han ido abandonando esos puestos para permanecer en el mayor de los anonimatos en la organización, cuando no la han abandonado. Se cumple así, una vez más, la máxima económica ya conocida en la Edad Media de que la moneda falsa termina expulsando del mercado la moneda verdadera. Las direcciones de las organizaciones (¿todas?, cada una deberá motivarlo de sí misma) tienden a prescindir de quienes saben y por eso, porque saben, exponen su pensamiento crítico. Esa actitud molesta. Sin embargo, esas direcciones mantienen a su lado a aquellas personas que sumisas callan o repiten palabra por palabra lo que ellas afirman. Es curioso observar cómo cuando uno habla de estos asuntos con gente de distintas organizaciones, hasta ahora, lo predica de la suya y reitera un pensamiento que podría resumirse en una declaración que, en cierto momento, se oyó al dirigente de una federación sindical: “Entre quienes trabajan pero piensan y manifiestan lo pensado y quienes simplemente se limitan a votar a mi favor en la ejecutiva, me quedo con estos últimos. “Brazos de madera” , dicen, pero no inquietan[2]”.

Estos comportamientos están completamente alejados de una ética de izquierdas, de una reflexión crítica en la que se sustentan valores, de aquellas que buscan el bien de la comunidad y que tienen el bien propio solo si lo es de la comunidad. Están tan alejados que su comportamiento es igual al de quienes están enfrente, esa derecha que tiene el egoísmo como principio de actuación del individuo, lo único que existe y que importa.

Principios éticos o ideas reguladoras de la conducta de quien se compromete en la acción política.

Se entiende que cualquier persona que aspire a un puesto de dirección o de representación ha de tener la capacidad suficiente para generar un pensamiento creativo ordenado a la consecución de los fines propios de la organización a la que pertenece. Si eso es así, y así debe ser,  (si alguien no tuviese esa capacidad se estaría cometiendo un fraude, pues se estaría eligiendo a alguien para hacer algo sin la capacidad para hacerlo), entonces de toda persona candidata deberían ser conocidos sus escritos sobre aquellos asuntos de los que ha de ocuparse en el caso de ser elegido. ¿Qué se ha de esperar de una persona ágrafa? ¿Cómo evaluarla si previamente no se conoce de ella qué piensa sobre aquello que ha de ser gestionada por ella? No es suficiente la palabra hablada, no está mal, pero solo la palabra escrita, esa que objetiva el pensamiento de manera permanente y convierte lo escrito en objeto de análisis por muchos y en cualquier momento. Solo lo escrito objetiva el pensamiento de las personas, la palabra dicha es una realidad fútil que siempre puede ser negada. La máxima medieval ha de ser contradicha con hechos. Solo lo escrito puede ser objeto de contradicción por mucha gente, en muchos sitios y en cualquier momento o tiempo. Por eso, toda persona candidata ha debido ser autora de algunos escritos en los que sus electores puedan conocer aquello que piensa. O dicho de otra forma: no puede ser candidata una persona que no haya escrito nada.

La concepción de que los partidos son nichos de buenos empleos ha de ser contradicha con el hecho de que quien ocupe un puesto en el aparato ha de proceder del mundo del trabajo (estar en activo en él o, coyunturalmente, en paro, pero con una actividad laboral ajena a la organización a la que se pertenece y a la que se puede incorporar en cualquier momento). No deja de ser una perversión de la concepción del hacer político aquella que justifica que una persona comience militando en las secciones juveniles de las organizaciones y a partir de ellas “haga carrera” en el partido. El compromiso político solo nace como tal en un sujeto que teniendo vida social y laboral propia decide dedicar parte de su tiempo o todo su tiempo a la intervención colectiva en la gestión de la vida pública. Es fácil que se dé una confusión entre interés y compromiso en aquellas personas que tienen su vida social y laboral como una realidad unidimensional circunscrita desde siempre a la organización en la que han llegado ocupar alguno de sus nichos. Es más que posible que así sea por cuanto su compromiso es su interés, ya que si se quebrase este por voluntad propia o por voluntad de terceros, entonces también se quebraría su compromiso. Y de esa confusión nace el que, en esos casos, se esté más pendiente de cómo defender el interés que de cómo incidir en la mejora de la gestión de la vida pública. Por eso, toda persona candidata ha de tener un puesto de trabajo fuera de la organización en la que se presenta o por la que se presenta para un cargo electo. O dicho de otra manera, nadie podrá ser candidato si no tiene un puesto laboral externo de referencia.

Cualquier ocupación en atender las necesidades de los ciudadanos, hombres y mujeres, y de regular la relación entre ellos es de tal naturaleza que exige la atención máxima de aquellos que han de dirigir la acción orientada a ello. La responsabilidad no puede ser compartida, pues si pudiese serlo, entonces se estaría poniendo de manifiesto que lo que la constituye no tendría la entidad suficiente para alcanzar tal grado y debería por lo tanto, junto con otras, formar parte de una distinta. A este hecho debería añadirse que esa ocupación se desarrolla en un marco democrático que por definición  busca el reparto del trabajo y de las responsabilidades. Cualquier otra forma de gobierno o de gestión de la cosa pública justifica la acumulación de ocupaciones, que no se realizan, pero que sí se poseen, pues en su posesión está la constatación del poder que uno tiene. Uno ha de ocupar aquello que puede realizar y a lo que está obligado por ocuparlo. Y como se ha dicho, si una ocupación tiene entidad propia exige una dedicación plena. La honestidad en el hacer obliga a ocupar solo aquello que uno realiza. Por eso, toda persona elegida o designada para un puesto de responsabilidad lo será solo para uno recibiendo las retribuciones de ese solo puesto. O dicho de otro modo: Nadie podrá ocupar más de un puesto de responsabilidad, como electo o designado, ni percibir más de un sueldo por ello.

La verdad es el fundamento sobre el que se construye la persona libre. Su ausencia es la que hace real su alineación. Solo cuando ella está presente el individuo tiene posibilidad de elegir, acertando o equivocándose, pero en cualquier caso será una acción predicable solo de él. Lo contrario significa que otro sustituye su voluntad actuando por él o provocando que él actúe de acuerdo con lo que el otro quiere. El desarrollo evolutivo hizo posible que el ser más complejo tuviese como capacidad de su naturaleza aquella que le permite decidir hacer o no hacer, hablar o callar, cazar solo o buscar otras voluntades cooperativas, en definitiva, optar entre dos o más posibilidades. Es de entender que el Hombre honesto busque siempre la acción en la verdad. porque esa acción será libre. Pues bien, en nuestro sistema político el elegido solo sabrá la verdad de su elección si ha recibido el voto directo de todos aquellos que les corresponde por derecho: sujetos inscritos en el censo electoral o afiliados a las organizaciones políticas, sindicales o sociales. Si la elección es convertida en un proceso de selección representativa, se está vulnerando el principio de veracidad y el de libertad, pues la de aquellos que actúan en el primer nivel selectivo se diluye en cuanto corresponde al segundo nivel realizar otras acciones electivas. Y así, hasta el nivel más alto y selecto, por seleccionado. La única posibilidad de que lo que piensa el elector llegue al elegido es que aquel lo elija directamente. Esta reflexión motiva dos ideas reguladoras: a) La elección a cualquier órgano de dirección ha de ser por votación universal y directa y b) Las propuestas para ocupar cargos de representación o dirección han de realizarse a través de listas abiertas en las que sus componentes serán ordenados de forma aleatoria (nunca por orden alfabético)[3].

La relación electores/electo genera en éste la obligación de devolver a aquellos que lo han constituido como cargo electo la explicación del uso que realiza del mandato recibido. Toda persona elegida contrae un débito con aquellas que lo han elegido, débito que como tal está obligado a satisfacer. En los partidos son frecuentes los llamamientos para que un cargo o persona electa explique a los suyos lo que aquel considere oportuno, pero esa explicación realizada mediante la palabra hablada es tan ligera y rápida que ni tan siquiera las personas que han podido o querido asistir pueden retenerlas para revisarlas, entenderlas y, en su caso, expresar un análisis crítico de ellas. Considerando la misma reflexión del punto anterior, si quien ha contraído ese débito tiene como una de sus misiones luchar contra la alineación del Hombre, entonces esa persona viene obligada a facilitar a los afiliados o a los electores los medios suficientes para que puedan conocer la verdad y así puedan, consecuentemente, actuar en libertad ante el cargo o la persona electa. Por eso es obligación de quien ha sido elegido presentar a sus electores a qué dedica su tiempo, cuáles son sus iniciativas para la consecución de los fines para los que fue elegido, qué ha conseguido y qué no, y por qué no. Dicho de otra forma, todo cargo electo está obligado a presentar por escrito el uso que realiza del mandato recibido. Asambleas explicativas, todas, pero solo el escrito podrá dar por cumplida la obligación.

Los partidos políticos son entes cuya actividad es totalmente ajena a la contraprestación mercantil por el servicio que prestan. Por eso, solo pueden tener tres fuentes de financiación: las cuotas que abonan sus afiliados, las cantidades que a través de los presupuestos les asignen los gobiernos de acuerdo con la legislación pertinente que obligue a ello y, por último, aportaciones particulares en forma de donación. En cualquier caso, el dinero que puedan manejar  no tendrá origen en el trabajo propio convertido en mercancía, con valor de mercado, que alguien paga por ella y permite a la organización no solo recuperar el capital invertido sino obtener una plusvalía a repartir entre sus “socios”. En todos los casos, el montante mayor de la financiación corresponde a fondos públicos y de los afiliados, pues bien, siendo así, es obligado que los ciudadanos sepan en todo momento cuál es el uso que se realiza de esos dineros aportados. Por ello, los ciudadanos, como contribuyentes de los que el Estado toma una parte de lo que ellos han aportado a lar arcas públicas para dárselo a esas organizaciones, como los afiliados, que aportan directamente sus dineros (y en ese ciudadanos y contribuyentes siéntanse comprendidos hombres y mujeres) tienen todo el derecho a conocer el salario de quienes lo perciban por tener una responsabilidad en la organización (debe entenderse por salario el total percibido por los conceptos que sean) así como lo gastado en el resto de actividades sufragadas con esa parte del dinero. Por eso, es obligación de los responsables políticos, sindicales o de la organización hacer público todo lo que perciben de su organización y las organizaciones deberán garantizar la trasparencia en la gestión del gasto. O dicho de otro modo, los electores o afiliados deben tener fácil acceso a la información que contengan las fuentes de financiación, en qué se ha gastado el dinero y lo que cobra cada uno de sus miembros mes a mes (la totalidad de lo ingresado en su cuenta por cualquier concepto: salario, dietas, indemnizaciones, ayudas, etc).

Es necesario hacer una última consideración relacionada con las personas que deciden implicarse en un proyecto político en aquello referido al tiempo que han de dedicar a ese proyecto. La decisión de involucrarse nace de la voluntad que en libertad conduce a las personas a aceptar dedicarle su tiempo laboral, nadie es forzado a asumir ocupar puestos de responsabilidad en cualquiera de esas organizaciones y todas las personas saben que esa dedicación es obligada que nazca de un compromiso de servicio al otro, por lo tanto, en este caso, no se está hablando estrictamente de tiempo laboral sino de tiempo de entrega que ha de ir más allá de los parámetros con los que se regulan las jornadas y los esfuerzos laborales en las actividades realizadas por cuanta ajena y que están sujetas a intercambio mercantil. Si fuese considerado como una actividad laboral más, entonces la relación de la persona con la organización estaría presidida por un contrato laboral, lo que no es el caso. Se está hablando, pues, de que la persona con cargo está obligado a una acción continua en función de las demandas a las que da entrada el proyecto político, sindical o social. Por eso, quienes acepten ser cargos electos o de representación vienen obligados a no tener su tiempo laboral medido como jornada sino como entrega, sabiendo que siempre ha de ir más allá de los tiempos marcados para cualquier persona trabajadora por cuenta ajena. O dicho de otro modo: las personas dedicadas a la acción política, sindical o social con cargo tendrán como entrega nacida del compromiso el tiempo de dedicación al proyecto.

 Luis García Trapiello

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(1) Aunque la reflexión está dirigida a los partidos políticos, todo lo que aquí se dice puede predicarse en igual medida de los sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

(2) Expulsaron a quienes sabían y exponían su pensamiento crítico y se quedaron con aquellas personas que asumían calladas. Prescindieron de quienes trabajaban y se ensancharon cómodos entre quienes votaban siempre a favor. Juntaron sumisos (sometidos) y “brazos de madera” y con ellos dieron contenido a sus organizaciones. Por eso fueron constituidos como “jefes”.

(3)  Con las listas cerradas el elegido nunca conocerá la verdad de sus electores pues nunca podrá saber cuántos de los votos recibidos por la lista que encabeza o de la que forma parte  fueron emitidos pensando en su capacidad e idoneidad