MEDIDAS INELUDIBLES PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.

Han hecho falta años de comportamientos poco éticos y poco estéticos por parte de unos, con la connivencia de otros, el desconocimiento de muchos y la ceguera interesada de los que podrían haberlo evitado, para llegar a la situación de desconfianza en los políticos y en la política que marcan, mes tras mes,  los distintos sondeos de opinión ya que seamos una sociedad con una grave enfermedad democrática. 

Para poner remedio a todos los obstáculos que impiden que el pueblo soberano se sienta realmente representado por instituciones y partidos, es preciso formular una alternativa creíble, una alternativa que, permitiéndonos luchar contra la crisis con un reparto real y justo de los sacrificios, garantice la regeneración ética de la política.

Esa alternativa debe pasar ineludiblemente por medidas políticas de aplicación inmediata y reformas legislativas contundentes.

Son muchos los artículos y muchas las tesis respecto a lo que debiera hacerse y como debiera hacerse y surgen casi a diario plataformas de distinto signo con aportaciones, todas ellas interesantes, que no terminan de cuajar en un discurso común.

Con ánimo de síntesis de todo lo leído hasta ahora, planteamos a continuación ese decálogo inexcusable para la regeneración que cualquier demócrata progresista debiera defender 

1.- Arbitrar mecanismos que vigilen los compromisos electorales.

Para que no pueda pasar que los compromisos con la ciudadanía se conviertan en papel mojado el día siguiente a las elecciones y las excusas y apelaciones a la “ ineludible necesidad” sean revisadas y aceptadas, o no, por los electores. Este punto pasa necesariamente por profundizar en nuestra democracia representativa para convertirla en:

2.- Democracia participativa, consultiva y deliberativa. 

A modo ejemplificativo, que no exhaustivo, podemos citar un mayor desarrollo de las Iniciativas Legislativas Populares, creación de un Comité de seguimiento electoral o la figura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de que la ciudadanía entendiera que el incumplimiento es merecedor de tal sanción.

3.- Estatuto del cargo público.

Con eliminación de privilegios, regulación transparente y razonable de sueldos y dietas, reforzamiento de las medidas de incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades económicas en el sector privado y control de “puertas giratorias” en ambos sentidos considerando la imprescindible regulación de los conflictos de intereses que surgen de las actividades privadas desarrolladas antes de acceder a un determinado cargo. 

4.-Investigación a fondo de los escándalos financieros y depuración de las responsabilidades.

De Bancos y Cajas de Ahorro, de evasión de capitales, de delitos fiscales, de compra-venta de voluntades, así como de la financiación irregular de los partidos políticos, con adecuada atención a los corruptos y también a los corruptores.

5.- Reformar las leyes de funcionamiento y financiación de los partidos.

Asegurando que el funcionamiento sea plenamente democrático, con transparencia en la elección de aquellos llamados a ser nuestros representantes, con rendición de cuentas no solo financieras sino también de comportamientos y funciones de los cargos públicos con democracia en los procedimientos de toma de decisiones.

En el ámbito de la financiación impidiendo las donaciones, que deben prohibirse, así como reducir el plazo de rendición de su contabilidad que deberá ser publica y realizarse íntegramente ante un Tribunal de Cuentas también reformado para que quede plenamente garantizada su función de control.

6.-Transparencia y buen gobierno.

Forzar la ejemplaridad en el comportamiento de los responsables políticos pasa ineludiblemente porque estos den cuenta de sus actos y de en que gastan el dinero de todos, de forma fácil. Todo debe ser accesible a la información pública, lo que no puede contarse no debe hacerse.

7.- Selección en base a los principios de mérito y capacidad.

Miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado, el Director General de RTVE y los Organismos Reguladores, los miembros españoles del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, de tal manera que se valore el curriculum de los candidatos y su adecuación para el puesto y no sea como hasta ahora un premio a los más leales.

8.- Creación de un Observatorio contra la corrupción.

Que coordine las estrategias de prevención en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y cuantos órganos tengan capacidad de realizar medidas de inspección y control en relación con las informaciones de corrupción.

9.- Garantizar la restitución al erario público.

De las cantidades ilegítimamente percibidas o desviadas como consecuencia de la corrupción, así como para hacer frente a cualquier tipo de responsabilidad por daños a la Administración o al dominio público.

Por último

10.-Fiscalización efectiva y seguimiento detallado.

Del cumplimiento de los anteriores puntos tanto por las instancias judiciales como por los organismos y observatorios democráticos e independientes, instaurando cambios para reforzar su independencia 

Deben incluirse además medidas de protección de las personas que denuncien casos de corrupción. 

Todo lo anterior es importante, pero no debemos olvidar el esfuerzo que debe hacer la ciudadanía por interesarse e intervenir en la cosa pública, de lo contrario, de seguir desentendiéndonos como si no fuese con nosotros,  nada servirá para nada.

Foro Ético

Esta propuesta ha sido  firmada y asumida por Bases 20.20