jueves, 26 de diciembre de 2013

Unas europeas incómodas

Apenas quedan cinco meses para las elecciones europeas. Serán los comicios más trascendentes para el futuro económico y social de España de entre los que se celebrarán en los próximos años. Si algo hemos aprendido con la crisis es que para bien o para mal las grandes decisiones sobre nuestro día a día se dictan en Bruselas, no en Madrid o en alguna capital de Comunidad Autónoma. Es además el más decisivo de los escrutinios para elegir buenos representantes en la Eurocámara que se recuerda en décadas, ante el más que previsible auge de antieuropeísmo, populismo y neofascismo, que se da por hecho ganarán peso en el próximo Parlamento. Pero sobre todo, son importantes porque ante un PP desatado con su mayoría absoluta, lanzado a aprovechar la impunidad que considera que tiene para recortar derechos y libertades, la única esperanza que le queda a nuestro país parece ser una fuerte reacción internacional que dé aire, cobertura y esperanza a quienes defienden en la calle lo que les roban desde La Moncloa. Más que un retiro dorado para algunos políticos en decadencia, Bruselas debe convertirse por lo tanto en ágora de debate de primer nivel sobre un más que necesario nuevo modelo cívico y social para Europa. Y más allá de tibias declaraciones, cabría esperar de las instituciones europeas un claro posicionamiento en defensa de las libertades y los derechos de sus ciudadanos, como marcan los tratados a los que deben obediencia.

Por eso sorprende que en España muy pocos parecen tomarse estas elecciones en serio. Nada se sabe aún de los nombres de los aspirantes a conformar la lista de elegidos para defender los intereses de los vapuleados ciudadanos a quienes representarán frente a un Consejo que ha marcado la senda austericida a nuestro país. Menos aún se habla de ideas, programas e intenciones, cuando el ciudadano necesita saber ya quién está de su parte y quién de la de las grandes fortunas, y cuáles son las innovadoras propuestas que les harán volver a creer en Europa y en los políticos. Por otro lado, hasta ahora solo EQUO ha parecido entender que la elección directa de sus aspirantes a eurodiputados a través de primarias es la única vía para conectar a sus bases y a los ciudadanos con la política europea. Del resto de partidos, nada se sabe. 
Parece pues haber una clara connivencia entre una mayoría de políticos para hacernos creer, obviamente de manera intencionada, que el Parlamento carece de la importancia que realmente tiene para frenar, si se quiere, este despropósito neocon, y para que pensemos que una vez más la batalla que se va a librar en la próxima eurolegislatura es la de populares contra socialistas, la de nórdicos contra mediterráneos, la de los centroeuropeos contra la de la vieja Europa. Mentira! La madre de todas las batallas, la que está por venir pero quieren evitar y esconder, tiene que ser la de diputados asumiendo su función de defensa de los intereses de los pueblos que, yendo de la mano de los ciudadanos, le paren los pies a una mayoría de Estados que hacen del neoliberalismo excluyente su bandera. Y para eso hacen falta eurodiputados no solo comprometidos sino también bien preparados, y ciudadanos que les apoyen y se involucren en la construcción de una Europa más social y ciudadana.

En medio se encuentra la Comisión Europea. La ideología de quien la dirija la marcarán los Estados, pero estará condicionada por ese Parlamento que todos votamos de manera directa. Será un actor clave que tendrá que elegir si desea estar con quienes quieren reconciliarse con la sociedad o con quienes, de la Europa ciudadana, ni saben ni contestan. 

Mientras donde rige el absolutismo mayoritario da descaradamente igual lo que el ciudadano reclame, parece que ciertas élites entienden que es mejor que pasen desapercibidos aquellos otros lares en los que las urnas pueden aún evitar desmanes despóticos mayores. Y en ambos casos, por haber comicios de por medio, lo llaman democracia, haciendo deliberadamente que pase inadvertido que por ésta no se entiende aquel sistema por el que un gobierno controla a los ciudadanos, sino los ciudadanos lo que hacen sus gobiernos. 


José María Cruz 


es periodista y consultor especializado en asuntos europeos.

Este artículo es opinión y responsabilidad de su firmante. Las opiniones vertidas por las personas visitantes son opinión de las mismas
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viernes, 20 de diciembre de 2013

El aborto y el Gobierno del PP.

Tener que decir en pleno siglo XXI que las mujeres tenemos derecho a un aborto legal, libre y gratuito, a que se nos reconozca plena capacidad para decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra reproducción, nuestra salud... es algo que no pensé que tendría que hacer.

Tengo una hija de 16 años y cuando yo tenía su edad el aborto en España estaba prohibido. Aún recuerdo los comentarios escondidos relativos a alguna conocida que ingería no recuerdo que hierbas, o se lanzaba al suelo desde lo alto de la escalera, o tomaba aspirina esperando el milagro del aborto espontaneo. Aun recuerdo el miedo que teníamos las jóvenes de esa edad a quedar embarazadas.

 La idea de ese embarazo no deseado, no planificado, imposible de asumir para quienes aún luchábamos por buscar  nuestro lugar en el mundo, nos inoculaba el temor de tener que buscar una "clínica clandestina" que, en el mejor de los casos, y siempre que tuviésemos el dinero suficiente, utilizaría instrumental esterilizado; a ese horror se añadían: los riesgos de expulsión de su carrera y cárcel para los profesionales que se atrevían a ayudar a las mujeres en esa situación,  la posibilidad de ser condenadas, de contraer una infección, de desangrarnos .... todo ello, nos hacía sentir un miedo irracional al embarazo, lo que condicionaba, sin duda, nuestra libertad y por tanto, nuestra vida.

Obviamente, ni se nos pasaba  por la cabeza la idea de poder conseguir el dinero suficiente para abortar en Londres, allí donde quienes tenían dinero pasaban un fin de semana "de compras" en el que "el problema" quedaba solucionado. Nosotras no teníamos esa opción. 



Recuerdo  a mi profesor de derecho Penal, Don Marino Barbero Santos, abogando, algunos años antes de la primera ley,  por la despenalización del aborto y explicando a un auditorio de jóvenes universitarias de apenas 18 años como se practicaban abortos clandestinos en la pobreza, con agujas de punto y similares materiales (no sé porqué, pero las agujas de punto se me quedaron grabadas en el alma), provocando desgarros irreparables, muertes incluso, de aquellas menos favorecidas económicamente que, saltando todas las trabas, encontraban una esperanza para poder abortar que acababa, en muchas ocasiones, en la esterilidad cuando no en la cárcel o en la tumba.



El 5 de julio de 1985, tras muchos esfuerzos y lucha feminista se despenalizó el aborto en España. Atrás quedaban esos años oscuros ... esa ley, que inicialmente despenalizaba tres supuestos, fue mejorada en 2010 con la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo vigente por el momento.



Hace meses el Ministro Gallardón ya nos amenazó a las mujeres con volver a la regulación de 1985 y por tanto a la posibilidad de que fueran necesarios abortos clandestinos,  con tan absurdas excusas como la supuesta "violencia estructural" que tantas críticas levantó, y en un paso mas en la vuelta a aquellos lejanos años 80 , decía que el aborto "No es un asunto prioritario para el Gobierno y se analizará cuando toque, incluyendo la posibilidad de excluirlo de la cartera básica de servicios."

El Ministro de ¿Justicia? (que falta de precisión en los términos) de España ha decidido al parecer que ya toca y hoy el Consejo de Ministros aprobará cambiar la ley de plazos por una de "indicaciones" en la que hasta el riesgo para la vida de la madre deberá acreditarse. "Será una constatación, no una declaración". Se han apresurado a decir que las mujeres que aborten no irán a la carcel, pero también que sí serán condenados los profesionales que colaboren en la interrupción voluntaria de un embarazo que al Gobierno le parezca reprobable. 

Parece que la pobreza o el drama de los desahucios o del desempleo no son problemas que están ahí, y este Gobierno pretende  crear un problema donde no lo hay y quitarnos a las mujeres nuestro derecho a decidir si queremos o no tener descendencia. Las mujeres somos para el Gobierno actual seres con la capacidad de obrar limitada, con escaso discernimiento respecto de lo que nos conviene o, si me permitís, incubadoras del Estado. 

Espero de mis conciudadanos que esta intolerable intromisión en la vida de las mujeres no se consienta, de mis representantes políticos que defiendan la bandera de la libertad y que se comprometan a impedir con todos los mecanismos a su alcance que se cometa tamaña ignominia.


Aplicar a la generalidad la moral de unos pocos. Esa es la postura que ha tomado el Gobierno. Y si no se está de acuerdo, se impone por la fuerza. La de la inquisición en su momento, la del franquismo después, la del neoliberalismo nacionalcatólico de moral restrictiva de derechos ciudadanos  ahora.

Se pretende la modificación legislativa de una regulación que , tal cual está,  ha sido aceptada por la sociedad española sin mayores problemas, y que lo único que hace es permitir que quien así lo decida haga uso de su derecho.

No podemos permitir que devuelvan a este país al blanco y negro de nuestros peores recuerdos, no podemos consentir que se imponga a toda la sociedad la moral de unos pocos, tenemos que evitar que las mujeres tengan que recurrir a las agujas de punto si desgraciadamente  no puedan pagar un aborto en Londres.



Otilia Armiñana Villegas

Este art. es opinión y responsabilidad de su firmante. Las opiniones vertidas por las personas visitantes son opinión de las mismas.






jueves, 19 de diciembre de 2013

ACTUAR LOCALMENTE: UN ANÁLISIS DE LA REFORMA LOCAL.

Se cumplen 34 años de las primeras elecciones municipales y prácticamente tres décadas de la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local, la ley que ha regulado hasta hoy la gestión de los ayuntamientos. Muchas cosas han cambiado desde entonces y es pertinente plantear una reforma de la administración local. La Troika desde Europa y el PP desde el gobierno han diseñado, sin embargo, un escenario político con sobradas dosis de economicismo, improcedente para esta reforma.

La nueva ley elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se denomina Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Su tramitación parlamentaria ha tenido escasa repercusión pública, a pesar de que se trata de una de las reformas administrativas más profundas que se producirá en nuestro país en los próximos años. Ante el gran público, el debate sobre esta ley ha aparecido como un simple tira y afloja entre administraciones. Pero la ley, que entrará en vigor a principios del próximo año, trastocará sustancialmente el día a día de muchos pueblos y ciudades.

Esta reforma afecta a un grupo de instituciones olvidadas tradicionalmente por la alta política: entidades locales menores, municipios, diputaciones provinciales, comarcas, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas... Todas ellas ofrecen un catálogo de servicios de gran relevancia para la vida de los ciudadanos: políticas de igualdad y de género, servicios sociales, guarderías, vivienda, empleo, juventud, infancia, participación, dependencia, inmigración, transporte, formación... La reforma aborda las condiciones en las cuales estos servicios deberán ser gestionados por dichas instituciones en el futuro.

Muchas de las medidas plateadas afecta a la distribución de las competencias municipales. La ley persigue hacer efectivo el criterio “una Administración, una competencia”, pero no define con precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las estatales y autonómicas. Se enumera un listado de materias que los municipios han de ejercer obligatoriamente como competencias propias, pero su determinación definitiva se reserva para normas posteriores.

En relación con las competencias consideradas impropias (prestadas por los municipios voluntariamente durante años, sin transferencia de recursos por parte de las administraciones competentes) se establece que no deberán ser asumidas por las entidades locales. Sólo en el caso en que dichas competencias no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda local, se admitirá la prestación por parte del ayuntamiento.

Con esta reforma el gobierno pretende ahorrar 8.024 millones de euros para el período 2014-2019. Es fácil imaginar que dicho ahorro se conseguirá a base de reducir costes en la prestación de los servicios municipales. La ley no menciona explícitamente otra posibilidad. Para gestionar esta sustancial disminución de recursos de los ayuntamientos, la ley establece, entre otras medidas, que sean las diputaciones provinciales las entidades encargadas de gestionar determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes.

El gobierno recurre a los responsables de las diputaciones no por ser mejores gestores que alcaldes y concejales (la experiencia más bien demuestra lo contrario), sino porque desde las diputaciones, lejos de la presión de los ciudadanos y los destinatarios de los servicios, parece más fácil y efectivo reducir la calidad y cantidad de las prestaciones municipales. Pero el gobierno se equivoca gravemente al menospreciar las habilidades gestoras de los municipios. Durante años los ayuntamientos han desarrollo sistemas de administración que han resultado muy eficientes y los han convertido en las instituciones menos hipotecadas del ámbito público: la deuda municipal sólo representa el 6% del total de la deuda pública. Lamentablemente con esta reforma vamos a perder la oportunidad de trabajar con los mejores gestores públicos en la mejora de la administración local.

Por otra parte, no sabemos cómo se va a producir el traspaso de competencias de los miles de municipios a las diputaciones provinciales, ni cómo se va a evitar que este proceso se convierta en un verdadero despropósito. Tampoco tenemos la seguridad de que las diputaciones puedan garantizar la continuidad de los servicios.

Ante tanta incertidumbre es previsible que los servicios municipales traspasados a las diputaciones acaben siendo privatizados, lo cual es motivo de profundo desánimo entre gestores municipales, que llevan años de trabajo minucioso, silencioso y prácticamente vocacional. Y no sólo eso, un reciente informe del Tribunal de Cuentas  que analiza la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, concluye literalmente que sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento.

Cabe decir, por otra parte, que como consecuencia del traspaso y la privatización de los servicios municipales, los ciudadanos perderán el derecho a pedir responsabilidades políticas por su gestión, porque los miembros de las diputaciones no son cargos electos, no se eligen por elección directa. Con toda probabilidad, el castigo político que se pueda derivar de la pérdida de calidad de los servicios, recaerá electoralmente en los representantes municipales que hasta ahora han sido prestadores, produciéndose así un grave déficit democrático.

Una ultima objeción al traspaso de competencias a las diputaciones. Se parte de la idea de que las diputaciones gestionaran más eficientemente al aplicar el criterio de economía de escalas (costes menores a escalas superiores). Y en efecto, muchos servicios municipales funcionan bajo este criterio, por ejemplo, el tratamiento de residuos urbanos y el transporte público, que ya funcionan en muchos casos mancomunadamente. Pero no todos los servicios que gestionan los ayuntamientos se adaptan a esta fórmula. Sólo cuando los costes fijos son muy altos y los costes variables bajos, la economía de escalas es eficiente (Ignacio Escañuela, “Una reforma local absurda”). Por tanto, habrá que estar atentos a esta consideración, y evitar que se produzcan traspasos a las diputaciones que no supongan un ahorro efectivo o que incluso puedan representar un incremento de costes.

Uno de estos servicios podrían ser los denominados servicios sociales. En nuestro país, más de 50.000 personas trabajan en los servicios sociales que prestan las corporaciones locales para atender a unos 7 millones de usuarios. Con la reforma local miles de ayuntamientos perderán la gestión de estos servicios y se convertirán en meros gestores administrativos sin capacidad de decisión política. Las decisiones se tomarán lejos y las prestaciones se reducirán mucho.

El gobierno se ha percatado de la inoportunidad que supone desmantelar los servicios sociales pocos meses antes de las elecciones municipales (mayo de 2015) y generales (noviembre de 2015) y, de momento, ha aplazado ésta y otras medidas sensibles hasta el 31 de diciembre de 2015.  Pero a pesar de la inoportunidad y la falta de consenso político y social, el Ministerio de Hacienda se muestra dispuesto a seguir adelante con la reforma. Rechazó la mayoría de las 447 enmiendas que presentaron los grupos de la oposición. Algunos partidos han reclamado  la retirada total de la reforma, y otros se han mostrado dispuestos a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Algunas comunidades autónomas también están valorando esta posibilidad por entender que invaden las competencias que les otorgan sus estatutos. El mundo local se ha movilizado para la protesta. Asociaciones vecinales y de municipios, sindicatos, alcaldes y concejales protagonizaron concentraciones bajo el lema Defiende tu ayuntamiento, el 12, del 12, a las 12. Contra la reforma local. Algunos cargos públicos del PP también han manifestado públicamente sus reticencias.

Los opositores califican el proyecto como una ley anti-ayuntamientos y consideran que es una reforma parcial y autoritaria, que fomentará la pérdida de empleo público y las desigualdades en la financiación. Muchos la consideran un grave ataque al municipalismo y al papel que han jugado los municipios en la construcción de este país. Gran parte de los argumentos de los opositores han sido avalados por un demoledor informe del Consejo de Estado, obviado también por el gobierno.

A muchos sólo se les queda la posibilidad de esperar una derrota electoral del PP dentro de dos años para derogar la ley. Es la única alternativa que queda cuando los cambios legislativos se consiguen a base de autoritarismo. Las leyes requieren consensos sólidos, tiempo de elaboración y legisladores comprometidos con la sostenibilidad de las políticas. Si se tramitan por la fuerza de las mayorías parlamentarias, de forma rápida, insuficiente y mal trabajadas, el resultado final son leyes-acordeón que se inflan y desinflan dependiendo de algo tan volátil como los resultados electorales. Desgaste de tiempo, energía y recursos; oportunidades perdidas por falta de miras, madurez política y democrática; años de estancamiento y parálisis; desafecto ciudadano.

Los municipios necesitan mecanismos adicionales de refinanciación (sólo se les asigna el 13% del gasto público); un reparto de competencias por áreas y programas, no un sistema horizontal igual para todos; sistemas de evaluación de los servicios municipales inspirados en criterios sociales, no únicamente economicistas; gestión mancomunada de algunos servicios; ahorro, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; pero también, autonomía, descentralización, subsidiariedad, proximidad y rentabilidad social.

Una reforma de este alcance sólo sería posible con la participación de los tres niveles del Estado: central, autonómico y local; con un trabajo que profundice en la comprensión del papel que los pueblos y ciudades han jugado en el bienestar social. Sólo se alcanzaría si definitivamente se considerara a los ayuntamientos parte del Estado, en igualdad de condiciones con respecto a otras administraciones.

Esta ley tiene un problema conceptual de fondo: no se comprende bien la labor que ejercen los municipios. Los ayuntamientos conocen mejor que nadie las preferencias locales y mejor que nadie pueden dar respuesta a las necesidades. Si queremos que los ayuntamientos sean realmente eficientes debemos dejar que participen más, y no menos, en las decisiones de las políticas locales. Posiblemente con esta ley conseguiremos ahorrar costes pero, no cabe duda, que alejaremos a los ciudadanos un poco más de las instituciones públicas, justo en el momento en el que se requiere actuar localmente y con mayor proximidad.



Carmen Moraira Reina

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martes, 17 de diciembre de 2013

ENTREVISTA A JULIO GONZÁLEZ EN BARBERÁ AL DÍA



Independencia, federalismo y más.

MANIFIESTO ACERCA DE LA CONVOCATORIA UNILATERAL DE REFERENDUM EN CATALUÑA
FORO ÉTICO, a la vista del anuncio del Presidente de la Generalitat de Cataluña de convocatoria unilateral de un referéndum con dos preguntas concatenadas, para el próximo 9 de noviembre de 2014
MANIFIESTA:
1. Que con el debate territorial traído al primer plano, se corre el riesgo de olvidar la pérdida de derechos sociales, económicos y de garantía de vida digna que se están produciendo y que asolan a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, tanto de Cataluña como de la totalidad del Estado.

2.  Rechazamos las actuaciones políticas unilaterales y  la falta de comunicación directa y transparente entre las autoridades como forma de hacer política ante una cuestión de tal transcendencia. En particular, reclamamos el uso del diálogo y del consenso como vehículo para el entendimiento entre las diversas posiciones que se enfrentan en esta cuestión.

3. La necesidad de abordar el debate territorial en España, mediante un análisis exhaustivo del funcionamiento del Estado de las autonomías. En particular, FORO ETICO manifiesta que el modelo del Estado de las autonomías no resulta suficiente como fórmula de integración de las naciones y regiones que componen España y, por ello, afirma su preferencia por una federalización sustancial del Estado español y por huir de tentaciones recentralizadoras.

4. La necesidad de diálogo, y por tanto la conveniencia de convocar de forma inmediata la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con carácter previo a la convocatoria de un referéndum popular, a fin de adoptar las reformas constitucionales que sean necesarias al menos para

1. Resolver los mecanismos de tutela de los derechos económicos y sociales y las garantías del Estado social, 
2. Reforzar las garantías para  el funcionamiento democrático del Estado y abrir  nuevos caminos que nos permitan una mayor participación en los asuntos públicos y
3.  Abordar los problemas de la articulación territorial del Estado.


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viernes, 13 de diciembre de 2013

MANIFIESTO ACERCA DE LA CONVOCATORIA UNILATERAL DE REFERENDUM EN CATALUÑA.

FORO ÉTICO, a la vista del anuncio del Presidente de la Generalitat de Cataluña de convocatoria unilateral de un referéndum con dos preguntas concatenadas, para el próximo 9 de noviembre de 2014

MANIFIESTA:

1. Que con el debate territorial traído al primer plano, se corre el riesgo de olvidar la pérdida de derechos sociales, económicos y de garantía de vida digna que se están produciendo y que asolan a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, tanto de Cataluña como de la totalidad del Estado.

2.  Rechazamos las actuaciones políticas unilaterales y  la falta de comunicación directa y transparente entre las autoridades como forma de hacer política ante una cuestión de tal transcendencia. En particular, reclamamos el uso del diálogo y del consenso como vehículo para el entendimiento entre las diversas posiciones que se enfrentan en esta cuestión.

3. La necesidad de abordar el debate territorial en España, mediante un análisis exhaustivo del funcionamiento del Estado de las autonomías. En particular, FORO ETICO manifiesta que el modelo del Estado de las autonomías no resulta suficiente como fórmula de integración de las naciones y regiones que componen España y, por ello, afirma su preferencia por una federalización sustancial del Estado español y por huir de tentaciones recentralizadoras.

4. La necesidad de diálogo, y por tanto la conveniencia de convocar de forma inmediata la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con carácter previo a la convocatoria de un referéndum popular, a fin de adoptar las reformas constitucionales que sean necesarias al menos para

1. Resolver los mecanismos de tutela de los derechos económicos y sociales y las garantías del Estado social,
2. Reforzar las garantías para  el funcionamiento democrático del Estado y abrir  nuevos caminos que nos permitan una mayor participación en los asuntos públicos y
3.  Abordar los problemas de la articulación territorial del Estado.


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CEOE y ÉTICA O LA ÉTICA DE CEOE.

“... la actividad virtuosa es mejor
                                                                                                                que la mera posesión de la virtud”
                                                         Aristóteles, Gran Ética.

Cuando su último Presidente D. Gerardo Díaz Ferrán llevaba ya medio año en su nueva residencia de Soto del Real, en la sierra madrileña, la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aprobaba su “Código Ético y de Buen Gobierno”el día 18 de Junio de 2.013. Dicho Código entraría en vigor el 1 de Septiembre de 2013, quedando derogado el vigente Código de Buenas Prácticas a partir de ese día. Es encomiable  la consideración de la CEOE en cuanto a no disturbar el merecido descanso estival de sus afiliados.

Da la impresión que los dirigentes empresariales españoles se dieron cuenta, de forma abrupta, que no sólo el bien anidaba en los corazones y mentes de sus afiliados, que no bastaba con auspiciar la sana emulación a través de las mejores prácticas y se decidieron a internarse en el desagradable camino de definir pecados y codificar sanciones. Claro que gastaron más de tres años en el rechazo de dimisiones y aplausos a su presidente y haciendo oídos sordos a las  solicitudes de dimisión provenientes de algunas filas empresariales, todo sea dicho.

Mi tía Eduviges, muy celosa en esto de éticas y moralinas y menos kantiana que aristotélica, me decía “sobrino, esa gente lo que trata es de que no se les vea el plumero”. Yo que en estos asuntos soy más optimista que Pangloss, consideré que lo adecuado era estudiar el Código con la esperanza de poder contradecir a pariente tan estricta.

Así que, vayamos por partes:

El Preámbulo se abre con la siguiente declaración de principios:

“Desde su creación en 1977, CEOE ha adquirido por derecho propio el carácter de institución vertebradora de la sociedad civil española, contribuyendo, de una manera decisiva, a la consolidación de la democracia en España y al desarrollo de la economía de mercado. Dos elementos fundamentales de cualquier país desarrollado.”

Al tiempo que resalta entre sus principios fundamentales “respeto a la Constitución, libre empresa economía de mercado y unidad de mercado.”

No seré yo quien cuestione la lealtad constitucional de la CEOE, pero veamos el texto constitucional antes de sacar conclusiones apresuradas.

“Artículo 1.1. España se constituye como Estado social y democrático de Derecho,...”

“Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

Tengo la impresión que la libre empresa y la economía de mercado adjetivada por la CEOE, no se corresponden del todo con la letra y la intención de la CE, en la medida que esta asigna al Estado Social la función de promover  la justicia social y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Al tiempo que atribuye al Estado Democrático de Derecho la capacidad de intervenir en la economía y regular el funcionamiento de los mercados.

Es verdad que la definición constitucional ofrece la posibilidad de traducirla en términos de la Economía Social de Mercado propio de la democracia cristiana  o del Estado del Bienestar de la socialdemocracia. Pero lo que llama la atención es que la organización empresarial mire para otro lado manteniendo la idea del Estado de Derecho del siglo diecinueve.

Hay que admitir que tiene claro que “En particular, la CEOE como organización empresarial, deberá respetar siempre la legislación sobre defensa de la competencia.”

Faltaba más. Lo curioso es que no se alarme ante extendidas prácticas de facturación en negro o la más grave aún como la contratación laboral sin altas en la seguridad social y pago de remuneraciones en negro, que por un lado significan un fraude a la SS y la hacienda pública y, por otro, son claras prácticas de competencia desleal.

En un país donde estas prácticas alcanzan un nivel intolerable e inocultable, correspondería a CEOE liderar una acción vigorosa conjuntamente con las Centrales Sindicales y las Administraciones Públicas. Pero de eso nada.

CEOE deposita una gran esperanza en este Código que “establece los valores y pautas que deben guiar el comportamiento de quienes forman parte de la CEOE, así como ayudar a consolidar una
conducta empresarial y personal aceptada y respetada por todos los cargos directivos, afiliados y empleados”.

Y afirma que  “Todos los afiliados, se comprometen a mantener entre ellos, con la CEOE, con la Administración Pública, con los partidos políticos, con los sindicatos y en general con la sociedad, unas relaciones basadas en la buena fe, la cortesía, la integridad moral, la ética empresarial y el respeto a la honorabilidad y prestigio de todos los afiliados.”

Y, rigor obliga, otorga a una Comisión de Régimen Interno la competencia de velar por el cumplimiento de este Código, con las formulas de procedimiento al uso.

Puede aceptarse que el Código no había visto la luz en los tiempos de D. Gerardo Díaz Ferrán, pero hace ya tiempo que “Todos los afectados por este Código, deben evitar cualquier conducta que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de manera negativa a sus intereses.” ¿Piensan que su Vicepresidente D. Arturo Fernández – de quien la tía Eduviges opina que “de presunto va el asunto”- no merecería alguna intervención de la Comisión de Régimen Interno en vez de los golpes de pecho y apoyos inquebrantables?

Pero es que el Código marca clarísimas líneas rojas:

“Ninguno de ellos (directivos, afiliados y empleados) colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al ordenamiento jurídico vigente.”

Toda persona afectada por este Código, asume el compromiso de comunicar al Presidente de la Comisión de Régimen Interno, la apertura al mismo de cualquier procedimiento judicial penal con trascendencia empresarial, poniendo a disposición de los órganos de gobierno de CEOE su cargo hasta que se resuelva el asunto.”
La Junta Directiva de CEOE podrá, por mayoría simple de los miembros presentes y representados, con audiencia del interesado, y previo informe de la Comisión de Régimen Interno suspender de su cargo a esa persona, o proponer a la Asamblea General el apartamiento de su cargo.”

Que bueno sería para la propia CEOE, para tantos empresarios honestos y las buenas gentes de España que, en coherencia con “el respeto de valores fundamentales como la honestidad, la integridad, la transparencia y la seguridad” pregonados en el Código, hiciera conocer sus actuaciones respecto a los numerosos implicados en GÜRTEL, los supuestos clientes del tesorero del Partido Popular señor Bárcenas, los empresarios de los ERE andaluces, el Presidente de la Cámara de Comercio de Castellón  D. Carlos Fabra y tantos otros casos de corrupción.  ¿Porque  algunos serán afiliados de CEOE? preguntaría mi tía Eduviges.

Por último, una escueta mención a la Patronal francesa MEDEF que, ante la noticia de la multimillonaria pensión de jubilación (21M€) aprobada por Peugeot-Citröen (PSA) a su actual Presidente Ejecutivo Mr. Philippe Varin , anunció que elevaría el caso a su Comisión Ética y Deontológica.

¿Cuál ha sido la actuación de la Patronal española ante los numerosos casos de indemnizaciones, jubilaciones y bonus de escándalo a ejecutivos de entidades financieras – muchas de ellas rescatadas con dinero público -  o empresas con serias dificultades? Que yo sepa, ninguna.

¿Y no se sonrojan?

Como acostumbro, le di a leer mis borradores a la tía Eduviges advirtiéndole que, quizás, con este Código los dirigentes de CEOE pretendieran ayudar a los empresarios a encontrar su imperativo categórico.

Sobrino, no me vengas con kantanadas que esos señores no precisan el couching de ningún cátedro en responsabilidad social corporativa para perseguir su único imperativo: el de la máxima ganancia a cualquier precio.

Por suerte tengo siempre a mano algún librito de Voltaire. “Está demostrado – decía Pangloss – que las cosas no pueden ocurrir de otro modo, porque al estar todo hecho para determinado fin, todo es necesariamente bueno hasta conseguir ese fin.”

Eso es todo.


Madrid, Diciembre 2013 
Francisco S. López Romito
Economista

PD: el Código Ético de CEOE puede encontrarse en: http://www.ceoe.es/resources/image/codigo_etico_ceoe_2013.pdf


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jueves, 12 de diciembre de 2013

Deporte, Espejo del Alma de una Sociedad.

Queridos amig@s, espero que como yo sean amantes del Deporte, de todos ellos y de todas las disciplinas, desde el deporte callejero hasta lo que se practica en el mismísimo Bernabéu, pasando por todos los eventos populares y llegando hasta los reyes del Show como son los JJOO o el Mundial de Futbol, si es así les será más fácil entender lo que hoy les quiero contar.

Todas las sociedades modernas tienen un afán de que sus indicadores de desarrollo económico , social y político sean los mejores , estar en el G1,2,3,4 o 20 es motivo de exaltación para ellos , no voy a entrar en este tema que sería la madre del cordero , lo que sí que es cierto es que en cualquier cumbre que se precie de lo primero que hablan sus dirigentes para entrar en contacto es de los éxitos de sus deportistas , entre otras cosas , eso nos va dando una dimensión de lo que el Deporte supone en una sociedad moderna .

Pero de que Deporte hablan estos señores o los 40 millones de españoles en los bares? No hablan de las horas que hacen educación física sus hijos en los colegios , ni de qué forma les educan sus entrenadores de base en sus primeros clubes , ni siquiera de la política deportiva que hacen sus instituciones …, me temo que la conversación del verano ha sido si una tal Bale , vale 100 millones de Euros , si créanselo ,si a usted no le gusta el futbol y no sabe de deporte moderno quizás este escandalizado , si es así no siga leyendo porque voy a seguir contándole que los reyes son los padres.

Después de toda mi vida asociada al deporte, soy joven y precoz, primero como entrenador deportivo, Deportista, luego fundador de un Club Deportivo, mas tarde Profesor de Educación Física y en la actualidad humilde Concejal de Deportes de Segovia y Vocal del Consejo del Deporte de CyL, creo que tengo una ligera idea, tampoco se crean que mucha, sobre los tipos de deporte que hay. Como ya les anticipaba en el titulo para mí el Deporte es el espejo del alma de una sociedad , no voy a entrar en cuestiones filosóficas , pero si hacer un análisis de los tres tipos ( seguro que hay mas ) de deporte en los que voy a sintetizar la cuestión , por un lado el Deporte Participativo-Educativo , para mí el más importante , pero curiosamente el mas olvidado por la sociedad en la que vivimos . Recientemente el País publicaba un magnífico artículo titulado : Insuficiente en Educación Física , recomiendo su lectura y su análisis que comparto. Este deporte el participativo y educativo es el que se pretende formar integralmente a las personas y a que disfruten del deporte y sean felices practicándolo como forma de vida y el cual debería ser el más importante ; y no soy de los que predica sin dar ejemplo , en el Instituto Municipal de Deportes de Segovia , del cual soy Vicepresidente , el mayor convenio y aportación , muy por encima de los clubes de elite de Segovia , es para el Deporte Escolar con el Proyecto pionero en materia Deportivo-Educativa en colaboración con la Universidad de Valladolid , si le interesa el proyecto visítenos se sorprenderá , hay vida en el deporte no competitivo , seria magnifico si en los países donde no se respetan los Derechos Humanos nos copiaran este modelo, ahí lo dejo.

Por otro lado tenemos el Deporte Competitivo donde las Federaciones y Clubes tienen copado el mercado , podríamos hablar de la democracia de estas instituciones y su funcionamiento pero eso mejor para otro día , son el Deporte dominante de la sociedad y el modelo que nos quieren imponer : ´hijo se competitivo y se el mejor , da igual como lo consigas , pero se el mejor´, este es el mensaje subliminal que nos manda a la sociedad este modelo , por cierto el más afectado por la crisis mundial y local , y el que como no se actué pronto desde el CSD o Comunidades Autónomas puede caer en picado , podría hablar de recortes pero casi mejor lo dejo no vaya ser que le saquemos las vergüenzas a alguien y se enfade. Vaya por delante mi admiración a todos los deportistas , todas las horas dedicadas, todo el sufrimiento y sacrificio que tienen que hacer muchas veces no recompensado ni con éxitos, ni con dinero y mucho menos con reconocimiento social o institucional ; soy admirador de este tipo de deporte y le apoyo sin fisuras aunque sea más partidario del participativo-educativo .
Y por fin llegamos al último tipo de Deporte , el Deporte Comercial , en el que todo se compra y todo se vende , si ya lo sé, es muy duro y frio mi comentario pero es así , Ligas Profesionales , Formula One ,NBA, UEFA , Fifas y sus primas … Todo el mundo habla de él , copa las portadas de todos los periódicos , en España el más leído es el MARCA , yo también lo leo , como también asisto al Bernabéu siempre que puedo , no se piensen que yo me escapo , pero eso no quita para que sea realista y este asustado con el modelo de sociedad imperante . Todavía no me había recuperado del fichaje de Cristiano Ronaldo por 96 millones de Euros cuando a los pocos días se aprobaba por esas fechas el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia con cifras similares , sentí vergüenza como humano que 55.000 personas valgan lo mismo que una , o que el sueldo de una tal Morata o Jesé ( dícese de las nuevas perlas del Madridismo ) cobren lo mismo que el presupuesto deportivo de la Ciudad de Segovia , podríamos hablar de los sueldos de Messi , Gasol , Nadal , Alonso y todos nuestros héroes nacionales de los que la mayoría, no todos , no paga impuestos en España , algo muy patriótico …
No quiero ir contra el sistema pero solo quiero mostrar algo que no por sabido no es escandaloso , este tipo de deporte fomenta la desigualdad , el todo vale , el todo se compra , si ha oído bien se compran partidos , árbitros y a quien se tercie en determinados momentos , pero dejémoslo ahí que podemos levantar un escándalo y no es mi intención , como tampoco quiero hablar de dopaje , solo expresar mi denuncia a la hipocresía de esta sociedad que tapa en muchas ocasiones sus vergüenza, mención especial al tonto del año, el señor Jorge Lorenzo enseñándonos su maravillosa mansión en Barcelona en un momento en el que las familias no llegan a cuarto de mes, si no ha visto el video de su casa no le vea es simplemente insultante .
No quiero ser más profundo porque prefiero que usted analice y observe el Deporte de su alrededor ,ya que es el ´´Espejo del Alma de una Sociedad´, yo solo le he dado alguna pista sobre la sociedad que tenemos, pero también hay vida inteligente y ejemplos le he dado, si le interesa el deporte y la política deportiva, podemos seguir conversando con un té en la mano.

PD : y tenga cuidado si practica deporte en la calle que Mariano Rajoy le puede multar con su nueva ley….

Javier Arranz 
Profesor de educación física
Concejal de deportes del Ayuntamiento de Segovia.


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martes, 10 de diciembre de 2013

LA RECOMPOSICIÓN DE LO LOCAL. LA TAREA DE LOS SOCIALISTAS Y EL PARTIDO QUE NECESITAMOS “EL ESLABÓN PERDIDO DE LA DESCENTRALIZACIÓN”

Nos equivocamos los socialistas al no abordar de un modo serio y profundo la reforma local, durante los casi ocho años de gobierno socialista, a pesar del gran convencimiento del presidente Rodríguez Zapatero –que me consta-. a pesar de los magníficos trabajos previos sobre el asunto, con no pocas aportaciones ilustradas y académicas, a pesar del clamor de infinidad de alcaldes y concejales de izquierda reclamando esa reforma, a pesar de la firme insistencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, la reforma local quedó pendiente y quien acabó dirigiendo esa reforma es la derecha. El resultado final es que se dieron unas grandes corrientes descentralizadoras que no pudieron encauzarse y que hoy nos obligan a crear las condiciones para que ello sea posible.

Ciertamente, para el gobierno socialista fueron años convulsos, el inacabado proceso hacia una España Federal, puesto de manifiesto por las Comunidades vasca (el fin del terrorismo) y catalana (el interminable y frustrado proceso del Estatut catalán), más una segunda legislatura atravesada por la grave crisis que seguimos padeciendo, pueden amortiguar el error, sin embargo, tales hechos no pueden servir para que en nuestra agenda política, deje de ocupar un lugar prioritario lo que se ha venido a llamar en relación con nuestro gobiernos locales: “El eslabón perdido de la descentralización”.

La reforma local que nos propone la derecha es uno de los grandes atentados a elementos estructurales de la composición del Estado, afectan al sentido de la democracia, del compromiso y de la participación ciudadana, de la creación de “capital social”, a modelos de desarrollo económico sostenible, a la prestación de servicios básicos para la calidad de vida, es decir a los derechos de la ciudadanía, así como la pérdida de espacio público y de sus potencialidades para el cambio y la innovación. Nada más y nada menos.

La derecha cierra el camino a que nuestros gobiernos locales ganen peso político, muy al contrario lo dejan en casi nada, y jueguen un mayor papel en la solución de muchos de nuestros problemas colectivos que nos plantea la política y, sin dudarlo, la economía, una economía globalizada interrelacionada con las economías locales. Lo local y lo global, en definitiva la articulación contradictoria, difícil, compleja y, al mismo tiempo, apasionante para quienes creemos en la política como actividad inteligente, creativa e innovadora.

Como bien explican Xose Carlos Arias y Antón Costas, en este asunto, detrás de la derecha hay una larga tradición ideológica acerca del mundo local, una ideología del viejo régimen desde Cánovas, Primo de Rivera hasta Franco. Hay, dicen estos autores, “una especie de renovada tensión entre el poder basado en el territorio y la libertad de la ciudades.” Para la derecha los Ayuntamientos son un problema de gasto, no la solución de problema alguno. Después de esquilmar lo público, después de nutrir temporal e insosteniblemente, con los ingresos provenientes del “todo urbanizable” del reaccionario Sr. Aznar, a nuestros Ayuntamientos, dejando de abordar las necesidades reales de las haciendas locales, la derecha quiere “cerrar los Ayuntamientos”.

También la derecha con su reforma local da la espalda a Europa, ya desde la cumbre europea de Niza se emplazo a los gobiernos europeos a hacer frente a la redistribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno en la UE, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Son innumerables los documentos, las Directivas europeas que plantean abordar el desapego ciudadano a la política y la cosa pública, del propio debilitamiento de la democracia, desde la esfera local.

Lo bien es que en este asunto, hay otras corrientes de fondo históricas, pues debemos poner de relieve que, en los tiempos que en España comenzamos la fuerte reestructuración de un Estado unitario y centralista, hacia la plurinacionalidad y la descentralización, en Europa y en las partes más avanzadas del mundo, se estaba viviendo un gran impulso descentralizador precisamente hacia las instancias locales, encauzando las propias energías políticas y económicas de gran calado que se manifestaban persistentemente.

En aquellos tiempos, como nos recuerdan Arias y Antón (1), mientras que en España, en el año 1996, la participación en la asignación de gasto público de los gobiernos locales era del 12 % (la misma que en 1980) –con una hegemonía de gobiernos socialistas indiscutible- en los países más desarrollados la diferencia no admite mucha discusión: 

·        Estados con estructura federal: 25% en EEUU, entre el 17% y el 20% en Alemania, Austria y Canada.
·        Estados sin estructuras intermedias (autonómicas): 54% en Dinamarca, 27% Reino Unido, 27% en Italia y el 18% en Francia.

Así las cosas ¿Cuáles son los ejes sobre los que los socialistas, y la izquierda en su conjunto, debemos encontrar ese “eslabón perdido”, ¿Qué cambios debemos afrontar?, ¿Es necesaria una nueva organización administrativa y política?, ¿Afectan a nuestro modo de entender la política?, ¿Son elementos imprescindibles para facilitar una democracia avanzada? ¿Afectan a nuestro modelo de partido?

En mi opinión, no cabe dudar de que gran parte de la batalla por esos cambios posibles y necesarios se dá, se está dando ya,  en el nivel local, que es el de la política de proximidad. En lo local, están los espacios para la esperanza, para diseñar y realizar políticas para la calidad de vida de la ciudadanía, para planificar y proyectar un nuevo modelo productivo sostenible, ético, equilibrado y duradero, para la innovación y la calidad democrática desde la cercanía y la participación de la ciudadanía. Es, pues, el territorio idóneo para diseñar las instituciones y el partido que se necesita para un proyecto de esa magnitud. Es la hora pues, de mejorar nuestra organización partidaria en el ámbito local, de dotarnos de nuevas ideas, estructuras y funcionamiento en nuestros pueblos, en nuestras comarcas y en nuestras ciudades.

No es desde una posición defensiva como conectaremos con las ansias de cambio de la ciudadanía. Al contrario, es la innovación, en todos los ámbitos, la idea central en torno a la que construir un modelo de competitividad y sostenibilidad con futuro para nuestro país. Una sociedad innovadora que requiere de la implicación y complicidad de la ciudadanía, que exige de un cambio cultural en profundidad apoyado en la formación y la educación, la diversidad, la participación, la calidad en el empleo, la responsabilidad social, la igualdad de género, la creatividad, el espíritu emprendedor y la tolerancia.

Este modelo, deseado, necesario y posible debe ser el nutriente privilegiado del discurso central de la socialdemocracia, la izquierda en su conjunto, europea y española. Lo local y lo global, porque la economía global está íntimamente relacionada con la gestión local y regional, porque desde lo local deben diseñarse aquellas políticas públicas que den consistencia a la democracia y a la calidad de vida.

Los socialistas debemos contribuir, pues,  a construir un “Proyecto socialista español” en la dinámica de construcción de un “Proyecto Socialista Europeo”.

Entiendo que los ejes sobre los que iniciar un diálogo en el interior del partido, con otros partidos progresistas, con los sindicatos y las organizaciones sociales, con la ciudadanía, en su conjunto; ejes, en resumen, para crear las condiciones que nos permitan presentar una alternativa creíble de gobiernos progresistas en nuestras instituciones locales, nuestras Comunidades y en el Estado.

Primero.- Un nueva organización administrativa y política

El futuro son los gobiernos supramunicipales. Las Diputaciones deben desaparecer

Vivimos mucho tiempo ya, con instituciones inadaptadas a una realidad implacable, los gobiernos nacionales decimonónicos no pueden resolver los grandes problemas de la globalización, ni tampoco pueden llegar a las demandas progresivamente diversificadas y complejas de una ciudadanía cada vez más consciente de aquello que afecta a su nivel de vida. Aquellos modelos de gobierno, asentados en tres ideas básicas: población, territorio y competencias han saltado por los aíres y pretender la realización de políticas públicas con ese esquema esta llamado al fracaso.

Los Municipios y Diputaciones han dejado de ser instancias adecuadas,  en su forma actual, para gestionar la creciente complejidad de las relaciones entre territorio y vecindario. La ciudadanía reclama proximidad, pero la complejidad de los problemas requiere un nivel superior de institucionalidad, que a menudo no resulta cubierto por Ayuntamientos ni Diputaciones. Es preciso sentar las bases de nueva manera de gobernar más dispuesta para la colaboración, la cooperación y la decisión compartida entre las distintas administraciones que concurren en un territorio, se debe acabar con la jerarquía, la burocratización organizativa y mental y el pensamiento compartimentado.

Debemos crear gobiernos supramunicipales que reciban competencias desde arriba (Comunidad Autónoma) y desde abajo (Ayuntamientos). Las diputaciones provinciales deben desaparecer y el nuevo régimen local debe ser capaz de regular los gobiernos supramunicipales, que no tienen porqué coincidir, necesariamente con las comarcas existentes en algunas Comunidades, pudiendo estar formados por agrupaciones de municipios adecuadas a proyectos organizativos consistentes y con proyecto de fututo.

No obstante, hay una máxima que no puede eludirse, cuyo sistemático olvido es el causante de la gran crisis de nuestros Ayuntamientos: las competencias deben estar financiadas de un modo estable y sostenible, la estabilidad presupuestaria y el rigor del gasto y la certeza del ingreso son principios infranqueables, como requieren, al tiempo, de la transparencia y de códigos de conducta, no sólo escritos, sino asumidos como eje de actuación de quienes ejercen responsabilidades públicas.

El PSOE debe encabezar el debate sobre otro modelo de organización territorial de nuestra Comunidades, lo que requiere de tres iniciativas ordenadas en el tiempo:

1.   Conferencia del PSOE sobre el modelo territorial, abierta a expertos y representantes sociales.
2.   Impulso de las reformas necesarias en las Cortes Generales para la desaparición de las Diputaciones Provinciales.
1.   Iniciativa legislativa en los órganos legislativos de las distintas CCAA para establecer ese nuevo marco organizativo territorial en cada una de ellas.

Segundo.- Unos servicios públicos para la calidad de vida. una ciudadanía con derechos.

La justicia social debe seguir siendo un principio asociado a los socialistas.

La igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, la justicia social debe ser uno de los ejes centrales de nuestro discurso y de nuestra práctica política. Los servicios públicos son los instrumentos con los que contamos y, precisamente, aquellos que la derecha, aprovechando la crisis económica, intenta desmantelar.

La defensa de los servicios públicos es irrenunciable, debe ser un elemento que nos identifique, pero ello no significa que la prestación de estos servicios no pueda ser mejorada, que éstos no puedan ser más eficientes y necesiten de ajustes que puedan ser realizados en los propios territorios.

Necesitamos un “Programa de reformas del Estado del Bienestar” que lo hagan más sostenible, viable y justo:

1.   Un Programa que establezca los mínimos servicios, prestaciones sociales (para proteger una mínima renta que evite la exclusión social) y asistencia social que deben ser garantizados en educación, sanidad, acceso a la vivienda y asistencia social.
2.   Un Programa que atienda las situaciones personales y los territorios: envejecimiento, pobreza, inmigración, familias monoparentales…
3.   Un Programa que estudie nuevas formas de gestión de los servicios más flexibles y eficientes.

Tercero.- Un nuevo modelo productivo sostenible.

Un modelo para un crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva.

Hay que reinventar nuestras CCAA, debemos ver la crisis económica como una oportunidad para nuevas políticas públicas, diseñar un nuevo modelo productivo directamente vinculado a la educación y la innovación, una estructura productiva diversificada y un aumento constante de tecnología en la economía, una sociedad, en resumen, basada en el conocimiento.

Esa sociedad, ese nuevo modelo productivo debe asentarse en los territorios. Es en ellos donde hay que promover la localización de economías productivas, donde promocionar la innovación y la inversión tecnológica que los convierta en “territorios inteligentes promotores del talento”.

Los territorios son, en definitiva, los espacios desde los que aumentar la cohesión social, el respeto al patrimonio natural y cultural heredado y los lugares para el pacto y el proyecto colectivo, para lograr una visión compartida por los agentes económicos y sociales, por los actores públicos y privados, para la cooperación, la colaboración y la co-decisión.

Los socialistas debemos ser los primeros convencidos de que se puede salir de la crisis, de que el modelo productivo anterior está agotado y no puede volver, de que es posible un modelo sostenible si la sociedad activa a su gente emprendedora, inconformista y creativa. Esto nos obliga a nosotros, los socialistas, los defensores de lo público, a innovar y ser tan creativos como pedimos que sea la sociedad.

El PSOE debe elaborar un “Plan de Economía Sostenible” que permita diseñar “Planes Estratégicos” en los distintos ámbitos territoriales que respondan a:

1.   La mejora de la competitividad de las empresas a través del fomento de la formación, la investigación, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, así como la renovación de los sectores tradicionales.
2.   El ahorro, la eficiencia energética y la promoción de las energías limpias. Es imperativo consumir menos energía a fin de no comprometer nuestras generaciones futuras. Se hace cada vez más evidente que no será suficiente con definir un nuevo mix energético, sino que es preciso caminar hacia un nuevo modelo, que implicará cambios en la definición de las prioridades económicas y de consumo. Por difícil que ello parezca, es mucho más insostenible seguir con el modelo actual.
3.   El fortalecimiento del Estado del Bienestar y la garantía de sus prestaciones para la cohesión social, mediante una gestión acorde con el progreso económico de mejora de las prestaciones y la sostenibilidad financiera de las mismas.

Cuarto.- El espacio público para la innovación y la calidad democrática. la cosntrucción de la ciudadanía.

La democracia va más allá de unas formas o unos procedimientos, debe ser una forma de vida, no hay democracia sin ciudadanía.

Una de las prioridades de la izquierda debe ser el abrir continuamente nuevos espacios de participación ciudadana para que la democracia se convierta en una forma de vida y no solo un régimen político.

La vitalidad y la calidad de la democracia requiere de ciudadanos comprometidos con ella y los gobiernos en mejor disposición para facilitarla son los gobiernos locales, por ser los más cercanos a la vida cotidiana. Para ello, para facilitar y promover la participación democrática los gobiernos han de ser transparentes y crear los mecanismos que permitan a una ciudadanía informada intervenir en el diseño y gestión de los asuntos públicos. Las nuevas tecnologías ayudan a explorar nuevas vías de intervención ciudadana y son los gobiernos locales los más idóneos para la innovación democrática.

La acción política socialista debe perseguir más y mejor democracia mediante:

1.   El fomento del debate y la concertación con la ciudadanía, así como de la creación de tejido asociativo.
2.   La inclusión de los grupos especialmente alejados de la acción pública.
3.   Una estrategia de innovación democrática mediante los instrumentos de e-gobierno y e-democracia.

Quinto.- UN PARTIDO PARA GOBERNAR, CON MÁS PARTICIPACIÓN Y MÁS EFICAZ. UN PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

Un partido abierto y transparente, plural y radicalmente democrático, un partido moderno y de la ciudadanía.

No creo posible abordar seriamente tan ambicioso programa, sin introducir cambios en nuestro partido, sin la convicción de  que la reforma de los partidos es inaplazable, los partidos son imprescindibles para la democracia pero tienen cambiar: es la hora del PSOE. Debemos encontrar los mecanismos que hagan de éste un partido abierto y transparente, no encerrado en sí mismo y lleno de sombras, debemos saber gestionar la pluralidad y no eliminarla, ser más exigentes con la democracia y no quedarnos en una idea pobre de la misma que la reduce a meras formas, debemos constituirnos en instrumento de gestión política del cambio y la innovación acogiendo a las capas sociales más dinámicas de la sociedad y por último, debemos ser un partido moderno, acorde con los tiempos en los que la vieja política no acaba de morir y la nueva no acaba de nacer, un partido en la sociedad del conocimiento, un partido inteligente.

A  mi entender, y después de lo dicho, los cambios reclamados requieren cambios en paralelo del propio partido, de cambios culturales de gran calado, debe cambiarse el “chip”, debemos ejercer la ciudadanía, antes que la militancia, si queremos hacer de la militancia un ejercicio “avanzado” de la ciudadanía, si queremos que el partido sea de la ciudadanía, este “atravesado” de las ideas y el “ambiente” que imaginamos en una sociedad algo mejor que la que tenemos.

Algunas ideas que abren ese camino, que todos reconocemos y muchas veces verbalizamos, pueden ordenarse del siguiente modo:

1.   Un partido abierto y transparente

Hay que bajar las barreras que nos impiden tener una relación fluida con la sociedad, una relación que recoge y escucha lo que sucede fuera y que permite conocer mejor aquella sociedad a la que se le transmiten propuestas y soluciones. Se trata de ampliar el escenario político y público frente a las inercias que nos llevan a limitar ese espacio a las sedes y las instituciones. Ese exceso de vida interna genera habilidades para la confrontación interna y desgasta, cuando no inhabilita, para la acción política eficaz y fructífera, convierte el partido en un fin en sí mismo y expulsa a las conciencias más críticas y activas que se asoman al mismo, las cuales viven la militancia como simples luchas intestinas y opacas, de intereses alejados de los valores y principios por los que adhieren al partido.

2.   Un partido plural

Un partido uniforme no es un partido más eficaz; un partido de adhesiones inquebrantables, que soporta mal la discrepancia, es un partido llamado a empequeñecerse. En primer lugar porque la izquierda es plural y el PSPV como gran partido de la izquierda debe ser capaz de integrar las distintas sensibilidades, tradiciones, identidades y culturas políticas que habitan en el ancho campo progresista. En segundo lugar, porque la sociedad es plural, lo que aporta riqueza y complejidad, y sobre todo, porque frente a un pasado atravesado por un gran conflicto central, son muchos, hoy, los conflictos que se dan en la época de la doble dinámica de la individualización y la globalización. Un partido progresista debe estimular la opinión de su militancia y de la ciudadanía; el sectarismo, el miedo a discrepar que éste provoca, no son sólo fenómenos éticamente reprochables, sino una auténtica despatrimonalización del partido de buenos recursos humanos y la creación de una cultura política perversa.

3.   Un partido radicalmente democrático

El empobrecimiento de la democracia en los partidos tiene una correlativa importancia obvia en la calidad democrática de la sociedad en la que viven. ¿Pueden ser más democráticos los partidos?.  Sabemos lo suficiente sobre sus patologías y debilidades. De los partidos y de la propia democracia, no se pueden ignorar las dificultades a las que hay que enfrentarse articulando normas y estableciendo principios, dotándolos de garantías que los hagan eficaces pero, sobre todo, creando una cultura democrática que recorra los ejes de los discursos y las acciones de sus dirigentes y de un número suficientemente importante de militantes y ciudadanos en disposición de dar vida democrática permanente en el interior de los partidos.

4.   Un partido de la ciudadanía. Las primarias abiertas y la reconstrucción de la base social del partido

Un partido no es patrimonio de sus militantes y sus simpatizantes. Éstos lo ocupan temporalmente y tienen más derecho a decidir sobre sus políticas y sobre sus dirigentes, pero ese derecho no es un derecho absoluto pues está condicionado a los intereses y los anhelos de la ciudadanía en su conjunto. La izquierda, heredera de la Ilustración, siempre debe estar allí donde se produce cualquier género de injusticia, de dominación o de explotación, de ignorancia,  desigualdad, exclusión o marginación y hoy, todas ellas pueden ser sufridas por muy amplias capas de la sociedad, las cuales deben estar representadas y ser protagonistas de la acción pública, estimuladas a ejercer plenamente el estatutos de ciudadanía, sujetos de derechos y de obligaciones, de compromiso con lo público, lo de todos y todas. Un partido, en definitiva, que crea y ensancha el espacio público porque hay más ciudadanos y ciudadanas en disposición de participar en él y con él.

En este sentido, las primarias ciudadanas son un instrumento de primer orden para poner las bases de nuevos partidos políticos. Las primarias ciudadanas no sólo son instrumento de organización del poder dentro de un partido, cómo se organiza y legitíma el poder en cualquier organización es un elemento esencial y consustancial a la democracia y la política misma; no obstante, su reducción a este factor, es un recurso de la “vieja política”. En el fondo, no sólo se trata de un reduccionismo ignorante y temeroso del cambio, también esconde un buen número de intereses trabados a lo largo de demasiadas inercias y necesidades creadoras de estatus y economías.

Las primarias ciudadanas aprobadas en la reciente Conferencia Política de Noviembre de 2013 son, este sentido, un gran logro, no sólo para el partido, sino para la democracia española. Bien cierto es que requerirá de mayor convencimiento, de mayor extensión (incomprensible que en las ciudades no se aplique) y de una buena reglamentación y desarrollo.

Pero sobre todo requerirá de la firme decisión de hacer de este mecanismo de elección, un mecanismo de participación y comunicación, de creación de lazos para conocer y hacer más sabio al partido, porque escucha, ampliando su foco de atención y más sabia y comprometida a una ciudadanía que nos escucha y se hace cargo y consciente de la complejidad del mundo en el que vivimos.

Así las cosas, desde la óptica que hemos expuesto de lo local -de cercanía y democracia, de reconstrucción de una democracia empobrecida, necesitada de nuevas legitimaciones, necesitada de una eficiente asignación de los recursos, de nuevas estructuras y modos de abordar lo público-, es requisito imprescindible que las alcaldías, en los municipios de cierta magnitud, sean elegidas en una primera vuelta –primarias-, por el mayor número de ciudadanos y ciudadanas.

5.   Un partido moderno en la sociedad del conocimiento. Un partido     inteligente

Los partidos han jugado un papel fundamental en la construcción democrática de nuestras sociedades, han integrado capas sociales excluidas de los procesos políticos, han dado identidades y han sido capaces de crear e innovar, han sido instrumentos perfectamente insertados en la modernidad. Hoy, su capacidad se ve notablemente reducida. Con certeza, explica Daniel Innerarity que, otros ámbitos, como el económico, cultural o científico ofrecen un mayor dinamismo, una mayor capacidad de adaptación a la complejidad del mundo en el que vivimos y conviven con la inercia de un sistema político poco estimulado por esa realidad compleja. En la sociedad del conocimiento un partido debe estar preparado para aprender, pues el saber y el conocimiento son los asuntos del poder, ello implica cambios permanentes, innovación en los métodos de trabajo, una organización inteligente capaz de sintonizar con los centros de cambio e innovación, así como de crear pensamiento y conocimiento, de aportar ideas que configuren inteligentemente espacios públicos. Un partido, en resumen, capaz de no actuar ni burocrática, ni autoritaria, ni jerárquicamente, preparado para la cooperación y la colaboración, estimulado por la reflexión y la deliberación, flexible y consciente de sus limitaciones,  capaz de pensar y actuar local y globalmente, o sea inteligentemente.


(1) “EL ESLABÓN PERDIDO DE LA DESCENTRALIZACIÓN. Argumentos a favor de los gobiernos locales. Xosé Carlos Arias y Antón Casas. Claves de la Razón Práctica. Nº 114.
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Fran Sanz. 
Abogado. Militante socialista y miembro fundador de la asociación cívica valenciana REDPUBLICA, miembro de FORO ÉTICO.

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