EQUIDAD EN LA RESOLUCION DE LOS DESAHUCIOS

Cinco años después de aterrizar la crisis económica en España gran parte de sus causas, públicas y privadas resultan ahora evidentes. Las políticas de liberalización urbanística y de cambio del régimen de valoraciones del suelo que impulsó el Partido Popular entre 1996 y 1998 ocasionaron un incremento desorbitado de los precios de la vivienda y sentaron los cimientos de la burbuja inmobiliaria. En paralelo, la desregulación de los mercados financieros permitió que la banca se dedicara a la ingeniería jurídico financiera proliferando toda clase de productos de alto riesgo, extremadamente complejos que, indiscriminadamente, han sido ofertados y vendidos al público en general a pesar de resultar ininteligibles para la ciudadanía a la que iban dirigidos. 

Desde una perspectiva privada, los comportamientos de la banca fueron especialmente dañinos hasta llegar a la situación actual. En relación con el mercado hipotecario se facilitó tanto el crédito que se tasaron las viviendas por encima de su valor; se otorgaron créditos que superaban el valor de la vivienda y no se tuvieron en cuenta las condiciones socioeconómicas de los solicitantes del crédito. El comportamiento cortoplacista de la Banca -ganar más en el menor tiempo posible- le ha llevado a asumir unos riesgos excesivos con el resultado que todos conocemos. 

Es cierto que los particulares son también responsables de sus actos pero no es justo ponerlos al mismo nivel cuando en un contrato de préstamo bancario no existe igualdad entre las partes y el procedimiento produce la indefensión del deudor. La banca es la parte más poderosa de la relación, y el clausulado resulta en ocasiones confuso, difícil de entender. ¿Cómo puede alguien pensar que quedándose el banco con la casa permanece la deuda que garantizaba el inmueble? Como refleja esta sencilla pregunta, la complejidad afecta a todo su contenido, incluso a la inequidad de las condiciones de ejecución de los desahucios. 

Junto a estos factores no podemos olvidar que la crisis ha provocado el desempleo de los componentes de miles de esas familias que se ven en la gran mayoría de los casos imposibilitados de pagar la hipoteca. En esta suma de factores situamos la causa de los sufrimientos (económicos) ,sociales y personales que provocan los desahucios. Hoy muchos ciudadanos carecen de capacidad de pago de los créditos y se ven ante la pérdida no sólo de un bien material sino de los recuerdos, las vivencias, en definitiva, de su proyecto de vida que se esfuma con la ejecución del desahucio.

Paralelamente, desde 2008, la sociedad española ha hecho un gran esfuerzo para el sostenimiento de la banca. Por un lado, a través de sus impuestos que sirvieron para el otorgamiento de ayudas públicas directas que llevaban la forma de préstamo. Por otro, desde las últimas elecciones estamos padeciendo el desmantelamiento del estado del bienestar con recortes salvajes de servicios básicos y unas politicas de austeridad que generan más paro y que están empobreciendo a la ciudadanía. Políticas que han sido la condición impuesta por la Unión Europea para el rescate concedido a España con ayudas a la banca. 

Consideramos que hasta ahora no ha habido una respuesta política al problema que restaure la falta de equidad a que nos referíamos con anterioridad. Ante un problema social de extraordinaria magnitud el Parlamento no ha avanzado en dar una respuesta general satisfactoria, si bien el PSOE presentó con retraso una proposición de ley ambiciosa, el pasado mes de septiembre, que fue rechazada por el PP alegando la existencia de un irrelevante Código de Buenas Prácticas de efectos nulos. 

De hecho, ha tenido mucho más efecto la actuación de algunos jueces y magistrados con argumentos que atienden a las razones sociales y de inequidad que están en la base del problema, así como la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociendo que la situación era anormalmente desproporcionada en favor de la banca. También merece destacarse la ILP apoyada por 1,8 millones de firmas y promovida por las plataformas de afectados por las hipotecas que han jugado un papel fundamental en la lucha contra los desahucios y en la concienciación de la sociedad española. 

Los hombres y mujeres que dicen querer dedicarse a la política para defender los intereses generales se enfrentan a una decisión clave para sus conciudadanos; nos referimos a la posibilidad de acabar con el drama de los desahucios mediante la aprobación en el Congreso de una ley justa. Es momento para la coherencia y para demostrar en la práctica un compromiso ético, para dejar patente que la política es una herramienta en favor de la justicia social, para cumplir con el Estado social y democrático. 

Los políticos, que antes de nada son parte de la ciudadanía, tienen "una segunda oportunidad" para arreglar los daños y paliar el sufrimiento que los años de desatención y falta de coraje democrático hacia estos problemas han mostrado los sucesivos Gobiernos. 

El problema es de especial magnitud. No valen, por ello, las instrucciones de partido.Los parlamentarios tienen que demostrar que realmente y en cumplimiento del art. 67.2 de la Constitución, no están sujetos a ningún mandato imperativo, (“los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”). 

Es en función de sus convicciones como han de resolver esta cuestión social de tanta transcendencia, en la que la desigualdad y la injusticia han superado los límites de lo tolerable. Se necesita una reflexión personal, en conciencia, para tomar la decisión justa superando todo tipo de presiones, directas o indirectas, y que en especial ejercen la Banca y la troika. 

En base a las anteriores consideraciones, FORO ÉTICO proclama: 

Su rechazo a la falta de medidas legislativas suficientes por parte de los poderes públicos en la resolución a tiempo del problema de los desahucios. 

Su convencimiento de que, en el marco de un Estado social y democrático, la solución a un problema socialmente tan grave, pasa por la asunción de su responsabilidad por los representantes de la ciudadanía a través de la aprobación en las Cortes Generales de una ley justa. 

Su llamamiento a que los diputados y diputadas ejerzan su voto en conciencia para la resolución del problema, demostrando que no están sometidos a mandato imperativo. Es una exigencia ética para mantener la dignidad de la política y de las instituciones que han de servir para resolver los problemas de la ciudadanía que les ha elegido. 

Su llamamiento a que el voto en conciencia esté basado en un criterio de equidad, tomando en consideración como ejes de la ley los factores reseñados; esto es impidiendo la ejecución de nuevos desahucios, aplicando la dación en pago para resolver la deuda pendiente, incluso con carácter retroactivo para las familias con el desahucio ejecutado y poniendo a disposición de las familias afectadas un parque de viviendas en alquiler ( reintegrando la vivienda en aquellos casos en que ya se hubieran procedido a la ejecución). 

FORO ETICO.