Sobre la necesaria transparencia y democratización interna de los sindicatos.

Son sindicatos aquellas organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores, tal como los define nuestra Constitución o simplemente aquellas asociaciones de trabajadores, jurídicamente constituidas para la defensa y la promoción de sus intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. De todos ellos solo tendremos por representativas las organizaciones  que representan al conjunto o a una parte de los trabajadores y trabajadoras de una empresa o administración tras obtener la representatividad necesaria mediante la celebración de unas elecciones para negociar las mejoras laborales y salariales de sus representados o del conjunto de personas de un colectivo determinado.

¿Por qué planteamos esta explicación previa?. Porque es necesario que cuando se habla de sindicatos no se centre el debate únicamente en las dos organizaciones más representativas de este país, que también, sino que ese debate debe alcanzar a todos ellos pues el binomio transparencia y democracia debe estar presente, obligando conductas, en toda organización sindical, por pequeña que sea su representatividad en su ámbito de actuación, porque también está recibiendo fondos públicos y está obligada a dar cuenta sobre su correcta utilización.

En cuanto a su regulación, en la legislación española, el Comité de Empresa está regulado en los artículos 62 y 63 del Estatuto de los Trabajadores, como uno de los tres órganos colegiados representativos de los trabajadores a efectos de relaciones laborales. Para concurrir a las elecciones sindicales en España es necesario hacerlo en representación de un sindicato legalmente constituido, o avalado como independiente, por un porcentaje de firmas de entre el total de trabajadores de la empresa o centro de trabajo. En este último caso, la eficacia de la elección se agota en el ámbito para el que esos representantes hayan sido elegidos, es decir, no serán tenidos en cuenta a la hora de determinar su carácter representativo.

En el mundo occidental no cabe dudar del papel que jugaron las organizaciones sindicales en los siglos XIX y XX, como defensoras, en un primer momento,  de la vida de los trabajadores e inmediatamente después como definidoras y defensoras de los derechos de los trabajadores. En España, los sindicatos, surgidos en el año 1830 han constituido un elemento fundamental de modernización, unas veces a través del enfrentamiento y otras mediante la negociación, contribuyendo a la construcción de un sistema en el que la garantía de un creciente bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases terminaron siendo una realidad.

Ya en el siglo XX, -y sin entrar a analizar el papel político que cumplieron durante la Guerra Civil - durante la dictadura franquista, se plasmó la concepción falangista de que en las relaciones laborales no había ni clases ni grupos enfrentados, sino que todos, patronos y trabajadores tenían un mismo fin que les iguala. De ahí los denominados Sindicatos Verticales. Una organización en la que se agrupaban escalonadamente trabajadores y empresarios de una misma rama de producción. Aunque formalmente este tipo de organización estaba definido como forma de solventar las tensiones entre productores y dueños de la producción, de hecho fueron un simple instrumento de dominio y subyugación de los trabajadores quienes se encontraban totalmente indefensos al ocupar la parte baja de esa “verticalidad”. Es más, los jueces estaban para refrendar las decisiones de la patronal y las fuerzas de orden público para coaccionar a todo aquel que fuese más allá de lo concedido benévolamente por el Estado/Patronal.

Cuando llegó la democracia a mediados de los años 70 y tras las primeras elecciones sindicales se puso de manifiesto la existencia de dos centrales sindicales casi hegemónicas: UGT y CCOO. Esa condición las legitimó como principales interlocutores y así les fue reconocido por los responsables políticos, necesitados de una contraparte social que validase unos acuerdos que eran imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiese el avance de la democracia en España. Por esta razón se les reconoció un importante peso político  e importantes ventajas económicas.

A partir de ese momento estas dos organizaciones sindicales y de clase obtuvieron una serie de beneficios económicos como:

a) Devolución del patrimonio sindical incautado por Franco tras la guerra civil

b) Asignación de subvenciones fijas con cargo a los Presupuestos Generales de Estado.

c) Participación en los programas de formación de los trabajadores

d) Regulación de la actividad sindical con la determinación de las horas que cada delegado electo puede dedicar a sus funciones sindicales. En las administraciones públicas esas horas pueden ser cedidas por los delegados electos a fin de que haya personas dedicadas a tiempo completo a las tareas sindicales.

e)Participación en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros y de los entes públicos con el cobro de sus correspondientes retribuciones.

f)Concesión de subvenciones por parte de las Comunidades Autónomas para programas.

Transcurridos más de treinta años desde el inicio de la democracia en nuestro país comprobamos cómo es, más que necesaria, una revisión de sus modelos organizativos y sobre la transparencia de la gestión de las subvenciones públicas que perciben. No decimos esto porque sea una moda hablar de transparencia sino desde el convencimiento de que toda organización, institución o persona que perciba dinero público debe ser un cristal impoluto a través del cual la ciudadanía pueda conocer el destino dedicado a ese dinero, puesto que es el de todos.

La creciente brecha entre los dirigentes sindicales y la sociedad es paralela con la que percibimos con los políticos y esto es negativo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras ya que desconfían de las organizaciones que tienen que velar por el mantenimiento y mejora de sus derechos laborales.

Algunas de las propuestas, en aras a la recuperación del prestigio social perdido, deberían obligar a que:

.- Sus cuentas fueran públicas, al margen de la subvención establecida en los Presupuestos Generales del Estado, y que fueran auditadas externamente cada año, haciéndose públicos los resultados. Tanto esas cantidades como las percibidas por su participación en órganos consultivos o por formación deberían ser estrictamente justificadas. De igual forma deben ser auditadas por el Tribunal de Cuentas

.- Se rinda por el dinero destinado a formación de los trabajadores y trabajadoras, que es la cantidad que a cada uno de nosotros se nos detrae de nuestra nómina para ello, y  la formación realizada sea sometida a evaluación.

.- La presencia sindical en los Consejos de Administración solo lo será en el caso de que esta sea necesaria y fundamental , siempre y cuando, su papel sea el de garante del cumplimiento estricto de la legalidad vigente en las materias que atañen a dichos consejos.

.- Se determine con claridad el número de “liberados” sindicales en cada una de las ramas de los sectores productivos. Esto no debe producir ningún temor o recelo. En el sector público vienen determinados, desde la Mesa general de la Función Pública a las mesas sectoriales  establecidas en el EBEP, pero en el resto de sectores este número es más incuantificable. Claridad y transparencia: tantos liberados sindicales para el número de representados. 

La mayor parte de la financiación de las organizaciones sindicales procede del cobro de sus cuotas, ¿podrian mantenerse con las cuotas  de su afiliación o mediante la asignación directa, voluntaria y libre, que los trabajadores hiciesen a través de la declaración de la renta?. Si fuera posible el mantenimiento de las mismas únicamente con esos ingresos se habría dado un paso importantísimo en cuanto a su independencia del poder político

Del mismo modo afirmamos que es imprescindible un cambio radical en la organización interna de los sindicatos: que en los procesos electorales todos sus miembros puedan ser candidatos con el único requisito de que así lo hayan manifestado o, cuando menos, que todas las listas sean abiertas; elección universal y directa de los secretarios  generales, obligación de dedicar un espacio amplio en las publicaciones para el pensamiento discrepante dentro de la organización; participación en la toma de decisiones previa consulta a la afiliación…En estos momentos el funcionamiento interno sigue respondiendo a un modelo rígido propio de tiempos pasados donde las diferentes “familias” o “sensibilidades” tienen su cuota de poder e impiden la regeneración interna del sindicato evidenciándose ante cualquier observador las actuaciones realizadas para controlar los procesos electivos en función del fin que la dirección quiere conseguir.

Y tú ¿que opinas?