Funcionarios. Esa especie en extinción

Cada vez que escribo una entrada, antes de leerla mi chico me hace la misma pregunta ¿salgo yo? es una broma entre nosotros desde que aparecieron en el blog mi madre y nuestra hija, y hoy, por fin, sale él. Le traigo a colación porque cuando esta mañana he dicho, tengo que escribir sobre los funcionarios, el  ha contestado, sí, esa especie en extinción.

Y es cierto, los funcionarios van a ser, a poco que nos descuidemos, una especie en extinción.

Las Administraciones públicas, como cualquier empresa, precisan de personas que impulsen y desarrollen su actividad. Estas personas a las que comúnmente llamamos funcionarios forman un colectivo heterogéneo compuesto por funcionarios de carrera (quienes tienen encomendadas las tareas que implican ejercicio de autoridad y prestación de servicio público), interinos, laborales y eventuales.

La existencia de cuerpos de funcionarios no es un capricho. Nuestro modelo de función pública (y nótese que hablo de los funcionarios y no de la pléyade de eventuales nombrados a dedo por el político de turno, responsables de la mayor parte del descrédito y desafecto con que la ciudadanía trata al funcionario) es fruto de una evolución histórica que, con las constituyentes de Cádiz rompió con la compraventa de cargos públicos y sentó las bases, desarrolladas por el Estatuto de Bravo Murillo, de la organización burocrática española, que es el fundamento mismo de la seguridad jurídica, de que la Administración no va a someterse a los caprichos políticos de turno.

Quienes sirven a la Administración, sean archiveros,  agentes forestales,  conservadores de museos,   inspectores de hacienda,  profesores,  médicos, orientadores de empleo o  quienes día tras día aseguran que las contrataciones se celebren de acuerdo con la legalidad, son profesionales que han accedido tras rigurosas pruebas selectivas y gozan de estabilidad en el puesto de trabajo como garantía de su independencia respecto de quien gobierne en cada momento; ello nos asegura a los ciudadanos, que van a tomar sus decisiones de acuerdo con los criterios de legalidad, imparcialidad y justicia , con sometimiento pleno al a ley y al derecho. Porque esa misma estabilidad en el empleo implica que a un funcionario no se le puede despedir por no cumplir con los mandatos de su superior político si dichos mandatos contradicen la legalidad vigente.

¿Qué mejor garantía puede tener un Estado democrático que la seguridad de que sus servidores públicos no están al albur del interés político de quien gobierna?

¿Quién sino un funcionario con garantía de que seguirá siéndolo puede poner impedimentos a una decisión injusta?

¿Quién se atreve a llevar la contraria a su jefe en la empresa privada y más después de la última reforma laboral?

Esa y no otra es la ventaja real de los funcionarios públicos, su patrón no puede despedirles si le contradicen o contrarían; sí puede, y de hecho hay quien lo hace y cada vez mas descaradamente, rebajarles el sueldo, vilipendiarles, moverles de puesto de trabajo (ya que la estabilidad no implica inamovilidad) , desprestigiarles de mil maneras, decirle a la sociedad que no es justo que tengan trabajo estable, que son muchos (bastantes menos que en Francia o los países nórdicos por cierto) que sería mejor que fuesen contratados  como en la empresa privada, decir hasta la extenuación que no son eficientes ni eficaces, que son más costosos, que lo privado es más barato… pueden hacerlo y lo están haciendo. Por supuesto que con un objetivo: si se acaba con  los funcionarios se acaba con la única posibilidad de asegurar el correcto funcionamiento de la Administración y su sometimiento a los principios de legalidad, imparcialidad y justicia.

Los funcionarios que han accedido a sus puestos con vocación de servicio público (ya sabe todo el mundo que si uno quiere hacerse rico justo esa no es la opción) deben, por mandato constitucional, servir con OBJETIVIDAD LOS INTERESES GENERALES (y no los particulares de su temporal patrón) y cumplir la ley y  formalizan ese juramento cuando acceden a su puesto.

Pensad, si esos funcionarios pudiesen  ser contratados a dedo por el político de turno ¿Qué seguridad tendríamos de que las cosas se realizarían conforme a la legalidad?

Que contentos se pondrían algunos políticos si cada vez que fuesen elegidos pudiesen nombrar a todos los miembros de la Administración ¿imagináis las redes clientelares? Si ya las hay amplísimas por causa de esos eventuales que no son sino amigos nombrados a dedo, que no sería si se tratase de toda la Administración. Ese es el objetivo, no otro.

Con la crisis, de nuevo la excusa, una nueva ofensiva,  pero a esta tarea del descrédito llevan muchos neoliberales de mullido sueldo y sillón público, muchos años dedicados.

Hay que denunciarlo, no hay que parar de hacerlo  y  hacer una defensa a ultranza de lo público, y de los trabajadores de lo público, porque lo público es de todos.

Otilia Armiñana Villegas

Esta entrada es responsabilidad de su autora, las opiniones vertidas por los visitantes serán responsabilidad d elos mismos.