ES IMPRESCINDIBLE UNA REVOLUCIÓN INTERNA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

En los últimos tiempos, quizás porque mi “tema” dentro del PSOE me ha hecho estar más atento a estas cuestiones, he tenido conocimiento de numerosos casos de respuestas pura y duramente disciplinarias a lo que debiera ser exclusivamente un debate político claro y transparente. 

Siempre he denunciado la situación en el interior de los partidos políticos -de todos ellos- en lo que se refiere a la falta de democracia interna. Nacieron en el siglo XIX y prácticamente no ha evolucionado nada en esta cuestión. Se han convertido en una maquinaria electoral desideologizada en la que prima exclusivamente la disciplina -sumisión en mi opinión-, cercenando cualquier debate, cualquier disidencia que pueda suponer un peligro para las élites que los dirigen, aunque generalmente la disfracen con el ropaje de que eso debilita al partido y es castigado electoralmente por la sociedad. 

Es probable que esto último sea cierto, ya que la sociedad actual aunque siga considerando a los políticos como uno de sus mayores problemas, castiga cuando en el interior se manifiestan riquezas ideológicas, debates enriquecedores. Esa contradicción es utilizada por sus dirigentes para cortar de raíz cualquier disidencia, cualquier discrepancia con el poder establecido, utilizando un instrumento cruel y deleznable que se conoce como “medidas disciplinarias”. Al principio como amenaza y a la larga con su aplicación estricta. 

Por eso en los Estatutos que rigen su vida interna y externa, el apartado disciplinario es el más extenso. En lo que conozco tengo la sensación que todos ellos son claramente inconstitucionales, infringiendo muchos de los derechos básicos contemplados en nuestra Constitución. 

Lo normal debiera ser que un afiliado tuviera los mismos derechos como ciudadano que como militante, y que las normas básicas que rigen la vida fuera de los partidos fueran de aplicación también dentro.

Lamentablemente eso no es así, y por eso en los últimos tiempos conflictos que debieran ser solucionados en clave interna trascienden al ámbito judicial. Qué mal está esto cuando ocurre una circunstancia así.

Los ciudadanos perciben en los partidos políticos una vocación enfermiza por ocupar parcelas de poder para utilizarlo en la búsqueda de un beneficio personal o colectivo al margen de los intereses generales de la sociedad. Se muestran como estructuras de poder inaccesibles, como castas incontrolables por los ciudadanos, como máquinas de influencia que tienen sus propios códigos de conducta, comunicación y pacto, y que engañan y ocultan la realidad con el único fin de mantenerse en el poder al precio que sea. 

¿Podemos afirmar que la estructura interna de los partidos políticos en España y su funcionamiento son democráticos como establece el referido texto fundamental? ¿Podemos sostener que la transparencia en su gestión y el control interno de sus representantes en las instituciones resulta satisfactorio, eficaz y suficiente? ¿De verdad que nuestros partidos "son instrumento fundamental para la participación política"? 

Lamentablemente pocos ciudadanos se pronunciarían en sentido afirmativo a las tres preguntas. Lo cierto es que sufrimos un sistema de partidos que arrastra varios traumas no resueltos desde el inicio de la transición democrática. Uno de ellos se refiere a la ausencia de imprescindible pluralismo político e ideológico en la vida interna de las organizaciones. Por la forma de producirse nuestra transición y por la falta de hábitos democráticos durante el franquismo, se impuso la idea de que cualquier debate ideológico interno implica inestabilidad y que tal situación "es castigada por los electores". 

A diferencia del resto de los países europeos, entre nosotros, cualquier crítica o disidencia hacia la cúpula del partido se presenta como una "deslealtad". Los partidos no pueden ser cuarteles con mentalidad militar en aras a un bien superior que define el aparato burocrático correspondiente. "Los trapos sucios se lavan en casa, en el interior", claman algunos. Falso. El primer compromiso que tienen los responsables políticos es con los ciudadanos y no cumplen con su obligación si ocultan su opinión sobre asuntos públicos o conductas irregulares "para proteger al partido". Tal comportamiento tiene que ver más con residuos del estalinismo que con la vida democrática en una sociedad plural. 

Desde tal concepción, la mayoría de nuestros partidos políticos han generado unas tramas de poder interno y externo que, en la práctica huyen de cualquier control. 

Quizás sea este el momento, aunque sólo fuera para recuperar la confianza perdida en el seno de nuestra sociedad, de poner fin a esta situación y emprender una profunda transformación de los Partidos Políticos en nuestro país. Quizás el primero que tenga el valor de hacerlo acabe teniendo un plus electoral inesperado.

Conseguir que dejen de ser una maquinaria al servicio de sus dirigentes, una fuente de empleo que genera dependencia a quien tiene el poder de repartirlo, que conviertan sus paredes de acero en cristales transparentes, con una mayor democracia interna, fomentando la libertad de expresión, debates activos, rotación constante en su dirección, incompatibilidad de cargos, límite de mandatos, listas electorales abiertas, etc, etc. Que se conviertan realmente en instrumentos al servicio de la sociedad, en los que cualquier cargo suponga un esfuerzo y no una prebenda. 

Abrir ese debate, dentro y fuera de los mismos, al menos en los de izquierdas como el propio PSOE, con valentía, imaginación y audacia. Partiendo de una base fundamental: que todas las actuaciones disciplinarias abiertas queden en suspenso. Una especie de amnistía política que permita participar en el mismo a todas aquellas personas que tienen algo que aportar. Porque son precisamente éstas, las que han tenido el valor de enfrentarse a los “aparatos”, las que tienen una mayor capacidad intelectual y por eso están en esa situación. Probablemente lo más valioso de cada partido haya estado o esté bajo el peso de esa terrible disciplina interna. 

Somos más quienes estamos a favor de esa profunda reforma. Los que apostamos porque el aire fresco inunde sus salas y despachos, que sean los más valiosos, quienes más valía intelectual e ideológica tengan y no los más serviles, lameculos, burócratas vulgares, los que dirijan estas naves. Somos más quienes desde la base -porque la base es inmensamente mayor que las cúpulas dirigentes- estamos exigiendo esos cambios, y quizás sea bueno y saludable que una profunda revolución interna acabe con el sistema actual. 

Nuestros partidos funcionan a través de un sistema piramidal y oligárquico que se reproduce verticalmente y que reproduce otras cúpulas pequeñas, u oligarquías locales y regionales, que le deben su poder al vértice del partido y dependen de una complicidad política mutua. Es un sistema en el que la aparición del nepotismo y de las redes clientelares internas y externas del partido constituyen un auténtico "aparato de poder" que resulta imbatible. 

Desde un poder local o regional se distribuyen los cargos públicos a personas de estricta confianza, y, a su vez, tales personas influyen y controlan la vida interna del partido para que no cambie la correlación de fuerzas interna. El pluralismo, la transparencia y el control interno de la gestión desaparecen como por ensalmo, lo que explica la sorpresa que suscita, en ocasiones, la aparición de prácticas corruptas o abusos de poder insoportables. Si además se exige silencio y aparece la figura de la "omertá" para mantener el poder y el respeto a los pactos clientelares, la democracia resultará derrotada, se convertirá en simple hojalata mientras las burocracias fortalecerán su resistencia al control. Éste es el debate

José Luis Uriz Iglesias

Este artículo es responsabilidad y opinión del firmante.  Los comentarios, vertidos por las personas visitantes, son responsabilidad de las mismas. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN, MÁS DEMOCRACIA

Hace tiempo que el vaso se ha llenado. La ciudadanía parece haber detectado ahora, de golpe, el tóxico ambiente que veníamos respirando desde hace lustros en nuestro País Valenciano. Con la crisis se ha terminado ese periodo de inconsciente felicidad en el que muchos habían llegado a creer que la única dirección, irreversible y garantizada, era un crecimiento sin fin de nuestra economía y un futuro plácido. A pocos parecía importar el coste medioambiental, el abandono de una economía real a cambio de la inundación del cemento y la especulación. Habíamos vuelto de modo casi imperceptible a la adulación hacia los poderosos.

Los potentados caían bien e infundían de nuevo un respeto reverencial, al margen de las sospechas -o certezas- sobre sus pillerías, porque esos nuevos políticos, todopoderosos y campechanos, como nuevos caciques del siglo XXI, procuraban enchufes, facilitaban negocios y se prodigaban con financiaciones digitales a cualquier folclore o evento deportivo, a cambio por supuesto, de más dinero y más votos. 

Cuando circulaba ese torrente de dinero en nuestras administraciones a pocos importaba por qué sumideros se desviara el caudal. En el fondo, a quien casi nadie soportaba era a los cenizos, a los aguafiestas que clamaban contra la depredación del territorio y sus consecuencias, que nos advertían del peligro del monocultivo del cemento y el abandono de nuestra industria, que pedían cuentas y explicaciones a tanto despilfarro y nepotismo y se avergonzaban del culto al becerro de oro en que nos habíamos instalado. Pero entre mascletaes y charangas, borrachos de éxito, esas voces sonaban como letanías agoreras, movidas por la envidia y la mediocridad. 

Resulta curioso comprobar que la corrupción, a la que parecíamos aclimatados durante todos estos años y a la que se percibía como un mal menor, perfectamente asumible en una sociedad opulenta, ha pasado, de la noche al día, a considerarse entre los primeros problemas de nuestra democracia, al mismo tiempo en que, nuestra “clase política” caía a sus más bajos niveles de estima social. Nadie parece pararse ahora a pensar, hasta que punto, esa altísima tolerancia ciudadana con el desparpajo caciquil y el despilfarro de alguno de nuestros políticos, ha sido, precisamente, el caldo de cultivo de la corrupción, y esa campechanía, tan valorada por todos, el artificio necesario para engatusarnos. 

“Cuando no hay harina, todo es mohína” decía el habla popular y parece que se cumple a rajatabla. Ahora hay una mayoría indignada que reprueba el relajo con el que se cambalacheó con nuestro futuro desde un poder político envanecido e irresponsable que se creía impune. Ahora sentimos en nuestras propias carnes, como una ofensa intolerable, cualquier apariencia de gasto superfluo o prebenda en nuestros representantes políticos…como si durante años no los hubiéramos acostumbrado a considerarse en el derecho de gastar impunemente lo nuestro como si fuera suyo. 

A menudo me viene a la cabeza aquello de “tenemos lo que nos merecemos” y no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero considero que votar debería ser para todos, además de un derecho, un acto de responsabilidad. Que, visto lo visto, nos conviene votar con la máxima convicción y estar decididos a cambiar nuestro voto en caso de ver defraudadas nuestras expectativas o incumplidos los compromisos. Porque, digan lo que digan, los partidos se sienten o no obligados a realizar cambios o renovar candidaturas, en función de sus mejores o peores resultados. 

Si en casos significativos, como una sospecha fundada de corrupción en un candidato, la mayoría de los electores lo considerara motivo suficiente para retirarles el voto, a ningún partido se le ocurriría proponer a un sospechoso de corrupción. Por el contrario, si los partidos comprueban que no afecta a la intención de voto proponer a una persona sospechosa de corrupción, no tendrán empacho alguno en proponerlo para que le votemos. 

Siendo así ¿Podríamos habernos quitado de en medio a los corruptos, simplemente, no votándoles? Creo que es mucho más difícil que eso. Ni el sistema electoral facilita esa selección, porque los candidatos los eligen los partidos en su propia cocina interna, ni parece fácil que la gente cambie su voto de un partido a otro, sin más. Aunque así fuera, la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un partido sino que se abona siempre a la sombra del poder, lo ostente quien lo ostente. Por lo que, si nada cambia, solo habría que esperar a que reaparecieran otros casos. Además, es sabido que todos los partidos mantienen una parte de su electorado, fiel hasta el sufrimiento, aunque discrepe de la idoneidad del candidato o de algunas actuaciones o propuestas políticas de la que considera su opción preferida. 

¿Se puede hacer algo para reforzar el peso de la decisión de los electores o por mejorar un sistema democrático que se ha demostrado imperfecto? Se puede, se debe y corresponde hacerlo, en primer lugar, a los partidos políticos. Ellos son los instrumentos constitucionales de representación política y es su responsabilidad impulsar los cambios necesarios para que la democracia progrese. Se trata de sellar un “contrato con la ciudadanía” que incluya compromisos y medidas para la transparencia y la lucha contra la corrupción interna en todos los partidos, sometiendo su cumplimiento a la supervisión por órganos externos. La democracia y los derechos de ciudadanía no se pueden quedar a las puertas de los partidos, por lo que debe exigirse mecanismos públicos y de control y rendición de cuentas. 

La crisis ha puesto de relieve un alejamiento abismal entre ciudadanía y representantes políticos. Algunos lo confían todo a que esta escampe y que, consecuentemente, los niveles de irritación popular con las instituciones y la política se atemperen. Por el contrario, soy de los que piensa que si la crisis ha servido de algo, es para poner sobre el tapete las carencias del sistema democrático. Sería un acto de responsabilidad política que los partidos acometieran los cambios legales necesarios para ampliar la calidad de nuestra democracia y subsanar las carencias que los alejan de la ciudadanía. 

Se me ocurren algunas reformas legales que irían en esa dirección y que los partidos deberían comprometerse a impulsar, empezando eso sí, por aplicarse el cuento ellos mismos: Ampliar los derechos ciudadanos en la elección de cargos públicos con la obligatoria celebración de elecciones primarias abiertas a la participación ciudadana para la elección de los candidatos a alcaldías y presidencias de los gobiernos autonómico y central, impulsar el desbloqueo de las listas para que los electores puedan expresar sus preferencias, establecer la limitación de mandatos, crear el escaño ciudadano en nuestros parlamentos y ayuntamientos para la defensa de iniciativas ciudadanas que hayan alcanzado respaldo suficiente, someter la elección de cargos de designación en las instituciones públicas a procedimientos objetivos con exigencia de adecuación al cargo, etc. 

Estas son alguna de las medidas que podrían colaborar a sanear nuestra democracia. Habrá quien diga que son otras o que ninguna de ellas servirá de nada y, por tanto, nada se puede hacer. Yo sí creo que se puede, claro que se puede. 

Pablo Reig Cruañes 

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LA LUCHA PENDIENTE DEL CONGRESO CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Este país necesita acometer sin más dilación la regeneración del sistema institucional en profundidad. Para ello, el PSOE tiene que dotarse de una "Agenda propia para la Regeneración Democrática", la otra prioridad junto a la creación de empleo, que le permitiría adoptar una posición más proactiva con el objetivo de avanzar en el Parlamento en la lucha eficaz contra la corrupción. 

La importancia de esta Agenda guarda relación con la idea extendida entre la opinión pública de que el proceso de regeneracion está parado y que el Gobierno y el Parlamento no hacen nada. Son consecuencias del retraso en la aprobación y aplicación de medidas urgentes y cambios normativos que permitan prevenir y castigar la corrupcion y un mayor control y transparencia en el funcionamiento del sistema político. 

La corrupción sigue aumentando la desafección ciudadana hacia la política, alimenta el desprestigio de los políticos y deteriora profundamente la confianza de la ciudadanía en la democracia y en sus instituciones. Sobre todo cuando la corrupción es noticia permanente en medio de una crisis que provoca sufrimiento y miedo al futuro para millones de familias por el desempleo masivo, los recortes de servicios públicos y el aumento de la desigualdad social. 

Pues bien, tras el debate en el Congreso sobre el estado de la nación, se aprobó el pasado 26 de febrero una Resolución con un conjunto de actuaciones propuestas y apoyadas por la mayoría de Grupos. No obstante, el PSOE e IU nos abstuvimos por considerarlas insuficientes. Con ella, se pretendía dar respuesta a las reiteradas demandas de la sociedad española para mejorar la calidad de la democracia y evitar la impunidad de los corruptos. Quienes hemos gobernado en España tenemos que reconocer, sin excusas, que han sobrado actitudes contemporizadoras y han faltado diligencia y contundencia.

La citada Resolución contempla la aprobación por parte del Gobierno de hasta once proyectos y reformas legislativas para su remisión al Parlamento: Ley de Partidos Políticos, Ley de financiación de Partidos, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley de contratos del sector público, nuevo Estatuto del Cargo Público, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, Ley de Iniciativa Legislativa Popular, Ley de Indulto, Ley de Régimen Electoral General y nueva Ley de Transparencia. ¡Casi nada! 

Además, se comprometía a la elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Así cómo a la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia. 

Ante la magnitud de los deberes pendientes, los socialistas cometeríamos un error si permaneciéramos a la espera dejando que el Gobierno, desde la Vicepresidencia, marque los tiempos de este proceso regenerador e imponga con prepotencia sus contenidos. Sería tanto como dar un cheque en blanco a un PP que ha demostrado no aplicarse en la lucha contra la corrupción y en la transparencia porque está implicado en los casos Bárcenas y Gürtel, entre otros. 

No se puede confiar en un Gobierno que se burla del Parlamento gestionando a golpe de Decretos-Leyes, impidiendo Comisiones de Investigación sobre los escándalos financieros y ofreciendo una democracia de plasma y sin preguntas frente a una democracia participativa. Y corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, como primera fuerza política de la oposición, plantear iniciativas que demuestren que el Parlamento ni está muerto ni hace oidos sordos a las reivindicaciones de los movimientos ciudadanos. 

De ahí mi propuesta, ya remitida a la dirección socialista, para que nos dotemos de una Agenda estratėgica propia que nos permita realizar un seguimiento, análisis y control diario de la política general del Gobierno de Rajoy en relación con la regeneración, la calidad de la democracia y la lucha contra la corrupción, creando para ello un grupo intensivo de trabajo y marcaje formado por diputados socialista, especialistas y asesores. 

También ha de activar de modo específico el cumplimiento de los compromisos acordados el pasado 26 de febrero por el Congreso en su Resolución como consecuencia del debate sobre el estado de la nación, así como preparar con antelación la respuesta de los Diputados socialistas a los trabajos que debe presentar la Vicepresidenta del Gobierno ante las Comisiones del Congreso y consistentes en propuestas sobre las once reformas legales para su debate y aprobación. 

Por último, la Agenda ha de incluir la presentación sin demora de un Manifiesto contra la corrupción y de un nuevo "Contrato ético del PSOE con la Ciudadanía". Sólo así podremos plantear desde la coherencia nuevas iniciativas en el Congreso para complementar las carencias de la Resolución. Nuestro objetivo no puede ser otro que afianzar las bases de una democracia ética, transparente y participativa que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Y en particular en el PSOE. 

Odón Elorza 

Diputado Socialista por Gipuzkoa 

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Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cualquier proceso de regeneración democrático, tan importante en estos tiempos, tan necesario en nuestro país, implica un alto grado de transparencia en la actividad y en la actitud política. Transparencia necesaria porque frena la corrupción, porque contrarresta la desafección política a la vez que fomenta la participación ciudadana, todos elementos fundamentales en un proceso de regeneración democrática. 

Por tanto, de entrada es una buena noticia que se apruebe una ley de transparencia en nuestro país, no sólo porque seamos el único país europeo de más de 1 millón de habitantes que no la tiene, sino porque no se entiende de otra manera en la actualidad, en un momento en que la exigencia de unas instituciones más democráticas es una de las principales demandas ciudadanas, en un momento en el que los españoles consideran que los políticos (la política) son uno de los grandes problemas de este país. 

El proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria consta de dos títulos Transparencia de la actividad pública y Buen Gobierno. El primero regula la publicidad activa de los actos de las instituciones y el derecho a la información pública, el segundo los principios éticos que deben regir la actuación de los responsables públicos y las consecuencias de no hacerlo. 

De entrada destacaría que en el proyecto de ley se producen algunos avances interesantes:

- Se publicarán los planes y programas anuales, los medios y tiempos previstos para su consecución, así como su grado de cumplimiento y resultados. Los presupuestos con información actualizada sobre su estado de ejecución. Las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de órganos de control externo. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y las indemnizaciones percibidas por abandono del cargo… 

Sin embargo, las carencias son muchas y la tan ansiada y necesaria ley se puede quedar muy corta. La mayoría ya han sido señaladas en diversas ocasiones por muchos expertos, aportamos un resumen: 

- El derecho de acceso a la información pública debería ser un derecho fundamental, como así está reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

- El silencio administrativo no puede ser negativo, la administración no puede no informar, debería establecerse el deber de contestar y en un plazo determinado. 

- No abarca todas las instituciones, deja fuera a algunas imprescindibles especialmente dados algunos de los últimos acontecimientos: la Corona, el Tribunal Constitucional, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, ONGs, Iglesia Católica, Banco de España... debería abarcar todas las instuciones públicas o que se financien con dinero público. 

- Hay muchas excepciones y limitaciones a la información que se publicará de manera activa, se dejan fuera informes internos, borradores,... documentos importantes para seguir la trazabilidad del proceso de toma de decisiones, fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. “Publicarán la información cuyo conocimiento sea relevante”, ¿cuál es la relevante?, ¿quién lo decide?. Y el acceso a la información para la que no se publicará directamente no es fácil, por ejemplo, debe conocerse el organismo responsable o propietario de esa información, así como la documentación exacta que se está solicitando. Debería ser un trámite sencillo y rápido, el que proponen no lo es, anima más bien a no solicitar información. 

- ¿Quién vela por el cumplimiento de la ley? ¿Porque la información esté actualizada, por que se presente en formato accesible, entendible y reutilizable...? Especialmente en la primera parte, hay una clara falta de sanciones y poca garantía de cumplimiento de la ley. No hay un sistema independiente de control, la Agencia Estatal de Transparencia, de Evaluación de políticas públicas y la calidad de los servicios no es de creación nueva si no una ampliación de una existente y no se garantiza su independencia del gobierno de turno. 

- ¿Qué pasa con el gobierno abierto, novedades tecnológicas, gobernanza, rendición de cuentas, de calidad normativa o simplificación administrativa? Temas directamente relacionados con la transparencia que ni se mencionan. 

Tanto el proyecto de ley como los comentarios surgidos hasta el momento se centran básicamente en la parte de transparencia y pasan muy por encima por la segunda parte de la ley, la de Buen gobierno, siendo esta parte tan importante o más para la necesaria regeneración democrática que necesita nuestro país, para impulsar, cuando no forzar, la ejemplaridad en el comportamiento de los responsables políticos. En esta parte aún se ha puesto menos enfásis en imponer cambios necesarios y demandados por la ciudadanía. No todos los políticos son iguales y este proyecto de ley pierde la oportunidad de ayudar a distinguirlos. 

Su desarrollo es escaso, su ámbito de aplicación muy restringido, deja fuera a mucho directivo de la administración con poder de decisión político, el órgano de control tampoco es independiente, no hay evaluación del desempeño, ni de las políticas implementadas, ni ninguna exigencia de rendición de cuentas. Se regulan generalidades, pero se pierde la oportunidad de ahondar y concretar en el deber de inhibición o abstención, en la dedicación exclusiva del cargo y otros deberes y limitaciones. 

En definitiva, la transparencia, el buen gobierno, la gobernanza no se pueden regular completamente por ley, supone una actitud, una cultura, es una manera de actuar, de entender la política. Si no hay verdadera intención de aplicarla, si no hay una creencia en la importancia de aplicarla, pocos resultados se van a obtener, y en este proyecto de ley no queda reflejado ese espíritu, parece estar regido más por un afán económico, de cumplimiento del déficit, que por interés real de transparencia, integridad o buen gobierno. 

La transparencia y el buen gobierno son especialmente necesarios por la rendición de cuentas que implican. Y el proyecto deja fuera información imprescindible para ello: estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, informes de órganos de control interno, no sólo externo, las agendas públicas, evaluación de resultados de los grandes proyectos o grandes inversiones, etc. 

Lo que no se puede contar no debería hacerse, ser transparente es mucho más que solicitudes de información imposibles que ya te daré cuando pueda y como crea conveniente, no se trata de “curiosidad insana” sino de rendición de cuentas, porque la ciudadanía quiere saber qué hacen sus representantes y espera de ellos un comportamiento ejemplar, quiere saber en qué se gasta su dinero, el dinero de todos. 

La ley llega tarde y se va a quedar corta, genera expectativas que no se van a cumplir, con lo que la decepción será mayor y ahondará aún más en la desafección ciudadana y en el distanciamiento de las instituciones de la ciudadanía. 

Sarah Alonso

Foro Ético

PARTICIPA EN EL PROYECTO. ASOCIATE

Foro Ético se constituyó en diciembre de 2012 como espacio de encuentro de un grupo de personas que compartiendo gran preocupación por el desprestigio de la política y los políticos, los niveles de corrupción y la pérdida de calidad de la democracia en España, no podíamos permanecer pasivas ante la pérdida de credibilidad de un sistema democrático debilitado por las circunstancias que rodean la crisis económico-financiera.

Un Foro Ético para la reflexión, el debate y la proposición de medidas y actuaciones en diferentes ámbitos, un lugar para intentar cambiar el entorno, constituido por personas con  la libertad de acción y la pasión suficiente para abordar las problemáticas y acometer los objetivos señalados en nuestro DOCUMENTO FUNDACIONAL aprobado tras un proceso participativo.

Ante la constatación de que cada vez somos más las personas incorporadas a esta actividad colectiva de regeneración democrática y lucha contra la corrupción y puesto que queremos hacer esta actividad estable y dejar constancia de nuestra independencia con respecto a  partidos políticos, sindicatos, empresas etc.., hemos constituido la Asociación sin ánimo de lucro  FORO ETICO PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA  Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Entre los socios de foro ético se encuentran personas entusiastas con muy diferentes ocupaciones, publicistas, administrativos, ingenieras, abogados, maestros, políticas …  y la asociación está abierta a la  participación de  profesionales, titulados o no, que que con su trabajo y conocimientos puedan contribuir al desarrollo y empuje de esta iniciativa.

A partir de  su constitución, los Socios Fundadores han acordado abrir la Asociación Foro ético  a la incorporación de nuevos socios que se sientan identificados con sus objetivos y valoraciones básicas que son públicas, tal y como están expresados en nuestro documento fundacional ,  cuyos firmantes están especialmente invitados a incorporarse como socios con la simple remisión del cuestionario que acompaña a este texto.

Publicamos junto con la hoja de inscripción para solicitar la incorporación , los estatutos de la Asociación .

Las solicitudes serán aprobadas por la Junta Directiva y comunicado el nº de socio en dicho momento. Todos los socios tendrán los mismos derechos políticos.

Esperamos que esta iniciativa sea de tu agrado y te animamos a continuar en esta carrera de fondo que es la regeneración democrática.

@foroetico

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NO ME PIDAN QUE NO ME LLAME PABLO

Leyes de hierro, partidos de hojalata

 Quieren expulsar del PSPV a dos compañeros y amigos, Pablo Rosser, ex concejal del Ayuntamiento de Alicante y Pablo Reig ex asesor del mismo grupo municipal. Los motivos de esta medida disciplinaria residen en su denuncia de posibles relaciones corruptas por un dirigente del partido con un empresario alicantino implicado en el llamado “caso Brugal”.

 Me resulta difícil entender cómo se puede llegar a esto, cómo se puede llegar a un deterioro de esta magnitud, qué mecanismos mentales y morales permiten a una organización, y quienes tienen el poder dentro de ella, actuar de un modo tan arbitrario, injusto y tan poco inteligente.

 No tengo demasiadas dudas de que esta lamentable actuación, precedida de otras muchas de la misma naturaleza, responde a una determinada “cultura política”. Una cultura política asentada en una serie de principios, de modos de actuar, de resolución del conflicto que pervierten la acción política y la organización por la que circula, que admite mal la crítica y que corrompe conciencias y voluntades.

 Nos encontramos, con este expediente disciplinario, ante un caso paradigmático en el que aparece en toda su extensión las patologías partidarias, las que han ido minando aquellos principios y valores por las que vale la pena acercarse a un partido, formar parte de un colectivo humano en el que se respira libertad, igualdad, solidaridad, humanidad.

 Patologías de los “patriotas de partido” que utilizan lo que es de muchos, de vivos y muertos, en beneficio propio. De los que hacen del partido un fetiche para hacer del militante, del ciudadano, una cosa. (1)

 Patologías de “la banalidad del mal” como expresión de actuaciones “orgánicas”, de reglas del sistema al que se pertenece sin reflexionar sobre sus consecuencias, cumplimientos de órdenes, con independencia de la ética que las sustenta. Muerte del pensamiento y la razón, muerte de la palabra. (2)

 Patologías que escriben “partido” con mayúscula, para levantar barreras de poder, para empequeñecer al militante y al ciudadano. “El bien del Partido”, “por el bien del Proyecto”, “el Partido no quiere”. (3)

 Patologías del “clientelismo de partido”, de redes clientelares que actúan en favor de la promoción de sus líderes, del control de los puestos remunerados, que en pocas ocasiones obran en beneficio de quien no forma parte del grupo. (4)

 Patologías de “selección adversa”, por la que, como dicen Urquizu y Barreiro: “El apoyo al líder y a su equipo es moneda de cambio para el reparto de cuotas de poder entre los diferentes grupos. El resultado es que algunos de los representantes de las distintas familias figuran en puestos de responsabilidad no por su demostrada inteligencia, sabiduría u honradez, sino porque es el precio a pagar por el apoyo prestado. Como consecuencia, el partido acaba promocionando a individuos que, a pesar de que contribuyen a garantizar la estabilidad del partido a través del equilibrio de poderes, representan un coste excesivo en términos de valía política. El partido se convierte en una organización todavía menos atractiva para los externos.” (5)

 Patologías de “intereses primarios”, en virtud de los cuales una parte del partido tenga como interés, en su reparto del poder interno, impedir una victoria electoral del propio partido, bloquear a los mejores candidatos, porque esa victoria y ese candidato le sea desfavorable. (6)

 Patologías de los llamados “puestos de confianza” con prácticas de selección de personal pagados con dinero público, sin la menor mención a la publicidad, el mérito y la capacidad, incumpliendo estatutos propios y normas constitucionales. (7)

 Patologías de “servidumbre voluntaria”, que como explica Étienne de La Boétie: “el hecho de que la aparición de un tirano despierta a su alrededor el ansia de dominio de un grupo de tiranos menores que piensan que podrán beneficiarse de servir al tirano mayor; y este grupo de tiranos menores, a su vez, despierta también el ansia de dominio de otros tiranos subalternos que a su vez provocan la aparición de otros tiranos aún más subalternos… En definitiva, que en una sociedad regida por una tiranía las relaciones tiránicas se expanden como un cáncer: todo el mundo aspira a sacar un provecho personal del servicio a sus superiores y de la instrumentalización de sus inferiores. De todo esto podríamos concluir que la responsabilidad de la existencia del despotismo no es exclusivamente del déspota, sino de todos aquellos que deciden voluntariamente servirle.” (8), (9)

 Patologías de “espiral del silencio”, de opinión partidaria dominante, de mecanismos que den miedo a expresar la propia opinión discrepante, de miedo al aislamiento del rebelde y el crítico. (10)

 Patologías de “Leyes de hierro, partidos de hojalata”, que se protegen con la aplicación de normas que representan su propia debilidad, actuaciones de la “vieja política”, cierre de filas, órdenes para la oscuridad, encerrados con un solo juguete. (11)

 Denunciar esas patologías, esas perversiones, esa miseria moral e intelectual, es la obligación de los militantes comprometidos, de los militantes que no renuncian a seguir pensando y  a seguir peleando por aquello que creen justo.

 Por eso, no me pidan que no me llame Pablo, no me pidan que deje de pensar, de luchar por lo justo, contra la arbitrariedad y la opacidad.

 Yo también me llamo Pablo.

 (1) El Capital, “El carácter fetichista de la mercancía y su secreto” y “Manuscritos económico-filosóficos” (1844), Karl Marx.

 (2) “Eichmann en Jerusalem. La banalidad del mal.” Hannah Arendt

 (3) “Autobiografía de Federico Sánchez”. Jorge Semprún. Editorial Planeta 1977

 (4) Del clientelismo tradicional al clientelismo de partido: evolución y características. José Cazorla. Working Paper n.55. Barcelona 1992

 (5) La selección adversa en los partidos. Belén Barreiro, Ignacio Urquizu y otros. EL PAÍS, 04.07.2003

 (6) Intereses primarios. Ludolfo Paramio. El PAÍS 21.05.1998

 (7) Confianza y desconfianza. Joaquin Leguina. EL PAÍS, 10.11.2006

 (8) El caso gürtel y la servidumbre voluntaria valenciana. Enric Gil Muñoz. ELPAIS 19.10.2009

 (9) Discurso contra la servidumbre voluntaria o el contra uno. Étienne de La Boétie. 1576.

 (10) La espiral del silencio Opinión pública: nuestra piel social. Elisabeth Noelle-Neumann

 (11) Las conexiones políticas: partidos, estado, sociedad. Roberto Luis Blanco Valdés. Alianza Editorial 2001

 Por Fran Sanz, 
abogado y militante socialista.

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POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ayúdanos a controlar el cumplimiento de la resolución del Congreso sobre regeneración democrática y transparencia.

http://elforoetico.blogspot.com/p/control-de-las-medidas-aprobadas-por-el.html?spref=tw

ARGUMENTOS PARA RECHAZAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO RAJOY SOBRE LA CONTRA-REFORMA LOCAL .

1. ESTA INICIATIVA ESCONDE LA IMPOSICIÓN DEL MODELO IDEOLÓGICO DE LA DERECHA. 

El Gobierno de Rajoy aprobó en Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2013 iniciar la tramitación de su propuesta de contra-reforma para la administración local: un anteproyecto de Ley denominado "para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

¿Qué busca el Gobierno? 

Montoro aprovecha las exigencias de Bruselas sobre la estabilidad presupuestaria y el estricto cumplimiento del déficit para devaluar la democracia local, vaciar de competencias a los Ayuntamientos convirtiéndolos en meras delegaciones de otras administraciones, someter y tutelar su capacidad de decisión e imponer un modelo ideológico basado en: la austeridad, los ajustes y recortes de derechos ciudadanos y la privatización o desaparición de servicios públicos. Todo ello conducirá a una mayor desigualdad y desprotección de una buena parte de nuestros vecinos en un periodo en el que la crisis económica requiere más que nunca de la actuación conjunta de las administraciones públicas para garantizar un umbral básico de protección social.

Dice el Gobierno que su contra-reforma local persigue el objetivo de hacer cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y garantizar la sostenibilidad de las Entidades Locales. Pero es una justificacion sin base, puesto que son los Gobiernos Locales los que están cumpliendo con mayor rigor los objetivos de reducción del dėficit público y amortización de deuda. Los datos son que el endeudamiento público de los Ayuntamientos se sitúa en torno al 4% del PIB. Además, sobre un déficit público del 10 % entre el conjunto de las administraciones en 2012, la administración local "aportó" el 0,3% y se mantendrá en el 0% en el periodo 2013-2015. 

Sin embargo, el PP quiere atribuirles una imagen de mala gestión y despilfarro, como si tuvieran necesidad de buscar una cabeza de turco a quien responsabilizar de la mala situación económica general. 

El PP busca imponer, con su mayoría absoluta, los criterios de máximo rigor presupuestario que exige la troika en el funcionamiento de las corporaciones locales, por encima de la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios de calidad que son, desde hace 30 años, los objetivos prioritarios de casi todos los Ayuntamientos. Ellos han sido quienes han transformado nuestros municipios, aún reconociendo la existencia de inversiones injustificadas y fallidas y de casos decorrupción; importantes pero que no pueden borrar el acierto y la honestidad demostrada por la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que han gestionado las Alcaldías en España desde el año 1979. 

2. RAJOY PRETENDE ELIMINAR LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS PUEBLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES. 

En la actualidad y según la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, correspondiente a los años 2010-2011, elaborada por el Ministerio de Sanidad, el 98% de la población en España tenía acceso a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. Canalizando y realizando estos servicios sociales municipales trabajan 50.000 personas. Cada año, 7 millones de ciudadanos se benefician de estos servicios pero la desaparición del Plan Concertado, al dejar el Estado de aportar ayudas, se traduce en dejar sin atención y cuidados a millones de personas, en especial , mayores y dependientes, y condenarlos a una vida precaria o abandonarlos a la exclusión. 

El modelo ideológico de la derecha pretende, entre otras cosas, que en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, los servicios sociales y de otro tipo que no sean "rentables" o no cumplan con los criterios y el "coste estandar" o precio máximo que fijará el Gobierno, tendrán que desaparecer o se externalizarán previo traspaso de las competencias de los Ayuntamientos a las Diputaciones. Esto significará, además, alejar la gestión de lo próximo y dificultar el control ciudadano. 

En definitiva: quieren eliminar los servicios sociales en los municipios con menos de 20.000 habitantes, prescindir del personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales y otros servicios a las Diputaciones Provinciales y abrir camino a la privatización de su prestación cediéndolos a empresas concesionarias. 

3. EL PROYECTO DEL PP CONDENARÁ A LA MARGINACIÓN A LAS ZONAS RURALES. 

Los servicios sociales no solo cumplen una función social y solidaria sino que, además, en miles de zonas rurales son un elemento que favorece la formación de "comunidad" y la permanencia de los habitantes en el territorio. 

Con la eliminación de todos los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros), se estaría condenando a la marginación a miles de ciudadanos que viven en las zonas rurales, provocando su despoblación. Por cierto, la propuesta del Gobierno elimina todas las entidades locales menores. 

El mantenimiento del pequeño municipio, que defiende los intereses de sus vecinos y contribuye y define su identidad, no puede estar reñido con la gestión más eficiente de los servicios. Esta etapa de crisis debe servir para impulsar la concertación de actuaciones entre ellos, mediante mancomunidades y consorcios dotados de instrumentos -que deberían aportar las Diputaciones- para garantizar una gestión con rigor tėcnico y económico. Esta fórmula o la asociación de pequeños municipios han de permitir una prestación racional de los servicios locales sin sobrecostes. 

Hay que tener en cuenta la realidad de nuestra estructura municipal que tiene 5.791 municipios de menos de 2.000 habitantes. Y que los servicios no obligatorios para Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pueden ofrecerse mediante mancomunidades, comarcas o consorcios de municipios, siempre con la garantía de apoyo técnico y legal. Es ahí donde alcanza sentido la existencia de las Diputaciones Provinciales como entes colaboradores de los pequeños municipios y no como una administración política opaca, reforzada de más poder como pretende el PP. 

4. EL PP DESPRECIA EL PAPEL CÍVICO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y PERJUDICARÁ LA COHESIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS EN MITAD DE LA CRISIS. 

La propuesta del PP deja en manos de las Comunidades Autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales que hoy están gestionados por los Ayuntamientos de las ciudades y poblaciones superiores a 20.000 personas, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos tras un complejo proceso de ida y vuelta, marcándoles los criterios y tutelando cada paso. Y sin precisar cómo, ni hasta cuando y a quienes se va a financiar. 

Esto, además, supone un claro desprecio hacia la eficaz labor en servicios sociales que prestan los ayuntamientos desde hace años y al buen trabajo de atención a los ciudadanos que se ha hecho desde ellos. La inmensa mayoría de los ayuntamientos lo han hecho y lo hacen bien, en este ámbito, porque son la administración más cercana al ciudadano, porque conocen el terreno y se adaptan a las necesidades de las personas. 

El PP quiere trasladar la reforma laboral y los recortes de servicios al campo de los Ayuntamientos, como exigió Bruselas. Y la consecuencia será la expulsión de miles de trabajadores, más paro y una privatización de servicios. 

Quitar las competencias sobre los servicios sociales y limitar, intervenir o impedir el papel de los Ayuntamientos en materia educativa, sanidad, vivienda, desarrollo económico o empleo es dificultar la cohesión social y reducir el "salario social indirecto" que muchos Ayuntamientos aportan a la ciudadanía por la vía de servicios. 

Está claro que el Gobierno de la derecha no busca una reforma democråtica, ni potenciar el papel se los Ayuntamientos en tiempos de crisis en los que habría que reforzar su papel -como las administraciones más cercanas a la ciudadanía- para mantener las bases de la cohesión social en los pueblos y ciudades con políticas de solidaridad y ayuda a aquellas familias que viven en situacion de pobreza y con riesgo de exclusiøn. 

Por el contrario, pretenden vaciar de competencias a más del 90 por ciento de las entidades locales, despreciando a los gobiernos locales elegidos democráticamente en las urnas por la ciudadanía para convertirlos en meras administraciones que soporten las decisiones políticas de otras instancias territoriales.

5. DEL RECHAZO AL PROYECTO DEL GOBIERNO A LA MOVILIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE UNA ALTERNATIVA. 

La reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno de la derecha — cuyo lema es: una Administración una competencia, rechazando las competencias compartidas entre administraciones — concede la competencia exclusiva de los servicios sociales en las ciudades a las Comunidades Autónomas y falsea los datos a la hora de evaluar el pretendido ahorro económico que se marca como objetivo. 

Esta decisión tendrá un impacto directo en las prestaciones de servicios municipales, protagonistas de la primera línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. Precisamente en un momento en que la dureza y la persistencia de la crisis económica está desbordando la capacidad de respuesta de la red asistencial, la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sembrado la incertidumbre en el sector: no está claro si las autonomías mantendrán todos los servicios que los municipios tendrán que dejar de asumir, si podrán financiarlos o si acabarán privatizándolos. Como reconoce el propio Gobierno, entre los principales objetivos de la reforma se encuentra el de "favorecer una regulación favorable a la iniciativa privada". 

Esta errónea concepción del nuevo papel de los Ayuntamientos se manifiesta en un texto que no resuelve los problemas reales de financiación de las Entidades Locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana, ni abre el debate sobre la posible elección directa de los Alcaldes, ni aborda medidas de transparencia, ética política y buen gobierno . 

Por el contrario, ataca la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, ignora los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, vulnera la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía invadiendo las competencias de las Comunidades Autónomas. 

En tales circunstancias, el PSOE y el conjunto de la oposicion, excepto UPyD, pedimos la retirada inmediata de este proyecto que no puede imponerse por una mayoría absoluta coyuntural y que se abra un proceso de debate para poder aprobar una nueva Ley de Gobierno Local, con la participación activa y el consenso imprescindible de los grupos parlamentarios y de las Asociaciones representativas del municipalismo. 

El objetivo es lograr Ayuntamientos más eficientes evitando descoordinaciones con otras administraciones que permitan gestionar mejor, ahorrar recursos sin perder eficacia y mantener servicios con criterios sostenibles desde el punto de vista social y económico. Además, la nueva norma debería establecer las bases para dejar claramente definidas las competencias propias de los Ayuntamientos, el modo de ejecutar las competencias compartidas con otras administraciones, la mejora de los mecanismos de control y transparencia para evitar casos de corrupción (con especial referencia al papel de los Secretarios, Interventores y mesas de contratación) sobre todo en materias de contratación de obras y planes de urbanismo, establecer los límites retributivos de los políticos y garantizar un modelo de financiación local suficiente y adecuada a los servicios que prestan. 

*De momento, he presentado como Diputado hasta 9 preguntas a responder por el Ministro Montoro que después de 8 meses se niega a comparecer en Comisión del Congreso para "explicar" de modo transparente los objetivos de su contra-reforma local y someterse al debate de control político por la oposición. 

Odón Elorza 
@odonelorza2011

Diputado Socialista 

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SOLIDARIDAD

Las normas del mercado conciben las vidas humanas como instrumentos para conseguir beneficios, hoy sigue predominando en la elaboración de políticas la idea de que lo único que importa es el crecimiento económico sin fijarnos en la distribución de la riqueza ni en la igualdad social, pero no todos pensamos así, muchos creemos que la solidez económica no es un fin en si mismo sino el medio para conseguir una vida mejor. Somos muchos quienes pensamos que un ingrediente esencial de toda vida digna es tener voz y voto en la elección de las políticas que gobernarán la propia vida. 

Hasta ahora la voluntad colectiva de la ciudadanía ,transmitida a través del engranaje formado por partidos e instituciones, se ha concretado en contratos programa (así considerábamos hasta ahora a los programas electorales) que, como hemos constatado periodo electoral tras periodo electoral, no eran sino una plasmación de la citada voluntad colectiva (en vulgo decir lo que sabemos que se quiere oir), pero que no existía voluntad alguna de cumplirlos. 

El dinero y el poder encarnado en la política han dominado durante demasiado tiempo esa voluntad colectiva, todas las decisiones que tomábamos los ciudadanos venían (y vienen aún) condicionadas por el dinero y conformábamos nuestra voluntad a la búsqueda incesante de ese dinero para poder conseguir esa forma de vida estable que se nos mostraba como la única posible. 

Superado el concepto, puesto que es evidente que el contrato social por el que el Estado miraba por el bien común de sus ciudadanos ejerciendo de arbitro entre el capital y los trabajadores y regulando en lo posible sus relaciones, está roto, queda dar un paso adelante en una nueva forma de entender las relaciones, y ese paso adelante solo puede darse desde el valor de la solidaridad. 

Ante la pérdida de valores por atender exclusivamente a lo económico, proponemos interdependencia y ayuda mutua. 

Ha de ser la solidaridad quien ejerza de contrapeso y vuelque las fuerzas económicas hacia el lado de la justicia social. 

Solidaridad entendida como la capacidad de imaginar con comprensión las dificultades del prójimo, a sentir mediante la imaginación el sufrimiento de los demás, solidaridad que supone la aptitud para interesarse por la vida de los otros, de entender las consecuencias que la política implica para las oportunidades y experiencias de los demás ciudadanos. 

La formación de la voluntad colectiva debe tener como valor irrenunciable la solidaridad, sin ella no es posible dar adecuada respuesta a las necesidades. 

Obviamente el camino es largo, solo una educación en principios solidarios puede dar como fruto un cambio en las corrientes generadoras de pensamiento, pero hemos de integrar ya en nuestros mensajes el de la solidaridad entendida como la mirada integradora por el bien común. 

Y tenemos que buscar estrategias (personas que entienden de distinta manera el bien pueden ponerse de acuerdo en determinados principios) para garantizar que la población en su totalidad tenga acceso a lo necesario. 

Como resulta ya evidente, desarrollo económico no es desarrollo democrático ni asegura buena calidad de vida para todas las clases sociales Hay que acabar con el paradigma del crecimiento sin igualdad. Hay que integrar el valor de la solidaridad en el relato político de la regeneración democrática.

Otilia Armiñana Villegas

@otiarmi

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LO QUE EL PUEBLO QUIERE

El mundo está atravesando por uno de sus momentos más delicados económicamente hablando desde el Crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, por culpa de un sistema económico globalizado que está poniendo en riesgo el bienestar de las personas en el mundo desarrollado, haciéndose cada día más clara la brecha entre ricos y pobres. 

Si nos centramos en la crisis que estamos atravesando varios países de Europa, vemos cómo  servicios públicos como la Educación o la Sanidad, están siendo saqueados de manera cruel por los políticos que gobiernan gracias a las influencias de las altas esferas (lo que se entiende en el mundo de las finanzas como “lobbies” que son como los espíritus, nadie los ve pero ahí están para hacer daño al mismo tiempo que ellos se lucran a nuestra costa y sin ningún tipo de pudor). 

El pueblo está dolido, indignado, como dirían los recientemente desaparecidos Stéphane Hessel o  José Luis Sampedro y producto de esta situación ha surgido por todo el mundo el Movimiento de los Indignados que en España ha tomado cuerpo en el llamado “15-M”. 

¿Qué es lo que quiere el pueblo?. 

Quiere que se atiendan sus necesidades básicas, tener empleo, igualdad de derechos, más libertad, una vida normal donde se respeten la solidaridad, la honradez y la humildad. 

Decía un sociólogo español recientemente que estamos en un momento en el que si saliera un líder de verdad, auténtico, válido para la sociedad con fuertes convicciones que calen en la sociedad, podría triunfar con rotunda claridad y es que, en España, nos debería preocupar muy seriamente que la tercera fuerza política la represente en la actualidad la abstención. Necesitamos todos los que estamos interesados en la Política (que somos muchos, a pesar de lo que pueda pensarse), hacer posible un cambio de verdad, un giro radical y profundo donde se dé al pueblo lo que de verdad le pertenece en el que la democracia sea mucho más participativa, abierta, plural, dinámica y sobre todo, cercana y que sea la herramienta útil para cambiar el estado actual de las cosas. 

Si los políticos hacen las leyes y dicen representar al pueblo,  debemos procurar que desde las instituciones democráticas se vele por todos y cada uno de los ciudadanos evitando dramas  como el paro y los desahucios y para ello necesitamos a personas capaces pero, sobre todo,  personas dispuestas a escuchar  para hacer posible que el bienestar del ciudadano sea algo real y no ficticio. 

No podemos tener unos partidos políticos de estructuras cerradas, unas listas electorales donde no pueda votarse a las personas no podemos tener a un partido al frente de un Gobierno con una amplia mayoría absoluta favorecido por la alta abstención o la desviación del voto de un partido hacia otros y para ello, hace falta voluntad e iniciativa para alcanzar una serie de acuerdos que garanticen una mejor proporcionalidad entre lo que se vota y el número de representantes que luego obtiene un determinado partido político. 

Debemos luchar porque pilares básicos como la Educación, Sanidad, Pensiones o Vivienda sean temas inamovibles cualquiera que sea el partido político que  gobierne gracias a leyes pactadas por la mayoría del arco parlamentario. 

Debemos exigir a las instituciones europeas e internacionales que en tiempos de crisis se dote de más presupuesto para ayudas, que se favorezcan políticas en I+D+i, que haya  una mejor conciliación de la vida laboral y la familiar , más ayudas a los jóvenes emprendedores de manera que podamos construir una economía más competitiva así como un sistema laboral más flexible donde la edad no sea un impedimento para garantizar el trabajo a nadie y que nunca más se escuche eso de “tengo cincuenta años y con esa edad ya no me quieren en ningún sitio”, así como establecer un mercado económico más real y asequible para todos los ciudadanos que eviten futuras injusticias como las que ha provocado la “burbuja inmobiliaria”. 

Eso es lo que en mi opinión  el pueblo quiere y en la medida de lo posible todos debemos ser grano de arena de la montaña de un paisaje distinto al que hoy tenemos tan lleno de injusticias para los pobres por culpa de esos ricos que juegan con el sufrimiento de millones de personas. 

Desde aquí pido a todos una cosa: luchemos todos juntos sin excluir a nadie por lo que el pueblo quiere. 

DIEGO RUIZ RUIZ 

Militante del PSOE y de Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo.

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