GOBIERNO DEL TERRITORIO (II): Veinte propuestas para un cambio de modelo.

Como hemos señalado en nuestro anterior post, el modelo de desarrollo urbanístico y territorial español tiene planteados tales retos que lo hacen no ya cuestionable, sino, sencillamente, inviable,  resultando inaplazable una redefinición del marco jurídico y económico que posibilite el cambio. Para ello, creemos que deberían adoptarse numerosas medidas, algunas trascendentes de la normativa territorial y urbanística, otras específicamente ubicadas en ese ámbito. Las reformas legislativas que el Gobierno está promoviendo, en las costas, en el suelo, en los parques nacionales, por citar algunas, van justamente en la dirección contraria, porque fomentan y amparan el mismo modelo de desarrollo urbanístico que nos ha caracterizado, y resultan absolutamente incompatibles con la sostenibilidad del territorio. Un ejemplo, con la recientemente aprobada Ley 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, nos situamos en un escenario de un claro retroceso en la defensa de los intereses públicos y una victoria para los particulares que han perdido hasta ahora su lucha contra la Administración: plantea una revisión del litoral deslindado, con más del noventa por ciento ya realizado, lo que supondrá procesos contra deslindes ya aprobados que entran en conflicto con edificaciones o desarrollos urbanísticos que pasarán a ser posibles, o contra licencias o instrumentos de planeamiento que se considerarán contrarios a la nueva regulación. Supone, en definitiva, un desmantelamiento de la integridad del dominio público marítimo-terrestre por la extensión de las medidas de desafección y privatización que contempla.

En relación con estas cuestiones, siempre desde una perspectiva global que combine la fiscalidad, la financiación, el tratamiento de las haciendas locales y la regulación y prácticas territoriales y urbanísticas, proponemos las siguientes

MEDIDAS:

1. Actualización de los principios permanentes del urbanismo: acceso universal a los beneficios de la ciudad y el estatuto de ciudadanía.

2. Desbloquear el estatuto de la actividad urbanística, pública, diferenciándolo del estatuto de la propiedad inmobiliaria, privada.

3. Habilitación a los particulares a través de procedimientos con publicidad y libre concurrencia para el desarrollo, no solo de las actividades de urbanización, sino también de la edificación, de manera que permitan a la Administración seleccionar la oferta de mas bajo precio final de venta y mayor rentabilidad para la colectividad, adjudicándolo al mejor ejecutor de los intereses generales. La adjudicación de la actividad de ejecución de la urbanización y edificación no sería en régimen concesional de un dominio público, sometido a canon y plazo, sino en plena propiedad del título de dominio útil creado por el plan sobre el suelo.

4. Planeamiento de diseño estratégico, físico y económico, y no de atribución de aprovechamientos urbanísticos expectantes.

5. Establecimiento de agencias o consorcios, incluso de adscripción obligatoria y siempre de base y liderazgo local, para municipios que no puedan acreditar capacidad real de gestión para impulsar la aprobación de planeamiento conforme a criterios de interés general así como de otorgamiento de licencias.

6. Regulación rigurosa del contenido y las exigencias de transparencia y publicidad de los convenios urbanísticos de planeamiento, prohibiendo en todo caso convenios que determinen la necesaria revisión o condicionen el contenido de un nuevo plan general, así como regulación estricta del ámbito y posible contenido de los convenios urbanísticos de gestión.

7. La enajenación del pleno dominio de bienes inmuebles o aprovechamientos urbanísticos, incluidos los procedentes de cesión, que formen o hayan de formar parte de los patrimonios públicos ha de ser excepcional, de acuerdo con criterios de interés general. Ordinariamente la cesión de tales bienes sólo podrá tener lugar a través de negocios jurídicos que permitan la conservación de tales bienes en el patrimonio público, tales como el derecho de superficie.

8. Creación de instrumentos de desarrollo urbano que equilibren las determinaciones normativas a sus efectivas posibilidades, las que sean comprensibles y abarcables por la dimensión y complejidad de la escala territorial que abarquen, que articulen “visiones unitarias”, estrategias holísticas de ciudad con enfoques integrados.

9. Devolver contenido político-democrático a la actividad urbanística y de ordenación del territorio, robusteciendo el papel y la función de la participación ciudadana directa, haciéndola efectiva y real.

10. Aligerar los procedimientos formalizados, en contradicción en estos momentos con la lógica y la economía de la vida social y económica.

11. Control administrativo de los precios finales del producto inmobiliario en sus transmisiones, mediante ejercicio del tanteo y retracto, y de las ventas, mediante bolsas de carteras de valores inmobiliarios.

12. Control fiscal de todas las segundas transmisiones, para gravar las subidas de precio no justificadas en mejoras o inversiones declaradas respecto a la anterior.

13. Coordinación de la política fiscal con las de suelo y vivienda. Incentivar el cumplimiento de la normativa urbanística a través de una fiscalidad específica discriminadora.

14. Coordinación del planeamiento con el catastro, adecuándolo a los objetivos de la legislación urbanística, que facilite la disciplina urbanística y racionalice los procesos de intervención pública en los mercados de suelo y vivienda.

15. Fomento de agencias o consorcios locales de urbanismo que asuman competencias en materia de planeamiento y disciplina para coordinar la actuación de los municipios y evitar prácticas de competencia a la baja por proyectos privados entre municipios en perjuicio de su territorio.

16. Revisión completa del régimen de financiación de las entidades locales, potenciando su desvinculación de la actividad urbanística y, consecuentemente, evitando su exposición a ciclos económicos y la presión sobre la práctica de planeamiento.

17. Nueva regulación de los patrimonios públicos de suelo que impida su utilización como recurso financiero y haga compatible en todo caso su afectación a fines de interés urbanístico y territorial general y la obtención de una adecuada rentabilidad.

18. Profundización en una regulación sostenible del crédito hipotecario, que haga inviable la generación de nuevas burbujas limitando con criterios objetivos el sobreendeudamiento de cualesquiera personas, físicas y jurídicas, públicas o privadas, vinculado a desarrollos o productos inmobiliarios con criterios temporales, de aplicación de rentas generadas en un determinado periodo u otros análogos.

19. La vivienda sujeta a regímenes de protección pública debe ser calificada durante toda su vida útil y la calificación de suelo para tal destino ha de considerarse en todo caso permanente. La protección pública debe limitarse a la vivienda de alquiler y la rehabilitación y regeneración urbana.

20. La política de vivienda debiera replantearse en su conjunto, limitando la competencia estatal al establecimiento de criterios u objetivos al resto de niveles de gobierno que éstos deberán alcanzar, sin perjuicio de otros que pudieran decidir, diseñando políticas propias. En ese contexto, debiera territorializarse el presupuesto estatal, condicionando su transferencia a la efectiva aplicación a políticas coherentes con los criterios u objetivos fijados por el Estado. 

El territorio transformado por la urbanización tiene ante sí una  nueva  oportunidad:  ser  parte  activa  en  el  escenario  político  y  económico o, por el contrario, permanecer en una situación de relativa marginalidad, limitado a ser mero receptor de los efectos más negativos de la crisis económica. O lo que es lo mismo, se puede optar por un predominio de un desarrollo urbano integrador donde la cohesión social queden garantizada, o por un desarrollo urbano fragmentado donde la exclusión social, con su secuela de marginalidad y desestructuración de pautas de convivencia, se extiendan.

Rosario Alonso Ibañez

Catedrática de Derecho Administrativo

Miembro de Foro Ético

GOBIERNO DEL TERRITORIO (I): ¿A QUIÉN NO LE INTERESA ABORDAR LOS ASPECTOS FINANCIEROS Y FISCALES?

Las reglas del juego económico habitual promueven modelos territoriales y urbanos específicos, salvo que existan barreras institucionales que se lo impidan, y cuando estas barreras se diluyen, el afán de lucro ordena y construye a su antojo la ciudad y el territorio. Esto es lo que nos viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo. La urbanización, que ha sido el más importante proceso de cambio en todos los tiempos, la principal fuerza motora de nuestro pasado crecimiento económico, se ha desarrollado sin sujeción a parámetros ordenadores al servicio de la ciudadanía. Los instrumentos y las técnicas urbanísticas no se han predispuesto para hacer ciudad sino para la transformación urbanística del suelo. Y su uso, en general, no ha respondido tanto a afrontar las necesidades colectivas de la población como a la voluntad de satisfacer a grupos de interés políticamente organizados.

Las bases de nuestro modelo de ocupación del territorio quedaron asentadas en la segunda mitad del pasado siglo, y perviven. Sus desequilibrios más enquistados proceden de entonces: un determinado modelo de negocio inmobiliario y una legislación al servicio de un urbanismo de gestión privada especulativa, que han movido permanentemente al incremento de los precios de los productos inmobiliarios -suelo y vivienda-, y a la expansión urbana. Un modelo que ha venido permitiendo el desarrollo urbanístico basado el fomento público de construcción privada de vivienda de obra nueva en propiedad, accesible con financiación ajena que, titulizada, reforzaba y dinamizaba al propio sistema financiero; estímulos al sector de la construcción con subsidios y desgravaciones; rentabilización de todo tipo de inversiones inmobiliarias preferentemente a través de las plusvalías derivadas de la promoción y venta libres de vivienda nueva que normalmente ocupaba nuevos suelos o se desarrollaba demoliendo edificaciones antiguas, en detrimento de la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico existente. 

Además, las Administraciones públicas han venido compartiendo plusvalías e ingresos asociados al desarrollo del proceso urbanizador, abriendo la puerta a los ingresos irregulares que han quebrado el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos corrientes al destinarse a inversiones cuestionables, y a las prácticas corruptas, propiciando a la vez una triple alianza entre promotores, constructores y políticos locales y regionales con competencias urbanísticas, sentando las bases para que el caciquismo prosperara en torno al negocio inmobiliario. Desde el punto de vista de su repercusión en la economía general, este modelo alimentaba el comportamiento cíclico del sector inmobiliario, que quedaba expuesto a los avatares de la coyuntura económica, provocando así, dado su peso en el conjunto de la economía, inestabilidad. El territorio, en general, y su gestión han estado estrechamente ligados al proceso productivo y al patrón de crecimiento de la actividad económica, sobre todo en la última fase alcista, el decenio inmobiliario (1997-2007), fundado en la elevada disponibilidad de financiación privada al servicio de la construcción.

En estas condiciones, la especulación siempre se ha podido imponer sobre los procesos planificados. Y, en estas condiciones, el urbanismo salvaje de las recientes décadas asociado a las medidas liberalizadoras de la economía que se pusieron en marcha a partir de 1996, potenció hasta la extenuación sus más negativas repercusiones, en términos medioambientales, económicos, sociales y culturales. Tensiones, competencia y enfrentamiento entre administraciones públicas territoriales con competencias concurrentes. Consumo excesivo de suelo. Desarrollo de dinámicas urbanizadoras sin asunción generalizada de criterios respetuosos con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. Falta de perspectiva interterritorial, que ha alterado las tradicionales relaciones urbano-rurales, y condicionado la evolución previsible de lo urbano y lo rural a medio plazo. Postergación de las políticas de ordenación del territorio. Planeamientos puramente financieros, más que urbanísticos, dirigidos a generar valores hipotecarios que hoy pesan como una losa en el presente y el futuro del país. Promociones de viviendas nuevas y de equipamientos que han terminado por construir un espacio urbano con grandes carencias en la prestación de servicios a la población. Transformaciones urbanas auspiciadas por la expectativa de generación de rentas, sustituyendo a la población residente de rentas bajas por otra de mayor nivel económico. Casas sin gente y gentes sin casa….

Esta forma de gobernar el territorio, gravemente condicionada por imperativos económicos, ha condicionado pues la normativa urbanística, las políticas de suelo y vivienda, la normativa hipotecaria y bancaria, el sistema tributario. Se ha convertido en una hidra imposible de abatir que, además, llegó a ser un componente fundamental del sistema de financiación de las administraciones públicas y de generación de empleo. No es de extrañar, por ello, que este modelo se haya mantenido bajo cualquiera que haya sido el color de los Gobiernos que se han sucedido y que, aún hoy, esté resultando extraordinariamente difícil corregir. Es más, cabe pensar que si actualmente está en cuestión es, fundamentalmente, porque ha caído víctima de sus propios excesos, porque tocó techo forzando todos los parámetros económicos y financieros para maximizar el proceso de generación de plusvalías. Pero muchos de sus protagonistas todavía esperan volver a cabalgar a lomos de las plusvalías laminando en el tiempo las minusvalías que asolan nuestro sistema financiero. La crisis actual, en la que se ha gripado uno de los fundamentales motores económicos del país, debe servir para reflexionar, primero, y para corregir enérgicamente, después, esta realidad.

Y para esto no bastan informes o evaluaciones que el planificador, público o privado, perciba como algo externo e impuesto al debate urbanístico. Es preciso cambiar su mentalidad, la forma de abordar la ciudad y el territorio. No se trata tanto de imponer soluciones externas, sino de construir una nueva cultura del territorio que imbrique lo urbanístico, lo ambiental, lo social, lo económico. Utilizando el ejemplo del medio ambiente debe afirmarse que no basta con evaluar, es preciso planificar urbanísticamente en clave ambiental y social. De ese modo, la evaluación vendrá dada en el mismo planeamiento.

Pero el debate sobre el territorio, el urbanismo, las políticas de vivienda, la rehabilitación, la regeneración y renovación urbanas, se está abordando aisladamente, obviando que el modelo de gobierno del territorio, de planificación urbanística y de generación y gestión de plusvalías, ha estado en el ojo del huracán de la crisis actual, lo alimentó, lo aceleró, lo potenció. Erraremos si no acertamos a abordar, junto a los aspectos puramente territoriales y urbanísticos, los financieros y fiscales. La crisis actual fue inmobiliaria y financiera, financiera e inmobiliaria y, al menos en España, y no sólo en España, no se puede entender la gravedad y profundidad de una sin otra. No se trata sólo de salir de la crisis, se trata de hacerlo sobre otras bases, unas bases que impidan que, igual que en la década prodigiosa del urbanismo español se ha hipotecado el futuro de varias generaciones de españoles, puedan estas trasladar esa carga a las que les sucedan. No podemos cometer los mismos errores. Podremos cometer otros, sin duda. Pero los mismos, otra vez, no. Las futuras generaciones no nos lo perdonarían.

Rosario Alonso Ibañez

Catedrática de Derecho Administrativo
Miembro de Foro Ético

España invertebrada, de nuevo

Camino de los cuarenta años desde la Constitución de 1978 España continúa siendo un Estado en construcción. La descentralización política, reforzada por la idea de autonomía, supuso la creación de las Comunidades Autónomas, facultativa según la Constitución, y el realce de las Entidades locales, los municipios sobre todo. No debiera olvidarse, sin embargo, que los municipios son producto de la historia, apegados al territorio y sus vecinos, anteriores a la Constitución misma, mientras que Comunidades Autónomas, veguerías o comarcas son un simple azar histórico. La autonomía penetró por todos los entresijos del Estado y lo empapó todo actuando en un primer momento como eficaz argamasa que proporcionó al Estado surgido de la transición cohesión y resistencia, evitando que el edificio institucional colapsase a la salida de la Dictadura. Pero los planos de ese edificio ni estaban entonces acabados ni lo están hoy. No hay un modelo. Los constantes desarrollos del Estado resultante, escasamente constitucionalizado y demasiado dependiente, por ello, de la coyuntura política, hicieron cada vez más grande y pesada su estructura, y dieron lugar a nuevos niveles administrativos mal trabados con los existentes. El resultado de una tormenta perfecta, producto de la explosión de tres burbujas, la inmobiliaria, la financiera y la político-administrativa, ha sido demoledor. Y a ella se ha unido la reforma constitucional de 27 de septiembre de 2011, y la normativa que la desarrolla, que han asignado a la Administración General del Estado, la más endeudada y deficitaria, un rol preeminente sobre Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

La reforma local, en ese contexto, tan permeable a presiones exteriores, es producto de una extrema indecisión de sus impulsores quienes, en diferentes momentos, han propugnado medidas tan diferentes como la supresión forzosa de municipios, con su automática fusión con el colindante mayor, su mera intervención, su sujeción genérica a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el establecimiento de exigencias adicionales a los planes económico-financieros de los municipios, el fomento de las fusiones, la gestión coordinada forzosa de servicios municipios por otras entidades locales o, finalmente, la gestión coordinada voluntaria de tales servicios, que ya es posible hoy, antes de reforma alguna. El proyecto de ley resultante cercena la autonomía municipal, competencial, organizativa y financiera, en términos cuestionables constitucionalmente e incompatibles con la Carta Europea de la Autonomía Local. Continúa imponiendo el cierre, privatización o transferencia forzosa a otras entidades de servicios municipales que los ayuntamientos venían proporcionando a sus vecinos, especialmente del ámbito social. Los municipios sólo podrán ejercer competencias propias en materias concretas, o competencias delegadas en cualesquiera otras, siempre que no se generen duplicidades y cuenten con una financiación que nadie sabe de donde vendrá. Su competencia y función subsidiaria de servicio a sus vecinos, garantizada en la Carta Europea de la Autonomía local, desaparece o se subordina a informes previos, preceptivos y vinculantes, de otras administraciones. La iniciativa para el desarrollo de actividades económicas se somete, aun garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a “un análisis de mercado, relativo a la oferta y la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad económica sobre la actividad empresarial”. El mercado, sin más. No parece haber otro modelo, otra referencia.

Pero lo más grave, lo más precupante, es que no sabemos cuál es el modelo de gobierno local que se desea, cuál la planta local soñada. La única certidumbre es que no hay certezas, que ya se verá. El municipio, en ese contexto, el nivel de gobierno más débil tras su larga e infructuosa espera de una adecuada financiación, queda desprotegido, del todo subordinado a otros, especialmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este controlará funcional y orgánicamente la intervención municipal, que deberá informar anualmente tanto a la Intervención General de la Administración del Estado como, en determinados aspectos, al Tribunal de Cuentas. El Ministerio, mediante planes económico-financieros que exigirán más a los municipios que a otras administraciones, podrá imponer sus criterios, sin criterios legales que los limiten, sobre organización, competencias, presupuestos, formas de gestión y prácticamente cualquier otra cuestión. Eso sí, irracionales e insostenibles son, curiosamente, quienes han sido responsables de apenas el tres por ciento del déficit público y el cinco de la deuda pública a cierre de 2012. Los otros, los que han generado el noventa y siete por ciento del déficit público y el cinco por ciento de la deuda pública, les van a imponer su racionalidad y sostenibilidad.

Julio Tejedor Bielsa

Profesor titular de Derecho administrativo

Miembro fundador de ForoÉtico

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NUEVO MODELO ECONÓMICO

La crisis que estamos sufriendo pone en evidencia el modelo económico de la sociedad de bienestar. El fracaso del comunismo en la Europa del Este y el desmoronamiento del sistema comunista de la URSS han dejado claro a los líderes políticos de occidente que el único modelo económico viable es el liberalismo capitalista y la globalización de los sistemas financieros. 

El problema del liberalismo económico para las sociedades, es que el capital precisa para obtener el máximo beneficio y la mayor competitividad de un sistema que le permita la flexibilidad en los medios de producción al coste más bajo posible. Los mercados emergentes y la competencia brutal de los productos orientales obligan al capital occidental o bien a emigrar donde los costes de producción son menores o, bien, a buscar una reducción de esos costes en las zonas de influencia. 

En esta situación de los mercados occidente debe reconvertir su modelo económico desarrollado en postguerra. El Boom demográfico de los años 50 y 60 en toda Europa, incluida España, producto de la necesidad de repoblación tras los efectos devastadores de la II Guerra Mundial y el gran desarrollo económico de una emergente Europa catapultó sus sociedades a la consecución de un modelo con altas prestaciones sociales que culminó su progresión a finales de los 80, cuando esta gran masa de población se incorporó al mundo laboral. Afortunadamente, merced a las grandes reservas de capital y a la necesidad de adaptar las administraciones públicas al nuevo orden democrático, el PSOE solucionó el problema mediante la ampliación del funcionariado. Ministerios como justicia, Hacienda y las administraciones locales abrieron sus puertas de par en par a los jóvenes universitarios que se incorporaban al trabajo. Por otro lado, durante la década de los 90 se facilitó a las grandes empresas las prejubilaciones para que se sustituyeran sus recursos humanos obsoletos por jóvenes mejor preparados. Estos jóvenes nuevos trabajadores crearon sus familias y se vieron necesitados de buscar una vivienda. La nueva normativa de Aznar de vender el suelo público para la construcción masiva y la colaboración de la banca para que todos accedieran al crédito y la llegada del euro produjo la gran burbuja financiera que mantuvo a nuestro país en una situación de “felicidad económica” hasta que todo estalló en 2007, cuando se desmoronó el gran gigante creado con pies de barro sobre la base de una riqueza ficticia. 

La deplorable gestión de los recursos por parte de los gobiernos, su falta de previsión, la carencia de reservas económicas y el despilfarro de las Administraciones públicas (sin mentar la corrupción), nos han conducido a la quiebra del sistema. España con cinco millones de parados y diez millones de jubilados no puede mantener el modelo de sociedad de bienestar al igual que le pasa al resto de los países occidentales. En este momento de desesperación, todos los gobiernos de la Europa del Euro han puesto sus ojos al modelo USA como forma de salir adelante o, lo que es lo mismo, al modelo de liberalismo capitalista. 

Cómo todos sabemos, para que este modelo funcione se requiere: 

1.- Gran nivel de consumo. Es necesario un altísimo nivel de consumismo y un amplio mercado. Creación de la Unión Económica Europea. 

2.- Una moneda y un sistema financiero común. El Euro. 

3.- Zonificación de la producción de los recursos minimizando la competencia. 

4.- Flexibilidad de los elementos productivos, incluida la mano de obra. Reforma laboral. 

5.- Reducción del gasto público y privatización de los sistemas de salud y pensiones. Externalización del funcionariado. 

6.- Recorte de la libertad en beneficio de la seguridad. Mayores atribuciones a los cuerpos de seguridad del Estado y ejército. 

Tras este breve y sencillo análisis de una situación económico-social mucho más compleja, podemos resumir diciendo que estamos viviendo el cambio de nuestro obsoleto sistema de estado de liberalismo social o de bienestar a un sistema de puro liberalismo capitalista. Hasta la fecha ha quedado demostrado que es el sistema más eficiente, desde un punto de vista exclusivamente económico; pero que consecuencias conlleva: 

1.- Ruptura de la igualdad social y estructura de diferencia de clases. Una gran divergencia entre pobres y ricos y no sólo en el aspecto económico sino también en materia de justicia, salud, educación y cultura. 

2.- Una dependencia absoluta de la clase trabajadora respecto al capital. La flexibilidad del sistema económico obliga a soportar a la clase obrera los vaivenes de la economía sin ningún tipo de protección social. 

3.- Incremento de la marginalidad en un sistema de feudalismo capitalista, lo que implica la pérdida de los derechos por lo que la clase obrera ha luchado desde la 1ª revolución industrial. 

El problema al que nos enfrentamos es muy grave. Muy grave porque en un mundo globalizado financieramente no es posible escapar del feudalismo impuesto por el capital. Los países sujetos a este sistema han dejado de ser independientes respecto a sus políticas económicas y están obligados a seguir las pautas de aquellos que ostentan el poder con el dinero. El enfrenarse a la globalización por parte de algún Estado le supone la represión económica o incluso militar o la marginación, como les ocurre a los países que se niegan a acatar sus exigencias. (Países Árabes, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, entre otros). Todo ello, por supuesto, orquestado con una poderosa manipulación informativa que demoniza a los países que se niegan a entran en la rueda del capital o se oponen a sus intereses. 

¿Qué hacer? Difícil cuestión ésta. Para aquellos que se encuentren en una buena posición y dispongan de medios económicos, llegan buenos tiempos. A partir de ahora será más barato y más eficiente montar empresas y ganar dinero. El capital se verá favorecido. Las grandes empresas medrarán y ganarán más dinero. Es el momento de las compañías de seguros (sobre todo de salud y pensiones), la banca y las grandes multinacionales. Tras la limpieza de la competencia más débil que se ha desvanecido con la crisis, los más poderosos lo serán todavía más. 

Nuestros jóvenes deberán adaptarse a un mercado laboral muy competitivo, con más obligaciones y menos derechos, donde la movilidad funcional y territorial será una constante y donde será precisa una gran formación a la que sólo unos pocos tendrán acceso. Además deberán acostumbrarse a garantizar tanto su presente como su futuro cubriendo sus riesgos mediante coberturas privadas tanto de salud como de viudedad, orfandad, incapacidad y jubilación. 

Probablemente, aunque también sufran recortes en sus prestaciones, los jubilados tampoco se verán gravemente perjudicados; pero… ¿Qué pasa con los mayores de cincuenta años en paro? ¿Qué pasa con todos los parados provenientes de la construcción, la industria, la minería y aquellas otras actividades que han sido descartadas por nuestro sistema de producción local? ¿Qué pasa con los dependientes y enfermos crónicos? En el mundo del capitalismo liberal puro, no hay sitio para ellos. 

¿Soluciones? Las soluciones por parte del gobierno español, como todos los indicios parecen apuntar, son las de la implantación de un modelo económico de liberalismo capitalista siguiendo los patrones norteamericanos y en comunión con nuestros socios europeos. La transición a ese modelo va a ser muy dura, sobre todo para las clases más desfavorecidas y sin posibilidades de adaptación al encontrarse en una edad avanzada y no disponer de la de formación apropiada. 

¿Es viable un modelo alternativo para mantener el sistema de capitalismo social? Sí lo es. Pero es demasiado costoso y obliga al capital a reducir drásticamente sus beneficios al igual que obliga a los más ricos a un esfuerzo solidario mediante un incremento de sus impuestos. Para ello, sería necesario disminuir la imposición indirecta que grava el consumo y aplicar unas tablas de imposición directa con tipos de gravámenes más altos para las rentas más altas. Obviamente, esto no le interesa al capital que encuentra paraísos fiscales para sus beneficios y países donde los costes de producción, fundamentalmente la mano de obra, son mucho más bajos. 

Es obvio que los gobiernos occidentales incluido el PP ha apostado claramente por un sistema de capitalismo puro y está dispuesto a mover sus fichas durante el tiempo que se le permita estar en el poder para satisfacer y beneficiar al capital. 

Por ello en contra de la lógica solidaria y que garantice los beneficios sociales a la ciudadanía, los estados de la zona euro han comenzado una batalla contra la sociedad de bienestar mediante una batería de medidas de imposición rápida: 

1.- Incremento desmesurado de la imposición indirecta (IVA). 

2.- Reducción de las tributaciones directas a las empresas y grandes capitales, 

3.- Privatización de la salud y la externalización de los servicios públicos a empresas privadas. 

4.- Modelo de pensiones y coberturas de riesgo privados. (Externalización de las pensiones y de las coberturas de viudedad, orfandad e incapacidades). 

Así, el PP está desmantelando de forma irreparable el sistema de medidas de protección del Estado y el sistema de pensiones público. El problema es que el PSOE, conocedor del plan económico previsto por los países de la zona euro lejos de plantar cara y buscar alternativas, agachó las orejas y cedió a tales imposiciones. El Sr. Zapatero dimitió y entregó el poder al PP para que se encargase de aplicar los mandatos de nuestros socios europeos y USA. El PSOE sabe que España no tiene capacidad para desvincularse del mandato occidental y ha preferido esconder la cabeza como una simple avestruz mientras se hace “lo que se debe hacer”. Negarse a las medidas impuestas por la CEE y USA significaría volver a la autarquía económica como Cuba o Corea del Norte, algo impensable en estos momentos. 

Para los analistas, este proceso de cambio de modelo económico, si bien es cierto que se cobrará un gran número de víctimas y sumirá a una quinta parte de la población en la miseria, siempre es mejor que una guerra, que ha sido el mecanismo que se ha utilizado cada vez que se ha producido una grave crisis económica como la actual. (Última referencia crisis del 29 y II Guerra Mundial). 

Personalmente pienso, ante las expectativas de fuertes nubarrones sobre nuestro panorama social, disfrutar de la vida lo más posible y tratar de guardar algo de caja para los tiempos difíciles que se avecinan. Estoy seriamente decidido a cambiar el jardín por un huerto y una granja de gallinas y conejos. Adaptarse o morir.

José María Bayod

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ARGUMENTOS PARA RECHAZAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO RAJOY SOBRE LA CONTRA-REFORMA LOCAL .

1. ESTA INICIATIVA ESCONDE LA IMPOSICIÓN DEL MODELO IDEOLÓGICO DE LA DERECHA. 

El Gobierno de Rajoy aprobó en Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2013 iniciar la tramitación de su propuesta de contra-reforma para la administración local: un anteproyecto de Ley denominado "para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

¿Qué busca el Gobierno? 

Montoro aprovecha las exigencias de Bruselas sobre la estabilidad presupuestaria y el estricto cumplimiento del déficit para devaluar la democracia local, vaciar de competencias a los Ayuntamientos convirtiéndolos en meras delegaciones de otras administraciones, someter y tutelar su capacidad de decisión e imponer un modelo ideológico basado en: la austeridad, los ajustes y recortes de derechos ciudadanos y la privatización o desaparición de servicios públicos. Todo ello conducirá a una mayor desigualdad y desprotección de una buena parte de nuestros vecinos en un periodo en el que la crisis económica requiere más que nunca de la actuación conjunta de las administraciones públicas para garantizar un umbral básico de protección social.

Dice el Gobierno que su contra-reforma local persigue el objetivo de hacer cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y garantizar la sostenibilidad de las Entidades Locales. Pero es una justificacion sin base, puesto que son los Gobiernos Locales los que están cumpliendo con mayor rigor los objetivos de reducción del dėficit público y amortización de deuda. Los datos son que el endeudamiento público de los Ayuntamientos se sitúa en torno al 4% del PIB. Además, sobre un déficit público del 10 % entre el conjunto de las administraciones en 2012, la administración local "aportó" el 0,3% y se mantendrá en el 0% en el periodo 2013-2015. 

Sin embargo, el PP quiere atribuirles una imagen de mala gestión y despilfarro, como si tuvieran necesidad de buscar una cabeza de turco a quien responsabilizar de la mala situación económica general. 

El PP busca imponer, con su mayoría absoluta, los criterios de máximo rigor presupuestario que exige la troika en el funcionamiento de las corporaciones locales, por encima de la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios de calidad que son, desde hace 30 años, los objetivos prioritarios de casi todos los Ayuntamientos. Ellos han sido quienes han transformado nuestros municipios, aún reconociendo la existencia de inversiones injustificadas y fallidas y de casos decorrupción; importantes pero que no pueden borrar el acierto y la honestidad demostrada por la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que han gestionado las Alcaldías en España desde el año 1979. 

2. RAJOY PRETENDE ELIMINAR LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS PUEBLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES. 

En la actualidad y según la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, correspondiente a los años 2010-2011, elaborada por el Ministerio de Sanidad, el 98% de la población en España tenía acceso a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. Canalizando y realizando estos servicios sociales municipales trabajan 50.000 personas. Cada año, 7 millones de ciudadanos se benefician de estos servicios pero la desaparición del Plan Concertado, al dejar el Estado de aportar ayudas, se traduce en dejar sin atención y cuidados a millones de personas, en especial , mayores y dependientes, y condenarlos a una vida precaria o abandonarlos a la exclusión. 

El modelo ideológico de la derecha pretende, entre otras cosas, que en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, los servicios sociales y de otro tipo que no sean "rentables" o no cumplan con los criterios y el "coste estandar" o precio máximo que fijará el Gobierno, tendrán que desaparecer o se externalizarán previo traspaso de las competencias de los Ayuntamientos a las Diputaciones. Esto significará, además, alejar la gestión de lo próximo y dificultar el control ciudadano. 

En definitiva: quieren eliminar los servicios sociales en los municipios con menos de 20.000 habitantes, prescindir del personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales y otros servicios a las Diputaciones Provinciales y abrir camino a la privatización de su prestación cediéndolos a empresas concesionarias. 

3. EL PROYECTO DEL PP CONDENARÁ A LA MARGINACIÓN A LAS ZONAS RURALES. 

Los servicios sociales no solo cumplen una función social y solidaria sino que, además, en miles de zonas rurales son un elemento que favorece la formación de "comunidad" y la permanencia de los habitantes en el territorio. 

Con la eliminación de todos los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros), se estaría condenando a la marginación a miles de ciudadanos que viven en las zonas rurales, provocando su despoblación. Por cierto, la propuesta del Gobierno elimina todas las entidades locales menores. 

El mantenimiento del pequeño municipio, que defiende los intereses de sus vecinos y contribuye y define su identidad, no puede estar reñido con la gestión más eficiente de los servicios. Esta etapa de crisis debe servir para impulsar la concertación de actuaciones entre ellos, mediante mancomunidades y consorcios dotados de instrumentos -que deberían aportar las Diputaciones- para garantizar una gestión con rigor tėcnico y económico. Esta fórmula o la asociación de pequeños municipios han de permitir una prestación racional de los servicios locales sin sobrecostes. 

Hay que tener en cuenta la realidad de nuestra estructura municipal que tiene 5.791 municipios de menos de 2.000 habitantes. Y que los servicios no obligatorios para Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pueden ofrecerse mediante mancomunidades, comarcas o consorcios de municipios, siempre con la garantía de apoyo técnico y legal. Es ahí donde alcanza sentido la existencia de las Diputaciones Provinciales como entes colaboradores de los pequeños municipios y no como una administración política opaca, reforzada de más poder como pretende el PP. 

4. EL PP DESPRECIA EL PAPEL CÍVICO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y PERJUDICARÁ LA COHESIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS EN MITAD DE LA CRISIS. 

La propuesta del PP deja en manos de las Comunidades Autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales que hoy están gestionados por los Ayuntamientos de las ciudades y poblaciones superiores a 20.000 personas, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos tras un complejo proceso de ida y vuelta, marcándoles los criterios y tutelando cada paso. Y sin precisar cómo, ni hasta cuando y a quienes se va a financiar. 

Esto, además, supone un claro desprecio hacia la eficaz labor en servicios sociales que prestan los ayuntamientos desde hace años y al buen trabajo de atención a los ciudadanos que se ha hecho desde ellos. La inmensa mayoría de los ayuntamientos lo han hecho y lo hacen bien, en este ámbito, porque son la administración más cercana al ciudadano, porque conocen el terreno y se adaptan a las necesidades de las personas. 

El PP quiere trasladar la reforma laboral y los recortes de servicios al campo de los Ayuntamientos, como exigió Bruselas. Y la consecuencia será la expulsión de miles de trabajadores, más paro y una privatización de servicios. 

Quitar las competencias sobre los servicios sociales y limitar, intervenir o impedir el papel de los Ayuntamientos en materia educativa, sanidad, vivienda, desarrollo económico o empleo es dificultar la cohesión social y reducir el "salario social indirecto" que muchos Ayuntamientos aportan a la ciudadanía por la vía de servicios. 

Está claro que el Gobierno de la derecha no busca una reforma democråtica, ni potenciar el papel se los Ayuntamientos en tiempos de crisis en los que habría que reforzar su papel -como las administraciones más cercanas a la ciudadanía- para mantener las bases de la cohesión social en los pueblos y ciudades con políticas de solidaridad y ayuda a aquellas familias que viven en situacion de pobreza y con riesgo de exclusiøn. 

Por el contrario, pretenden vaciar de competencias a más del 90 por ciento de las entidades locales, despreciando a los gobiernos locales elegidos democráticamente en las urnas por la ciudadanía para convertirlos en meras administraciones que soporten las decisiones políticas de otras instancias territoriales.

5. DEL RECHAZO AL PROYECTO DEL GOBIERNO A LA MOVILIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE UNA ALTERNATIVA. 

La reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno de la derecha — cuyo lema es: una Administración una competencia, rechazando las competencias compartidas entre administraciones — concede la competencia exclusiva de los servicios sociales en las ciudades a las Comunidades Autónomas y falsea los datos a la hora de evaluar el pretendido ahorro económico que se marca como objetivo. 

Esta decisión tendrá un impacto directo en las prestaciones de servicios municipales, protagonistas de la primera línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. Precisamente en un momento en que la dureza y la persistencia de la crisis económica está desbordando la capacidad de respuesta de la red asistencial, la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sembrado la incertidumbre en el sector: no está claro si las autonomías mantendrán todos los servicios que los municipios tendrán que dejar de asumir, si podrán financiarlos o si acabarán privatizándolos. Como reconoce el propio Gobierno, entre los principales objetivos de la reforma se encuentra el de "favorecer una regulación favorable a la iniciativa privada". 

Esta errónea concepción del nuevo papel de los Ayuntamientos se manifiesta en un texto que no resuelve los problemas reales de financiación de las Entidades Locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana, ni abre el debate sobre la posible elección directa de los Alcaldes, ni aborda medidas de transparencia, ética política y buen gobierno . 

Por el contrario, ataca la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, ignora los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, vulnera la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía invadiendo las competencias de las Comunidades Autónomas. 

En tales circunstancias, el PSOE y el conjunto de la oposicion, excepto UPyD, pedimos la retirada inmediata de este proyecto que no puede imponerse por una mayoría absoluta coyuntural y que se abra un proceso de debate para poder aprobar una nueva Ley de Gobierno Local, con la participación activa y el consenso imprescindible de los grupos parlamentarios y de las Asociaciones representativas del municipalismo. 

El objetivo es lograr Ayuntamientos más eficientes evitando descoordinaciones con otras administraciones que permitan gestionar mejor, ahorrar recursos sin perder eficacia y mantener servicios con criterios sostenibles desde el punto de vista social y económico. Además, la nueva norma debería establecer las bases para dejar claramente definidas las competencias propias de los Ayuntamientos, el modo de ejecutar las competencias compartidas con otras administraciones, la mejora de los mecanismos de control y transparencia para evitar casos de corrupción (con especial referencia al papel de los Secretarios, Interventores y mesas de contratación) sobre todo en materias de contratación de obras y planes de urbanismo, establecer los límites retributivos de los políticos y garantizar un modelo de financiación local suficiente y adecuada a los servicios que prestan. 

*De momento, he presentado como Diputado hasta 9 preguntas a responder por el Ministro Montoro que después de 8 meses se niega a comparecer en Comisión del Congreso para "explicar" de modo transparente los objetivos de su contra-reforma local y someterse al debate de control político por la oposición. 

Odón Elorza 
@odonelorza2011

Diputado Socialista 

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El Estado de las economías

Tenía seis años cuando murió Franco. Mi generación no votó la Constitución de 1978 ni participó en la transición a la democracia. Ambas aparecen hoy ante nosotros como dos mantras que nadie parece poder cuestionar. La Constitución es un límite taumatúrgico y la transición un proceso perfecto fruto de un sacralizado consenso entre fuerzas políticas que, sin embargo, partían de presupuestos incuestionables como la monarquía o la inexigibilidad de responsabilidades tras la dictadura.

Cuesta mucho, a muchos, reconocer que Constitución y transición fueron simplemente el producto del pacto posible hace ya treinta y cinco años, un pacto entre las élites procedentes de un régimen dictatorial nacido de un golpe de Estado y una cruenta guerra civil y unos partidos políticos emergentes, renacidos cual ave fénix en algún caso o reconstruidos en la clandestinidad en otros. Los primeros, alineados en Unión de Centro Democrático o Alianza Popular, superado el proceso constituyente y la propia transición a la democracia, tuvieron que realizar su particular travesía del desierto para construir un partido político que aglutinase al centro derecha, el Partido Popular, una nueva CEDA. Los segundos, llamados al gobierno del país de manera prácticamente inmediata, hicieron lo propio en torno a un PSOE que fue devorando a cuantos se acercaban a él limitando rápidamente el espacio político del PCE, pronto integrado en Izquierda Unida. La izquierda aglutinada en el PSOE generó, eso sí, unas nuevas élites políticas que fueron rápidamente abducidas por los lobbies sociales y económicos del país, escasamente afectados por la transición, una clase política cada vez más distanciada de sus bases.

El modelo de partidos cuajó rápidamente en un bipartidismo imperfecto, potenciado por un sistema electoral concebido para favorecer a las mayorías y facilitar la gobernabilidad del país, escasas exigencias y controles de la democracia interna de los partidos y tenues normas sobre transparencia y prevención de conflictos de intereses. El proceso de descentralización, esbozado y no acabado en la Constitución, carente de un punto de llegada y, por ello, disgregador, generó el actual Estado autonómico fruto de sucesivos pactos entre las fuerzas políticas mayoritarias tendentes, en términos generales, a igualar la capacidad de gobierno de las diferentes Comunidades ampliando sus competencias, pero manteniendo un régimen de financiación dual, que favorece al País Vasco y Navarra y suscita, por ello, envidias y tensiones de otras Comunidades que obtendrían mayores recursos con el sistema de cupo y aspiran al mismo. Este fue, en términos generales, el contexto político e institucional resultante de la transición. 

Hoy, sin embargo, los consensos y las instituciones, pese a las resistencias del sistema de partidos que ha dominado la política del país durante casi cuatro décadas, están siendo cuestionados duramente como consecuencia de una corrupción que parece generalizada y que se hace evidente acaso como consecuencia de la grave crisis social y económica que atravesamos. Es el sistema de partidos mismo lo que hoy está en cuestión, fagocitado como ha sido por una clase política incapaz de renovarse salvo por cooptación, profesionalizada en grado sumo, sin posibilidad de retirada y percibida como uno de los más graves problemas, acaso el fundamental, por los ciudadanos. Las expectativas electorales de los dos grandes partidos disminuyen día y día, pero no surgen tampoco alternativas potentes, que generen confianza, que parezcan capaces de tejer mayorías alternativas. La resistencia al cambio, la inmovilidad de los grandes partidos, acaso la caverna renacida, hacen que la situación política se esté agravando progresivamente profundizándose de este modo en una crisis representativa, que no democrática, que provoca una gran distancia entre representantes y representados. La confianza se ha roto y la pasividad, que antaño solía resolver ciertos problemas, hoy no la reconstruirá. 

Tampoco desde la perspectiva institucional la inacción será solución. Para un observador atento el modelo de Estado que surgió de la transición y del proceso descentralizador que impulsó la Constitución, basado en los principios de autonomía y competencia, está cambiando rápidamente. Del Estado de las autonomías hemos pasado al Estado de las economías, en el que la autonomía como principio fundamental de relación entre poderes ha dejado paso a la estabilidad presupuestaria como mandato impuesto incluso al poder soberano, que lo ha visto incorporado a la Constitución sin que se le pidiera opinión al respecto. Más allá de principios organizativos, distribución de competencias e intereses respectivos, o mejor por encima de ellos, se imponen hoy las exigencias de estabilidad presupuestaria. Hoy la crisis constitucional que puede dar lugar a la intervención de Comunidades ya no es la secesión, que inspiró el artículo 155 de la Constitución, sino el descontrol presupuestario. Y al socaire de tales exigencias se pone la Constitución al servicio del general interés, postergando el interés general. 

Julio Tejedor Bielsa

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