LOS VIDEOS DEL DEBATE SOBRE PRIMARIAS QUE MANTUVIMOS

CON  IGNACIO URQUIZU, JOAN NAVARRO DE FORO +DEMOCRACIA, JULIO GONZÁLEZ DE FORO ÉTICO, REYES MONTIEL CANDIDATA A PRIMARIAS EUROPEAS POR EQUO, DAVID LUCAS DEL PSOE, ENRIQUE DEL OLMO CANDIDATO A PRIMARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR EL PSOE Y JORGE GARCIA CASTAÑO POR IU.

¿Dañan la imagen de la Agencia Tributaria los ceses que se están produciendo?

Se han producido estos días varios ceses en la Agencia Tributaria que, en opinión de algunos medios deterioran la imagen que la ciudadanía tiene del fisco.

Discrepo. No porque crea que la ciudadanía tiene buena imagen ni del sistema tributario injusto que tenemos, ni de la forma en que se exige a unos si (los de siempre, los que menos tienen) y a otros no (los que pueden pagar asesores, se benefician de exenciones de todo tipo, utilizan las amnistías fiscales para tapar sus vergüenzas o directamente se valen de sus relaciones para que sus fraudes no lleguen a la consideración de delito fiscal). 

No, no me refiero a eso. 

Estoy pensando en cómo están demostrando los funcionarios y funcionarias de la Agencia Tributaria por qué son importantes las figuras de los empleados públicos inamovibles. 

Las Administraciones públicas, como cualquier empresa, precisan de personas que impulsen y desarrollen su actividad. Estas personas a las que comúnmente llamamos funcionarios forman un colectivo heterogéneo compuesto por funcionarios de carrera (quienes tienen encomendadas las tareas que implican ejercicio de autoridad y prestación de servicio público), interinos, laborales y eventuales.

La existencia de cuerpos de funcionarios no es un capricho. Nuestro modelo de función pública es fruto de una evolución histórica que acabó en las Cortes Constituyentes de Cádiz con la compraventa de cargos públicos y sentó las bases de la organización burocrática española que desarrolló el Estatuto de Bravo Murillo, y que supone el fundamento de la seguridad jurídica de que la Administración no va a someterse a los caprichos políticos de turno.

Quienes sirven a la Administración, sean archiveros, agentes forestales, conservadores de museos, inspectores de hacienda, profesores, médicos, orientadores de empleo o quienes día tras día aseguran que las contrataciones se celebren de acuerdo con la legalidad, son profesionales que han accedido tras rigurosas pruebas selectivas y gozan de estabilidad en el puesto de trabajo como garantía de su independencia respecto de quien gobierne en cada momento; ello nos asegura a los ciudadanos, que van a tomar sus decisiones de acuerdo con los criterios de legalidad, imparcialidad y justicia , con sometimiento pleno a la  ley y al derecho. Porque esa misma estabilidad en el empleo implica que a un funcionario no se le puede despedir por no cumplir con los mandatos de su superior político si dichos mandatos contradicen la legalidad vigente. (Nótese que hablo de los funcionarios y no de la pléyade de eventuales nombrados a dedo por el político de turno, responsables de la mayor parte del descrédito y desafecto con que la ciudadanía trata al funcionario).

¿Qué mejor garantía puede tener un Estado democrático que la seguridad de que sus servidores públicos no están al albur del interés político de quien gobierna?

¿Quién sino un funcionario con garantía de que seguirá siéndolo puede poner impedimentos a una decisión injusta?

¿Quién se atreve a llevar la contraria a su jefe en la empresa privada y más después de la última reforma laboral?

Esa y no otra es la ventaja real de los funcionarios públicos, su patrón no puede despedirles si le contradicen o contrarían; sí puede, y de hecho hay quien lo hace y cada vez mas descaradamente, rebajarles el sueldo, vilipendiarles, moverles de puesto de trabajo (ya que la estabilidad no implica inamovilidad) , desprestigiarles de mil maneras, decirle a la sociedad que no es justo que tengan trabajo estable, que son muchos (bastantes menos que en los países de nuestro entorno, Francia o los países nórdicos por citar un par de ejemplos) que sería mejor que fuesen contratados como en la empresa privada, decir hasta la extenuación que no son eficientes ni eficaces, que son más costosos, que lo privado es más barato… pueden hacerlo y lo están haciendo. 

Por supuesto que con un objetivo: si se acaba con los funcionarios se acaba con la única posibilidad de asegurar el correcto funcionamiento de la Administración y su sometimiento a los principios de legalidad, imparcialidad y justicia.

Los funcionarios que han accedido a sus puestos con vocación de servicio público (ya sabe todo el mundo que si uno quiere hacerse rico justo ser funcionario no es la opción) deben, por mandato constitucional, servir con OBJETIVIDAD LOS INTERESES GENERALES (y no los particulares de su temporal patrón) y cumplir la ley y formalizan ese juramento cuando acceden a su puesto.

En días de tanto revuelo mediático por los ceses yo me alegro, de que los inspectores de la Agencia Tributaria sean funcionarios de carrera porque eso les permite mantener su criterio técnico (no olvidemos que son profesionales de lo suyo, y que su función es velar por el cumplimiento de las normas y actuar en cumplimiento del bien común) a pesar de las presiones, que las habrá, qué es evidente que las está habiendo y muy poderosas, sin riesgo a perder su puesto de trabajo , aunque sí, no nos olvidemos determinadas retribuciones que acompañan al puesto desempeñado.

Pensad, si esos funcionarios pudiesen ser contratados a dedo por el político de turno ¿Qué seguridad tendríamos de que las cosas se realizarían conforme a la legalidad?

Que contentos se pondrían algunos políticos si cada vez que fuesen elegidos pudiesen nombrar a todos los miembros de la Administración ¿imagináis las redes clientelares? Si ya las hay amplísimas por causa de esos eventuales que no son sino amigos nombrados a dedo, que no sería si se tratase de toda la Administración.

Otilia Armiñana Villegas

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PROPUESTAS DE FORO ÉTICO AL DEBATE POLÍTICO. (TERCERA PARTE)

VIII. Otro modelo de partidos, más democráticos

Convendría reflexionar más y mejor sobre la quiebra de los programas electorales. La ciudadanía no cuestionan la capacidad y la pertinencia de su voto, sino que sus representantes, a los que han votado, les traicionen. Porque de eso se trata, de traicionar la confianza depositada. Sería conveniente arbitrar mecanismos que vigilen las líneas maestras más importantes de los compromisos electorales mediante, por ejemplo, un comité de seguimiento electoral (externo o mixto) que permita emitir un informe de cumplimiento.

En este sentido, se podría incluir también la figura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de resultar positivo. Sería una fórmula aplicable a Presidentes y Presidentas del Gobierno, de Comunidades Autónomas y Alcaldes y alcaldesas.

Se han de proponer de forma periódica encuentros que potencien los debates internos entre corrientes y sensibilidades distintas en el seno del partido, de forma transparente y pública. Se trata de cambiar la cultura interna (y social) consistente en que un debate no tiene por que conducir a disputas o posiciones irreconciliables sino que de ello han de salir propuestas y compromisos claros.

Se propone defender una democracia consultiva y deliberativa como una vía de profundización en la democracia representativa.

Respecto al tema de las personas imputadas: cuando existe un auto judicial de imputación formal y apertura del juicio oral creemos que no se debe continuar en el desempeño de un cargo público. Con ello no se cuestiona la presunción de inocencia, que al imputado en estas últimas circunstancias también le es plenamente aplicable. El plano no es de inocencia o culpabilidad, sino de confianza y garantía de una posición que permita al cargo público (y quizá orgánico) ejercer adecuadamente sus funciones. Y tales confianza y garantía resultan difícilmente compatibles con un auto de apertura del juicio oral en el que han de justificarse por el juez los indicios que le llevan a mantener la imputación y ordenar el avance del proceso. Es esencial romper con lo que ya es tradicional en este país en el que, pase lo que pase en sede judicial, nadie se da por aludido. Esta, junto a la extrema y exasperante lentitud de la justicia, es una de las causas fundamentales, de la ruptura de la confianza de la representación en sus representantes. Creemos preciso apartar de la actividad pública a personas imputadas formalmente una vez se decreta la apertura del juicio oral y entendemos acertada la propuesta de agilizar los procedimientos en que estén implicados cargos públicos, así como la modificación de la normativa de contratación del sector público para expulsar del sistema de contratación pública a empresas condenadas por delitos relacionados con la corrupción política o a sus dirigentes.

Si se quiere mejorar el sistema de control, se pueden hacer muchas más cosas y más eficaces, como plantear modelos radicalmente alternativos, con elección directa del Presidente del Gobierno y una profunda modificación del sistema de elección de Diputados, para acercarlos a sus electores (que el partido sea nuestro partido, que el Diputado/a sea nuestro Diputado/a …).

Deberían recogerse los principios de una regulación ambiciosa del “estatuto del parlamentario”, que incluya una regulación transparente y razonable de sueldos y dietas, eliminando situaciones extrañas de la actual regulación. En este sentido, se propone asimismo una aplicación más estricta del régimen de incompatibilidades de sus señorías.

Proponemos una modificación del artículo 71.3 de la Constitución, para eliminar el foro especial del Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de Diputados y Senadores. Asimismo proponemos que se impulsen medidas de derogación de normas equivalentes en los Estatutos de Autonomía.

Debería recogerse un régimen de actividad mínima de la figura del parlamentario que suponga su sustitución automática por el siguiente de la lista. No es asumible la presencia de esos diputadas y diputados y senadores y senadoras que no tienen actividad contrastada. Sería necesario posibilitar mecanismos de rendición de cuentas (ya existentes en otros modelos o países) de forma transparente, pública y accesible a la ciudadanía , como en el parlamento del Reino Unido.

Hay que debatir la necesidad de reforzar al parlamentario y parlamentaria dotándole de una “oficina” con al menos un asesor o asesora que pueda ayudarle a realizar el trabajo. Es una medida que está implantada en otros sistemas y que servirá para paliar lagunas del trabajo parlamentario, donde no se puede “saber de todo”. Habría, eso sí, que regular muy bien el estatus y funciones de los asesores y asesoras, para impedir utilizaciones arbitrarias.

Para garantizar el conocimiento de la ciudadanía de la actividad parlamentaria, se podría reservar un canal de televisión digital terrestre para la emisión del Canal parlamento.

Parece insuficiente el control por parte del Congreso de los Diputados y Diputadas al Presidente o Presidenta del Gobierno de solo media hora. 

En los supuestos de Iniciativas Legislativas Populares, debería ser el o la representante de la propuesta quien la presente ante el Pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas y conteste a las observaciones que realicen los grupos parlamentarios.

Habría que pedir la supresión del artículo 73.1 de la Constitución, donde se recoge la regla tan criticada de las “vacaciones parlamentarias”.

Debería incluirse como obligatoria la comparecencia en el plazo de tres días del Presidente o Presidenta del Gobierno ante el pleno del Congreso después de cada Cumbre europea, así como de los Ministros o Ministras responsables ante las Comisiones respectivas después de cada reunión sectorial. Las ausencias en estas cumbres deberán justificar de ante la Comisión correspondiente, con el fin de evitar situaciones que se han repetico en esta legislatura.

Debería incluirse un apartado para reforzar el control parlamentario de la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General del Estado, el Director o Directora General de RTVE y los Organismos Reguladores, los miembros españoles del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, de tal manera que se valore el curriculum de las y los candidatos y su adecuación para el puesto, de forma similar a lo que ocurre en otros países. En todo caso, con independencia de quien se proponga, deberán comparecer ante una comisión específica del Parlamento.

Acceesibilidad y Transparencia: es imprescindible implementar una web accesible y sencilla que cualquier persona pueda consultar, incluso los legos en uso digital. De nada sirve disponer de buena información si no se puede llegar a ella.

Se hace preciso efectuar una regulación de los lobbys y/o en cualquier caso, hacer pública las reuniones de éstos con las y los parlamentarios.

El desarrollo de las campañas electorales ha de adaptarse a los tiempos nuevos. 

a. Por ello sería conveniente articular un sistema de debates televisivos obligatorios en las campañas electorales entre aquellas formaciones políticas que hayan obtenido al menos el 10% de los votos. 

b. Serán debates abiertos a la emisión por todos los canales de televisión. Al menos, se deberán realizar dos debates entre los dos candidatas o candidatos de los partidos que tuvieron mayor número de votos en las elecciones precedentes. 

Aún reconociendo el coste que tiene la presentación de muchas candidaturas –y a los abusos que se han producido con los censos electorales–, no parece razonable el peregrinar de algunos partidos en las últimas elecciones a la búsqueda de la firma perdida para poderse presentar. 

Los censos de militancia y electorales, origen de infinidad de conflictos, han de poder regularse de una vez: transparentes, actualizados, públicos, vivos, en continua dinámica, informatizados. Debería descentralizarse el sistema organizativo de los mismos.

Hoy en día, cuando se habla de participación democrática, la expresión conduce también necesariamente a las primarias y sus condiciones . En este sentido, los principios que creemos que deben regir la celebración de las mismas son los siguientes:

- La lealtad a los principios éticos y democráticos. El respeto entre los adversarios debe presidir el proceso. Deben  establecerse mecanismos que garanticen la unidad en apoyo al candidato-a finalmente elegido-a, para facilitar totalmente sus cometidos y prever su relación con el resto de órganos del partido.

- Neutralidad de los órganos de dirección del partido para hacer posible la pluralidad de opciones como esencia de unas primarias democráticas en las que hay que elegir entre diferentes proyectos y trayectorias.

- Arbitraje de un Comité Ético y de Garantías que desde una posición independiente vele por el cumplimiento del procedimiento y normas a seguir.

- Igualdad de oportunidades para los candidatos, con aportación de censos de afiliados y simpatizantes desde el inicio, cesión de locales en las sedes para los actos, apertura de las páginas web  a las propuestas de las diferentes candidaturas, etc.

- De haberlos , ha de establecerse un tope máximo en el número de avales a presentar para permitir que el esfuerzo de los candidatos se ponga más en la fase de debate de propuestas que en la búsqueda obsesiva de avales. Se trata de garantizar la concurrencia efectiva de opciones como esencia de las primarias.

- El voto de cada militante será secreto, asegurando así la máxima libertad e independencia a la hora de optar por cualquier candidatura. De este modo se sentará la base de “un militante, un voto” que ha de regir también para la elección de los Secretarios Generales .

- Explicación e información de los distintos programas a la militancia y a la ciudadanía interesada, desarrollo de actos en locales públicos y sedes, celebración de debates entre los candidatos en las sedes, en las redes y en los medios de comunicación.

- Establecimiento de un proceso de elección de candidat@ a Presidente/a del Gobierno a dos vueltas. De este modo se tratará de aunar lo máximo posible una candidatura que cuente con un contenido lo más amplio posible y que refleje el deseo de la militancia y los simpatizantes. 

- Convocarlas con tiempo y reglamentar un plazo suficiente para el desarrollo de las dos fases.

- Máxima apertura del proceso a la ciudadanía facilitando su participación en las elecciones primarias sin requerir formar parte, con carácter previo, del censo de simpatizantes. 

- Aportación por cada candidat@ de un presupuesto detallado con límite de gasto que cuente con ayudas del partido. Se presentará al Comité Ético y de Garantías así como el resultado económico final a efectos de control. Esta cuestión es de vital importancia en el caso de primarias abiertas a la participación ciudadana.

En esta línea de democratizar los partidos consideramos importante que en la composición de los Comités ejecutivos haya un mínimo de un 40% de hombres y mujeres ciudadanos comunes que no ejerzan cargo orgánico ni institucional.

Hay que  abandonar la cultura del servilismo acrítico y sustituirla por el reconocimiento de las aptitudes y méritos de las personas en función de las tareas asignadas. Ello tiene que ir ligado al desarrollo de un proceso interno de gestión de la información y del conocimiento destinado a mejorar y optimizar la labor del partido, así como su comunicación, tanto interna como externa. 

Se deben  introducir las listas abiertas en los procesos internos de elección de candidatos/as y secretarios/as generales para que todos/as los/as militantes tengan los mismos derechos y oportunidades de participar. Las listas deberán ser paritarias, para ello se pueden hacer dos listas, una de hombres y otra de mujeres para después confeccionar una lista cremallera en función de los votos obtenidos. 

IX. Educación laica, de alta calidad y gratuita

La acción pública se ha de desarrollar para garantizar unas condiciones de vida razonables a la ciudadanía. Aquí tenemos mucho por hacer.

Por un lado en la educación, que es la base de la ciudadanía y que creemos que debe cambiar sustancialmente. Desde FORO ÉTICO entendemos que ha de progresarse hacia una oferta de educación pública generalizada en la totalidad del territorio nacional y para todos los estudiantes. Las formas de educación privada serán complementarias de la oferta pública, pero en ningún caso sustitutivas de la misma y deberá tenderse a la eliminación de la educación concertada y su sustitución por educación pública. La educación pública será laica, de alta calidad y gratuita desde la educación infantil hasta los 16 años. Habrá de incluir necesariamente la asignatura de educación para la ciudadanía.

Un planteamiento que rompe con el pasado en una doble dirección: por un lado reconociendo el papel de la educación pública como generadora de igualdad entre los ciudadanos, mejorando la concienciación democrática y permitiendo una educación de calidad dado que todos los recursos van a ir a ella. Por otro lado, yendo en la línea de separación de las confesiones religiosas, dado que es una función pública.

X. Reforma de las instituciones económicas

La reforma de las instituciones económicas y de su regulación debe estar en el objetivo de un partido progresista. Son varias las líneas que han de adoptarse:

En primer lugar, se propone replicar el programa del Banco de Inglaterra para activar el crédito de la economía real. 

Para ello proponemos 

1) disminuir la línea de crédito concedida por el Eurogrupo para el saneamiento de las entidades bancarias; 

2) solicitar al Eurogrupo destinar la diferencia para desarrollar algo similar al programa británico denominado Funding for Lending Scheme (FLS en sus siglas en inglés) destinado a incrementar el crédito a las pequeñas y medianas empresas.

En segundo lugar, modificar las consecuencias de la crisis en relación con las situaciones de insolvencia. Por todo ello, se propone la elaboración de una nueva regulación específica para abordar los procesos “concursales” de las personas físicas en el marco de un proceso pautado y ordenado por la regulación. La banca ha concedido crédito de forma irresponsable. La vinculación de las sociedades de tasación con los grupos bancarios es un conflicto de interés que ha contribuido a agravar la sobrevaloración de los inmuebles. En este proceso, sería conveniente acordar planes de pagos con posibilidad de mantener la vivienda en (bajo) alquiler incluyendo una moratoria o en caso de que la entidad no se aviniese a ello, prever incluso la dación en pago.

La experiencia de desprotección de los consumidores nos lleva a proponer crear una AGENCIA de protección del inversor similar a la creada en EEUU por el Gobierno de Obama (la Consumer Financial Protection Agency), con lo que se complementaría las funciones de control, en ámbitos en los que el esquema institucional de la CNMV no puede llegar. Con la única responsabilidad de velar por la protección del inversor , esta Agencia estaría dotada de facultades para emitir normas escritas, para hacer cumplir la legislación con amplia jurisdicción sobre distintos tipo productos y personas –incluyendo por primera vez, compañías financieras no bancarias- y para responder con rapidez cuando tengan lugar malas prácticas que induzcan a engaño a los inversores. La nueva Ley establece la utilización de un lenguaje claro y sencillo que facilite a los consumidores la información concisa necesaria para tomar decisiones financieras, y aboga por la estandarización creciente de productos sencillos para prevenir posibles discriminaciones y abusos. La agencia sería independiente tanto del Gobierno como de los supervisores financieros. Esta autoridad debería tener la capacidad de actuar en nombre de los consumidores, con el fin de obtener indemnizaciones destinadas a reparar el perjuicio ocasionado por las malas prácticas.

PROPUESTAS DE FORO ÉTICO AL DEBATE POLÍTICO. (SEGUNDA PARTE)

IV. El debate territorial

La construcción del Estado de las autonomías constituye un modo admirable de paso de un Estado centralista a uno que recoge las necesidades de reconocimiento de su identidad a determinadas partes de su territorio. Pero, 35 años después de su formulación, el modelo de Estado autonómico no resulta suficiente y hay que reinventar la organización territorial del poder y la propia estructura del Estado. 

Por un lado, hay que asumir explícitamente lo que está en la conciencia de algunas partes de nuestro territorio: que el sentimiento nacional español convive con otros sentimientos equivalentes y que uno y otros no han de ser excluyentes. 
Por el otro, hay que dar una respuesta desde la integración a lo que podría ser el peor de los escenarios colectivos: la disgregación de un parte de nuestro territorio, que nos haría indudablemente más vulnerables. En este intento se fraguó el Estatut, que la visión cortoplacista del Partido Popular frustró conduciéndonos al callejón sin salida en el que nos encontramos. 
La reforma del Título VIII de la Constitución es un deber que ha de afrontarse con premura, con el fin de dar respuesta a esos anhelos. Estamos en este punto en un momento crítico al que no se está dando la respuesta adecuada.

En términos parecidos a los de Manuel Azaña en 1932 cuando recordó la obligación que tienen los políticos de resolver los problemas, nos tenemos que mover en la actualidad. Ello porque el Estado de las Autonomías no ha sido lo suficientemente desarrollado para conseguir que todos los territorios encuentren su encaje y convivencia, debe ser momento ahora de ahondar en estas cuestiones. El éxito para las regiones que tenían más desigualdad gracias al reparto equitativo fiscal es sin duda el máximo logro de las CCAA y el modelo de Estado actual, pero a la vez, no se ha sabido proponer enmiendas que pudieran incluir los sentimientos de las nacionalidades históricas y su autogobierno dentro del conjunto del Estado. 
Debe ser a través de la vía del Federalismo, propuesta cívica y republicana, ya reivindicada por Pi i Margall desde la Primera República, como se desmarañen los ejes económicos, fiscales, de sentimientos nacionales y de soberanía popular, que en estos momentos acucian el debate político. Para ello es inherente el debate sobre las reformas constitucionales necesarias para conseguir una pluralidad y convivencia sostenibles.

V. Otra forma de hacer política (I): la vertiente institucional

La crisis económica, pero que también es de valores y de funcionamiento democrático, nos obliga a plantear cambios en la forma de hacer política. De entrada, ello se manifiesta en recuperar el respeto a las instituciones a través de una mejora en la ejecución de los procedimientos de designación de sus miembros, para que no ocurra lo acaecido en los últimos años. Por ello, instamos a huir de intereses partidistas en su designación, de modo que las propuestas y sistemas de elección de sus miembros se basen en criterios objetivos de trayectoria, capacidad, prestigio y garantía de independencia.

En esta línea, nos preocupa especialmente la adecuación del Senado a la realidad política e institucional generada por el desarrollo de nuestro Estado Autonómico y dar cumplimiento fehaciente al art. 69.1 CE, exige introducir cambios como incorporar en el art. 137 CE a las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas - con sus denominaciones actuales – formando parte de la Constitución como instituciones de la estructura del Estado Español. Cambios que afectan tanto a la constitución de esa Cámara, como a sus atribuciones y funcionalidad, bajo los principios que consideramos inherentes al concepto de Federación: unidad, diversidad, solidaridad, colaboración, lealtad e igualdad. Convirtiendo al Senado en un ámbito no sólo legislativo (con iniciativa legislativa en aquellas materias que afectan a las Autonomías), sino de encuentro intergubernamental.

VI. Otra forma de hacer política (II): más democracia

La crisis económica nos lleva a la desafección de la política. Es el riesgo mayor que existe en la actualidad. O se vuelve a hacer política, a reenganchar a la gente a la política, o se terminan aceptando planteamientos tecnocráticos o populistas que acaban siendo manifestación del neofascismo. En esta línea, recuperar la pasión por la democracia entre una ciudadanía que padece la desafección será uno de los ejes de nuestro relato político. El hilo conductor de un nuevo discurso para emocionar que pueda ser compartido por la sociedad porque provoque la esperanza de la recuperación de la política como instrumento imprescindible para combatir las crisis. Necesitamos un relato político propio, que nos identifique y nos diferencie de la derecha que nos impone un modelo de sociedad que supone una profunda involución social y democrática y con el que pretende convencernos de que los recortes de servicios públicos, de derechos y la austeridad económica son medidas imprescindibles. En ese marco,  debe ofrecerse un "Contrato Ciudadano" que empodere a la ciudadanía y suponga un compromiso  en favor de una democracia de más calidad, más ética y participativa, representativa de otra forma de hacer y vivir la política. Un contrato de libre adhesión entre políticos, ciudadanos, movimientos y agentes sociales para defender juntos la reconstrucción del Estado del Bienestar y la recuperación de la perdida cohesión social. Para defender una democracia deliberativa basada en la rendición de cuentas, la transparencia, la consulta y el control ciudadano. El Contrato Ciudadano conlleva, también, abrir un proceso participativo en la elaboración contrastada del programa electoral y, en su caso, del programa de gobierno, estableciendo mecanismos para el seguimiento y control de su cumplimiento.

Esta nueva forma de hacer política no es un mero maquillaje sino que refleja la necesidad de cambios profundos. La democracia a la que aspiramos debe ir mucho más allá de la mera democracia representativa que resulta claramente insuficiente como respuesta a la desafección de la sociedad hacia el sistema político. Porque la democracia representativa, base central de un sistema democrático, no basta para atender las demandas de participación activa de la ciudadanía como un derecho recogido en la Constitución, ni refleja en toda su dimensión la apuesta en favor de una democracia de más calidad que se abra al control ciudadano, a la consulta, a la rendición de cuentas con transparencia, y que se regenere para superar vicios acumulados y combatir la corrupción. Por tanto, la nueva cultura democrática ha de conjugar la democracia de representación con la democracia participativa y, en algunos niveles y procesos, con la democracia directa, como los relativos a un mayor uso de los referenda (tal como existen en otros países del mundo) que permitan una participación más activa de la ciudadanía en la gestión pública, incluyendo mecanismos de exigencia de responsabilidad. En este sentido queremos que cuando un Gobierno  en España se proponga adoptar alguna medida de gobierno de gran trascendencia social o una decisión de carácter extraordinario (del estilo de la modificación exprés de la constitución para incorporar el nuevo art. 135) tratándose de iniciativas no contempladas en el programa electoral, y antes de que se inicie por el Gobierno el proceso de aprobación, se convoque una consulta formal dirigida a los militantes y simpatizantes inscritos en las listas de primarias abiertas, para conocer de primera mano su opinión y se actúe, a continuación, en consecuencia. 

Queremos impulsar la modificación de la legislación electoral para que el voto tenga el mismo valor en escaños en todo el territorio nacional, de forma que todos aquellos votos que no han servido para la obtención de diputados (cociente a partir del último diputado obtenido y listas sin escaño) se agrupen en una lista única de carácter nacional que reparta 50 diputados, que se adicionaran a los 350 actuales. Con ello se respetará el principio de igualdad en el valor del voto y se ganará en representatividad del Parlamento.

VII. Otra forma de hacer política (III): La corrupción es inaceptable y se puede acabar con ella

La corrupción es la negación de la ética, la democracia y la igualdad. Por ello queremos impulsar un conjunto de medidas para luchar realmente contra esta plaga de la que se puede salir. Propugnamos que haya una agenda propia para impulsar la regeneración democrática de la vida política ante la incapacidad del Gobierno de Rajoy de liderar cualquier proceso a la vista de su comportamiento ante los casos de corrupción, en especial a los que hacen referencia a su financiación ilegal como Gürtel y Bárcenas. Existe el riesgo de la impunidad ante diferentes casos de corrupción, lo que supondría una grave inmoralidad y otro duro golpe a la democracia. En concreto, tenemos que liderar la ejecución de acuerdos y propuestas relacionados con la creación de una Subcomisión contra la Corrupción en el Congreso, reforma de doce leyes, como la Ley de Financiación y Ley de Partidos, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley del Poder Judicial, Ley Electoral General, Código Penal, Ley de Contratación del Sector Público, Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas, Ley de Indultos y Ley de Iniciativa Legislativa Popular entre otras. Pero lo anterior no puede hacernos olvidar que hay que exigir y apoyar investigaciones a fondo en el Parlamento y en los Tribunales sobre los escándalos financieros en Bancos y Cajas, actuando ante los Tribunales (por ejemplo ante la estafa de las preferentes) y buscando la depuración de responsabilidades penales y políticas en todo tipo de casos de corrupción.

En este sentido, proponemos el impulso a la actividad de fiscalización de los partidos políticos a través del Tribunal de Cuentas que deberá ser sustancialmente reforzado en medios personales y materiales. Asimismo, se dotará de medios suficientes a la Fiscalía Anticorrupción y a las unidades de la Agencia Tributaria y la UDEF, para la persecución de estos delitos, así como su conexión con el crimen organizado. Estos ámbitos deben reforzarse incluso en medio de la crisis económica.

Queremos reducir el plazo de presentación de las cuentas de los partidos políticos ante el Tribunal de Cuentas a 3 meses desde su aprobación; también se reducirá a la mitad el plazo de que dispone el Tribunal de Cuentas para su examen; todo ello con el fin de que el correspondiente informe del Tribunal sea presentado a las Cortes Generales en el último trimestre del año a que se refieran las cuentas.

Dentro de las medidas que proponemos se encuentran las siguientes:

1. Creación de un Observatorio contra la corrupción, comisionado de las Cortes Generales pero independiente de ellas, que emita anualmente un informe de situación, así como de las medidas que se debieran adoptar. Un resumen de la memoria anual se leerá en el Pleno del Congreso de los Diputados. La web recogerá todas las resoluciones judiciales habidas en esta materia. Este Observatorio coordinará las estrategias de prevención en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria; promoverá la definición de normas y metodologías para la prevención de la corrupción; definirá modelos estándar de información y datos para el seguimiento de los objetivos; así como indicadores que puedan ser indicativos de la realización de actividades prohibidas y definirá criterios de rotación de los funcionarios que se puedan ver expuestos a la corrupción. Tendrá capacidad de realizar medidas de inspección y control en relación con las informaciones de corrupción así como para incoar la exigencia de responsabilidades.

2. Aumentar las penas, tanto privativas de libertad como de derechos y multas tanto principales como accesorias, actualmente previstas para los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y los delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos, y, derivadamente, asegurar la ampliación del plazo de prescripción de los mismos.

3. Ampliación del periodo de prescripción del delito fiscal y, en general, de todos los ilícitos contra la Hacienda Pública. Asimismo, el plazo de prescripción de las deudas tributarias debe volver ser de cinco años, por contraposición a los cuatro actuales, que introdujo el Partido Popular.

Mañana: otro modelo de partidos.

PROPUESTAS DE FORO ÉTICO AL DEBATE POLÍTICO (PRIMERA PARTE)

Iniciamos con este texto la cadena de tres artículos en los que expondremos las lineas que consideramos fundamentales para formular un auténtico debate político de las posiciones progresistas. Esperamos vuestros comentarios y aportaciones.

I. Globalización, Estado y papel de la izquierda

Los análisis de la sociedad actual coinciden en que el elemento más novedoso con respecto al pasado es el paso a una sociedad global. La globalización, muy diferente a la que Marx y Engels describieron con su ¡Proletarios de todos los países, uníos!, ha ocasionado una debacle en las posiciones de la izquierda que no ha sido capaz de reaccionar adecuadamente para garantizar otra política social y económica. Hemos asistido sin capacidad de reacción a cambios que van más allá del tráfico internacional de bienes, servicios y capitales y que es en la actualidad cultural, tecnológico y humano.

Por ello, desde Foro Ético presentamos un conjunto de propuestas para reconducir el papel de un partido de izquierda en la coyuntura global. 

Así, reconocemos el papel que han de jugar las instituciones transnacionales, especialmente las europeas, para dar un nuevo sentido a la política:

Ante la creciente necesidad de cambiar los modelos de Estado / Nación que actúan en solitario para proteger sus políticas sociales y de soberanía, necesitamos herramientas internacionales de regulación y control de los mercados especulativos así como de soberanías compartidas para que las exigencias de la deuda que contraen los Estados para sostener el Estado de Bienestar se puedan pagar de una manera sostenible y no afecten a la libertad e igualdad de los ciudadanos. Europa debe ser la unidad en la que compartamos nuestra soberanía con otros pueblos, haciendo que las fortalezas económicas y sociales se muestren en conjunto y las diferencias residan en nuestras culturas y formas de vida, pero no en una desigualdad de derechos. Debe ser la socialdemocracia la que avance hacia la cesión de soberanía propia, para compartirla con la ciudadanía europea en un primer paso.

Todo ello para redefinir el papel del gobierno global en el contexto actual: 

“Compatibilizar la globalización financiera con la globalización de los derechos humanos y sociales, pervivencia del Estado-Nación y el ejercicio de la democracia en ambos niveles no solo resulta cada vez más difícil sino que es el auténtico reto de la pervivencia de la democracia social. Hacerlo defendiendo un modelo de economía ordenada y regulada, sometida al bien común de la cohesión social y la dignidad laboral, está resultando más que difícil. Por eso es fundamental abordar con urgencia la ordenación de la economía global y de la regulación financiera internacional. Gobernar y hacer posible la globalización social es la primera y gran tarea de la izquierda, del socialismo democrático internacional”

Desde la caída del Muro de Berlín, la izquierda ha sido especialmente débil. Posiblemente la imagen de D’Alema -frente a Berlusconi en aquel debate que sirve para que Moratti grite aquello de “D’Alema di una cosa di sinistra”[1] ejemplifica el pensamiento débil que ha tenido la izquierda en los últimos años. 

La izquierda debe ser autocrítica con esa deriva ideológica que no hemos combatido suficientemente, con esa aceptación “natural” de valores y culturas contrarias a nuestros ideales: La obsesión por la riqueza, el culto a la privatización y a lo privado, la admiración acrítica por los mercados, la ilusión del crecimiento infinito, el desprecio por lo público, etc., han acabado produciendo un crecimiento de la desigualdad incompatible con nuestro ideario hasta el punto de que puede hablarse de la ruptura del reparto equitativo en el aumento de la riqueza entre empresarios y trabajadores.

Por ello, en la sociedad cada vez más personas exigimos que la política recupere la capacidad de decisión ciudadana, para volver a ser quien marque las reglas de la economía y no al revés. Debemos ser los ciudadanos y ciudadanas, a través de nuestra implicación con los partidos políticos, los que decidamos de qué manera la política se enfrente a grandes desafíos, como el desempleo el cambio climático, hambre, pobreza, migraciones. La ciudadanía cree en los valores de los servicios públicos tras haber comprobado que los recortes en lo público cercenan sus derechos. Solo de la capacidad de unidad de la ciudadanía frente a los retos que los mercados financieros les imponen, se conseguirá que la política sea efectiva. En consonancia con esta unidad, los partidos políticos deben ser entendidos como herramientas de aglutinamiento social, no solo como propulsores de las políticas, como únicos dueños de ellas. La regeneración política se hace necesaria para recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos.

Dentro de los problemas especialmente importantes que está planteando la globalización se encuentran los movimientos especulativos de capitales con origen o destino en los paraísos fiscales, entendidos en sentido amplio. Por ello, planteamos la eliminación total de una de las mayores fuentes de discriminación y de injusticia, como son los paraísos fiscales, así como la incorporación de una tasa sobre las transacciones financieras.

II. Otra Europa 

El debate en la actualidad se polariza sobre el más o menos Europa. No es, en nuestra opinión, el planteamiento acertado. La cuestión es otra Europa, más democrática, más social, más cercana a la ciudadanía. De hecho, el peso de la estabilidad presupuestaria como guía para la acción ha hecho que se olvide por el camino a la ciudadanía europea, especialmente la de los países que más dificultades están pasando, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España. Las políticas de recortes a las personas han ido acompañadas de unas sangrantes políticas de apoyo a la banca que no son entendibles ni razonables para la ciudadanía. 

En este sentido, no se ha afrontado en su integridad el reconocimiento de la parte de responsabilidad que tienen las instituciones de crédito en esta crisis como consecuencia de prácticas comerciales de riesgo. Los créditos poco razonables que se dieron a los países y a las personas y cuyo coste estamos pagando todos a través de un empobrecimiento generalizado. Lo cual, a su vez, está suponiendo una profunda desigualdad en la salida de la crisis, ya que está habiendo una amplia transferencia de fondos de los países del sur a los del norte, que están aprovechando importantes ventajas para su deuda. 

Por ello, proponemos dar una vuelta al modo en que se está produciendo la construcción europea, partiendo de los problemas que hay de diseño institucional que dificultan la adopción de políticas y frustran el papel democrático. La izquierda tiene que dar un salto adelante y afrontar su papel en el diseño de la construcción europea. Hasta ahora, hemos hecho una verdadera dejación de funciones, como manifestación del pensiero debbole, lo que ha permitido a las posiciones neoliberales asentarse en el seno de la Unión. Todos los Tratados desde Maastricht han ido en la misma dirección de desregulación, liberalización, y mayor peso de la competencia como factor de regulación que impide políticas sociales y ambientales. 

Dentro de los últimos eslabones de esta política neoliberal se encuentra la Directiva de servicios. Ello nos lleva a solicitar la modificación de la Directiva 123/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, con el objetivo de impedir el dumping social, favorecer la protección del interés general huyendo de tentaciones desreguladoras e introducir mecanismos para favorecer la protección del consumidor. 

III. La autocrítica del pasado como vía para ganar el futuro 

El presente del PSOE es consecuencia de su pasado. 

De hecho, pensamos que la brillante primera legislatura de Rodríguez Zapatero -especialmente en materia de reconocimiento de derechos- debió haber ido más allá. La primera legislatura pudo haber resultado mejor si se hubieran teniendo en cuenta algunos elementos. Por un lado, parece claro que se debió contrarrestar la burbuja inmobiliaria desde el comienzo de la legislatura, aún con el riesgo de que hubiera desacelerado la economía y no hubiera permitido llegar al índice de desempleo inferior al 8%. Hubiera sido el momento de afrontar los problemas del sector financiero, especialmente de las Cajas de Ahorro, en particular en cuanto a las condiciones de crédito y a las operaciones especulativas que se estaban haciendo por imitación de lo que ocurría en otras partes del mundo. 

La política fiscal, aunque permitió tres ejercicios continuados de superávit en las cuentas públicas y una rebaja sustancial de la deuda -que empezó la crisis en solo el 30% del PIB-, debería haber impulsado una política de redistribución de la riqueza, especialmente en cuanto a la fiscalidad de las rentas de capital y sobre el patrimonio. 

Debió ser el momento, además, de resolver dos problemas históricos de nuestro país: el energético con una opción mucho más decidida de cambio que impulsara para siempre las renovables y redujera la dependencia del petróleo y de las nucleares y el problema del déficit de financiación de la educación pública y la ciencia en España. El superávit presupuestario hubiera permitido llegar a porcentajes equiparables a los de los países más desarrollados del mundo. 

Pero el problema esencial no estuvo ahí, como es conocido. No se fue capaz de abordar a tiempo y explicar bien la gestión de la crisis y este hecho está condicionando sobre manera el desarrollo de la oposición. Creemos que la autocrítica debe hacerse sobre tres vértices: 

En primer lugar, aunque el Real Decreto Ley 8/2010, de mayo de 2010 introdujo ciertos criterios de equidad, muy diferentes de los recortes del Partido Popular, contenía elementos que reflejan una forma de afrontar el problema que no se correspondía con los principios de la izquierda. Tuvo además, el efecto demoledor de hacer olvidar toda la política de garantía del Estado social que se desarrolló desde el comienzo de la crisis en 2008. 

En ese momento crítico en la Unión Europea -interesadamente crítico en favor de posiciones vinculadas a intereses financieros, nos atrevemos a decir y cuyo origen está en la crisis griega- se debieron equiparar las rentas de trabajo a las de capital, haber incluido mecanismos de fiscalidad ambiental, haber incrementado las plantillas de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal y de la Inspección de Trabajo para luchar contra la economía sumergida, no se debieron tocar las pensiones y debió haberse negociado con los sindicatos una reforma para conseguir una mayor eficiencia de las Administraciones públicas,  fue el momento de reintroducir el Impuesto sobre el Patrimonio -sin esperar al momento final de la legislatura- y de impedir las bonificaciones autonómicas en el Impuesto de Sucesiones. En definitiva, ante una situación real de crisis se debió haber demostrado que por la izquierda hay otra salida. 

La reforma de la Constitución que se hizo en septiembre de 2011 también constituye un error. No se puede considerar, en el marco de un Estado social como el nuestro y desde posiciones de izquierda, que el pago de la deuda y sus intereses goza de prioridad absoluta en los presupuestos. Por otra parte, se incurrió en un importante déficit democrático, que no debería haber ocurrido, en la forma de modificar el artículo 135, ya que debió haberse sometido a consulta popular, debido a su calado y a que comportaba la alteración de las reglas del Estado social. 

En esta línea, la reforma del sistema financiero debiera haber ido más rápida y haberse hecho de otro modo. Las necesidades de intervención de la banca a través de apoyos públicos debieran haber conducido a una estrategia nacionalizadora que nos permitiera tener un banco público que pudiera aportar crédito a la economía para reactivarla. El hecho de que los fondos del ICO se canalizaran a través de la banca constituyó un gran problema. 

Y por último, se falló, por ausencia de pedagogía y explicaciones del Gobierno y PSOE, en la política de comunicación a la ciudadanía. Pese a que el Presidente Rodríguez Zapatero dio una lección de talante democrático, exponiendo sus medidas, incluso las más complejas, en el Parlamento, el resto del Partido y del Gobierno no fue capaz de seguirle en este empeño, para exponer todo lo que paralelamente se venía haciendo para mejorar la situación de la ciudadanía. Se hizo mucho, pero los árboles del Decreto Ley y la reforma constitucional impidieron ver el bosque de la política social. Y al mismo tiempo, el ansia de salir de la crisis condujo a que se vieran demasiados brotes verdes que acabaron frustrando a la ciudadanía, lo que se unía a una campaña interesada, de exceso en el recordatorio de la crisis, que no explicaba que las políticas de la derecha nos habían conducido a ella; que tenía como objetivo debilitar las políticas sociales que se realizaron, tal como se ha visto con los recortes generalizados del Partido Popular. En definitiva, faltó una política de comunicación que explicara cómo estábamos, las medidas que se adoptaban y que contrapesara la brutal campaña mediática de la derecha.

El problema no se circunscribió, en nuestra opinión, al funcionamiento del Gobierno, sino que el Psoe debería haber estado más raudo a la hora de proporcionar soluciones imaginativas. En efecto, todo lo anterior se corresponde con cierta parálisis en el partido que debía haber hecho un ejercicio de imaginación desde la izquierda en apoyo al Gobierno. Las medidas anteriores y otras que le alejaron de su base social no recibieron la suficiente crítica desde el interior del Partido, salvo casos puntuales en la reforma laboral. Es cierto que la posición del partido que apoya al Gobierno no siempre es sencilla, pero su concurso crítico hubiera sido muy relevante, tanto en lo que se aprobaba como en lo que no se hacía, en él cuándo y en el cómo. De ello ha de aprenderse en el futuro.

Mañana: El debate territorial y  otra forma de hacer política.

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^[1] Aprile, de Nano Moratti, escena que se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=vLebubDsfr0

DEBATE SOBRE PRIMARIAS CIUDADANAS.

Martes 3 de diciembre 2013

Colegio Mayor Universitario Isabel de España.

Calle de Ramón Menéndez Pidal, 5, 28040 Madrid

17.00. Inauguración.

17.05. Ponencia. Las primarias ciudadanas. Visión general.

                D. Ignacio Urquizu. Profesor de Sociología de la UCM y colaborador de la Fundación Alternativas.

17.30. Mesa redonda. Las primarias desde la óptica de las organizaciones sociales.

                D. Joan Navarro. Sociólogo. Miembro del equipo promotor de Foro +  Democracia

                D. Julio González García. Catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Co-presidente de  Foro Ético.

Modera: Dª Pilar Fernandez Tomé.

18.00. Ponencia. La  experiencia de primarias de Equo.

                 Dª Reyes Montiel Mesa. Co-portavoz Federal de Equo.

18.30. Mesa redonda. Las primarias desde una perspectiva política.

                D. Jorge García Castaño. Concejal de IU en Ayuntamiento de Madrid.

                D. Enrique del Olmo. Sociólogo. Candidato a primarias al Ayuntamiento de Madrid.

                D. David Lucas Parrón. Portavoz del Ayuntamiento de Móstoles por el  PSOE y miembro de su ejecutiva regional.

               

Modera: Dª Isabel Fernandez Torres. 

RESULTADOS DE LAS ENMIENDAS REFERIDAS A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO PRESENTADAS POR FORO ÉTICO A LA CONFERENCIA POLÍTICA 2013 DEL PSOE

LA JUSTICIA EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

Con el objetivo de garantizar un igual y efectivo acceso a la Justicia, tal y como consagra el artículo 24 de la Constitución española, el PSOE ofrece a la sociedad española un conjunto de reformas legales e institucionales que sería deseable que fueran pactadas con el resto de las fuerzas políticas y todos los operadores jurídicos, para que las mismas se conviertan en leyes duraderas que no se modifiquen con cada cambio de Gobierno.

FORO ETICO solicitó que se  incorporara a la Constitución ese conjunto de reformas legales e institucionales, al menos en lo que respecta a la conformación y régimen esencial del Consejo General del Poder Judicial para garantizar su real independencia, evitando su subordinación al juego de mayorías en otros poderes del Estado (Enmienda 1718, RECHAZADA).

Con el mismo objetivo, solicitó también cambiar el sistema de selección y designación de los miembros de altos organismos reguladores y de control para garantizar la efectiva división de poderes y la independencia de sus miembros en su actuación. Hablamos del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Entes de Radio y Televisión Públicas y otras altas instancias del Estado para el mejor control del ejecutivo, del poder judicial, de los poderes públicos, de los partidos, de los poderes económicos y de unas administraciones que han de tener un funcionamiento totalmente transparente y ajustado a la ley. Nos comprometemos a huir de intereses partidistas en su designación, de modo que las propuestas y sistemas de elección a sus miembros se basen en criterios objetivos de trayectoria, capacidad, prestigio y garantía de independencia (Enmienda 1627, RECHAZADA).

UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En el período del gobierno socialista 2004-2011 la modernización de la Administración de Justicia pasó a formar parte de la agenda política y se sentaron las bases para la tan reclamada, inaplazable y necesaria modernización de la Administración de Justicia española. Debemos proseguir las reformas emprendidas e inacabadas, y actualmente paralizadas, y complementarlas con nuevas medidas que frenen el deterioro del servicio público y eviten el establecimiento de una justicia de dos velocidades en función de quienes puedan o no puedan pagarla.

FORO ÉTICO solicitó asumir el riesgo que comporta la defensa en sede judicial de los derechos (Enmienda 1722, RECHAZADA).

UN SISTEMA DE JUSTICIA PREVENTIVA MÁS EFICAZ

Es deseable regular de forma exhaustiva medidas y procedimientos que, sin obstaculizar el acceso a juzgados y tribunales, introduzcan una oportunidad para la solución extrajudicial de las controversias. Hay una serie de medidas que pueden impulsar la desconcentración de asuntos en los tribunales y la participación activa de la sociedad civil, como la formación de letrados en técnicas de justicia colaborativa, exigir en determinados supuestos un intento de avenencia previo a la demanda y el pleito.

FORO ÉTICO solicitó que se contemplase, entre las medidas para impulsar la desconcentración, la creación de órganos administrativos independientes de control, cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, que resuelvan los recursos administrativos que ordinariamente procedan o, en su caso, los recursos especiales, voluntarios para los interesados, que pudieran establecerse (Enmienda 1731, RECHAZADA). Asimismo, para impulsar la participación activa de la sociedad civil, FORO ÉTICO solicitó la implementación de un sistema de justicia cívica, de carácter informal y preventivo, basado en la adopción de mecanismos de mediación o conciliación, que permita a los ciudadanos resolver con inmediatez los pequeños conflictos que inciden en la vida cotidiana (Enmienda 1731, RECHAZADA).

Los socialistas apostamos por reformar el sistema de seguridad jurídica preventiva, con el objetivo de evitar duplicidades, de reforzar el carácter funcionarial de los Cuerpos (Notarios y Registradores), la revisión de los sistemas de acceso y formas de ejercicio y de modernización de los procedimientos. En su condición de funcionarios públicos, los Notarios intensificarán su colaboración con las Administraciones Públicas, en especial en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

FORO ÉTICO solicitó, para reforzar el sistema, que se tomase en consideración los mecanismos de supervisión y control sobre la actividad de los fedatarios públicos (Enmienda 1768, rechazada), y la calidad del sistema de bases gráficas catastrales y registrales (Enmienda 1770, RECHAZADA).

LA REFORMA DE LA INSTITUCIÓN DEL INDULTO

Los socialistas revisaremos la institución del indulto para asegurar que sea un instrumento que solo se aplique de forma excepcional, adaptada a los parámetros de la democracia y el Estado de Derecho y atienda primordialmente a la reinserción en la sociedad. De la solicitud de indulto serán informadas las víctimas del delito, a las que se les pedirá su parecer. El expediente de indulto contará además con el informe preceptivo del Tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal, y de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario o del Subdelegado del Gobierno, en el supuesto de que el reo se encuentre ya en libertad. La concesión del indulto deberá ser motivada.

FOR ÉTICO solicitó que fuera necesario el informe favorable del Tribunal de mayor grado que hubiese conocido del asunto, excluyendo indeseables e injustificadas expresiones de arbitrariedad (Enmienda 1751, RECHAZADA). También solicitó que se exigiera la motivación como elemento que inexcusablemente debe acompañar a cualquier decisión discrecional (Enmienda 1756, ACEPTADA).

UN NUEVO GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL

Treinta y tres años después de su puesta en marcha la institución está necesitada de un replanteamiento, que por afectar a elementos básicos de su configuración, debe desplegarse en el marco de una reforma constitucional. Articular un modelo de Consejo que se configure como un órgano colegiado e independiente de los restantes poderes públicos, que gestione el estatuto judicial, sustrayéndolo del poder ejecutivo, léase Ministerio de Justicia. Defendiendo, además, el principio democrático de elección de los vocales, y fortaleciendo su papel constitucional, adaptando sus competencias a sus genuinas funciones, para mejorar su funcionamiento y racionalizando una institución llamada por la Carta Magna a garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial, lo que contribuirá a garantizar un buen servicio público de la justicia para todos los ciudadanos. Consideramos que la publicidad y la transparencia redundarán en mejorar su imagen y deben de ser principios básicos e inexcusables de sus actuaciones.

FORO ÉTICO solicitó que el replanteamiento de esta institución tuviera como objetivo fundamental garantizar, de una vez por todas, una efectiva separación de poderes en general y que el gobierno del poder judicial no estuviera sujeto a las mayorías y ciclos políticos de los restantes poderes del Estado (Enmienda 1746, RECHAZADA).

UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REFORZADO EN SU LEGITIMIDAD

El Tribunal Constitucional ha sido una institución que ha cumplido, más que sobradamente, las expectativas que en él se depositaron cuando la Constitución de 1978 lo creó y reguló en su Título IX, aunque no ha estado exento de críticas y deslegitimaciones como órgano jurisdiccional garante de la Constitución. Al objeto de que dejen de generarse situaciones confusas, gravemente perjudiciales para el funcionamiento del Estado de Derecho, se delimitarán con mayor claridad las funciones que competen a la jurisdicción constitucional frente a la ordinaria con ocasión del recurso de amparo.

FORO ÉTICO solicitó, al objeto de que dejen de generarse situaciones confusas, gravemente perjudiciales para el funcionamiento del Estado de Derecho, que se delimitarán con mayor claridad las funciones que competen a la jurisdicción constitucional frente a la ordinaria con ocasión del recurso de amparo (Enmienda 1760, ACEPTADA)

LA VIOLENCIA DE GENERO: UN PROBLEMA DE EXTRAORDINARIA MAGNITUD.

Hablar sobre violencia de género supone  situarnos ante un problema de una extraordinaria magnitud que abarca múltiples perspectivas y en consecuencia requiere de respuestas también pluridisciplinares. Desde el 28 de junio de 1960 ETA ha asesinado a 857 personas. Sin embargo, tan sólo desde 2003 (año en que se unifican las estadísticas por violencia de género) hasta finales de 2012, el machismo ha asesinado en España a 658 mujeres en el ámbito de la relación de pareja. En los cinco últimos años el terrorismo ha matado a 12 personas, mientras que la violencia de género ha acabado con la vida de 318 mujeres. 

EN 2013 MUJERES ASESINADAS SON 62:

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 4 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 44 

MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EXTENDIDA 5 

CASOS EN INVESTIGACIÓN POLICIAL 18

Su incidencia social es evidente y el esfuerzo por combatirla cada vez más intenso y participativo, aunque todavía insuficiente. Durante siglos esta clase de violencia parecía enraizada en las más profundas tradiciones del dominio masculino, sintiéndose incluso como algo asumido dentro del entorno familiar o, al menos, como de solución interna en el ámbito doméstico, generalmente con el silencio de la mujer. Pero la violencia machista es el reflejo más claro de la manifestación de la desigualdad entre hombre y mujer, ha sido y es la fórmula a la que han recurrido y todavía recurren determinados varones para mantenerse en unos privilegios absolutamente rechazables. 

En 1993, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ofreció la primera definición oficial del término "violencia de género": "Todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada”. La violencia basada en el género se ha convertido en un término general para cualquier daño que se cometa contra una persona, y que resulte de las desigualdades de poder que se basan en los roles de género. 

En todo el mundo, la violencia de género siempre tiene un impacto negativo mayor en las mujeres y en las niñas. La violencia de género principalmente afecta a las mujeres en todas las culturas. La violencia de género puede ocurrir a lo largo del ciclo de vida de una mujer, y puede incluir todo, desde el matrimonio en la infancia y la mutilación genital, hasta el abuso sexual, violencia doméstica, la discriminación legal y la explotación. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

Aunque la incorporación de la regulación de diversas leyes, no cambia la actitud de la ciudadanía, de alguna manera las leyes han conseguido la toma de conciencia social que supone, además, movilizaciones para hacer visible la violencia que se entiende como «escondida» («las denuncias son sólo la punta del iceberg, la prueba es que muchas de las muertes no pasan por la denuncia... » Son afirmaciones que se vienen realizando desde hace más de diez años) y lograr por este camino poder intervenir sobre ella.

Aunque inicialmente parece que hoy en día todo el mundo estará de acuerdo en qué consiste la violencia de género, en la gravedad del fenómeno y en el número de muertes que se producen por su causa, los asesinos no dejan de matar. En cierta manera porque vuelve a considerarse un tema de menos importancia y así el Gobierno vuelve a desconsiderar la importancia de una medida que puede favorecer el avance de la igualdad de los sexos. Desde su regresiva política de restricción del gasto público, el Gobierno “ha entendido que éste no es el momento”.

Así pues, todas aquellas medidas de acción positiva tendentes a fomentar la igualdad de los sexos, desde la educación pasando por la formación de los sectores más implicados sufren recortes en todas sus partidas en la línea de dentro de la misma orientación de política antisocial iniciada por este Gobierno. La partida de Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género ha sido una de las afectadas por los recortes que el Gobierno ha efectuado en gastos sociales. 

[i]Ante las decisiones tomadas unilateralmente por los gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores de derechas QUE:

REDUCEN los presupuestos destinados a Políticas de Igualdad, la Ley de Autonomía Personal y la Ley de derechos sexuales y reproductivos.

ROMPEN los acuerdos con las organizaciones de mujeres mediante los que se venían prestando servicios tales como Centros de Orientación a la Mujer, Asesoría Jurídica, Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia, etc.

ELIMINAN las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos para el mantenimiento de los Centros Municipales de Atención a las Mujeres.

DESMANTELAN los Institutos de la Mujer, utilizando su estructura para promover estereotipos sexistas patriarcales y modelos de familia tradicionales.

INCUMPLEN las leyes de igualdad en cuanto al uso del lenguaje no sexista y a la obligación de los poderes públicos de integrar la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus políticas.

Todo ello supone una violenta agresión a los avances logrados durante toda la democracia en la lucha por los derechos para las mujeres.

Estas medidas están teniendo como consecuencia directa el despido de profesionales cualificadas que venían desarrollando durante años su trabajo en los diferentes recursos de igualdad, prestando un servicio de calidad y compromiso con la igualdad

[i] Manifiesto organizaciones suscritas a la marea violeta

Angela Escribano